LOS SEMIDIOSES DEL OLIMPO ARGENTINO

Curiosamente las profusas opiniones y análisis vertidos acerca del caso Zaffaroni han omitido la consideración de un aspecto de sus declaraciones revelador de un pensamiento equívoco de muchísimos magistrados respecto de su investidura, tomado este término en la segunda acepción que le asigna la Real Academia:

“Carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades”.

La socarronería de sus primeras explicaciones (“me facilitan el desalojo”) denuncia una subestimación de la opinión pública absolutamente impropia en el integrante de un cuerpo que tiene la última palabra en el país sobre vidas y haciendas de los ciudadanos. Tomarse a la chacota un asunto tan serio fue la primera muestra de su desubicada autosuficiencia pero también de su arrogancia: “¿Quiénes son estos vulgares mortales para venir a cuestionarme por estas minucias?” es el trasfondo subyacente de sus ironías.

Una de sus declaraciones es particularmente contradictoria con sus explicaciones y extraña en una persona que conoce el derecho a no autoincriminarse: “No soy un débil mental” dijo. Obviamente que no lo es, y por eso mismo es que a la gran mayoría de la opinión pública le resulta imposible creer que nada sabía de lo que ocurría durante años en seis de sus departamentos porque esa supuesta ignorancia está reñida con un parámetro muy elemental del derecho civil como es el de la “diligencia de un buen padre de familia”. ¿Con que autoridad moral podrá en adelante el juez resolver un caso donde deba aplicar el concepto que el mismo dice no haber tenido en cuenta en sus negocios?

A medida que vio que el panorama se oscurecía y que la cosa pasaba a mayores fue abandonando su arrogancia y cambiando gradualmente sus expresiones hasta finalmente victimizarse en un vano intento de conmover a sus cuestionadores con una humildad divorciada de sus primeras actitudes altaneras.

En alguna medida es comprensible que un personaje de la talla de Zaffaroni que goza de un merecido reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria académica, profesional y judicial, ungido con inamovilidad e intangibilidad se sienta miembro de una especie de Olimpo social y por lo tanto superior al común de los ciudadanos y exento de sus responsabilidades (entre ellas la de pagar el impuesto a las ganancias).

Pero eso no es suficiente para cubrir un desaguisado tan serio, como pretenden hacer corporativamente algunos miembros del poder judicial aludiendo a sus valores personales, académicos y jurídicos y eludiendo la consideración de los hechos.

A cualquier otro propietario que le hubieran descubierto el funcionamiento de una red de prostíbulos en sus inmuebles ipso facto le hubieran iniciado un procedimiento instructorio para determinar si existieron infracciones al Código Penal art. 145 ter, a la ley 12.331 art. 17 y a la ley 26.364 arts. 4° y 11° y en su caso quienes las cometieron.

Eso porque es una costumbre muy extendida entre un número muy alto de jueces del fuero penal indagar y procesar a personas utilizando el conocido latiguillo del “grado de sospecha suficiente” con supuesto indicios fundados solamente en sus presunciones subjetivas. Claro está, los imputados no son jueces de la Corte.

Esto lleva a un planteo que la sociedad nunca se hace ¿Qué es un juez? ¿Es un ser superior que ha recibido un mandato divino de arreglar las querellas de los tontos y pendencieros mortales, una especie de semidiós moderno investido por el Espíritu Santo de un poder y una sapiencia sin límites? Categóricamente no, pero muchos se lo creen.

Un juez es simplemente un ciudadano común al cual los demás le han dado la facultad de arbitrar sus diferencias, no la de convertirse en un gran Señor y Rajadiablos -caracterización del escritor chileno Eduardo Barrios- ante cuyas decisiones solo cabe inclinar la testa y rendirle pleitesía como parece sugerir el enorme poder del que disponen sobre vidas y haciendas como dueños del tiempo de los demás. Y los abogados lo saben.

Por eso mismo, porque no son deidades que habitan un Olimpo extraño a los seres humanos corrientes no sólo deben ganarse el respeto de sus justiciables sino además mantenerlo con una conducta decorosa y diligente tanto pública como privada durante todo el ejercicio de su magistratura.

Este sencillo concepto de la judicatura fue receptado por las Naciones Unidas que lograron la conformación del llamado Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial integrado por presidentes de Superiores Tribunales de más de 80 países que elaboraron los llamados “Principios de Bangalores sobre la conducta judicial”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura” según Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe destacar que en sintonía con la cerrada defensa de Zaffaroni que hace el oficialismo judicial y político de la República (¿) Argentina los principios de Bangalores no fueron incorporados al derecho interno de nuestro país pese a haberse presentado en 2007 y 2009 sendos proyectos en tal sentido que ni siquiera fueron tratados en comisión en la Cámara de Diputados. ¿Cerrada oposición de la corporación judicial? Es probable.

Y ello no es extraño en tanto en su punto 4.1 el documento reza: “Un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades.” Y en su punto 4.7: “Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciario-financieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia.” ¡Ja!

Si la Argentina hubiera adoptado formalmente esos principios Zaffaroni ya hubiera sido historia, y quizás otros varios jueces amigos del gobierno.

Por ahora y a pesar de los años sigue vigente la fuerte denuncia que hizo de José Hernández poniéndola en boca del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez... “Nunca le llevés la contra/ Porque él manda la gavilla/ Allí sentao en su silla / Ningún güey le sale bravo/ A uno le da con el clavo / y a otro con la cantramilla”.

¿Renunciar por las mancebías?

Mojigatamente, como ya es su inveterada costumbre, la sociedad argentina se ha conmovido con la grosera historieta de un consigliere de la Suprema que entendió que debía hacer algo por su futuro y como idea luminosa se le ocurrió alquilar algunos de sus “derpas” más pequeños, alrededor de seis, como mancebías al paso.

¿Por qué hizo tal desbarre?, chi lo sa, quizás porque después de tantos años de retozar en defensa de los delincuentes quiso, mínimamente, transgredir la ley; quizás porque decidió no perderse la ola de indecencia e impunidad sobre la que “surfean”desde hace ocho años, en pingües negocios, los acólitos del poder o quizás porque sobran madamas en las esferas oficiales. La respuesta solo la tienen Dios y él, y es probable que nunca la sepamos. Lo que importa es, ¿Cabe tanto alboroto porque un consigliere de la Suprema alquila sus departamentos como corrales de fornicio? Al fin y al cabo, aunque el consigliere supiera el destino de sus cotorros, sólo ha trozado, una a una, las páginas de la ley 12.331. ¿Qué es esto, para él, que desde que fue ungido consigliere de la Suprema ha colaborado con decisión en darle destino de albañal a la Constitución Nacional?

Todo este barullo sería justificable en un País en serio. No es nuestro caso. Somos lo que nosotros hemos decidido ser. Somos los amansados de y por el bolsillo, ni siquiera mansos de corazón lo que sería un logro ante Dios Nuestro Señor, sino que nuestra mansedumbre deviene del hecho que somos cagones de alma y por eso mismo, por sumisos, nos han sacado la tierra, que es, ni más ni menos, la Patria.

Hoy se santiguan hasta los ateos frente al despropósito de los bulines del consigliere, pero todos esos que hoy se rasgan vestiduras y echan cenizas sobre sus cabezas nada dijeron de los desatinos jurídicos o de las ofensas al estado de derecho que elconsigliere junto a sus scagnozzi urdieron para mayor gloria de sus patrones.

Acá prima la cobardía. Nadie quiere quemarse del todo. Crucifíquenlo primero que nosotros nos encargamos del último lanzazo. Los políticos al hablar del consiglieretodavía se pelean por ver quién más cerca de Dios lo ubica, porque ni siquiera se animan a ponerlo cerca de una presunta culpa, con la misma irresponsabilidad con que, en su momento, pedían la canonización de la madre Bonafini o el Nobel para la abuela Carlotto. Nadie de los que hoy sobre el papel, en la radio o en la televisión intentan aleccionar a este estúpido pueblo sobre las inconveniencias erótico-inmobiliarias cometidas por el consigliere y su administrador jamás han dicho una palabra de lo que verdaderamente es vergonzoso, sino criminal, en los hechos negociados por esa camarilla infame que integra la Suprema Corte y a la cual el consigliere pertenece. Porque durante ocho años se han callado la boca sobre la vergüenza que son en sí mismo los tribunales federales devenidos en tribunales revolucionarios donde es sistemáticamente violado el principio constitucional de presunción de inocencia, donde se imputan delitos que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional, donde se juzga a los procesados con leyes que no existían a la fecha del presunto delito y donde cualquiera puede decir cualquier cosa y ser testigo si pertenece a la querella.

Ninguno de estos alarmados ciudadanos ha dicho una palabra de lo que antecede. Cobardes o pagos han mirado hacia otro lado. A ninguno de ellos les preocupó jamás -como tampoco a los consiglieri de la Suprema- que con la fábula de presuntos excesos de guerra en los penales federales haya militares y policías que sin haber sido procesados nunca llevan más de cuatro años detenidos. Como siempre, estos medrosos plumíferos, están prestos para lo minúsculo. Es mejor pegarle al supremo por sus presuntos intereses alcahueteriles que por la gravedad de sus acciones contra la Constitución Nacional.

