EL FRACASO DEL “MODELO”

Ha llegado el momento para afirmarlo con mayor contundencia: el “modelo” ha fracasado. Si bien son numerosas las señales indicativas de esta afirmación, elegiremos las más expresivas y, sobre todo, aquellas que dibujan un mal presagio para el escenario político, presagio peligroso y alarmante por lo que vamos a decir enseguida. Como uno de los males de la época consiste en privilegiar las definiciones materiales y entre ellas las económicas, iniciaremos nuestras reflexiones con una síntesis de éstas últimas. Lo haremos con la prevención de que, gane quien gane las elecciones, las correspondientes medidas que tendrán que adoptarse inevitablemente contendrán, inexorables, una carga de notable incidencia social. A ese peligro nos referimos.

¿Lo sabrá Ricardo Alfonsín, que aceptó a un economista para que lo acompañe en la lista como candidato a vicepresidente? Es posible, pero no lo dice con precisión. Entre quienes tienen posibilidades ciertas de resultar electo, sí lo hace Eduardo Alberto Duhalde y, para que no quede lugar a dudas, añade a sus mensajes las inquietudes concurrentes por la inseguridad que se extiende, el avance de la artificial y cada vez más corta “cultura del no trabajo” o el rechazo a la amenaza por los proyectos latentes para liberar el consumo de la droga.

En realidad son tres las candidaturas con posibilidades. Las ya mencionadas y, todavía, la de Cristina Fernández de Kirchner. Pero vayamos por partes. En coincidencia con los plazos electorales, el kirchnerismo se encuentra abocado a agotarse en una carrera para ganarle a la explosión que ya tiene la mecha encendida y que se ha anticipado con estallidos todavía menores, si los comparamos con lo que se avecina. Primero Jujuy, luego Tucumán y ahora con amenazas en el conurbano, la sociedad argentina debe prepararse a recibir los estruendosos resultados del famoso “modelo” que se agota. Los subsidios por más de 15 mil millones de dólares hacen imposible a cualquier economía que debe quitarles a los jubilados los recursos que les pertenecen para concretarlos en el tiempo y cautivar votos que, pese a todo, se muestran esquivos. Con las reservas genuinas del Banco Central -que no son las que se informan y apenas superan los 10 mil millones de dólares-, con las variables del costo de vida alteradas para llegar a los comicios, con una política basada en el consumismo para engañar a la tranquilidad pública, con las exportaciones agropecuarias limitadas por razones carentes de lógica, el futuro ofrece una certidumbre: el agotamiento y las consecuentes medidas para recomenzar de nuevo. Todo esto dentro de un marco externo severamente alterado, con ajustes en las principales economías y medidas que son las inversas a las que hasta hoy, sigue el gobierno kirchnerista.

Esto deberá cambiar y podemos decir que no son pocos quienes evalúan los ajustes que dejará el kirchnerismo como herencia o que deberá adoptar Cristina si se produce el milagro de un triunfo ajustado, por pequeño que sea. Ese ajuste se dará en todos los órdenes: impositivamente, con una reducción drástica del gasto todavía desatado e incluso -léase con detenimiento- una posible devaluación y una baja compulsiva de los salarios. Por decirlo brevemente, un enfriamiento de la economía con una paralela e inevitable convulsión social. ¿Esto ha sido buscado expresamente? ¿Forma parte del pensamiento íntimo del dominante maoísta Carlos Zannini? ¿Integra las recomendaciones de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, los sociólogos preferidos de Cristina?

Es difícil contestarlo, pero lo cierto es que ése es el camino buscado.

Ahora los hechos de Jujuy demuestran que fueron planificados hace bastante tiempo atrás. Registran la presencia de elementos bolivianos y desconocidos que intervienen con su activismo armado. Contenida la información mediática, la realidad es tan grave que la invasión del aeropuerto provincial y los cortes de ruta tienen alteradas las comunicaciones internas en Jujuy, a lo que debe agregarse la limitación impuesta a las informaciones. Para colmo, la Casa Rosada le pidió ayuda a Milagro Sala para superar la situación. Algo así como si en los setenta, se hubiera recurrido a Santucho, Firmenich, Kunkel o Verbitsky. Otro dato expresa con elocuencia lo que sucede. El gobierno local dispuso la expropiación de tierras para levantar viviendas, pero el caso es que el ingenio Ledesma ya había donado años atrás una superficie apta para levantar barrios que nunca se iniciaron o quedaron congelados o a medio hacer. ¿Esperaban un acuerdo para extender también allí a la estafa del proyecto de las Madres de la Plaza de Mayo? Es posible, pero las familias del personal policial jujeño que figuraban como adjudicatarias de las viviendas aún sin techo y apenas con paredes, decidieron ocuparlas. En consecuencia, el gobernador Barrionuevo no controla la situación, no puede dar órdenes y el gobierno central, paralizado, no atina a intervenir la Provincia. La primera y más directa consecuencia es la extensión artificial del conflicto a Tucumán, donde se repite una idéntica argumentación para avanzar en el descalabro social. Alperovich reprime con violencia pero hay grupos que resisten armados. Hace tiempo hablamos aquí de anarquía pero, objetivamente, aún falta para que se pronuncie con amplitud.

Muchas veces se habló de esta posibilidad, que no se dio en los setenta, cuando la población reclamaba y apoyaba la intervención militar. Lo primero que hizo el alfonsinismo primero y el kirchnerismo después fue destruir a las Fuerzas Armadas, suprimir la autoridad policial, eliminar los aparatos de inteligencia internos y alterar los Códigos Penales -un viejo sueño del ministro Zaffaroni- para, simultáneamente, no dar solución a los problemas básicos de los sectores más necesitados, alimentar las divergencias, mentir sobre el pasado revolucionario y alentar a las organizaciones que lo defienden. ¿Casualidad, intencionalidad o simple ineptitud?

Por cierto hay respuestas que hoy dejamos a cargo de nuestros lectores, aunque hay más elementos para alimentarlas. Hace un par de días -tal vez tres-, desde los sectores piqueteros creados y pagados por el kirchnerismo se iniciaron presiones sobre el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con algunos nombres y apellidos: D’Elía y Pérsico, entre otros, para que disponga la “inmediata expropiación de un millón de lotes en el Gran Buenos Aires para viviendas”. ¿Expropiación o incautación? ¿Tierras fiscales o privadas? ¿Una simple alteración de la tranquilidad pública o un instrumento para incorporar contenido doctrinario a la contienda electoral? ¿O tal vez otra extensión de los planes de Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, amparados oficialmente para utilizar una estructura que no ha sido desmantelada?

Todo es demasiado serio para continuar sólo con preguntas que requieren una contestación inmediata y contundente. Hasta ahora, los primeros resultados electorales descalabraron las expectativas del oficialismo, que insiste con la cantinela de que “Cristina ya ganó”, pese a que hasta ahora Cristina perdió. Las miradas están puestas entre los principales candidatos. Hay conversaciones reservadas que se desarrollan mientras la mayoría de los políticos callan. De todos modos, dejamos pendientes unas inquietudes adicionales. ¿Se reformará el sistema político...? ¿Habrá decisión y firmeza para reconocer la realidad y enfrentarla...? ¿Se presentará finalmente Cristina a las elecciones...?

No es conspiración, es ignorancia

A veces, me despierto sobresaltado, convencido de que existe una conspiración inmensa, llena de actores poderosísimos, para desarticular las Fuerzas Armadas de la Argentina (FF.AA.). Como el bolsillo es un órgano de pensamiento importante, eso me sucede las primeras noches después de cobrar mis haberes como general de división retirado.

La razón es a veces ingenua y tiende a inventar libretos donde sólo hay falta de letra y a ver patrones de conducta donde sólo reina el desconcierto. Por eso, algunas mañanas me digo que es necesaria no menos que una conjura de magnates y mandamases para que el gobierno nacional pueda incumplir (y sin consecuencias) la sentencia S. 301. XLIV, del 15/03/2011, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictamina que a los militares se nos pague todo en blanco, en lugar de casi todo en negro (verbigracia, una sumatoria de "haberes no remunerativos"). La misma sentencia indica que a los RE (verbigracia "militares retirados") se nos abone algo parecido a nuestro último y poco glorioso sueldo como activos, en lugar de menos de la tercera parte.

Este tipo de ideación me dura unos días, casi tanto como los haberes cobrados. El resto del mes, como lector aficionado de pensadores e historiadores, me veo obligado a admitir que muchos dirigentes y medios en la Argentina, lejos de ser antimilitaristas diabólicos, son simples a-militaristas (perdón por el neologismo) y, probablemente, más ingenuos que yo.

Me explico: son a-militaristas los cuadros sociales que suponen que las FF. AA. no tienen razón de existencia, salvo para desfiles patrióticos y las tratan como a un tema incómodo, parientes pobres con un pasado discutible a los que no se quiere en la casa, pero nadie se atreve explícitamente a echar. En suma, me digo, los dirigentes que toman decisiones y quien firma no leemos los mismos autores y, seguramente, por ello, jamás tropezaron con aquel viejo adagio romano: Si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra).

