Desde el caso de dos jóvenes en Bariloche, pasando por el Indoamericano y el asesinato de Ferreyra 14 personas murieron en protestas sociales desde junio de 2010
Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina siempre se jactaron de ser "tolerantes" con la protesta social y que no se iban a reprimir los reclamos en la vía pública, para alejar los fantasmas de la dictadura y de los sangrientos incidentes de diciembre de 2001. Sin embargo, en desde junio de 2010 murieron en la Argentina 14 personas como consecuencia del desproporcionado accionar policial en diferentes provincias.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada, que a finales del año pasado tuvo que emprender drásticos cambios en la gestión por el crimen de Mariano Ferreyra y por los graves disturbios que desembocó la masiva toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (3 muertos y varios de heridos).
En noviembre de 2011 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Al final, el Gobierno tuvo que recibir a los qom en la Rosada.
Este triste conteó comenzó el 18 de junio de 2010, cuando la Policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro 17 años por error. El 3 de febrero de este año, un confuso episodio luego del descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes. Al principio la gobernación de Scioli dijo que se trataba de delincuentes que intentaron robar mercadería de carga, pero al final resultaron ser manifestantes repelidos a tiros por la Policía..
miércoles, 10 de agosto de 2011
De eso no se habla: el oportuno silencio de Cristina sobre los muertos de su gestión
Cada vez que hubo un fallecido debido al conflicto social, la Presidenta evitó referirse al tema
Uno por mes en los últimos 365 días. Ese es el saldo de muertos que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo sorprendente es que la Jefa de Estado nunca habló de esos muertos. Es que luego de cada incidente, Cristina participó de actos y en ninguno de ellos.
El 18 de junio de 2010 la policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. La violencia estuvo en boca de todos los días siguientes. Cristina evitó tocar el tema. Su primera aparición fue el 23 de junio en Casa de Gobierno donde habló en el acto de firma del Convenio de Desendeudamiento. Las muertes en la localidad turística pasaron desapercibidas para la mandataria.
El 20 de octubre de ese año una patota sindical de la Unión Ferroviaria corrió a los tiros a manifestantes que cortaban las vías de la línea Roca. El hecho terminó con la muerte del militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Luego de la violencia, Cristina apareció en un acto realizado en la ciudad de Buenos Aires. Habló de las escuelas agrotécnicas. "Vamos a trabajar fuertemente para identificar a los autores materiales e intelectuales", dijo Cristina entonces, la única que vez que tocó el tema, el mismo día de los incidentes.
Pero en el caso de Ferreyra, el Gobierno en general resguardó a José Pedraza, ahora reelecto desde la cárcel al frente de la Unión Ferroviaria, envuelto en el caso y hasta mantuvo el silencio sobre su detención.
El 23 de noviembre de 2010 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Cristina habló al otro día en un acto en el Sheraton de la ciudad de Buenos Aires en la 58° edición de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Nada sobre el tema.
Un mes después, a principios de diciembre y en el marco de la toma del parque Indoamericano en Villa Soldati, tres personas murieron tras los incidentes entre usurpadores y la policía. El 10 de diciembre Cristina habló por el Día internacional de los Derechos Humanos. No hubo mención a lo que sucedía en el parque capitalino.
El 3 de febrero de 2011 la policía asesinó a dos jóvenes de 16 y 17 años tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez. La Presidenta apareció en público el 8 de febrero en la entrega de aportes en el marco del Programa Para Desarrollo de Parques Industriales. No hubo mención a lo sucedido días antes.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada. Las tres primeras víctimas fueron el 28 de julio. Al otro día Cristina habló en un acto público en Brasil.
Hasta ahora, Cristina nunca tocó los temas. El discurso K de no represión en los conflictos sociales choca con los muertos de su gestión. Pero la Presidenta siempre se llamó a silencio. Como si por no hablar de los hechos, éstos dejaran dejaran de existir.
Uno por mes en los últimos 365 días. Ese es el saldo de muertos que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo sorprendente es que la Jefa de Estado nunca habló de esos muertos. Es que luego de cada incidente, Cristina participó de actos y en ninguno de ellos.
El 18 de junio de 2010 la policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. La violencia estuvo en boca de todos los días siguientes. Cristina evitó tocar el tema. Su primera aparición fue el 23 de junio en Casa de Gobierno donde habló en el acto de firma del Convenio de Desendeudamiento. Las muertes en la localidad turística pasaron desapercibidas para la mandataria.