Hoy, este coro de timoratos dice que el consigliere debe renunciar. Que si bien no configura delito lo cometido por él, por la “dignidad” que conlleva su cargo debería hacerlo. ¿Por dignidad?, no jodamos, hace ocho años que la dignidad, la decencia, la honra fueron asesinadas por el mandato intelectual de un desquiciado que se encaramó al gobierno de la usual manera que suceden estas cosas en Argentina. “El” dio esa orden y prestos prepararon sus dagas los esbirros a quienes convenía en grado sumo borrar de la vida nacional esas actitudes. El consigliere de la Suprema fue uno de los primeros en empuñarla, pero también otros que es menester no olvidar: Rossi, Pichetto, Menem, Balza, Garré, Fernández, Vendini, Milani, Godoy, Pozzi, y tantos más que celebraron con alegría el deceso de lo que otrora fueron llamadas virtudes republicanas.

El consiglierede la Suprema por el que se ha hecho tanto ruido se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. No me mueven -para opinar sobre él y sus bellaquerías- ni sus preferencias sexuales ni me dejo llevar por los presuntos mails que han salido a luz. Creo que lo que he dicho precedentemente lo define como una de las personas más miserables de la República y si ascendió a las alturas en las que hoy se encumbra en este gobierno es sólo por su condición de “progre” siempre listo para cometer cualquier ultraje que se le encargue.

Zaffaroni: La Biblia junto al Calefón

En una república según Montesquieu debe primar la virtud, en consecuencia ante el descubrimiento que un Ministro del más alto tribunal de justicia de la Nación, tiene seis departamentos donde se ejercía la prostitución y la trata de personas, descubramos también, a los principales responsables de su nombramiento y a sus sostenedores actuales.

El 22 de julio pasado, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay declaró públicamente con respecto a la trata de personas, “Cada vez se llevan más chicos, no solamente mujeres, también varones”. Con respecto al gobierno nacional y a los provinciales agregó, “miran para otro lado” y siguió diciendo, “no creo que el Poder Judicial se salve, que sea totalmente impoluto en este tipo de cosas”.

¿Sabía algo la jueza y quiso anticiparse para salvar su imagen? No lo sabemos, pero sí es público y notorio que la jueza se ocupa en la Corte Suprema de la “Oficina de la Mujer” y por eso se había demostrado preocupada por la prostitución que trae aparejada el secuestro y la explotación violenta de mujeres.

Por su parte, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, afirmó “los detalles de la situación del ministro Zaffaroni “ya fueron explicados” por el juez y corresponden a una actividad privada.

“Hoy el acuerdo fue normal, con clima de cordialidad”,sostuvo el titular de la Corte. “No hay ningún problema, porque no hubo ningún cuestionamiento a lo que Zaffaroni hace dentro de la Corte”, agregó una fuente judicial.

“Tenemos un gran respeto y amistad, que no ha cambiado en absoluto”, comentó, después del acuerdo, Lorenzetti, y refiriéndose a Zaffaroni, un ministro del alto tribunal que participó de la reunión dijo, la Corte mantiene una “fuerte unidad interna, estamos muy unidos y nadie le increpó nada ni mucho menos; para nosotros sigue siendo el mismo Zaffaroni de la semana pasada”

Claro ya sabemos que las prostitutas y los tratantes de blancas no ejercían dentro de la corte, por lo menos por ahora, pero sí en seis departamentos propiedad de uno de sus miembros. Esta solidaridad, que declara el presidente de la Corte, de todos los miembros de la misma hacia Zaffaroni, incluye entonces a la Doctora Argibay, a quien ya citamos criticando la trata de personas y la prostitución y además la misma está encargada en dicho órgano de gobierno, nada menos que de la Oficina de la Mujer responsable del problema de la prostitución y la trata de personas.

Nuestra Corte de lujo mira para otro lado, como había dicho sobre este tema Argibay, quien ahora se solidariza con Zaffaroni, junto con Lorenzetti y el resto de la misma.

Lamentablemente, con esta actitud la Corte se implica en el caso y no en uno aislado sino en un tema que es considerado, después del narcotráfico, el principal negocio ilegal, que azota al país, con jóvenes desaparecidas y secuestradas. El ejemplo moral imprescindible, que se espera de sus miembros, como garantía de los derechos de todos los ciudadanos argentinos, queda afectado seriamente, junto con su confiabilidad.

¿Quién nos protege entonces? ¿Dónde está la independencia del máximo organismo judicial de esto que debería ser una república? Sin embargo prefieren apoyar una posición política indefendible del gobierno nacional y reaccionan como parte de una corporación política a las que se sumó Horacio González, Presidente de la Biblioteca Nacional, quien dijo, “Van contra Hebe y Zaffaroni para destruir el núcleo ético del kirchnerismo”, pero se olvidó González, que Hebe de Bonafini el 17 de octubre del año pasado declaró públicamente con respecto a la Corte Suprema, “No solo turros hay que decirles, mucho más que turros” y continuó la jefa de Sueños Compartidos con el gobierno,“Y si hay gente honesta y proba y son buenos, como algunos que son casi nuestros amigos, que se vayan, que se vayan, que renuncien a la Corte, no se pueden quedar”, agregando “Porque donde hay un tipo que comete delito, todo lo demás queda sucio. No hay cosas limpias si Lorenzetti se reúne por atrás y recibe dinero y sobres y lo que sea, los demás también están envueltos en esto.”.

Claro Hebe no contaba en ese entonces con que se descubrirían sus Sueños Compartidos con Schoklender y la presidencia. Si el “núcleo ético del kirchnerismo”, como dijo el kirchnerista Horacio González, son Hebe y Zaffaroni, no necesitamos agregar nada sobre el tema.

Continuando con la reacción corporativa, el ministro del interior, Florencio Randazzo afirmó, “Creo que hay una carga ideológica con respecto a un ataque sin sentido, sobre todo teniendo en cuenta el prestigio, la honorabilidad y la trayectoria de Zaffaroni”. Lo esperado frente a una situación tan grave, era que el gobierno avalara la investigación judicial y del Congreso sobre tan grave hecho.

Lo que ocurre es que el kirchnerismo tiene una responsabilidad moral y política mayor, en conjunto con sus partidarios judiciales y culturales por la designación de este Ministro de la Corte Suprema, propietario de seis departamentos donde se ejercía la prostitución, Esta responsabilidad o irresponsabilidad, surge en 2003, cuando el Presidente Néstor Kirchner fue quien envió los pliegos al senado, proponiendo a Eugenio Zaffaroni como Ministro de la Corte Suprema.

Con el control que tuvo y tiene el kirchnerismo de los servicios de información, no podía ignorar los antecedentes de Zaffaroni. Frente a la Comisión de Acuerdos del Senado, que trato los pliegos, hubo más de cuarenta impugnaciones. Entre ellas sobresalió la de la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso (PJ), quien pidió que se remitan oficios a la AFIP, a la Oficina Anticorrupción y a la de rentas porteñas, para indagar sobre presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de Zaffaroni y quedó comprobado que el ministro propuesto por Kirchner, había evadido impuestos y además no había pagado aportes.

Entre las entidades que reiteraron las impugnaciones presentadas ante la Comisión de Acuerdos del Senado, estuvieron el Colegio de Abogados porteño, que acusó a Zaffaroni de adherir a la corriente “abolicionista”del delito penal.(en este momento de auge de la delincuencia, parece una burla a la ciudadanía soportar a un Juez supremo, con estos principios).

Otra de las impugnaciones sostenía que no ha explicado las vinculaciones laborales que mantenía con personas detenidas por secuestros extorsivos, como su socio Jacobo Grossman, quién es un ex convicto que pasó 13 años en prisión, por habérsele probado una larga lista de secuestros extorsivos, y que fue indultado en 1991. El amigo de Zaffaroni reunió en 1973 a un grupo de delincuentes y los lideró conformando una banda de secuestradores que se dedicaban a sustraer menores de familias adineradas, cobrando por su rescate cuantiosas cifras, vinculándoselo también, con un homicidio sucedido en junio de 1985. Zaffaroni lo habría vinculado a Grossman con el Ministro de Economía Amado Boudou y es actualmente el abogado de este.

Zaffaroni cuando había sido juez, sobreseyó a un violador acusado de abuso deshonesto sobre una nena, porque según él la niña no tuvo conciencia de que el violador la obligó a hacerle un fellatio, porque estaba oscuro y la niña no pudo ver nada. En otra oportunidad sobreseyó a un ladrón de un automóvil, sosteniendo que al dejar estacionado el vehículo en la vía pública, el propietario lo había abandonado y en consecuencia no había robo.