Pero basta leer los diarios para saber que Sudamérica, la parte más pacífica de la Tierra, se rearma a escape: Chile invierte 3.700 millones de dólares por año en su defensa; Colombia, arriba de 4.100, y Brasil ronda los 6.000. Mientras, aquí, los pilotos de la Fuerza Aérea, el tipo de militar más caro y difícil de formar, abandonan la carrera porque no tienen acceso a horas de vuelo, ya que desde los Hércules de transporte a los Mirage de intercepción, el material está no sólo obsoleto, sino canibalizado. La Armada ha reconocido que, de la flota de 60 barcos, sólo 16 están en condiciones de navegar. Y el Ejército tiene munición y logística como para un (1) día de combate.

Como parte de la misma historia, principalmente desde 2005, hay 100.000 militares activos cobrando cada vez más en negro. Y los despojados de sus retiros con la historia del "haber no remunerativo" ya son 80.000. Demasiada gente como para afrentarla tan duramente, si no se trata de un complot, dice la razón ingenua.

Pero cuando mi parte más racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante retoma el control de mi cabeza, descubro, con asombro, que no existe ninguna conjura en contra de las FF. AA., salvo la de los necios. Defino como tales a quienes creen que una nación-Estado puede durar en el tiempo sin ese mal menor que somos los militares. Y vuelvo a definir "mal menor" en oposición a "mayor", que es perder, como ciudadano, lo que uno tiene, sea mucho o poco, al caer bajo dominio o protectorado extranjero, y por no poder defenderlo, y así volverse un extranjero en suelo propio.

Y me debo repetir que no, no hay conspiración, pero sobra necedad. Los militares caemos en la misma bolsa que los casi 5 millones de habitantes que viven en la cuenca del Matanza-Riachuelo, sistema hídrico que la Corte Suprema intimó a sanear a la autoridad correspondiente (el ACUMAR, organismo federal), con resultados a la vista. Y, ¿cómo se puede tratar tan mal y obligar a vivir tan contaminados a ciudadanos que construyen una gran parte del producto bruto interno nacional y, además, votan? Y, sin embargo, se lo hace.

A los maestros y profesores no parece irles mejor que a nosotros, aunque son los únicos que podrían devolverle, a largo plazo, a la Argentina sus viejos quilates de sociedad relativamente culta, técnicamente avanzada e industrialmente competitiva. Pero, en cambio, se los maltrata y se les paga en negro, aunque también votan. Y al personal de salud del Estado, garante último del pacto social que nos vuelve nación y que implica que la Argentina es responsable de la salud de los argentinos, tampoco les va bien.

Por lo tanto, si hay una conspiración, es demasiado abarcativa: demasiados conspiran contra demasiados. La parte racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante de mi cabeza, entonces, prefiere suponer que a los militares se nos trata como el tránsito urbano trata a los peatones o como los conductores se tratan entre sí, y eso en un país donde el trasporte genera muchas más víctimas anuales (17.000) que todas nuestras luchas civiles e, incluso, nuestra única guerra entre Estados (la de Malvinas).

En suma: no es una conspiración. Es, simplemente, un todos contra todos, el caos de los autitos chocadores en el parque de diversiones, Estado amorfo, falta de ideas como sociedad acerca de cómo mejorar las cosas. Y, sobre todo, no querer asumir los costos económicos y políticos de implementarlas.

Un ejemplo de todo esto es que nuestras FF. AA. ya no tienen, oficialmente, hipótesis de conflicto, salvo dos o tres vaguedades sobre defensa de acuíferos. Hasta los años 85, las hipótesis de conflicto que teníamos, a nivel interestatal, eran una fuerte agenda de temas limítrofes (con Chile e Inglaterra).

En los 90, y tras la derrota de Malvinas, reinó, en cambio, el concepto de la pax americana, con unos Estados Unidos todopoderosos que impedirían para siempre toda trifulca de vecinos.

Aunque no lo dice, la dirigencia argentina se quedó en los 90 y su mundo monopolar. Todavía no se enteró del mundo multipolar de hoy, donde la otrora pacífica Sudamérica se rearma masivamente y el planeta está brotado de guerras regionales de extraordinaria crueldad, por asuntos de petróleo, minería, ríos, religión o límites.

Y en un mundo donde los precios de la comida subirán en flecha, tenemos uno de los tres mejores ecosistemas agrícolo-ganaderos del planeta, la pampa húmeda. Y que, en una economía global, en la que se acabó para siempre la energía barata, nos volvimos, de la noche a la mañana, el tercer país del mundo según sus existencias de shale-gas, el gas natural atrapado en formaciones poco porosas, hoy accesible con pozos horizontales y fracturación (fracking) de la roca. Y que, tras 20 años de exploración geológica a fondo, nos hemos vuelto la sexta reserva metalífera, y el precio de los metales sube a escape.

Y eso, simplemente, porque somos 7.000 millones de personas en un planeta de recursos finitos y competimos muy desigualmente por ellos.

Estos activos, ¿se cuidarán solos? Como dueños de casa, podemos hacerlos muy accesibles a empresas extranjeras en el grado y proporción que queramos, o explotarlos únicamente nosotros, con o sin participación estatal alguna. Hay muchos modos de ser dueños de casa y tampoco voy a aburrir con mis posiciones al respecto. Pero subrayo esto: el que fija el acceso es el dueño. Pero, ¿qué pasa si le ocupan o embargan la casa?

Bien: Irak ya no se hace esa pregunta. Libia, dentro de poco, habrá perdido toda posibilidad de hacérsela durante décadas. Pero Brasil hace medio siglo que sabe la respuesta: tiene unas FF. AA. modernas, bien entrenadas, bien pagas y mayormente autoequipadas. De yapa, ya es el cuarto constructor aeronáutico mundial y no bien descubrió que tenía entre 50 y 150 millones de barriles de crudo liviano off shore, anunció al mundo (de un modo sumamente civilizado) que desarrollaría su propia flota de submarinos nucleares, por si alguien, en el futuro, tuviera dudas acerca de a quién pertenecen.

Esas dudas de a quién pertenece qué cosa aparecen toda vez que un gobierno nacional con activos apetecibles se debilita. Y eso sucede con frecuencia, ya se trate de tiranías a las que sus ciudadanos empiezan a exigirles cuentas (como sucede hoy en parte del mundo árabe) o de gobiernos legítimos jaqueados por su propia mala administración o aquejados por deudas heredadas, o, simplemente, embestidos por esas tormentas perfectas que generan las finanzas globalizadas, con su secuela mundial de bancarrotas.

También, rara vez, hayan existido tantos Estados que colapsan, devorados por amenazas internas, separatistas, sediciosas, mafias del narcotráfico o, simplemente, criminales, sectores mejor armados que sus propios ejércitos.

¿Quién dijo que se acabaron las hipótesis de conflicto o que hay que inventarlas? Sólo les faltan a los Estados fracasados, a quienes ya han perdido o están a punto de perder todo.

La soberanía, compatriotas míos, no es gratis. Y no hablo de devolver a las FF. AA. atribuciones de gobierno, que nunca debieron tener. Hablo de darles la dignidad (entre ellas, la de cobrar en blanco), la educación, el entrenamiento y el equipamiento necesarios para cumplir su función primaria: la disuasión frente a otros Estados-nación. Hablo de ponerlas no en el poder, pero sí en la agenda.

Finalizo con una cita del todavía vigente Ortega y Gasset: "... Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto. Enemigos de la guerra piden la supresión de los ejércitos. Tal actitud, errónea en su punto de partida, es lógica en sus consecuencias. Pero tener un ejército y no admitir la posibilidad de que actúe es una contradicción gravísima...".

UN JUEZ QUE COMBATÍA A LA SUBVERSIÓN

Zaffaroni y su apología del proceso militar

Hay quienes no saben, o no recuerdan, qué ocurría en los años setenta. Hemos asistido a una catarata de mensajes del gobierno y de los llamados “organismos de derechos humanos”que nos dicen, por años, que se persiguió y mató a una “juventud maravillosa”.

Pero hay gente que da la sensación que piensa distinto: Uno es el actual juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Zaffaroni.

En 1977, el Dr. Zaffaroni era juez federal en la ciudad de Buenos Aires. Durante la sustanciación de un recurso de habeas corpus a favor de una persona desaparecida, el 9 de septiembre de 1977, el Dr. Zaffaroni redactó, firmó y dio curso a un pedido de informes a diferentes destinatarios (Ministerio del Interior, Policía Federal y Comandante del Ejército Argentino) que se adjunta a continuación.

Vale la pena resaltar que en ese escrito, el Dr. Zaffaroni dice:

“…y considerando que el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad, que son el principal blanco de esta agresión…”

Teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Corte Suprema, hay algo que no cierra, ¿no?

Por otra parte, si dice que no tuvo más remedio que escribir eso, dadas “las circunstancias opresivas de la dictadura” o cualquier justificación que se le ocurra, ¿no me cubre a mí también? ¿Por qué él sí y yo no? Las circunstancias ¿no eran las mismas para todos?