El 20 de octubre de ese año una patota sindical de la Unión Ferroviaria corrió a los tiros a manifestantes que cortaban las vías de la línea Roca. El hecho terminó con la muerte del militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Luego de la violencia, Cristina apareció en un acto realizado en la ciudad de Buenos Aires. Habló de las escuelas agrotécnicas. "Vamos a trabajar fuertemente para identificar a los autores materiales e intelectuales", dijo Cristina entonces, la única que vez que tocó el tema, el mismo día de los incidentes.
Pero en el caso de Ferreyra, el Gobierno en general resguardó a José Pedraza, ahora reelecto desde la cárcel al frente de la Unión Ferroviaria, envuelto en el caso y hasta mantuvo el silencio sobre su detención.
El 23 de noviembre de 2010 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Cristina habló al otro día en un acto en el Sheraton de la ciudad de Buenos Aires en la 58° edición de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Nada sobre el tema.
Un mes después, a principios de diciembre y en el marco de la toma del parque Indoamericano en Villa Soldati, tres personas murieron tras los incidentes entre usurpadores y la policía. El 10 de diciembre Cristina habló por el Día internacional de los Derechos Humanos. No hubo mención a lo que sucedía en el parque capitalino.
El 3 de febrero de 2011 la policía asesinó a dos jóvenes de 16 y 17 años tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez. La Presidenta apareció en público el 8 de febrero en la entrega de aportes en el marco del Programa Para Desarrollo de Parques Industriales. No hubo mención a lo sucedido días antes.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada. Las tres primeras víctimas fueron el 28 de julio. Al otro día Cristina habló en un acto público en Brasil.
Hasta ahora, Cristina nunca tocó los temas. El discurso K de no represión en los conflictos sociales choca con los muertos de su gestión. Pero la Presidenta siempre se llamó a silencio. Como si por no hablar de los hechos, éstos dejaran dejaran de existir.
Sabsay advirtió que Zaffaroni podría ser sometido a juicio político
“Hay situaciones graves que podrían conformar una causal de juicio político, pero el órgano competente para apreciar esta cuestión es la Comisión de Juicio Político”, dijo el constitucionalista a Cadena 3.
El constitucionalista Daniel Sabsay habló con Cadena 3 sobre la situación del juez Eugenio Zaffaroni, tras conocerse que seis de sus 15 departamentos eran alquilados como privados donde se ejercía la prostitución.
Sostuvo que en toda esta situación que se plantea con Zaffaroni “hay cuestiones ambiguas”.
Advirtió que es la Comisión de Juicio Político, de la Cámara Baja, el órgano indicado para citarlo al juez Zaffaroni y luego evaluar si existen causales para el juicio político.
Sabsay señaló que a su criterio, “sí existen” esas causales para iniciarle un proceso.
“Es un caso muy lamentable, porque cae dentro de lo que implica el prestigio de la Corte Suprema”, dijo Sabsay y agregó: “Una situación tan ambigua, no contribuye a consolidar ese prestigio de una institución que es el único refugio institucional de la Argentina”.
El constitucionalista advirtió que “necesariamente” hay que seguir los pasos que marca la Constitución.
“Hay situaciones graves que podrían conformar una causal de juicio político, pero el órgano competente para apreciar esta cuestión es la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja”, dijo Sabsay.
“Hay que convocarlo y él debe hacer un descargo detallado y la Comisión evaluar si hay lugar o no, al inicio de una acusación”, señaló.
Según explicó el especialista, el mal desempeño “no sólo significa respecto de la función judicial, sino que es considerado en sentido amplio, es decir toda la actuación de un magistrado”.
“Los hechos reprobables pueden configurar la causal de mal desempeño, como la falta de diligencia en los bienes que le pertenecen”,precisó.
El constitucionalista dijo, además, que “la ley de profilaxis impone sanciones a aquellas personas que a través de la disposición de un inmueble posibilitan la prostitución o la trata de personas”.
“Se ha dicho que aparentemente los alquileres que se pagaban, triplicaban el valor de mercado, esos eran indicios que el doctor Zaffaroni no podría desconocer”, expresó. (Cadena 3)
Excesivos muertos en la gestión de Cristina Kirchner
La provincia de Jujuy se está convirtiendo en un verdadero caos. Los asentamientos ilegales se suceden ininterrumpidamente en diferentes lugares después del primer día de violencia.
Las autoridades de la provincia están totalmente sobrepasadas por los acontecimientos. A tal punto, que han pedido colaboración a la líder piquetera Milagro Sala, vergonzoso símbolo del Estado paralelo y la distorsión de este gobierno.