Cuando se expusieron estas impugnaciones en la Comisión de Acuerdos del Senado, el senador kirchnerista Jorge Yoma, fue quien lo defendió con argumentos sofistas, pero quienes lo aprobaron a pesar de todas estas impugnaciones, fueron los senadores, Jorge Busti (PJ- Entre Ríos), José Mayans (PJ-Formosa), Carlos Verna (PJ-La Pampa), Sergio Gallia (PJ-Neuquén), José Luis Gioja (PJ-San Juan, ahora gobernador), Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño), Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) y Jorge Agúndez (UCR-San Luis).

La Comisión de Acuerdos del Senado sesionó en aquella ocasión, en el auditorio Manuel Belgrano, del edificio anexo del Senado y entre los concurrentes que asistieron silenciosamente en apoyo de la designación de Zaffaroni figuraron algunas madres y abuelas de plaza de mayo y también ex camaristas federales y ex ministros de Justicia como Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián hasta el ex ministro del Interior Esteban Righi, ahora procurador nacional de justicia.

Entre los que se opusieron ahora al juicio político a Zaffaroni, están Ricardo Gil Lavedra y treinta firmantes del oficialismo entre los cuales se destacan Vilma Ibarra, Cecilia Merchán, Sandra Rioboo, Claudio Lozano, Victoria Donda, Nélida Belous, Juliana Di Tullio, Ariel Basteiro, Martín Sabbatella, Silvia Vázquez, Jorge Rivas, Carlos Heller, Adela Segarra, Alicia Comelli, Olga Guzmán, Edgardo De Petris, Remo Carlotto, Héctor “Pampa” Álvaro, Adriana Puiggrós, Hugo Prieto, Ruperto Godoy, Teresa García, Raúl Barrandeguy, Alfredo Villalba (MC).

Todos estos apoyos a Zaffaroni en estas circunstancias, delatan que las denominaciones de república o democracia, no cuadran con el tipo de sistema político que tenemos. La definición más aproximada correspondería a Enrique Santos Discépolo como Cambalache, en donde un gobierno autoritario se vale de la anarquía para lograr su propósito de perpetuarse en el poder e “Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefón...”.

JUJUY: SIN PODER NI AUTORIDAD

Dice Giovanni Sartori en su “Teoría de la democracia” que: “En tanto el poder ordena y está respaldado de ser necesario por la imposición, la autoridad apela y deja de ser tal si se impone.” O sea que el poder puede recurrir al temor, a la sanción física, a la manipulación y puede ser violento llegado el caso. Pero la autoridad la ejerce aquel que está al servicio de la legalidad, por lo tanto, merece respeto. Hoy, en Jujuy, no existen ni el poder, ni la autoridad.

Jujuy está en problemas. Problemas que no deberían ser tales en una nación a la que le sobran kilómetros cuadrados de tierras fiscales. Pero en Jujuy, como en tantas otras provincias, hay demasiada personas sin techo.

¿Qué ha hecho el gobierno nacional, provincial y municipal al respecto? Poco y nada, pero envuelto en promesas incumplidas una y otra vez. Estamos en año electoral y siempre, ante situaciones de este tipo, alguna corriente política, algún candidato dejado de lado, alguien con intereses espurios o genuinos, aprovecha la ocasión para movilizar gente.

Demasiados jujeños y no pocos bolivianos (que habitan Jujuy), no tienen ni tierra, ni techo. Por alguna desconocida razón, el gobierno nacional prefiere darle fondos para construir viviendas a fundaciones privadas como la de Madres de plata de Mayo (mamá Hebe) o la Tupac Amaru, que no son empresas constructoras.

Hace ya 2 años, la familia Blaquier donó 80 has, 20 en Libertador Gral. San Martín y 60 en Calilegua, confiando en un plan de urbanización del gobierno provincial. Las pocas viviendas que se empezaron, no se terminaron y la mayoría, no existe. Desde la provincia de Buenos Aires, la Corriente Clasista y Combativa, viajó a Jujuy, dicen que con armas.

La CCC instó a los necesitados y a los vivos de siempre, a ocupar terrenos del ingenio Ledesma de los Blaquier. ¿Responden a una interna de la extrema izquierda frente al gobierno K? No se sabe. La Tupac Amaru de Milagros Sala recibe cuantiosos fondos, mientras que los ex aliados piqueteros K, del conurbano bonaerense, han caído en desgracia.

El intendente de Libertador, Alé, el gobernador de Jujuy, Barrionuevo (Walter, FPV, no confundir) y el juez Jorge Samman, ordenaron el desalojo. Fue violento. Cuatro muertos, 3 okupas y un policía. ¿Los muertos, como los equipos de fútbol, clasifican en la A y en la B? Dos muertos en Avellaneda, Kosteki y Santillán (2002), obligaron a Duhalde a renunciar. Un muerto, Mariano Ferreyra, envió al jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a la cárcel. ¿Cuatro muertos jujeños no cuentan? ¿Y el artículo 16 de la CN que dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley? ¿No lo leyeron? Cristina muda, no sabe, no contesta.

Las tomas de tierras se multiplicaron. Hay 16 asentamientos. Se cortaron rutas. El gobierno nacional no ve, no escucha, no se entera, está en campaña y las tomas son muy malas para la campaña. El gobierno de Jujuy tiene una idea genial: expropiar tierras. Es decir, premiar aquello que se debe castigar.

La gente necesita viviendas, el gobierno debe crear las condiciones de trabajo para que puedan acceder a ellas a través de créditos blandos. Pero expropiar, para que no expropien por su cuenta, es demencial. Tampoco conocen otro artículo de la CN, el 17, que sostiene que la propiedad privada es inviolable.

Como a pesar de estas tropelías legales, hasta las mujeres de los policías, que también necesitan techo, han ocupado las casas sin terminar, y no sabiendo qué hacer, sin autoridad moral, ni poder real, le piden ayuda… ¿al gobierno nacional, a gendarmería, a la justicia? No, se la piden a Milagros Sala, la dueña de la Tupac Amaru y por lo visto, la dueña de la paz en Jujuy.

Eduardo Fellner FPV, 2 veces gobernador de Jujuy, presidente de la cámara de diputados de la nación, candidato a gobernador en octubre, declara que “Jujuy es un caos”y habla de: “intereses políticos”.Corren rumores que sostienen que lo de Fellner se debe a que en las tomas, hay tierras que le pertenecen. Son rumores. Desde el gobierno nacional lo obligaron a desdecirse y aseguró que nunca había dicho, lo que sí dijo. De todos modos, Jujuy es un caos.

Resumiendo. Jujuy está sumido en un estado caótico. Las tomas se extienden hasta Tucumán. Milagros Sala tiene la paz de Jujuy en sus manos. ¿Pero quién es Milagro Sala? De las armas cortas y largas llevadas desde el gran Bs.As por la CCC, no se habla. Los 4 muertos son recordados sólo por sus familias. Las tomas ilegales se premian con expropiaciones de apuro. La pobreza extrema y su uso político se desbordan en el NOA.

Mientras, en otro mundo paralelo (y para lelos), la campaña presidencial del gobierno desde las pantallas de los “LCD para todos”,nos atosiga con el cuento del país de las maravillas. ¡Cuidado con la reina de corazones! ¡Pobre Jujuy! ¡Pobre Argentina!

Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”, 1865, Inglaterra. Aula de literatura Vicens Vives, Barcelona, descripción del personaje: “La reina de corazones siempre está enfadada […] La reina no sabe juzgar, ni pensar lo que la gente hace, simplemente si alguien le molesta, dice que le corten la cabeza”. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia.

Para aliviar la tensión, un poco de historia. Luego de la derrota de Huaqui (20/6/1811), Belgrano se refugia en San Salvador de Jujuy. El ejército español con 3.000 hombres al mando de Pío Tristán, se acerca a la ciudad. El 23/8/1812, Belgrano organiza la retirada y proclama: “Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad. Llegó la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros con el ejército a mi mando, si como aseguráis, queréis ser libres….”

Jujuy quería ser libre, y respondió. Los españoles encontraron cosechas incendiadas, casas vacías y objetos que no pudieron ser llevados, ardiendo en las calles. Sólo desierto y desolación. Esa patriada fenomenal quedó en la historia como “el éxodo jujeño”.

De entonces a ahora, ¿qué cambió? Sin referencias a cambios tecnológicos, socialmente, ¿qué cambió? ¿La necesitada gente jujeña o sus dirigentes? Para no minimizar la enorme figura de Belgrano, al que le sobraba autoridad moral, no vamos a preguntar por Walter Barrionuevo o Jorge Alé, o Eduardo Fellner, que hoy en Jujuy, detentan un poder ficticio, mientras Milagros Sala tiene el poder real. Todos sin autoridad de ningún tipo.

El 14 se votan internas que no son tales, pero son obligatorias. De los argentinos depende optar de una buena vez por la autoridad, dejando de lado el poder, del que este gobierno ya ha abusado demasiado y por demasiado tiempo.