Además, ¿esto no es “apología de la dictadura”? Creo que hasta hicieron una ley que lo prohíbe. A lo mejor, hasta es delito de “lesa humanidad”…

Los jubilados y las incongruencias del atril para todos

Los anuncios e inauguraciones que realiza habitualmente la señora Presidente utilizando la cadena oficial de comunicaciones generan, por lo que me consta, descreimiento en cuanto a la exactitud de los hechos que manifiesta, fastidio por la teatralización de las expresiones y modales, y aburrimiento o cansancio por la reiteración de esas incongruentes apariciones, ridículamente decoradas con una escenografía de obsecuentes aplaudidores.

Pero en el caso particular de los jubilados, visto que se utilizó el mancillado atril presidencial para informar sobre el aumento que ellos recibirán a partir del mes próximo basándose en una ley vigente, a aquellas penosas sensaciones cabe sumarle una gran indignación. Ello por cuanto ese anuncio se transforma en una grosera burla hacia toda la clase pasiva, a la que este gobierno perjudicó con el veto de la ley que le reconocía el 82% móvil y por el constante incumplimiento y postergación de las obligaciones que le cabe como administrador de los fondos previsionales. Por otra parte, porque con el citado aumento no se cubren las necesidades de la canasta básica y en la práctica, porque ya fue absorbido por la inflación real.

En dicha presentación -que supuestamente viola la ley electoral que limita los actos y anuncios del Poder Ejecutivo durante la campaña-, la Presidente anticipó la cifra del haber mínimo y el segundo aumento del año resultante de la inconstitucional fórmula de movilidad, lo que no era necesario reiterar desde que su actualización está establecida por ley y no necesita de ningún anuncio oficial, agregando también de manera demagógica, proselitista y falaz: “Esta medida del aumento de la jubilación cubre a 6.826.000 personas, en un mundo donde lo que se discute es cómo se reducen o se eliminan los programas sociales”.

El análisis, la crítica y las denuncias pertinentes respecto de la eventual transgresión a la ley electoral vigente quedan en manos de quién corresponda. Pero sí cabe detenerme para cuestionar con suficiente fundamento, sobre la afirmación que hace la Mandataria en cuanto a lo que se está discutiendo en el mundo en materia de reducción o eliminación de los programas sociales y, con especial énfasis, en el porqué.

Vale advertir que los programas sociales que están haciendo crisis en el mundo corresponden a aquellos países en los que, por aplicar políticas típicas de los definidos como Estados de Bienestar durante muchos años, se extendieron en otorgar coberturas sociales técnicamente inadecuadas o exageradas y porque realizaron gastos improcedentes resultantes de dichas políticas, hallándose hoy obligados a asumir sus consecuencias.

Veamos: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los fondos de pensiones con mejor desempeño en términos de rentabilidad real fueron Nueva Zelanda (10,3%), Chile (10%), Finlandia (8,9%), Canadá (8,5%) y Polonia (7,7%), mientras que en países como Portugal y Grecia, los fondos de pensiones experimentaron, en promedio, retornos negativos (-8,1% y -7,4%, respectivamente). A su vez, hasta Diciembre de 2010, los fondos de pensiones en los países de la OECD habían recuperado ya cera de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008.

De esta información se desprenden dos conclusiones importantes, con similares consecuencias futuras para la Argentina en lo que se relaciona con la mala administración que hace la ANSES de los fondos aportados por los trabajadores. La primera es que la utilización de dichos fondos para ser aplicados en fines distintos para los que fueron instituidos, llevará inevitablemente a nuestro país a soportar consecuencias similares a las de Grecia, Portugal, España o Italia. El uso inapropiado actual lo tendrá que compensar y pagar en el futuro, o incurrir en el delito que denunciara el presidente Juan Domingo Perón el 30 de noviembre de 1973, cuando afirmó que “en 1956 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano a los capitales acumulados por las Cajas. Es decir, se apropió de ellos, lo que para mí, eso es simplemente un robo.”(Sic). Un indicio de ese pronóstico fatal y funesto para los actuales y futuros jubilados, radica en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá el próximo miércoles al titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, para que amplíe y explique un informe del organismo sobre demandas de jubilados para cobrar reajustes de sus haberes, anticipando dicho funcionario que les reiterará a los miembros de la Corte que si la ANSES tuviese que dar cumplimiento a todas sus obligaciones con los actuales y futuros jubilados ajustándose a sus fallos, que ahora solamente aplica con aquellos jubilados que iniciaron acciones y obtuvieron sentencias favorables, el sistema entraría en quiebra. Cabría preguntarle a dicho funcionario y a la actual mandataria: ¿a quién le cabe la responsabilidad de esa eventual quiebra si, en un acto de efectiva división de poderes, la Corte resolviera extender el beneficio a todos los jubilados que se encuentren en igual situación? O bien ¿deben resignarse los jubilados y pensionados a renunciar a sus acreencias, admitiendo que son ilegítimamente discriminados?

La segunda conclusión, no menos importante, es la que surge del informe de la OECD cuando afirma que los fondos de pensiones en los países que la integran ya recuperaron cerca de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008, a raíz de la crisis mundial. Ello es una cabal prueba de la falsedad de los argumentos de eficacia e idoneidad sustentados por el actual gobierno y sus funcionarios, cuando intentan hacer creer que en mérito a la actual administración de la ANSES los valores de las inversiones confiscadas a las AFJP se multiplicaron como hongos en días de humedad. El recupero de esos valores en todos los mercados resulta homogéneo y coincide con las estimaciones estadísticas de largo plazo que se consideraron cuando se efectuaron aquellas inversiones. Es absurdo pretender convertir esa revaluación técnica general de las inversiones, resultante de la evolución de los mercados internacionales, en un rédito político propio, al igual que lo hace cuando se exhibe el notable crecimiento económico local de estos últimos años, sin referenciarlo con similares crecimientos de otros países emergentes y el de la economía mundial, y sin mencionar que a diferencia de aquellos, nuestro país detenta el segundo lugar en inflación y que ella absorbe con creces los promocionados aumentos por movilidad de los jubilados.

Los políticos y principalmente los jóvenes trabajadores actuales deberían acuñar en su memoria lo que en 1850 manifestara el brillante economista francés Frédéric Bastiat en su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve: “que las causas de la creación de la riqueza, o su desaparición, pasan por lo general inadvertidos, que las medidas que procuran un beneficio inmediato son siempre funestas y que lo correcto es perseguir un gran bien para el futuro, aun a pesar de los costos que ello acarree en el presente”.

Estas reflexiones, por acción de la AAJA (Asociación Argentina de Jubilados Aportantes), no escaparán al conocimiento de los 6.826.000 retirados a los que aludió la señora Presidente y esperemos que sean tenidas muy en cuenta en el momento de emitir sus votos.

Amplían denuncia a Zaffaroni

AMPLÍA DENUNCIA. SOLICITA SE PROMUEVA JUICIO POLÍTICO

Señor Procurador General de la Nación:

Gustavo Javier Vera, con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio, conjuntamente con mi letrado patrocinante, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, constituyendo domicilio procesal en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos respetuosamente ante V. E. y decimos:

I.-OBJETO.-

Que por el presente venimos a ampliar la denuncia formulada el día 15 de diciembre de 2009 en la Procuración General de la Nación en la que se ponía en conocimiento de V.E. una extensa nómina de locales mencionados en el Anexo I de dicho escrito a los fines de que se investigara la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127, 140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores.

De los elementos de juicio que aquí se acompañan surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en relación con dos de los locales mencionados en la denuncia original. Existe además una denuncia periodística acerca de un tercer local que presuntamente pertenecería al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también estaría funcionando como prostíbulo. Esta cuestión, que se está ventilando en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales y ante la opinión pública mas no en el ámbito que corresponde que es el de la Justicia, genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas. Se impone en consecuencia una profundización especial de la investigación en este punto a los efectos de despejar rápidamente toda duda que pueda existir sobre la naturaleza de los hechos, se deslinden las responsabilidades y, en el caso de que correspondiere, V.E. proceda a requerir la promoción del correspondiente juicio político (art. 53 C.N.) en virtud de lo dispuesto en el art. 33 inc. i) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24. 946).

II.- HECHOS.-

Como se ha referido más arriba el 15 de diciembre de 2009 se denunció en la Procuración General de la Nación la existencia de más de seiscientos prostíbulos que operaban impunemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se acompañó su nómina en el Anexo I del escrito de inicio.

Entre los locales denunciados como prostíbulos en el año 2009 se encuentran los ubicados en la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 y en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El día 22 de julio de 2011 el periodista Facundo Falduto publica en el diario digital “Perfil.com” que el inmueble de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19, donde actualmente continúa funcionando el prostíbulo denunciado pertenece desde el año 2000 al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el periodista menciona en su nota que “Zaffaroni reconoció ante el Congreso que había adquirido ese departamento en octubre del 2000, según indican una resolución de la Cámara de Diputados y el diario de sesiones del Senado del 2003”. Relata que

“Allí “trabajan”, por turnos, dos o tres chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios. El rubro 59 fue prohibido por un reciente decreto presidencial, pero las prostitutas se promocionan de otra forma: sus “volanteros” reparten anuncios de “caramelitos y masajes 24 horas”en la zona y en los mismos departamentos del edificio”.