En su intento de frenar el desborde social, el gobernador prometió la entrega de más tierras, lo que produjo un incremente de las tomas ilegales.
Una torpeza tras otra, el gobierno corriendo desesperado detrás de los problemas en vez de preverlos con tiempo y satisfacer las necesidades de sus gobernados.
Pero además, el primer día hubo cuatro muertos y decenas de heridos.
Y la verborrágica presidente, ausente, sin pronunciar palabra, como es su costumbre, ante las dificultades y errores de su gobierno.
Nos debemos preguntar por qué pasan estos hechos. Y también quién es el responsable de ello. Intentaremos una corta explicación.
Con los cuatro muertos por la represión por los asentamientos ilegales en Jujuy, la presidente Cristina ya lleva 14 muertos ocurridos durante su gestión gubernamental.
Cuando ocurren estos sucesos desgraciados de muertes absurdas de argentinos, lo primero es responsabilizar a las Fuerzas de Seguridad o a las Fuerzas Policiales.
Pero el tema no es tan simple y lineal. Estas Fuerzas son las ejecutoras de las órdenes emanadas del poder político local. No obstante, la responsabilidad mayor y primaria es del más alto poder político del gobierno.
Las dos gestiones kirchneristas tuvieron como bandera la política de “derechos humanos” y del “garantismo”. Ambos conceptos son loables, siempre que no afecten los derechos de terceros o trasgredan otras leyes vigentes.
En su errónea aplicación, los Kirchner, producto de su exagerada demagogia, inventaron el concepto de “no criminalizar ni judicializar las protestas y reclamos sociales”.
Es así que la permisividad gubernamental ante las manifestaciones, por motivos o causas que se podrían haber encausado de otra manera, fue cada vez mayor y las protestas cada vez más numerosas, violentas y agresivas.
En muchas oportunidades la ciudad de Bs. As. parecía una ciudad sitiada, con todas sus salidas e ingresos cortados y numerosos piquetes y manifestaciones dentro de ella que impedían el libre tránsito y circulación.
En muchas ocasiones, también, el gobierno, alentando e incentivando movimientos afines y, en otras, con pasividad, con lo cual pretende mantenerse ajeno a estos disturbios.
Estos movimientos, generalmente encabezados por encapuchados armados con palos y otros elementos contundentes que amedrentan a pacíficos ciudadanos, recorren el mundo mostrando una imagen de anomia y descontrol por parte de las autoridades.
En más de una oportunidad, estos manifestantes recurrieron a la violencia sobre las personas y destruyeron bienes del Estado y de particulares
La palabra “represión” (ref. 1) fue demonizada y prácticamente excluida de lenguaje del gobierno, por traer reminiscencias del “perverso”gobierno militar.
Y es así que los Kirchner, desde el año 2003, fueron formando una “cultura”, para llamarlo de alguna forma, un hábito, costumbre o metodología, que ciudadanos desconformes por algún motivo o causa utilizaban para manifestar o peticionar ante las autoridades.
En ocasiones, no más de una decena de personas cortaban una ruta nacional para reclamar, originando un verdadero caos, malhumor y malestar de otros miles de ciudadanos que buscaban solamente transitar por ella.
El Estado de una Nación se podría resumir como el conjunto de atributos que definen una instancia de organización del poder y de ejercicio de la administración pública. Uno de estos atributos propios e indelegable, entre otros, es la capacidad de externalizar su poder.
En forma muy sucinta y para resumir este concepto, podemos decir que el Estado de un país tiene, dentro del territorio en el cual ejerce su soberanía, el monopolio de la fuerza.
Algunos autores también lo denominan el “monopolio de la violencia” o el “monopolio de los medios de coacción”.
El monopolio de la fuerza sólo representa el aspecto violento, la última instancia y, por lo tanto, su parte más importante en la consolidación del respeto por la ley que asegure un estado de convivencia pacífica.
La principal institución de un sistema republicano y democrático de gobierno es el imperio de la ley. Si se ve a la ley como pauta de convivencia de los miembros de una sociedad, puede entenderse realmente cuál es su verdadera dimensión.
Al ser la ley una pauta de convivencia, cuando se la viola se está violando un derecho ajeno, lo que se traduce en un perjuicio concreto o potencial a otro ciudadano. Los derechos de un individuo terminan donde comienzan los derechos de los demás, y la libertad de avasallar los derechos ajenos no es libertad sino libertinaje.