EL FRACASO DEL “MODELO”

Ha llegado el momento para afirmarlo con mayor contundencia: el “modelo” ha fracasado. Si bien son numerosas las señales indicativas de esta afirmación, elegiremos las más expresivas y, sobre todo, aquellas que dibujan un mal presagio para el escenario político, presagio peligroso y alarmante por lo que vamos a decir enseguida. Como uno de los males de la época consiste en privilegiar las definiciones materiales y entre ellas las económicas, iniciaremos nuestras reflexiones con una síntesis de éstas últimas. Lo haremos con la prevención de que, gane quien gane las elecciones, las correspondientes medidas que tendrán que adoptarse inevitablemente contendrán, inexorables, una carga de notable incidencia social. A ese peligro nos referimos.

¿Lo sabrá Ricardo Alfonsín, que aceptó a un economista para que lo acompañe en la lista como candidato a vicepresidente? Es posible, pero no lo dice con precisión. Entre quienes tienen posibilidades ciertas de resultar electo, sí lo hace Eduardo Alberto Duhalde y, para que no quede lugar a dudas, añade a sus mensajes las inquietudes concurrentes por la inseguridad que se extiende, el avance de la artificial y cada vez más corta “cultura del no trabajo” o el rechazo a la amenaza por los proyectos latentes para liberar el consumo de la droga.

En realidad son tres las candidaturas con posibilidades. Las ya mencionadas y, todavía, la de Cristina Fernández de Kirchner. Pero vayamos por partes. En coincidencia con los plazos electorales, el kirchnerismo se encuentra abocado a agotarse en una carrera para ganarle a la explosión que ya tiene la mecha encendida y que se ha anticipado con estallidos todavía menores, si los comparamos con lo que se avecina. Primero Jujuy, luego Tucumán y ahora con amenazas en el conurbano, la sociedad argentina debe prepararse a recibir los estruendosos resultados del famoso “modelo” que se agota. Los subsidios por más de 15 mil millones de dólares hacen imposible a cualquier economía que debe quitarles a los jubilados los recursos que les pertenecen para concretarlos en el tiempo y cautivar votos que, pese a todo, se muestran esquivos. Con las reservas genuinas del Banco Central -que no son las que se informan y apenas superan los 10 mil millones de dólares-, con las variables del costo de vida alteradas para llegar a los comicios, con una política basada en el consumismo para engañar a la tranquilidad pública, con las exportaciones agropecuarias limitadas por razones carentes de lógica, el futuro ofrece una certidumbre: el agotamiento y las consecuentes medidas para recomenzar de nuevo. Todo esto dentro de un marco externo severamente alterado, con ajustes en las principales economías y medidas que son las inversas a las que hasta hoy, sigue el gobierno kirchnerista.

Esto deberá cambiar y podemos decir que no son pocos quienes evalúan los ajustes que dejará el kirchnerismo como herencia o que deberá adoptar Cristina si se produce el milagro de un triunfo ajustado, por pequeño que sea. Ese ajuste se dará en todos los órdenes: impositivamente, con una reducción drástica del gasto todavía desatado e incluso -léase con detenimiento- una posible devaluación y una baja compulsiva de los salarios. Por decirlo brevemente, un enfriamiento de la economía con una paralela e inevitable convulsión social. ¿Esto ha sido buscado expresamente? ¿Forma parte del pensamiento íntimo del dominante maoísta Carlos Zannini? ¿Integra las recomendaciones de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, los sociólogos preferidos de Cristina?

Es difícil contestarlo, pero lo cierto es que ése es el camino buscado.

Ahora los hechos de Jujuy demuestran que fueron planificados hace bastante tiempo atrás. Registran la presencia de elementos bolivianos y desconocidos que intervienen con su activismo armado. Contenida la información mediática, la realidad es tan grave que la invasión del aeropuerto provincial y los cortes de ruta tienen alteradas las comunicaciones internas en Jujuy, a lo que debe agregarse la limitación impuesta a las informaciones. Para colmo, la Casa Rosada le pidió ayuda a Milagro Sala para superar la situación. Algo así como si en los setenta, se hubiera recurrido a Santucho, Firmenich, Kunkel o Verbitsky. Otro dato expresa con elocuencia lo que sucede. El gobierno local dispuso la expropiación de tierras para levantar viviendas, pero el caso es que el ingenio Ledesma ya había donado años atrás una superficie apta para levantar barrios que nunca se iniciaron o quedaron congelados o a medio hacer. ¿Esperaban un acuerdo para extender también allí a la estafa del proyecto de las Madres de la Plaza de Mayo? Es posible, pero las familias del personal policial jujeño que figuraban como adjudicatarias de las viviendas aún sin techo y apenas con paredes, decidieron ocuparlas. En consecuencia, el gobernador Barrionuevo no controla la situación, no puede dar órdenes y el gobierno central, paralizado, no atina a intervenir la Provincia. La primera y más directa consecuencia es la extensión artificial del conflicto a Tucumán, donde se repite una idéntica argumentación para avanzar en el descalabro social. Alperovich reprime con violencia pero hay grupos que resisten armados. Hace tiempo hablamos aquí de anarquía pero, objetivamente, aún falta para que se pronuncie con amplitud.

Muchas veces se habló de esta posibilidad, que no se dio en los setenta, cuando la población reclamaba y apoyaba la intervención militar. Lo primero que hizo el alfonsinismo primero y el kirchnerismo después fue destruir a las Fuerzas Armadas, suprimir la autoridad policial, eliminar los aparatos de inteligencia internos y alterar los Códigos Penales -un viejo sueño del ministro Zaffaroni- para, simultáneamente, no dar solución a los problemas básicos de los sectores más necesitados, alimentar las divergencias, mentir sobre el pasado revolucionario y alentar a las organizaciones que lo defienden. ¿Casualidad, intencionalidad o simple ineptitud?

Por cierto hay respuestas que hoy dejamos a cargo de nuestros lectores, aunque hay más elementos para alimentarlas. Hace un par de días -tal vez tres-, desde los sectores piqueteros creados y pagados por el kirchnerismo se iniciaron presiones sobre el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con algunos nombres y apellidos: D’Elía y Pérsico, entre otros, para que disponga la “inmediata expropiación de un millón de lotes en el Gran Buenos Aires para viviendas”. ¿Expropiación o incautación? ¿Tierras fiscales o privadas? ¿Una simple alteración de la tranquilidad pública o un instrumento para incorporar contenido doctrinario a la contienda electoral? ¿O tal vez otra extensión de los planes de Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, amparados oficialmente para utilizar una estructura que no ha sido desmantelada?

Todo es demasiado serio para continuar sólo con preguntas que requieren una contestación inmediata y contundente. Hasta ahora, los primeros resultados electorales descalabraron las expectativas del oficialismo, que insiste con la cantinela de que “Cristina ya ganó”, pese a que hasta ahora Cristina perdió. Las miradas están puestas entre los principales candidatos. Hay conversaciones reservadas que se desarrollan mientras la mayoría de los políticos callan. De todos modos, dejamos pendientes unas inquietudes adicionales. ¿Se reformará el sistema político...? ¿Habrá decisión y firmeza para reconocer la realidad y enfrentarla...? ¿Se presentará finalmente Cristina a las elecciones...?

No es conspiración, es ignorancia

A veces, me despierto sobresaltado, convencido de que existe una conspiración inmensa, llena de actores poderosísimos, para desarticular las Fuerzas Armadas de la Argentina (FF.AA.). Como el bolsillo es un órgano de pensamiento importante, eso me sucede las primeras noches después de cobrar mis haberes como general de división retirado.

La razón es a veces ingenua y tiende a inventar libretos donde sólo hay falta de letra y a ver patrones de conducta donde sólo reina el desconcierto. Por eso, algunas mañanas me digo que es necesaria no menos que una conjura de magnates y mandamases para que el gobierno nacional pueda incumplir (y sin consecuencias) la sentencia S. 301. XLIV, del 15/03/2011, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictamina que a los militares se nos pague todo en blanco, en lugar de casi todo en negro (verbigracia, una sumatoria de "haberes no remunerativos"). La misma sentencia indica que a los RE (verbigracia "militares retirados") se nos abone algo parecido a nuestro último y poco glorioso sueldo como activos, en lugar de menos de la tercera parte.

Este tipo de ideación me dura unos días, casi tanto como los haberes cobrados. El resto del mes, como lector aficionado de pensadores e historiadores, me veo obligado a admitir que muchos dirigentes y medios en la Argentina, lejos de ser antimilitaristas diabólicos, son simples a-militaristas (perdón por el neologismo) y, probablemente, más ingenuos que yo.

Me explico: son a-militaristas los cuadros sociales que suponen que las FF. AA. no tienen razón de existencia, salvo para desfiles patrióticos y las tratan como a un tema incómodo, parientes pobres con un pasado discutible a los que no se quiere en la casa, pero nadie se atreve explícitamente a echar. En suma, me digo, los dirigentes que toman decisiones y quien firma no leemos los mismos autores y, seguramente, por ello, jamás tropezaron con aquel viejo adagio romano: Si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra).