“Perfil.com se comunicó telefónicamente para comprobar las “ofertas” disponibles y se acercó hasta el edificio. “Zaffaroni tiene este departamento hace unos 10 años, pero él no aparece nunca”, contó un vecino que pidió mantener su nombre en reserva. “Hace cuatro años que trabajan prostitutas, pero en los últimos dos meses llegaron éstas que traen problemas”,agregó”.

“La profesión más antigua del mundo provoca quejas de los vecinos: los clientes entran y salen a cualquier hora, hacen ruidos molestos y dejan inseguros al resto de los residentes. “Puede entrar cualquier persona, el otro día vi cómo ayudaban a entrar a un lisiado en silla de ruedas”, comentó a Perfil.com otro vecino que también pidió anonimato. “A veces se confunden y quieren entrar a otros departamentos”, sostuvo”.

“Una vez llamamos al 911, vino la Policía y dijeron que las chicas tenían permiso del gobierno porteño, cualquier cosa”, afirmó el vecino. Si bien Zaffaroni no visita el edificio, los residentes cuentan que le reclamaron a una de sus abogadas, que prometió desalojarlas en varias ocasiones. Pero el negocio sigue funcionando”.

El día 25 de julio de 2011 el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni reconoció en un reportaje radial realizado por el periodista Víctor Hugo Morales en el programa “La Mañana” que se emite por Radio Continental que efectivamente es propietario del inmueble y que lo ha alquilado. Se desligó de responsabilidad sosteniendo que “Realmente no tengo explicación para esto. Francamente, lo único que sucede, según me informan mi apoderado y la inmobiliaria que me maneja esas cuestiones, es que hay un contrato de locación”,Agrego que “Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”, Admite tener conocimiento de la existencia de problemas en el inmueble respecto de peleas pero minimizó la cuestión afirmando que “No tengo idea de cómo se convierte un problema de consorcio en un escándalo de esta naturaleza”.

El 27 de julio del corriente se publica en la página 10 del diario “Libre” que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es el dueño del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la referida publicación que se acompaña se refiere que allí funciona un prostíbulo y que “Cuatro chicas promocionan sus servicios en los sitios de oferta sexual Tacosaltos.comy Mimosasargentinas.com.ar, con el teléfono del lugar y sus respectivos celulares”. El artículo señala que “Los vecinos están en pánico. La convivencia con las chicas no es pacífica. Uno de ellos indica: “El departamento es de Zaffaroni, aunque desde hace años no pasa por acá. Una vez un par de personas, bajando de una partuza, destrozaron una lámpara en la entrada. Al día siguiente vino la secretaria del juez a pagarla. Hasta le escribimos una carta para que la cortara con esto, que no nos merecemos vivir así. Pero nunca la mandamos por miedo a las represalias”. Se agrega hacia el final de la nota que “Otro vecino revela: “La administración quiso actuar legalmente, pero hubo aprietes. Todo el mundo se quedo piola”.

El 28 de julio de 2011 el periódico “Noticias Urbanas”publica una nota del periodista Lucas Schaerer que dice lo siguiente:

“En la lista de inquilinos del consorcio y en su declaración ante el Ministerio de justicia y Derechos Humanos figura que el ministro de la Corte Suprema Nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, es propietario de un departamento donde funciona un prostíbulo. Este no es el primer prostíbulo en del departamento propiedad de Zaffaroni sino el tercer prostíbulo en uno de sus inmuebles”. “

“En plena ciudad, Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, declaró Zaffaroni ser su inmueble, en ese mismo sitio funciona según una página web un prostíbulo. Noticias Urbanas además comprobó por la lista de la administración de consorcio que el propietario es Zaffaroni y esto fue confirmado por los propios vecinos que están hartos de la mafia prostibularia que genera resquemores en el barrio y con los comerciantes”.

“El inmueble en Paraguay fue declarado por el magistrado del máximo tribunal. Una página web prostibularia, http://profmasajes.com.ar/, da el número de teléfono y el propio juez lo declaró, según la página web, http://sursur.com/.”

“A su vez es publicada la propiedad como casa de tolerancia en la página web prostibularia Tacos Altos, con sede en el barrio Puerto Madero, su dirección exacta es: http://www.tacosaltos.com/”.

“Noticias Urbanas estuvo entrevistando a los comerciante de la cuadra, a los integrantes de las dos iglesias en la cuadra y a los que alquilan y viven en el mismo edificio. Todos confirmaron que en el primer piso de Paraguay 877 funciona un prostíbulo. Que es notorio y que han visto presencia de mujeres en estado prostibulario aunque ellos no sabían que el dueño de la propiedad es el cortesano Zaffaroni”.

III.-SIGNIFICACIÓN JURÍDICA.-

Las publicaciones periodísticas mencionadas le están atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331, respecto de locales denunciados en 2009. Demás esta señalar que esa conducta cuando concierne a la explotación de la prostitución de la mujer revestiría carácter discriminatorio en razón de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75 inc. 22 C.N.).

Recordemos que el art. 17 de la ley 12.331 reprime a “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia…” Proveer de un inmueble para que sirva de casa de tolerancia, es decir de un local, donde varias personas ejercen la prostitución o incitan a ella, es una conducta susceptible de ser subsumible en el verbo típico “sostener” ya que este significa “prestar apoyo, dar aliento o auxilio”, coadyuvar a la existencia y mantenimiento del lugar (ver D’Alessio, Andrés José, “Código Penal Comentado y Anotado- Vol. III. Leyes Especiales Comentadas”, pág. 115. Ed. La Ley, Bs. As. 2009). Ricardo Núñez señalaba en su tratado que “Es sostenedor de una casa de tolerancia, el que la tiene o mantiene o presta apoyo o auxilio material para que el local sirva para su fin” e ilustraba el concepto en una nota (106) diciendo “Quien, p. ej. alquila el local a las prostitutas y recibe parte de la ganancia: C.C.C., 3-V-938, La Ley, t. 12, p. 487; id. 4-XI-938, La Ley, t. 12, p. 1125” (ver “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial” Vol. IV, pág. 370, Ed. Lerner. Bs. As. 1964).

En este sentido corresponde señalar que esta interpretación está además en consonancia con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena ratificado por ley 11925 que establece que (Artículo 2) “Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.

Las explicaciones dadas por el señor Ministro de la Corte Suprema en el reportaje realizado por el periodista Víctor Hugo Morales respecto del prostíbulo de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 lejos de aclarar el panorama lo ensombrecerían. En primer lugar, resulta poco creíble que gente que se dedica a la prostitución se le ocurra alquilar un inmueble perteneciente a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ejercer el meretricio y generar conflictos con el consorcio a menos de que pudieran contar con alguna clase de protección. En efecto, los delincuentes de esta calaña tampoco son tontos y saben perfectamente lo que arriesgan. Conocen perfectamente el poder de los magistrados y saben que es suficiente que cualquiera de ellos escriba una denuncia y levante el teléfono para que de inmediato se ponga en marcha el aparato judicial con el consecuente allanamiento de la vivienda y la detención de las personas implicadas. En segundo lugar, los vecinos del consorcio y la administración no suelen soportar pacientemente los desórdenes en sus viviendas y la invasión de su privacidad sin quejarse. No resulta muy claro ni comprensible que los apoderados y administradores del patrimonio del magistrado no lo hubieran puesto al magistrado al tanto de esa clase de quejas sabiendo que se arriesgan a una demanda y a las consecuencias de una gestión desacertada que los afectaría en lo profesional y comercial. Tampoco resulta creíble que un magistrado al que se le hubiera hecho llegar esa clase de quejas se hubiera desentendido de las mismas considerándolas meros problemas de consorcio atento el peligro que representaría para su honor cualquier tipo de sospecha acerca de una posible connivencia entre él y las personas que explotan o ejercen la prostitución. Recordemos que estos hechos se dan en un contexto histórico en el que el país asume compromisos internacionales en la lucha contra la trata de personas, se movilizan las organizaciones no gubernamentales, se producen cambios legislativos precedidos de serios debates políticos, se crean estructuras para la represión de esta clase de crímenes y para la asistencia de las víctimas, se producen cambios jurisprudenciales, se escriben artículos de doctrina en revistas especializadas, en derecho penal, etc. También recordemos que el Dr. Zaffaroni es un reconocido y prestigioso penalista, profesor universitario y persona versada en Derechos Humanos que no podría ignorar estas cuestiones por lo que su alegada despreocupación no es demasiado convincente. Por último, resulta francamente indignante que le endose a los vecinos la responsabilidad de hacer las denuncias por los hechos se habrían generado a raíz de la actividad ilícita que se estaría realizando en el inmueble de su propiedad y diga públicamente que así se ahorra el trabajo de iniciar un desalojo. El magistrado no es un mero observador de la realidad. Ejerce su función en el más alto tribunal de la República y ha jurado respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. En efecto, aun aceptando que el señor Ministro de la Corte hubiera sido sorprendido en su buena fe por administradores infieles y por inquilinos mendaces sobre sus verdaderas intenciones al momento de contratar, una vez que hubiera tomado conocimiento de lo que estaba realmente ocurriendo habría tenido la obligación de formular las correspondientes denuncias penales y las acciones legales para proteger al consorcio y a las víctimas de la explotación sexual.