Este monopolio de la fuerza no es una facultad graciosamente otorgada al gobernante de turno, quien puede decidir cuándo, contra quiénes o contra qué tipo de actos violatorios de la ley la ejerce. En la antigüedad, ello ocurría en el absolutismo monárquico y actualmente ocurre en las dictaduras.
En la democracia moderna, la fuerza debe ser ejercida obligatoriamente por el Estado, en forma razonable y dentro del marco de la ley. Al ser constatada una violación a las pautas de convivencia reflejadas en las normas de derecho positivo, el Estado tiene la obligación de hacer cesar en lo posible los efectos de tal violación normativa y sancionar a los responsables.
Ello no significa que se cercene a los ciudadanos el derecho a manifestarse o peticionar mediante concentraciones o movilizaciones. Simplemente se deberá contar con la autorización oficial correspondiente. No obstante, este tipo de procedimientos siempre lleva implícito riesgo de desorden y disturbios sociales e inclusive violencia.
Y el segundo punto a tener en cuenta es que se deben acatar las indicaciones de la Fuerzas de Seguridad o Policiales. De no hacerlo, ellos apelarán a la fuerza. Recordemos que ellos simplemente están cumpliendo una orden o directiva de la Justicia o del poder político.
Como conclusión final de lo expresado, es un error atribuirles los muertos a la policía o a las autoridades políticas locales. La responsabilidad primaria y mayor de la muerte de tantos argentinos es indudablemente de los Kirchner, que instalaron y consintieron en el país esa perversa metodología de reclamos y protestas sociales que vulneran las leyes vigentes y la Constitución Nacional.
Catorce muertos en la gestión de Cristina Kirchner es una cifra harto excesiva para un gobierno supuestamente “popular y progresista”.
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NOTAS:
(1) Reprimir: Contener, refrenar, templar o moderar - Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.
La gran estafa
La dignidad es un valor moral cuya preservación es incompatible con la indiferencia sencillamente porque cuando a los miembros de una sociedad todo le da igual ya no importan las pequeñas o grandes claudicaciones personales de cada día ni la aceptación ovina de las trapisondas que se barajan en todas y cada una de las ramas del Estado.
Solamente sobre la premisa de que la indignidad es una impronta del ser argentino se puede entender que el próximo 14 de agosto millones de votantes se presten a convalidar a sabiendas la gran estafa electoral que Néstor Kirchner y sus secuaces de la justicia y el funcionariato elucubraron en las tinieblas de Olivos.
Porque a ninguna persona con más de un dedo de frente se le puede escapar el brutal falseamiento del sistema de reproducción de las autoridades de la República que configura el mecanismo de la ley “de democratización de la representación política, la equidad” etc., el que en los hechos configura una burla siniestra de la voluntad del elector, supremo bien que debe tutelar cualquier legislación electoral.
El acto más digno que podría protagonizar el ciudadano argentino sería quedarse en su casa a tomar mate el próximo domingo en señal de repudio al manoseo miserable al que pretende someterlo un gobierno desesperado por mantenerse en el poder sin miramiento alguno.
La afirmación hecha hace varios meses en esta columna acerca de la total inutilidad de estas internas abiertas hoy es ya reconocida universalmente. Sin embargo en un increíble acto de irracionalidad se sigue adelante para que “el pueblo elija”: ¡Candidatos que de hecho ya están elegidos! Y no por elecciones democráticas sino a puro dedo de los caudillos de turno.
La ley 26.571 fue tramposa desde su génesis, fue tramposa en su origen y fue tramposa en su ejecución. Y la primera y la última trampa fueron realizadas ambas por la viuda, la primera cuando “vetó” dos artículos, el 107 y 108, que habían sido acordados con algunos opositores para lograr su acompañamiento: directamente los estafó. Y la segunda cuando violó repetidamente el artículo 64 quater del Código electoral nacional autoelogiando su gobierno.
Todo fue orquestado para que gane el tradicional “caballo del comisario” pero además con la variante novedosa de manear a los demás equinos por las dudas. ¿Cómo se puede financiar una campaña electoral de sesenta días cuando los fondos públicos se entregan cuatro días antes de las elecciones?
¿Quién o qué partido está en condiciones financieras de bancar tres campañas presidenciales con su dinero o con las cuatro monedas que aporta el Ministerio del Interior? ¿Qué empresario está dispuesto a poner plata a título individual en campañas de candidatos opositores cuando desde el gobierno le amenazan con mandarles la AFIP y la UIF y se pone a la Secretaría de Inteligencia a espiar sus movimientos y detectar las “traiciones”? ¿Qué campaña se puede hacer sin plata si el candidato no es Mahatma Gandhi?