Pero basta leer los diarios para saber que Sudamérica, la parte más pacífica de la Tierra, se rearma a escape: Chile invierte 3.700 millones de dólares por año en su defensa; Colombia, arriba de 4.100, y Brasil ronda los 6.000. Mientras, aquí, los pilotos de la Fuerza Aérea, el tipo de militar más caro y difícil de formar, abandonan la carrera porque no tienen acceso a horas de vuelo, ya que desde los Hércules de transporte a los Mirage de intercepción, el material está no sólo obsoleto, sino canibalizado. La Armada ha reconocido que, de la flota de 60 barcos, sólo 16 están en condiciones de navegar. Y el Ejército tiene munición y logística como para un (1) día de combate.

Como parte de la misma historia, principalmente desde 2005, hay 100.000 militares activos cobrando cada vez más en negro. Y los despojados de sus retiros con la historia del "haber no remunerativo" ya son 80.000. Demasiada gente como para afrentarla tan duramente, si no se trata de un complot, dice la razón ingenua.

Pero cuando mi parte más racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante retoma el control de mi cabeza, descubro, con asombro, que no existe ninguna conjura en contra de las FF. AA., salvo la de los necios. Defino como tales a quienes creen que una nación-Estado puede durar en el tiempo sin ese mal menor que somos los militares. Y vuelvo a definir "mal menor" en oposición a "mayor", que es perder, como ciudadano, lo que uno tiene, sea mucho o poco, al caer bajo dominio o protectorado extranjero, y por no poder defenderlo, y así volverse un extranjero en suelo propio.

Y me debo repetir que no, no hay conspiración, pero sobra necedad. Los militares caemos en la misma bolsa que los casi 5 millones de habitantes que viven en la cuenca del Matanza-Riachuelo, sistema hídrico que la Corte Suprema intimó a sanear a la autoridad correspondiente (el ACUMAR, organismo federal), con resultados a la vista. Y, ¿cómo se puede tratar tan mal y obligar a vivir tan contaminados a ciudadanos que construyen una gran parte del producto bruto interno nacional y, además, votan? Y, sin embargo, se lo hace.

A los maestros y profesores no parece irles mejor que a nosotros, aunque son los únicos que podrían devolverle, a largo plazo, a la Argentina sus viejos quilates de sociedad relativamente culta, técnicamente avanzada e industrialmente competitiva. Pero, en cambio, se los maltrata y se les paga en negro, aunque también votan. Y al personal de salud del Estado, garante último del pacto social que nos vuelve nación y que implica que la Argentina es responsable de la salud de los argentinos, tampoco les va bien.

Por lo tanto, si hay una conspiración, es demasiado abarcativa: demasiados conspiran contra demasiados. La parte racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante de mi cabeza, entonces, prefiere suponer que a los militares se nos trata como el tránsito urbano trata a los peatones o como los conductores se tratan entre sí, y eso en un país donde el trasporte genera muchas más víctimas anuales (17.000) que todas nuestras luchas civiles e, incluso, nuestra única guerra entre Estados (la de Malvinas).

En suma: no es una conspiración. Es, simplemente, un todos contra todos, el caos de los autitos chocadores en el parque de diversiones, Estado amorfo, falta de ideas como sociedad acerca de cómo mejorar las cosas. Y, sobre todo, no querer asumir los costos económicos y políticos de implementarlas.

Un ejemplo de todo esto es que nuestras FF. AA. ya no tienen, oficialmente, hipótesis de conflicto, salvo dos o tres vaguedades sobre defensa de acuíferos. Hasta los años 85, las hipótesis de conflicto que teníamos, a nivel interestatal, eran una fuerte agenda de temas limítrofes (con Chile e Inglaterra).

En los 90, y tras la derrota de Malvinas, reinó, en cambio, el concepto de la pax americana, con unos Estados Unidos todopoderosos que impedirían para siempre toda trifulca de vecinos.

Aunque no lo dice, la dirigencia argentina se quedó en los 90 y su mundo monopolar. Todavía no se enteró del mundo multipolar de hoy, donde la otrora pacífica Sudamérica se rearma masivamente y el planeta está brotado de guerras regionales de extraordinaria crueldad, por asuntos de petróleo, minería, ríos, religión o límites.

Y en un mundo donde los precios de la comida subirán en flecha, tenemos uno de los tres mejores ecosistemas agrícolo-ganaderos del planeta, la pampa húmeda. Y que, en una economía global, en la que se acabó para siempre la energía barata, nos volvimos, de la noche a la mañana, el tercer país del mundo según sus existencias de shale-gas, el gas natural atrapado en formaciones poco porosas, hoy accesible con pozos horizontales y fracturación (fracking) de la roca. Y que, tras 20 años de exploración geológica a fondo, nos hemos vuelto la sexta reserva metalífera, y el precio de los metales sube a escape.

Y eso, simplemente, porque somos 7.000 millones de personas en un planeta de recursos finitos y competimos muy desigualmente por ellos.

Estos activos, ¿se cuidarán solos? Como dueños de casa, podemos hacerlos muy accesibles a empresas extranjeras en el grado y proporción que queramos, o explotarlos únicamente nosotros, con o sin participación estatal alguna. Hay muchos modos de ser dueños de casa y tampoco voy a aburrir con mis posiciones al respecto. Pero subrayo esto: el que fija el acceso es el dueño. Pero, ¿qué pasa si le ocupan o embargan la casa?

Bien: Irak ya no se hace esa pregunta. Libia, dentro de poco, habrá perdido toda posibilidad de hacérsela durante décadas. Pero Brasil hace medio siglo que sabe la respuesta: tiene unas FF. AA. modernas, bien entrenadas, bien pagas y mayormente autoequipadas. De yapa, ya es el cuarto constructor aeronáutico mundial y no bien descubrió que tenía entre 50 y 150 millones de barriles de crudo liviano off shore, anunció al mundo (de un modo sumamente civilizado) que desarrollaría su propia flota de submarinos nucleares, por si alguien, en el futuro, tuviera dudas acerca de a quién pertenecen.

Esas dudas de a quién pertenece qué cosa aparecen toda vez que un gobierno nacional con activos apetecibles se debilita. Y eso sucede con frecuencia, ya se trate de tiranías a las que sus ciudadanos empiezan a exigirles cuentas (como sucede hoy en parte del mundo árabe) o de gobiernos legítimos jaqueados por su propia mala administración o aquejados por deudas heredadas, o, simplemente, embestidos por esas tormentas perfectas que generan las finanzas globalizadas, con su secuela mundial de bancarrotas.

También, rara vez, hayan existido tantos Estados que colapsan, devorados por amenazas internas, separatistas, sediciosas, mafias del narcotráfico o, simplemente, criminales, sectores mejor armados que sus propios ejércitos.

¿Quién dijo que se acabaron las hipótesis de conflicto o que hay que inventarlas? Sólo les faltan a los Estados fracasados, a quienes ya han perdido o están a punto de perder todo.

La soberanía, compatriotas míos, no es gratis. Y no hablo de devolver a las FF. AA. atribuciones de gobierno, que nunca debieron tener. Hablo de darles la dignidad (entre ellas, la de cobrar en blanco), la educación, el entrenamiento y el equipamiento necesarios para cumplir su función primaria: la disuasión frente a otros Estados-nación. Hablo de ponerlas no en el poder, pero sí en la agenda.

Finalizo con una cita del todavía vigente Ortega y Gasset: "... Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto. Enemigos de la guerra piden la supresión de los ejércitos. Tal actitud, errónea en su punto de partida, es lógica en sus consecuencias. Pero tener un ejército y no admitir la posibilidad de que actúe es una contradicción gravísima...".

UN JUEZ QUE COMBATÍA A LA SUBVERSIÓN

Zaffaroni y su apología del proceso militar

Hay quienes no saben, o no recuerdan, qué ocurría en los años setenta. Hemos asistido a una catarata de mensajes del gobierno y de los llamados “organismos de derechos humanos”que nos dicen, por años, que se persiguió y mató a una “juventud maravillosa”.

Pero hay gente que da la sensación que piensa distinto: Uno es el actual juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Zaffaroni.

En 1977, el Dr. Zaffaroni era juez federal en la ciudad de Buenos Aires. Durante la sustanciación de un recurso de habeas corpus a favor de una persona desaparecida, el 9 de septiembre de 1977, el Dr. Zaffaroni redactó, firmó y dio curso a un pedido de informes a diferentes destinatarios (Ministerio del Interior, Policía Federal y Comandante del Ejército Argentino) que se adjunta a continuación.

Vale la pena resaltar que en ese escrito, el Dr. Zaffaroni dice:

“…y considerando que el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad, que son el principal blanco de esta agresión…”

Teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Corte Suprema, hay algo que no cierra, ¿no?

Por otra parte, si dice que no tuvo más remedio que escribir eso, dadas “las circunstancias opresivas de la dictadura” o cualquier justificación que se le ocurra, ¿no me cubre a mí también? ¿Por qué él sí y yo no? Las circunstancias ¿no eran las mismas para todos?