No olvidemos que el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331 es de acción pública (art. 71 del Código Penal) toda vez que no está incluido en las disposiciones de los arts. 72 y 73 del Código de fondo. Si efectivamente es ajeno a la comisión de ese delito, pesa, no obstante, sobre él la obligación inexcusable de denunciar establecida en el art. 177 inc 1° del Código Procesal Penal de la Nación, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1, apartado a) y d) C.P.). En efecto, el encubrimiento es un delito contra la administración de justicia ya que su comisión interfiere, o entorpece, la acción policial o judicial dirigida a comprobar la existencia de un delito y decidir la responsabilidad y castigo de los partícipes (ver Núñez, Ricardo “Tratado de Derecho Penal-Parte Especial” TVII pág. 175, Ed. Lerner, Córdoba 1975 y Andrés J. D’Alessio “Código Penal de la Nación Comentado y Anotado” TII-Parte Especial, p. 1385, Ed. La Ley, Bs. As. 2009). En el caso concreto de autos el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha dado precisiones acerca de las medidas por él adoptadas para procurar la investigación de un delito de acción pública.

Tampoco olvidemos que nadie puede alegar su propia torpeza para fundar un derecho, en este caso el presunto derecho de eximirse de la responsabilidad emanada de su negligencia en el manejo de sus bienes. Desde el punto de vista civil todo delito genera la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona (art. 1077 del Código Civil).

Pero todas estas dudas y reflexiones acerca de las alegaciones del Dr. Zaffaroni en el programa de radio de mención aumentan a medida que se suman nuevas denuncias formuladas en los medios de comunicación acerca de otros prostíbulos en inmuebles de su propiedad. En la medida en que sea verdad que son más de uno los locales en esas condiciones, más remota es la posibilidad de que sea cierto que fue engañado o sorprendido en su buena fe.

Párrafo aparte merece la cuestión de la gravedad institucional del caso. En efecto, la conducta del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría configurar un caso de mal desempeño de sus funciones susceptible de motivar su juicio político conforme lo establece el art. 53 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la doctrina del caso “Magín Suárez, Luis”resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de diciembre de 1987 (La Ley 1988-C-121), los actos de un funcionario que pueden constituir “mal desempeño”, son aquellos que perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública e impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución. Es procedente la remoción por el precitado motivo cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función. En el caso de los magistrados judiciales, el manejo de dichos conceptos debe vincularse con el art. 110 de la Constitución Nacional, dado que es la buena conducta lo que justifica su inamovilidad, garantía esta de la independencia del Poder Judicial. En este orden de ideas, el concepto de “mal desempeño” en términos constitucionales, guarda estrecha relación con el de “mala conducta” en la medida en que en el caso de los magistrados judiciales, el art. 53 C.N. debe ser armonizado con lo dispuesto en el art. 110, que exige la buena conducta para la permanencia en el cargo de aquéllos. En la Constitución Nacional, hay dos tipos o causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al “mal desempeño” o “mala conducta”, por otro la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de las funciones, o se trate de crímenes comunes. Las del primer grupo, “mal desempeño” o “mala conducta”, no requieren la comisión de un delito, son que basta para separar a un magistrado la demostración que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez.

En el caso concreto de autos y más allá de los resultados que se puedan obtener de la investigación acerca de la responsabilidad penal que le podría caber al Dr. Zaffaroni respecto de los locales de su propiedad en los que se presuntamente se estaría explotando la prostitución ajena, lo cierto es que su conducta habría dado lugar a la sospecha y al descrédito de la función que desempeña. Que se pueda discutir con algún fundamento acerca del presunto funcionamiento de prostíbulos en inmuebles de propiedad de un juez siempre conlleva el descrédito de la función y genera sospechas sobre la honestidad e integridad del magistrado. Los argentinos tenemos el derecho de estar seguros de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de la patria, el custodio de la vigencia de la Constitución y de las libertades de los habitantes de la República no está en manos de rufianes. Cualquier hecho, sea que se cometa por dolo o por mera culpa o negligencia, que ponga en crisis esa certeza, erosiona la confianza del pueblo en sus instituciones. El art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional exige una conducta irreprochable para los magistrados y es una norma sabia por cuanto nadie puede arrogarse el derecho de juzgar a otro sino puede exhibir una conducta digna sin sombra alguna de sospecha. Ya bastante ha padecido la patria y sigue padeciendo de procesos de deslegitimación de las instituciones de la república como para que sigamos ahondando en ese terreno. En el caso concreto de autos que tengamos que abrir esta investigación a causa de la forma como habría gestionado sus bienes y de sus expresiones públicas es un indicio claro de que la conducta del funcionario sospechado no es la adecuada a la de un “bonus paterfamilias”.

IV- Prueba.-

En la presente ampliación se solicita como medida de prueba las siguientes:

1) Comprobación de la titularidad de dominio de los inmuebles sitos en Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19; Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, y Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante informe del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble;

2) Allanamiento y registro de los referidos inmuebles a los fines de comprobar la existencia de elementos y documentación que pudiera servir de prueba acerca de la actividad que allí se desempeña.

3) Citación a prestar declaración testimonial a los administradores, integrantes del consejo de administración y copropietarios del consorcio de Vicente López 2217; Marcelo Torcuato de Alvear 1906 y Paraguay 877 a fin de que provean la información sobre la posible existencia de prostíbulos en los departamentos objeto de denuncia.

4) Rastreo en las páginas de la web mencionada en las notas periodísticas a fin de determinar si existe publicidad de los referidos prostíbulos

5) Pedido de informes a la Policía Federal Argentina y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de las denuncias y procesos incoados por el funcionamiento en los mencionados inmuebles de locales en violación a las disposiciones de las ley 12.331.

V.- PETITORIO.-

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1. Se nos tenga por presentados y con el domicilio constituido.

2. Se otorgue el trámite contemplado en el art. 195 y concordantes del CPPN a la presente ampliación y se provea la prueba ofrecida.

Proveer de conformidad. Será Justicia.

Los baches de Zaffaroni

Transcurridos varios días desde que se inició el escándalo, Eugenio Zaffaroni no ha presentado ante el periodismo, la Cámara de Diputados o la Justicia, una sola prueba que lo desvincule del funcionamiento de prostíbulos en sus seis departamentos que se alquilan. Estos contratos de locación se desconocen, pero si el precio es el del mercado, es decir, 2.000 pesos por mes, la situación, al menos formalmente, sería normal. Pero si se alquilaban en valores de entre 4.000 a 6.000 pesos mensuales, esto constituiría una semiplena prueba de que el juez conocía que los citados inmuebles se utilizaban para la prostitución. ¿Y si no hay contratos de alquiler y se alquilan por día? Ahí también se daría el mismo presupuesto anterior.

Tres preguntas

Otro inconveniente que ensombrece la situación del distinguido penalista son sus continuos viajes al exterior: ¿Son para participar en congresos de derecho o coinciden también con excursiones de turismo erótico? Si se trata de lo último, el criminólogo está en serios problemas.

Un tercer punto conflictivo es el hackeo de los mails de Zaffaroni ocurrido hace unos años. Él asegura que los mismos son falsos o que tergiversaron sus palabras, pero de su lectura surge que serían menos indecorosos para un ciudadano cualquiera, que con su vida hace lo que quiere, que para un ministro de la Corte Suprema. La impresión es que estas conversaciones eróticas son absolutamente ciertas. ¿No sabe el destacado jurista que existe el chat o también el MSN, que no deja huellas borrando el historial y que no puede ser hackeado? Sería de esperar que Zaffaroni aclare estos tres puntos. En el caso de su cuenta en el exterior con 40.000 dólares, no tendría relevancia alguna. El problema pasa por otro lado: en Estados Unidos o Europa, un juez en esta situación probablemente ya habría renunciado. Sin embargo, en la Argentina cristinista. la ética y la moral no tienen relación alguna con el ejercicio del poder.

EL FRACASO DEL “MODELO”

Ha llegado el momento para afirmarlo con mayor contundencia: el “modelo” ha fracasado. Si bien son numerosas las señales indicativas de esta afirmación, elegiremos las más expresivas y, sobre todo, aquellas que dibujan un mal presagio para el escenario político, presagio peligroso y alarmante por lo que vamos a decir enseguida. Como uno de los males de la época consiste en privilegiar las definiciones materiales y entre ellas las económicas, iniciaremos nuestras reflexiones con una síntesis de éstas últimas. Lo haremos con la prevención de que, gane quien gane las elecciones, las correspondientes medidas que tendrán que adoptarse inevitablemente contendrán, inexorables, una carga de notable incidencia social. A ese peligro nos referimos.