Además, ¿esto no es “apología de la dictadura”? Creo que hasta hicieron una ley que lo prohíbe. A lo mejor, hasta es delito de “lesa humanidad”…

Los jubilados y las incongruencias del atril para todos

Los anuncios e inauguraciones que realiza habitualmente la señora Presidente utilizando la cadena oficial de comunicaciones generan, por lo que me consta, descreimiento en cuanto a la exactitud de los hechos que manifiesta, fastidio por la teatralización de las expresiones y modales, y aburrimiento o cansancio por la reiteración de esas incongruentes apariciones, ridículamente decoradas con una escenografía de obsecuentes aplaudidores.

Pero en el caso particular de los jubilados, visto que se utilizó el mancillado atril presidencial para informar sobre el aumento que ellos recibirán a partir del mes próximo basándose en una ley vigente, a aquellas penosas sensaciones cabe sumarle una gran indignación. Ello por cuanto ese anuncio se transforma en una grosera burla hacia toda la clase pasiva, a la que este gobierno perjudicó con el veto de la ley que le reconocía el 82% móvil y por el constante incumplimiento y postergación de las obligaciones que le cabe como administrador de los fondos previsionales. Por otra parte, porque con el citado aumento no se cubren las necesidades de la canasta básica y en la práctica, porque ya fue absorbido por la inflación real.

En dicha presentación -que supuestamente viola la ley electoral que limita los actos y anuncios del Poder Ejecutivo durante la campaña-, la Presidente anticipó la cifra del haber mínimo y el segundo aumento del año resultante de la inconstitucional fórmula de movilidad, lo que no era necesario reiterar desde que su actualización está establecida por ley y no necesita de ningún anuncio oficial, agregando también de manera demagógica, proselitista y falaz: “Esta medida del aumento de la jubilación cubre a 6.826.000 personas, en un mundo donde lo que se discute es cómo se reducen o se eliminan los programas sociales”.

El análisis, la crítica y las denuncias pertinentes respecto de la eventual transgresión a la ley electoral vigente quedan en manos de quién corresponda. Pero sí cabe detenerme para cuestionar con suficiente fundamento, sobre la afirmación que hace la Mandataria en cuanto a lo que se está discutiendo en el mundo en materia de reducción o eliminación de los programas sociales y, con especial énfasis, en el porqué.

Vale advertir que los programas sociales que están haciendo crisis en el mundo corresponden a aquellos países en los que, por aplicar políticas típicas de los definidos como Estados de Bienestar durante muchos años, se extendieron en otorgar coberturas sociales técnicamente inadecuadas o exageradas y porque realizaron gastos improcedentes resultantes de dichas políticas, hallándose hoy obligados a asumir sus consecuencias.

Veamos: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los fondos de pensiones con mejor desempeño en términos de rentabilidad real fueron Nueva Zelanda (10,3%), Chile (10%), Finlandia (8,9%), Canadá (8,5%) y Polonia (7,7%), mientras que en países como Portugal y Grecia, los fondos de pensiones experimentaron, en promedio, retornos negativos (-8,1% y -7,4%, respectivamente). A su vez, hasta Diciembre de 2010, los fondos de pensiones en los países de la OECD habían recuperado ya cera de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008.

De esta información se desprenden dos conclusiones importantes, con similares consecuencias futuras para la Argentina en lo que se relaciona con la mala administración que hace la ANSES de los fondos aportados por los trabajadores. La primera es que la utilización de dichos fondos para ser aplicados en fines distintos para los que fueron instituidos, llevará inevitablemente a nuestro país a soportar consecuencias similares a las de Grecia, Portugal, España o Italia. El uso inapropiado actual lo tendrá que compensar y pagar en el futuro, o incurrir en el delito que denunciara el presidente Juan Domingo Perón el 30 de noviembre de 1973, cuando afirmó que “en 1956 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano a los capitales acumulados por las Cajas. Es decir, se apropió de ellos, lo que para mí, eso es simplemente un robo.”(Sic). Un indicio de ese pronóstico fatal y funesto para los actuales y futuros jubilados, radica en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá el próximo miércoles al titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, para que amplíe y explique un informe del organismo sobre demandas de jubilados para cobrar reajustes de sus haberes, anticipando dicho funcionario que les reiterará a los miembros de la Corte que si la ANSES tuviese que dar cumplimiento a todas sus obligaciones con los actuales y futuros jubilados ajustándose a sus fallos, que ahora solamente aplica con aquellos jubilados que iniciaron acciones y obtuvieron sentencias favorables, el sistema entraría en quiebra. Cabría preguntarle a dicho funcionario y a la actual mandataria: ¿a quién le cabe la responsabilidad de esa eventual quiebra si, en un acto de efectiva división de poderes, la Corte resolviera extender el beneficio a todos los jubilados que se encuentren en igual situación? O bien ¿deben resignarse los jubilados y pensionados a renunciar a sus acreencias, admitiendo que son ilegítimamente discriminados?

La segunda conclusión, no menos importante, es la que surge del informe de la OECD cuando afirma que los fondos de pensiones en los países que la integran ya recuperaron cerca de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008, a raíz de la crisis mundial. Ello es una cabal prueba de la falsedad de los argumentos de eficacia e idoneidad sustentados por el actual gobierno y sus funcionarios, cuando intentan hacer creer que en mérito a la actual administración de la ANSES los valores de las inversiones confiscadas a las AFJP se multiplicaron como hongos en días de humedad. El recupero de esos valores en todos los mercados resulta homogéneo y coincide con las estimaciones estadísticas de largo plazo que se consideraron cuando se efectuaron aquellas inversiones. Es absurdo pretender convertir esa revaluación técnica general de las inversiones, resultante de la evolución de los mercados internacionales, en un rédito político propio, al igual que lo hace cuando se exhibe el notable crecimiento económico local de estos últimos años, sin referenciarlo con similares crecimientos de otros países emergentes y el de la economía mundial, y sin mencionar que a diferencia de aquellos, nuestro país detenta el segundo lugar en inflación y que ella absorbe con creces los promocionados aumentos por movilidad de los jubilados.

Los políticos y principalmente los jóvenes trabajadores actuales deberían acuñar en su memoria lo que en 1850 manifestara el brillante economista francés Frédéric Bastiat en su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve: “que las causas de la creación de la riqueza, o su desaparición, pasan por lo general inadvertidos, que las medidas que procuran un beneficio inmediato son siempre funestas y que lo correcto es perseguir un gran bien para el futuro, aun a pesar de los costos que ello acarree en el presente”.

Estas reflexiones, por acción de la AAJA (Asociación Argentina de Jubilados Aportantes), no escaparán al conocimiento de los 6.826.000 retirados a los que aludió la señora Presidente y esperemos que sean tenidas muy en cuenta en el momento de emitir sus votos.

Amplían denuncia a Zaffaroni

AMPLÍA DENUNCIA. SOLICITA SE PROMUEVA JUICIO POLÍTICO

Señor Procurador General de la Nación:

Gustavo Javier Vera, con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio, conjuntamente con mi letrado patrocinante, Mario Fernando Ganora, inscripto al Tomo 36 Folio 227 del CPACF, constituyendo domicilio procesal en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos respetuosamente ante V. E. y decimos:

I.-OBJETO.-

Que por el presente venimos a ampliar la denuncia formulada el día 15 de diciembre de 2009 en la Procuración General de la Nación en la que se ponía en conocimiento de V.E. una extensa nómina de locales mencionados en el Anexo I de dicho escrito a los fines de que se investigara la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127, 140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores.

De los elementos de juicio que aquí se acompañan surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en relación con dos de los locales mencionados en la denuncia original. Existe además una denuncia periodística acerca de un tercer local que presuntamente pertenecería al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también estaría funcionando como prostíbulo. Esta cuestión, que se está ventilando en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales y ante la opinión pública mas no en el ámbito que corresponde que es el de la Justicia, genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas. Se impone en consecuencia una profundización especial de la investigación en este punto a los efectos de despejar rápidamente toda duda que pueda existir sobre la naturaleza de los hechos, se deslinden las responsabilidades y, en el caso de que correspondiere, V.E. proceda a requerir la promoción del correspondiente juicio político (art. 53 C.N.) en virtud de lo dispuesto en el art. 33 inc. i) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24. 946).

II.- HECHOS.-

Como se ha referido más arriba el 15 de diciembre de 2009 se denunció en la Procuración General de la Nación la existencia de más de seiscientos prostíbulos que operaban impunemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se acompañó su nómina en el Anexo I del escrito de inicio.

Entre los locales denunciados como prostíbulos en el año 2009 se encuentran los ubicados en la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 y en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El día 22 de julio de 2011 el periodista Facundo Falduto publica en el diario digital “Perfil.com” que el inmueble de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19, donde actualmente continúa funcionando el prostíbulo denunciado pertenece desde el año 2000 al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el periodista menciona en su nota que “Zaffaroni reconoció ante el Congreso que había adquirido ese departamento en octubre del 2000, según indican una resolución de la Cámara de Diputados y el diario de sesiones del Senado del 2003”. Relata que

“Allí “trabajan”, por turnos, dos o tres chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios. El rubro 59 fue prohibido por un reciente decreto presidencial, pero las prostitutas se promocionan de otra forma: sus “volanteros” reparten anuncios de “caramelitos y masajes 24 horas”en la zona y en los mismos departamentos del edificio”.

“Perfil.com se comunicó telefónicamente para comprobar las “ofertas” disponibles y se acercó hasta el edificio. “Zaffaroni tiene este departamento hace unos 10 años, pero él no aparece nunca”, contó un vecino que pidió mantener su nombre en reserva. “Hace cuatro años que trabajan prostitutas, pero en los últimos dos meses llegaron éstas que traen problemas”,agregó”.

“La profesión más antigua del mundo provoca quejas de los vecinos: los clientes entran y salen a cualquier hora, hacen ruidos molestos y dejan inseguros al resto de los residentes. “Puede entrar cualquier persona, el otro día vi cómo ayudaban a entrar a un lisiado en silla de ruedas”, comentó a Perfil.com otro vecino que también pidió anonimato. “A veces se confunden y quieren entrar a otros departamentos”, sostuvo”.

“Una vez llamamos al 911, vino la Policía y dijeron que las chicas tenían permiso del gobierno porteño, cualquier cosa”, afirmó el vecino. Si bien Zaffaroni no visita el edificio, los residentes cuentan que le reclamaron a una de sus abogadas, que prometió desalojarlas en varias ocasiones. Pero el negocio sigue funcionando”.

El día 25 de julio de 2011 el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni reconoció en un reportaje radial realizado por el periodista Víctor Hugo Morales en el programa “La Mañana” que se emite por Radio Continental que efectivamente es propietario del inmueble y que lo ha alquilado. Se desligó de responsabilidad sosteniendo que “Realmente no tengo explicación para esto. Francamente, lo único que sucede, según me informan mi apoderado y la inmobiliaria que me maneja esas cuestiones, es que hay un contrato de locación”,Agrego que “Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”, Admite tener conocimiento de la existencia de problemas en el inmueble respecto de peleas pero minimizó la cuestión afirmando que “No tengo idea de cómo se convierte un problema de consorcio en un escándalo de esta naturaleza”.

El 27 de julio del corriente se publica en la página 10 del diario “Libre” que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es el dueño del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la referida publicación que se acompaña se refiere que allí funciona un prostíbulo y que “Cuatro chicas promocionan sus servicios en los sitios de oferta sexual Tacosaltos.comy Mimosasargentinas.com.ar, con el teléfono del lugar y sus respectivos celulares”. El artículo señala que “Los vecinos están en pánico. La convivencia con las chicas no es pacífica. Uno de ellos indica: “El departamento es de Zaffaroni, aunque desde hace años no pasa por acá. Una vez un par de personas, bajando de una partuza, destrozaron una lámpara en la entrada. Al día siguiente vino la secretaria del juez a pagarla. Hasta le escribimos una carta para que la cortara con esto, que no nos merecemos vivir así. Pero nunca la mandamos por miedo a las represalias”. Se agrega hacia el final de la nota que “Otro vecino revela: “La administración quiso actuar legalmente, pero hubo aprietes. Todo el mundo se quedo piola”.

El 28 de julio de 2011 el periódico “Noticias Urbanas”publica una nota del periodista Lucas Schaerer que dice lo siguiente:

“En la lista de inquilinos del consorcio y en su declaración ante el Ministerio de justicia y Derechos Humanos figura que el ministro de la Corte Suprema Nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, es propietario de un departamento donde funciona un prostíbulo. Este no es el primer prostíbulo en del departamento propiedad de Zaffaroni sino el tercer prostíbulo en uno de sus inmuebles”. “

“En plena ciudad, Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, declaró Zaffaroni ser su inmueble, en ese mismo sitio funciona según una página web un prostíbulo. Noticias Urbanas además comprobó por la lista de la administración de consorcio que el propietario es Zaffaroni y esto fue confirmado por los propios vecinos que están hartos de la mafia prostibularia que genera resquemores en el barrio y con los comerciantes”.

“El inmueble en Paraguay fue declarado por el magistrado del máximo tribunal. Una página web prostibularia, http://profmasajes.com.ar/, da el número de teléfono y el propio juez lo declaró, según la página web, http://sursur.com/.”

“A su vez es publicada la propiedad como casa de tolerancia en la página web prostibularia Tacos Altos, con sede en el barrio Puerto Madero, su dirección exacta es: http://www.tacosaltos.com/”.

“Noticias Urbanas estuvo entrevistando a los comerciante de la cuadra, a los integrantes de las dos iglesias en la cuadra y a los que alquilan y viven en el mismo edificio. Todos confirmaron que en el primer piso de Paraguay 877 funciona un prostíbulo. Que es notorio y que han visto presencia de mujeres en estado prostibulario aunque ellos no sabían que el dueño de la propiedad es el cortesano Zaffaroni”.

III.-SIGNIFICACIÓN JURÍDICA.-

Las publicaciones periodísticas mencionadas le están atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331, respecto de locales denunciados en 2009. Demás esta señalar que esa conducta cuando concierne a la explotación de la prostitución de la mujer revestiría carácter discriminatorio en razón de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75 inc. 22 C.N.).

Recordemos que el art. 17 de la ley 12.331 reprime a “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia…” Proveer de un inmueble para que sirva de casa de tolerancia, es decir de un local, donde varias personas ejercen la prostitución o incitan a ella, es una conducta susceptible de ser subsumible en el verbo típico “sostener” ya que este significa “prestar apoyo, dar aliento o auxilio”, coadyuvar a la existencia y mantenimiento del lugar (ver D’Alessio, Andrés José, “Código Penal Comentado y Anotado- Vol. III. Leyes Especiales Comentadas”, pág. 115. Ed. La Ley, Bs. As. 2009). Ricardo Núñez señalaba en su tratado que “Es sostenedor de una casa de tolerancia, el que la tiene o mantiene o presta apoyo o auxilio material para que el local sirva para su fin” e ilustraba el concepto en una nota (106) diciendo “Quien, p. ej. alquila el local a las prostitutas y recibe parte de la ganancia: C.C.C., 3-V-938, La Ley, t. 12, p. 487; id. 4-XI-938, La Ley, t. 12, p. 1125” (ver “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial” Vol. IV, pág. 370, Ed. Lerner. Bs. As. 1964).

En este sentido corresponde señalar que esta interpretación está además en consonancia con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena ratificado por ley 11925 que establece que (Artículo 2) “Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.

Las explicaciones dadas por el señor Ministro de la Corte Suprema en el reportaje realizado por el periodista Víctor Hugo Morales respecto del prostíbulo de la calle Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19 lejos de aclarar el panorama lo ensombrecerían. En primer lugar, resulta poco creíble que gente que se dedica a la prostitución se le ocurra alquilar un inmueble perteneciente a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ejercer el meretricio y generar conflictos con el consorcio a menos de que pudieran contar con alguna clase de protección. En efecto, los delincuentes de esta calaña tampoco son tontos y saben perfectamente lo que arriesgan. Conocen perfectamente el poder de los magistrados y saben que es suficiente que cualquiera de ellos escriba una denuncia y levante el teléfono para que de inmediato se ponga en marcha el aparato judicial con el consecuente allanamiento de la vivienda y la detención de las personas implicadas. En segundo lugar, los vecinos del consorcio y la administración no suelen soportar pacientemente los desórdenes en sus viviendas y la invasión de su privacidad sin quejarse. No resulta muy claro ni comprensible que los apoderados y administradores del patrimonio del magistrado no lo hubieran puesto al magistrado al tanto de esa clase de quejas sabiendo que se arriesgan a una demanda y a las consecuencias de una gestión desacertada que los afectaría en lo profesional y comercial. Tampoco resulta creíble que un magistrado al que se le hubiera hecho llegar esa clase de quejas se hubiera desentendido de las mismas considerándolas meros problemas de consorcio atento el peligro que representaría para su honor cualquier tipo de sospecha acerca de una posible connivencia entre él y las personas que explotan o ejercen la prostitución. Recordemos que estos hechos se dan en un contexto histórico en el que el país asume compromisos internacionales en la lucha contra la trata de personas, se movilizan las organizaciones no gubernamentales, se producen cambios legislativos precedidos de serios debates políticos, se crean estructuras para la represión de esta clase de crímenes y para la asistencia de las víctimas, se producen cambios jurisprudenciales, se escriben artículos de doctrina en revistas especializadas, en derecho penal, etc. También recordemos que el Dr. Zaffaroni es un reconocido y prestigioso penalista, profesor universitario y persona versada en Derechos Humanos que no podría ignorar estas cuestiones por lo que su alegada despreocupación no es demasiado convincente. Por último, resulta francamente indignante que le endose a los vecinos la responsabilidad de hacer las denuncias por los hechos se habrían generado a raíz de la actividad ilícita que se estaría realizando en el inmueble de su propiedad y diga públicamente que así se ahorra el trabajo de iniciar un desalojo. El magistrado no es un mero observador de la realidad. Ejerce su función en el más alto tribunal de la República y ha jurado respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. En efecto, aun aceptando que el señor Ministro de la Corte hubiera sido sorprendido en su buena fe por administradores infieles y por inquilinos mendaces sobre sus verdaderas intenciones al momento de contratar, una vez que hubiera tomado conocimiento de lo que estaba realmente ocurriendo habría tenido la obligación de formular las correspondientes denuncias penales y las acciones legales para proteger al consorcio y a las víctimas de la explotación sexual.