¿Lo sabrá Ricardo Alfonsín, que aceptó a un economista para que lo acompañe en la lista como candidato a vicepresidente? Es posible, pero no lo dice con precisión. Entre quienes tienen posibilidades ciertas de resultar electo, sí lo hace Eduardo Alberto Duhalde y, para que no quede lugar a dudas, añade a sus mensajes las inquietudes concurrentes por la inseguridad que se extiende, el avance de la artificial y cada vez más corta “cultura del no trabajo” o el rechazo a la amenaza por los proyectos latentes para liberar el consumo de la droga.

En realidad son tres las candidaturas con posibilidades. Las ya mencionadas y, todavía, la de Cristina Fernández de Kirchner. Pero vayamos por partes. En coincidencia con los plazos electorales, el kirchnerismo se encuentra abocado a agotarse en una carrera para ganarle a la explosión que ya tiene la mecha encendida y que se ha anticipado con estallidos todavía menores, si los comparamos con lo que se avecina. Primero Jujuy, luego Tucumán y ahora con amenazas en el conurbano, la sociedad argentina debe prepararse a recibir los estruendosos resultados del famoso “modelo” que se agota. Los subsidios por más de 15 mil millones de dólares hacen imposible a cualquier economía que debe quitarles a los jubilados los recursos que les pertenecen para concretarlos en el tiempo y cautivar votos que, pese a todo, se muestran esquivos. Con las reservas genuinas del Banco Central -que no son las que se informan y apenas superan los 10 mil millones de dólares-, con las variables del costo de vida alteradas para llegar a los comicios, con una política basada en el consumismo para engañar a la tranquilidad pública, con las exportaciones agropecuarias limitadas por razones carentes de lógica, el futuro ofrece una certidumbre: el agotamiento y las consecuentes medidas para recomenzar de nuevo. Todo esto dentro de un marco externo severamente alterado, con ajustes en las principales economías y medidas que son las inversas a las que hasta hoy, sigue el gobierno kirchnerista.

Esto deberá cambiar y podemos decir que no son pocos quienes evalúan los ajustes que dejará el kirchnerismo como herencia o que deberá adoptar Cristina si se produce el milagro de un triunfo ajustado, por pequeño que sea. Ese ajuste se dará en todos los órdenes: impositivamente, con una reducción drástica del gasto todavía desatado e incluso -léase con detenimiento- una posible devaluación y una baja compulsiva de los salarios. Por decirlo brevemente, un enfriamiento de la economía con una paralela e inevitable convulsión social. ¿Esto ha sido buscado expresamente? ¿Forma parte del pensamiento íntimo del dominante maoísta Carlos Zannini? ¿Integra las recomendaciones de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, los sociólogos preferidos de Cristina?

Es difícil contestarlo, pero lo cierto es que ése es el camino buscado.

Ahora los hechos de Jujuy demuestran que fueron planificados hace bastante tiempo atrás. Registran la presencia de elementos bolivianos y desconocidos que intervienen con su activismo armado. Contenida la información mediática, la realidad es tan grave que la invasión del aeropuerto provincial y los cortes de ruta tienen alteradas las comunicaciones internas en Jujuy, a lo que debe agregarse la limitación impuesta a las informaciones. Para colmo, la Casa Rosada le pidió ayuda a Milagro Sala para superar la situación. Algo así como si en los setenta, se hubiera recurrido a Santucho, Firmenich, Kunkel o Verbitsky. Otro dato expresa con elocuencia lo que sucede. El gobierno local dispuso la expropiación de tierras para levantar viviendas, pero el caso es que el ingenio Ledesma ya había donado años atrás una superficie apta para levantar barrios que nunca se iniciaron o quedaron congelados o a medio hacer. ¿Esperaban un acuerdo para extender también allí a la estafa del proyecto de las Madres de la Plaza de Mayo? Es posible, pero las familias del personal policial jujeño que figuraban como adjudicatarias de las viviendas aún sin techo y apenas con paredes, decidieron ocuparlas. En consecuencia, el gobernador Barrionuevo no controla la situación, no puede dar órdenes y el gobierno central, paralizado, no atina a intervenir la Provincia. La primera y más directa consecuencia es la extensión artificial del conflicto a Tucumán, donde se repite una idéntica argumentación para avanzar en el descalabro social. Alperovich reprime con violencia pero hay grupos que resisten armados. Hace tiempo hablamos aquí de anarquía pero, objetivamente, aún falta para que se pronuncie con amplitud.

Muchas veces se habló de esta posibilidad, que no se dio en los setenta, cuando la población reclamaba y apoyaba la intervención militar. Lo primero que hizo el alfonsinismo primero y el kirchnerismo después fue destruir a las Fuerzas Armadas, suprimir la autoridad policial, eliminar los aparatos de inteligencia internos y alterar los Códigos Penales -un viejo sueño del ministro Zaffaroni- para, simultáneamente, no dar solución a los problemas básicos de los sectores más necesitados, alimentar las divergencias, mentir sobre el pasado revolucionario y alentar a las organizaciones que lo defienden. ¿Casualidad, intencionalidad o simple ineptitud?

Por cierto hay respuestas que hoy dejamos a cargo de nuestros lectores, aunque hay más elementos para alimentarlas. Hace un par de días -tal vez tres-, desde los sectores piqueteros creados y pagados por el kirchnerismo se iniciaron presiones sobre el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con algunos nombres y apellidos: D’Elía y Pérsico, entre otros, para que disponga la “inmediata expropiación de un millón de lotes en el Gran Buenos Aires para viviendas”. ¿Expropiación o incautación? ¿Tierras fiscales o privadas? ¿Una simple alteración de la tranquilidad pública o un instrumento para incorporar contenido doctrinario a la contienda electoral? ¿O tal vez otra extensión de los planes de Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, amparados oficialmente para utilizar una estructura que no ha sido desmantelada?

Todo es demasiado serio para continuar sólo con preguntas que requieren una contestación inmediata y contundente. Hasta ahora, los primeros resultados electorales descalabraron las expectativas del oficialismo, que insiste con la cantinela de que “Cristina ya ganó”, pese a que hasta ahora Cristina perdió. Las miradas están puestas entre los principales candidatos. Hay conversaciones reservadas que se desarrollan mientras la mayoría de los políticos callan. De todos modos, dejamos pendientes unas inquietudes adicionales. ¿Se reformará el sistema político...? ¿Habrá decisión y firmeza para reconocer la realidad y enfrentarla...? ¿Se presentará finalmente Cristina a las elecciones...?

En las vísperas del Jaque Mate: el Caso Zaffaroni arrincona al Gobierno Nacional

Los eventos que afectan al entorno del polémico magistrado no representan una noticia sin importancia. Razones y derivaciones políticas.

El otrora prestigioso magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, se encuentra ahora en la picota. La investigación surgida de Diario Perfil -y que recogía denuncias de una ONG en relación al uso que se hacía de seis inmuebles, registrados como propiedad del Juez- ha derivado ahora en una nueva crisis política de altísimo despliegue mediático que golpea a la Casa Rosada con la fuerza de un puntapié al plexo solar.

A los pocos días, una secuencia de hechos llevaría a la publicación de una áspera misiva, con la autoría del respetado Abogado, el Dr. Ricardo Monner Sans. El letrado se hizo eco del dilema ético en el que Zaffaroni -sin ayuda de nadie- supo zambullirse de cabeza. Pero Monner Sans fue mucho más allá, recordando que el buen amigo y colega de Carmen Argibay ofició de Juez en los tiempos del Proceso de Reorganización Nacional, al tiempo que se hizo eco de una vieja declaración del propio magistrado de la Corte en 2003, ocasión en que reconociera ante el Senado de la Nación que evadía impuestos. Finalmente, el autor de la carta se ocupó de rememorar un hecho que, sugestivamente, la clase política ha venido obviando desde hace un buen tiempo, esto es, que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni arribó al Alto Tribunal de apuro, casi puesto “a dedo” por el fallecido ex presidente Néstor Carlos Kirchner. Claro está, ante la necesidad de reformular la impresentable “corte menemista”,aquella que supo oficiar de escribanía del Ejecutivo en los años noventa, y que hiciera un esfuerzo notable para respaldar un turbio programa de privatizaciones de empresas estatales. Parafraseando al Dr. Monner Sans, “valía todo” con tal de imprimirle a la Corte Suprema de Justicia un nuevo hálito de transparencia. Néstor lo hizo.