No olvidemos que el delito previsto y reprimido en el art. 17 de la ley 12.331 es de acción pública (art. 71 del Código Penal) toda vez que no está incluido en las disposiciones de los arts. 72 y 73 del Código de fondo. Si efectivamente es ajeno a la comisión de ese delito, pesa, no obstante, sobre él la obligación inexcusable de denunciar establecida en el art. 177 inc 1° del Código Procesal Penal de la Nación, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1, apartado a) y d) C.P.). En efecto, el encubrimiento es un delito contra la administración de justicia ya que su comisión interfiere, o entorpece, la acción policial o judicial dirigida a comprobar la existencia de un delito y decidir la responsabilidad y castigo de los partícipes (ver Núñez, Ricardo “Tratado de Derecho Penal-Parte Especial” TVII pág. 175, Ed. Lerner, Córdoba 1975 y Andrés J. D’Alessio “Código Penal de la Nación Comentado y Anotado” TII-Parte Especial, p. 1385, Ed. La Ley, Bs. As. 2009). En el caso concreto de autos el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha dado precisiones acerca de las medidas por él adoptadas para procurar la investigación de un delito de acción pública.

Tampoco olvidemos que nadie puede alegar su propia torpeza para fundar un derecho, en este caso el presunto derecho de eximirse de la responsabilidad emanada de su negligencia en el manejo de sus bienes. Desde el punto de vista civil todo delito genera la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona (art. 1077 del Código Civil).

Pero todas estas dudas y reflexiones acerca de las alegaciones del Dr. Zaffaroni en el programa de radio de mención aumentan a medida que se suman nuevas denuncias formuladas en los medios de comunicación acerca de otros prostíbulos en inmuebles de su propiedad. En la medida en que sea verdad que son más de uno los locales en esas condiciones, más remota es la posibilidad de que sea cierto que fue engañado o sorprendido en su buena fe.

Párrafo aparte merece la cuestión de la gravedad institucional del caso. En efecto, la conducta del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría configurar un caso de mal desempeño de sus funciones susceptible de motivar su juicio político conforme lo establece el art. 53 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la doctrina del caso “Magín Suárez, Luis”resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de diciembre de 1987 (La Ley 1988-C-121), los actos de un funcionario que pueden constituir “mal desempeño”, son aquellos que perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública e impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución. Es procedente la remoción por el precitado motivo cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función. En el caso de los magistrados judiciales, el manejo de dichos conceptos debe vincularse con el art. 110 de la Constitución Nacional, dado que es la buena conducta lo que justifica su inamovilidad, garantía esta de la independencia del Poder Judicial. En este orden de ideas, el concepto de “mal desempeño” en términos constitucionales, guarda estrecha relación con el de “mala conducta” en la medida en que en el caso de los magistrados judiciales, el art. 53 C.N. debe ser armonizado con lo dispuesto en el art. 110, que exige la buena conducta para la permanencia en el cargo de aquéllos. En la Constitución Nacional, hay dos tipos o causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al “mal desempeño” o “mala conducta”, por otro la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de las funciones, o se trate de crímenes comunes. Las del primer grupo, “mal desempeño” o “mala conducta”, no requieren la comisión de un delito, son que basta para separar a un magistrado la demostración que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez.

En el caso concreto de autos y más allá de los resultados que se puedan obtener de la investigación acerca de la responsabilidad penal que le podría caber al Dr. Zaffaroni respecto de los locales de su propiedad en los que se presuntamente se estaría explotando la prostitución ajena, lo cierto es que su conducta habría dado lugar a la sospecha y al descrédito de la función que desempeña. Que se pueda discutir con algún fundamento acerca del presunto funcionamiento de prostíbulos en inmuebles de propiedad de un juez siempre conlleva el descrédito de la función y genera sospechas sobre la honestidad e integridad del magistrado. Los argentinos tenemos el derecho de estar seguros de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de la patria, el custodio de la vigencia de la Constitución y de las libertades de los habitantes de la República no está en manos de rufianes. Cualquier hecho, sea que se cometa por dolo o por mera culpa o negligencia, que ponga en crisis esa certeza, erosiona la confianza del pueblo en sus instituciones. El art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional exige una conducta irreprochable para los magistrados y es una norma sabia por cuanto nadie puede arrogarse el derecho de juzgar a otro sino puede exhibir una conducta digna sin sombra alguna de sospecha. Ya bastante ha padecido la patria y sigue padeciendo de procesos de deslegitimación de las instituciones de la república como para que sigamos ahondando en ese terreno. En el caso concreto de autos que tengamos que abrir esta investigación a causa de la forma como habría gestionado sus bienes y de sus expresiones públicas es un indicio claro de que la conducta del funcionario sospechado no es la adecuada a la de un “bonus paterfamilias”.

IV- Prueba.-

En la presente ampliación se solicita como medida de prueba las siguientes:

1) Comprobación de la titularidad de dominio de los inmuebles sitos en Vicente López 2217, Piso 5°, Depto. 19; Marcelo Torcuato de Alvear 1906, Piso 9° Depto. “A”, y Paraguay 877 primer piso, entre Suipacha y Esmeralda, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante informe del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble;

2) Allanamiento y registro de los referidos inmuebles a los fines de comprobar la existencia de elementos y documentación que pudiera servir de prueba acerca de la actividad que allí se desempeña.

3) Citación a prestar declaración testimonial a los administradores, integrantes del consejo de administración y copropietarios del consorcio de Vicente López 2217; Marcelo Torcuato de Alvear 1906 y Paraguay 877 a fin de que provean la información sobre la posible existencia de prostíbulos en los departamentos objeto de denuncia.

4) Rastreo en las páginas de la web mencionada en las notas periodísticas a fin de determinar si existe publicidad de los referidos prostíbulos

5) Pedido de informes a la Policía Federal Argentina y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de las denuncias y procesos incoados por el funcionamiento en los mencionados inmuebles de locales en violación a las disposiciones de las ley 12.331.

V.- PETITORIO.-

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1. Se nos tenga por presentados y con el domicilio constituido.

2. Se otorgue el trámite contemplado en el art. 195 y concordantes del CPPN a la presente ampliación y se provea la prueba ofrecida.

Proveer de conformidad. Será Justicia.

Los baches de Zaffaroni

Transcurridos varios días desde que se inició el escándalo, Eugenio Zaffaroni no ha presentado ante el periodismo, la Cámara de Diputados o la Justicia, una sola prueba que lo desvincule del funcionamiento de prostíbulos en sus seis departamentos que se alquilan. Estos contratos de locación se desconocen, pero si el precio es el del mercado, es decir, 2.000 pesos por mes, la situación, al menos formalmente, sería normal. Pero si se alquilaban en valores de entre 4.000 a 6.000 pesos mensuales, esto constituiría una semiplena prueba de que el juez conocía que los citados inmuebles se utilizaban para la prostitución. ¿Y si no hay contratos de alquiler y se alquilan por día? Ahí también se daría el mismo presupuesto anterior.

Tres preguntas

Otro inconveniente que ensombrece la situación del distinguido penalista son sus continuos viajes al exterior: ¿Son para participar en congresos de derecho o coinciden también con excursiones de turismo erótico? Si se trata de lo último, el criminólogo está en serios problemas.

Un tercer punto conflictivo es el hackeo de los mails de Zaffaroni ocurrido hace unos años. Él asegura que los mismos son falsos o que tergiversaron sus palabras, pero de su lectura surge que serían menos indecorosos para un ciudadano cualquiera, que con su vida hace lo que quiere, que para un ministro de la Corte Suprema. La impresión es que estas conversaciones eróticas son absolutamente ciertas. ¿No sabe el destacado jurista que existe el chat o también el MSN, que no deja huellas borrando el historial y que no puede ser hackeado? Sería de esperar que Zaffaroni aclare estos tres puntos. En el caso de su cuenta en el exterior con 40.000 dólares, no tendría relevancia alguna. El problema pasa por otro lado: en Estados Unidos o Europa, un juez en esta situación probablemente ya habría renunciado. Sin embargo, en la Argentina cristinista. la ética y la moral no tienen relación alguna con el ejercicio del poder.