Unos pocos días atrás, el iridiscente Jorge Lanata brindó una atendible entrevista a medios nacionales. En relación al Caso Zaffaroni, opinó que le parecía difícil que el juez no tuviera conocimiento sobre el uso que se daba a las unidades funcionales bajo su titularidad. Con el correr de las horas, la prensa argentina complementó la información inicial con nuevos datos que darían lugar a un sinnúmero de sospechas. Se ha sindicado como “administrador”del Juez de la Corte al Sr. Ricardo Montivero, a priori responsable de gerenciar los contratos de alquiler de las viviendas pertenecientes al Dr. Zaffaroni. Sin embargo, comenzó a llamar la atención en las últimas horas el hecho de que Montivero figura como titular de la línea telefónica del domicilio fiscal del magistrado, sito en la calle Boyacá al 900. Cuando entra en juego el análisis estricto de la letra de la ley, cualquier abogado recién egresado podría concluir sin pestañear que existiría, prima facie, una sociedad entre don Eugenio Raúl y su servicial administrador. Sin importar que -por lo bajo y en off- el propio Zaffaroni la emprenda con furia contra Montivero. Con todo, surgen más preguntas en relación a la cuestión de las unidades utilizadas como prostíbulos: quien alquila departamentos o viviendas para la oferta regular de sexo “puertas adentro” sabe que esos contratos se cobran entre tres y cuatro veces más caro de lo normal (la razón es obvia); cabe entonces preguntarse si acaso el hábil gerenciador del Juez rentaba aquellas unidades a precios elevados o si, en contrario, exigía precios corrientes de mercado. Si Montivero operaba bajo la segunda prerrogativa, ¿estafaba al Dr. Zaffaroni, quedándose con una utilidad superior a la marginal? En cualquiera de los casos, será el propio letrado quien deba dar las explicaciones pertinentes, pero no frente a la pálida versión de la administración de justicia que hoy conocemos, sino frente a un jury de enjuiciamiento de carácter probo e insobornable. La probabilidad de ocurrencia de este escenario no es un tema que corresponda tratar aquí, al menos en esta columna. Nota complementaria: la Ley 26.364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas - Modificación Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación) es lo suficientemente clara, especialmente en lo que hace al contenido del Artículo 4to: “a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos”. Se impone la pregunta: ¿podría el magistrado desconocer el contenido de la presente legislación?

Existen, asimismo, otros componentes que hacen a la clara falta de idoneidad del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni para integrar el máximo Tribunal. Cítese, por ejemplo, su íntima relación con el Sr. Jacobo Grossman -con antecedentes por secuestro extorsivo e indultado en 1991-, y hasta qué punto ha influido el Juez para que su buen amigo preste servicios como Secretario de la Corte. Por otro lado, surge otro número importante de suspicacias en relación a su pasado, y si acaso su desempeño fue -como se dice- loable a la hora de presentar recursos de hábeas corpus para detenidos por la dictadura militar en los años setenta. La idoneidad sobre la que se hace mención también se observa comprometida, en virtud de la cercanía ideológica que don Eugenio Raúl exhibe con el oficialismo. A este respecto, es noticia vieja que Zaffaroni fue consultado oportunamente por allegados a la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, para conocer su interés en presentarse como aspirante del Frente Para la Victoria en la figura de Jefe de Gobierno porteño, e incluso de Vicepresidente. Para colmo, él no ha eludido comentar sobre su propia iniciativa para proponer una novedosa reforma de la Carta Magna que le permitiría a la viuda -de resultar ganadora en octubre- pelear por una re-reelección dentro de cuatro años. En la Argentina, todo parece moverse en círculos. Al Dr. Eugenio Zaffaroni le asiste el derecho constitucional de la réplica y el descargo. Pero no es menos cierto que los ciudadanos también debemos hacer honor al nuestro, en el sentido de reclamar por una justicia cuyos componentes observen criterios de transparencia, coherencia e independencia. A la luz de los hechos, esta solicitud podría catalogarse perfectamente de utópica. Aunque está lejos de aparecer como inválida.

De todos modos, son los ribetes políticos del “Dilema Zaffaroni” los que nutren el interés de los lectores, candidatos y analistas políticos que suelen repasar a diario las páginas de El Ojo Digital. Fuentes cercanas a Balcarce 50 han reportado en su momento que el magistrado ha visto crecer su reputación como engranaje fundamental del kirchnerismo/cristinismo en el ámbito de la Justicia. Los comentarios en tal sentido perderían incandescencia y credibilidad, sino fuera porque los ánimos distan de ser los mejores en el rosado edificio, desde que el tema estalló en los medios masivos del país. No en vano, el matutino La Nación publicó este miércoles un texto en donde un referente del gobierno federal apuntara que Zaffaroni podría “no ser punible, pero desde el punto de vista político, es indefendible”. Precisamente, las preocupaciones del entorno presidencial surgen del impacto que la desagradable noticia podría provocar al momento del conteo de votos. Por otro lado, el temor más palpable cabalga sobre las relaciones que podría rastrear la prensa entre el Juez y el tristemente célebre Caso Schoklender-Bonafini. Con toda probabilidad, los fundamentos de la trama podrían alumbrarse apenas alguien responda a la “pregunta del millón”: ¿conoció Jacobo Grossman a Sergio Schoklender personalmente? ¿Quién o quiénes se ocuparon de sacar de prisión al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo?

Incontestablemente, la caída en desgracia de los organismos de derechos humanos ha sacudido el piso bajo los pies de la Presidente Cristina Elisabet Fernández Wilhelm. Nuestra primera mandataria no solo debe hacer frente a su crítico estado de salud: casi con rigor diario, noticias del calibre del affaire Schoklender-Bonafini o la violencia en Jujuy -a los que ahora se suma el calvario del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni- contribuyen a generar una creciente inquietud de cara a las chances electorales reales de la candidata. El laberinto creado por el magistrado parece no exhibir salida posible: para Balcarce 50, salir en su airada defensa representaría un claro suicidio político, en tanto que tampoco puede demandar su separación del cargo (sus servicios serían necesarios como “cubierta” judicial, se reporta). Al mismo tiempo, la permanencia de don Eugenio podrá ser explotada hasta el aburrimiento por los candidatos de la oposición que necesitan, de manera imperiosa, captar para ellos los titulares de las primeras planas de los diarios.

Mientras Zaffaroni ha comenzado a perturbar a sus pares -que silenciosamente le piden que dé el paso al costado, temerosos de que la continuidad de su colega los contamine-, Cristina Fernández y Máximo Kirchner han tomado conocimiento de recientes mediciones que, a contramano de los estudios de opinión pagos y que se publican a diario, reflejan las dificultades de la Presidente para superar el 30% de intención de voto a nivel nacional en agosto. Aquí comienza a comprenderse el esfuerzo denodado que la Rosada lleva adelante para enlodar el escenario de las Primarias. La Jueza Federal con competencia electoral en la Capital Federal María Romilda Servini de Cubría ha vuelto a poner el grito en el cielo, pues no se conformó con las promesas de Florencio Randazzo: hace falta girar el dinero para que las PASO puedan llevarse a cabo. El mensaje fue contundente: “Sin fondos, no hay Primarias”.Que distritos como la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires se “abran”del 14 de agosto sería suficiente para dinamitar la puja.

En virtud de los números “crudos” que la Presidente ya tiene en sus manos y la complejidad y el pésimo timing que observa el caso Zaffaroni, no sería extraño que la viuda de Kirchner tome, próximamente, una decisión que podría sorprender a más de un analista político desprevenido.

El cristinismo -está visto- desconoce las reglas más elementales del juego del ajedrez. Especialmente, aquella que exige al jugador conocer de antemano los siguientes tres movimientos que ejecutará.

POR EL VACIAMIENTO DEL YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

Inminente procesamiento de Taselli, un empresario K

En los próximos días se podría definir la situación judicial de Sergio Taselli, ex concesionario de YCRT SA, acusado de vaciar el patrimonio de la empresa en una causa que se sigue ante el Juzgado Federal Nº12 de Comodoro Py. Antes de iniciarse la feria judicial ingresó el pedido del Fiscal, ahora el Juez Sergio Torres debe decidir.

“Estamos muy entusiasmados porque vemos que la causa sobre Taselli avanza y esperamos que el Juez (Sergio) Torres se expida en pocos días sobre el pedido que hizo el Fiscal para que dicte el auto de procesamiento de Sergio Taselli”, le dijo a OPI Raúl Wanzo, ex dirigente gremial de ATE, trabajador de la mina de carbón y querellante en la causa 4863/03 caratulada “Taselli Sergio y otros S/ delito de acción pública”.

“El fiscal Dr. Federico Delgado hizo la presentación unos días antes de que comenzara la feria, lo que nos hace suponer que en esta semana o la otra a más tardar habrá novedades sobre la decisión del Juez -remarcó Wanzo, quien aclaró- es que aquí (en YCRT SA) no se agota el delito que cometió Taselli, porque ha quedado demostrado a través de la acción del perito contable de la CSJ que hizo “aportes irrevocables” a su empresa, es decir, hablando claro: desvió fondos que venían de nación para YCRT y los utilizó en su empresa particular”.

En este sentido Wanzo explicó que del peritaje contable surge que en el 2001, último año de la gestión del concesionario, los aproximadamente 30 millones de pesos/dólares que entraron a YCRT SA, de los cuales 22,5 millones eran para el pago de sueldos y funcionamiento y otra parte como producto de la venta del carbón a la usina de San Nicolás (a precios subsidiados), fueron totalmente desviados a las empresas del grupo Taselli.

“Ahora esperamos que el juez defina el procesamiento y que lo meta preso, porque si la justicia actúa como con cualquier delincuente, Taselli debe ir preso”, indicó Wanzo quien finalmente dijo que ha quedado sobradamente demostrada la impunidad con que el ex concesionario de YCRT se ha manejado todos estos años. (Agencia OPI Santa Cruz)

El Yabrán de Kirchner

El apellido Taselli suele frecuentar los medios periodísticos, casi siempre relacionado con actividades controvertibles.

Juan F. Marguch / La Voz

El periodista Daniel Gatti, autor de del libro Kirchner, el amo del feudo, bautizó al empresario Sergio Taselli como “El Yabrán de Kirchner”. Su audacia, su desparpajo y su habilidad para forjar alianzas con funcionarios diligentes recuerdan bastante el estilo del hombre que se erigió en símbolo del empresariado menemista. El apellido Taselli suele frecuentar los medios periodísticos, casi siempre relacionado con actividades controvertibles. Como Yabrán, rehúye la publicidad, pero sus negocios a la sombra del poder en turno lo colocan, habitualmente, en el centro del escenario.

El 15 de mayo último reapareció en los medios, cuando enfurecidos usuarios del ex ferrocarril Roca destruyeron gran parte de la estación Constitución como protesta por el deplorable servicio que se les prestaba: hacinamiento, demoras interminables, cancelaciones intempestivas de viajes, ruinoso estado del material rodante. Pero su prontuario empresarial acumula otros clamorosos antecedentes.

Antiguo chatarrero proveedor de Techint, dio un salto de calidad el 1º de julio de 1994, cuando tomó el control de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que el entonces todopoderoso superministro Domingo Felipe Cavallo, en lo más candente de su fiebre privatizadora, había ofrecido por doquier sin encontrar interesados. Hasta que apareció Taselli. Se le extendió una concesión por 10 años, con opción a una prolongación por otros 10 años. Taselli no entregaba un solo centavo y, por lo contrario, se le garantizaba la compra de la producción y recibiría además subsidios por 1.875 millones dólares mensuales hasta el vencimiento del contrato.

Entre 1994 y setiembre de 2001, cobró 163.125 millones dólares. Jamás efectuó inversiones y, peor aún, su adicción por la chatarra le llevó a vender todas las maquinarias y equipos de las secciones Herrería, Electromecánica y Automotores. Inspectores de la Auditoría General de la Nación (AGN) verificaron que esas áreas se encontraban totalmente desmanteladas, sin ningún tipo de mantenimiento”.

Sometió al personal a durísimas condiciones de trabajo, entre ellas la supresión del descanso semanal y un franco cada 25 días, con jornadas de 12 horas diarias. Además, retuvo en provecho propio los aportes jubilatorios y para las obras sociales. Los inspectores de la AGN denunciaron a la Autoridad de Aplicación, cuyo deber era controlar el cumplimiento de los compromisos contraídos por Taselli, porque ese organismo se abstuvo de efectuar“ninguna imputación”. ¿Quiénes integraban la Autoridad de Aplicación? Tres miembros, en representación de la Secretaría de Energía de la Nación, YCRT y la provincia de Santa Cruz, cuyo gobernador era Néstor Carlos Kirchner.

Las condiciones extremas de trabajo llevaron a los mineros a realizar la más dilatada huelga de la historia de YCRT. Para quebrarla, Taselli ordenó el corte del suministro de electricidad y de los sistemas de ventilación. Puestos ante el riesgo de morir asfixiados por la inhalación de gas grisú, los huelguistas depusieron su actitud. Finalmente, ante las reiteradas peticiones gremiales, el presidente Eduardo Duhalde rescindió el contrato de concesión. Taselli dejó la explotación en condiciones deplorables: la extracción de carbón cayó de 400 mil toneladas a 40 mil, se perdieron más de tres mil puestos de trabajo y la falta de mantenimiento influyó para que un incendio que estalló el 14 de junio de 2004 causara la muerte de 14 operarios.

Kirchner acudió al velatorio de las víctimas, y vecinos de Río Gallegos aseveran que lo vieron llorar en público por primera vez. Quizá por solidaridad, quizá también por arrepentimiento por no haber intervenido durante esos siete largos años para detener la acción depredadora de Taselli, cohonestando de alguna manera el pago de esos 163,1 millones de dólares entre julio de 1994 y setiembre de 2001, según denunció la AGN (una síntesis del informe de la Auditoría fue publicada por Página/12en su edición del 19 de junio de 2004.)

Un “holding”. Mientras perpetraba su fructífera incursión por Río Turbio, Taselli aceleró la construcción de un verdadero holding, que incluía Trenes Metropolitanos, Frigorífico Santa Elena, Parmalat, Materfer, Aceros Zapla, Petroquímica Bermúdez, Agrinac, redes distribuidoras de energía eléctrica. Bajo todos los gobiernos, desde Menem a Kirchner, pasando por Duhalde y De la Rúa. Siempre al asalto de empresas quebradas y habitualmente sin desembolsar un solo peso o pagando un precio simbólico de un peso; bastaba, al parecer, con recibir subsidios a cambio de su promesa de hacerse cargo de los pasivos, pero a veces se olvidaba de lo que prometía y optaba por la quiebra lisa y llana.

En Metropolitano se asoció con Mario Montoto, ex montonero, ex secretario y apoderado legal del comandante Mario Firmenich, CEO de Codesur (Corporación para la Defensa del Sur), dedicada a la venta de armamentos -representa, entre otras, a una de las mayores fábricas de armas de Rusia-, y al mantenimiento de naves de guerra de superficie y submarinos. En Codesur revistan en retiro activo ex militares del Ejército y la Marina, ahora empleados del ex montonero. Las vueltas que da la vida... (¿Qué vueltas de la vida? ¡Las vueltas que da la Argentina!)

Los antecedentes de Río Turbio no impidieron que Taselli entrara en el negocio ferroviario, con los resultados conocidos. El 23 de mayo de este año, luego del incidente de Constitución, Kirchner rescindió el contrato de concesión de los ex ferrocarriles Roca y Belgrano, cuyos servicios pasó a la Unidad de Gestión Operativa (Ugofe), integrada por las empresas Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habló maravillas de la gestión de Ugofe, a pesar de que el secretario de Transporte de la Nación, el incombustible cordobés Ricardo Jaime, ha sido denunciado penalmente ante la Justicia Federal “por serias irregularidades en la concesión de ramales a Ugofe”, por entenderse que habría incurrido en los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita”. Jaime ha sido el arquitecto de la alianza entre Juan Schiaretti y el infatigable peregrino Héctor Campana.

No es la primera vez que se denuncia a Jaime ante la Justicia. En marzo de este año, la Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación sobre la participación del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario de Transporte, entre otros, en la compra directa y supuestamente irregular de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa.

A pesar de Río Turbio, Parmalat (que ha mantenido cerrada durante más de dos años), Metropolitano y demás, Taselli se alzó con el frigorífico entrerriano Santa Elena, uno de los más importantes del país, que daba empleo a 2.115 personas, sin contar a proveedores y productores. Quebró y fue adquirido por Euromarché, del grupo Constantini, que la clausuró tras sólo 18 meses de actividad.

En ese lapso la empresa se endeudó con el Estado nacional en 38 millones de dólares, que nunca devolvió y, según la sindicatura de la quiebra, esa deuda superaba a fines de 2001 los 100 millones de dólares, con intereses y punitivos. Puesto a remate, fue adquirido por el Banco Nación en poco más de dos millones de pesos, misérrima recuperación de los dineros despilfarrados.

La enorme planta estuvo cerrada durante una década, hasta que apareció Taselli, que pagó por ella 2,8 millones de pesos (es decir que el Estado nacional y la provincia de Entre Ríos perdieron 99 por ciento de sus acreencias). El anuncio oficial fue formulado el 20 de mayo de 2005 por el presidente Kirchner, el gobernador Jorge Busti y la entonces presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli.

Se suscitó un verdadero escándalo, porque los trabajadores del frigorífico habían constituido una cooperativa para recuperar la fuente de trabajo, pero Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, les informó que esa iniciativa “había caído” y que el frigorífico sería entregado a Taselli.

De inmediato, el abogado Juan Carlos Iglesias se presentó ante la Justicia y pidió investigar si Felisa Miceli y su pareja Ricardo “Pacha”Velasco cobraron a Taselli una “comisión indebida” de 700 mil pesos. Tiempo después, Velasco fue dejado cesante de Enargas cuando detonó el caso de corrupción Skanska. Había sido designado, sin tener título habilitante para ello, por De Vido.

Taselli consumó su última travesura (hasta ahora) el 8 de julio último. Luego de abandonar los ex ferrocarriles Roca y Belgrano, se le entregó un subsidio por 15 millones de pesos para que pagara los sueldos de junio a los 4.100 empleados de esas ferrovías (en cuya nómina el astuto empresario kirchnerista había incluido a un centenar de empleados de Parmalat, según denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación).

Taselli se guardó el dinero y la Secretaría de Transporte debió cubrir los salarios caídos con una partida de emergencia. Y anuncia ahora que demandará judicialmente a Taselli. Seguro, claro, faltaba más. (La Voz del Interior)