Es obvio que el principal objetivo de estas “internas abiertas” era desangrar a los contrarios del oficialismo que necesariamente deben reservar recursos para las elecciones generales y eventualmente el ballotage, mientras el gobierno usa fondos públicos a destajo para promocionar las candidaturas de la señora H2Cero y Eric Clapton (después de la artrosis falángica) que hace campaña con el mismo instrumento con que pretende explicar la política económica oficial, es decir, la guitarra.
¿Qué chance pueden tener entonces competidores que no gozan como el oficialismo de la cadena nacional, de las dos mil emisoras de FM y centenares de cables que cautivos de las pautas oficiales a lo largo y a lo ancho del país pasan todo el día como “noticias” los “logros” del gobierno kirchnerista más la lluvia de pesos que desparraman los “planes” sociales y la Cámpora, más el ejército cibernético pagado con fondos públicos para invadir Internet?
El resultado buscado por supuesto es que estas primarias fraudulentas convenzan a los millones de analfabetos funcionales que pueblan el padrón de que la viuda alegre es invencible para así fijar un “piso” que le asfalte el camino a la reelección en las generales.
Es cierto que en cualquier país del mundo el partido gobernante goza de un cierto “plus” operacional aceptado por la gente cuando de reelecciones se trata, pero este engendro tramposo digno de Macondo sólo puede funcionar en sociedades donde tanto los ciudadanos como sus dirigentes han perdido la dignidad cívica y aceptan resignadamente ser partenaires de un truco que en los hechos sepulta la base de la democracia que es la legítima voluntad del elector.
Se avecina un gran escándalo electoral
En más de una oportunidad nosotros y otros analistas sostuvimos que cualesquiera fueran las circunstancias, el gobierno haría lo imposible para no entregar el poder, no sólo por la ambición de conservarlo e imponer su peculiar visión ideológica, sino también para evitar lo que parece imposible: sortear las consecuencias legales que ya impuso la corrupción que caracteriza la gestión del kirchnerismo. Ahora, la piedra del nuevo escándalo podría ser el proceso electoral que debe realizarse este domingo, que ya despierta susceptibilidades, algunos de cuyos detalles se consignan en este mismo número. Por un lado, ha llamado la atención que no se hayan tomado medidas para contar con observadores extranjeros ni la presencia de ONG’s especializadas, que habitualmente se interesan e intervienen en estos asuntos. Concurrentemente, ayer se supo que la justicia electoral dispuso -por primera vez en nuestra historia político-institucional- que las urnas se depositen en el lugar de la votación el día anterior, es decir, en este caso, durante algún momento del próximo sábado. ¿Cuál es el motivo? Por ahora no se ha dado ninguno, lo que ha dado lugar a interrogantes sin respuesta.
Los más desconfiados se preguntan si es lógico sospechar la posibilidad de que se introduzcan sobres con boletas del Frente para la Victoria u otros elementos que lógicamente serían descubiertos antes del sufragio o durante el recuento de votos, por lo que las suspicacias se orientan hacia las urnas mismas, es decir, que al conocerse estas circunstancias deberán ser revisadas en detalle por las autoridades de mesa. El asunto parece sin importancia y sin duda surge como un distractivo, inocente o disparatado, por lo que la atención se ha puesto ahora sobre el tema de las boletas que ya han sido distribuidas pero que no podrán utilizarse. Es el caso de la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá quien, además de senador por San Luis, desea competir sin posibilidad alguna por la gobernación de Buenos Aires, una iniciativa insólita que, sustentada en la imposibilidad de una doble candidatura, fue desechada por la Junta Electoral de Buenos Aires. Lo que llama la atención es que esto último venga a suceder cuando falta menos de una semana para el comicio pero, como lo dijimos, las boletas ya han sido distribuidas. Esto puede ser motivo de una confusión, y utilizadas, es decir que convenientemente intercaladas con otras, un elector poco ilustrado las podría colocar en el sobre correspondiente e introducirlas en la urna. Esto anularía el voto, interpretándose que la escasa cantidad de fiscales aumentaría esta eventualidad que, convenientemente utilizada, con seguridad favorecería al oficialismo.
Una situación parecida y de difícil interpretación para el votante y de las mismas autoridades de mesa, es el corte de boletas que se sabe preparan distintas fracciones políticas, especialmente dentro del peronismo, un proceso que, dentro de su complejidad, se sumaría al hecho de que corte mediante, se puede votar por candidatos de distintos partidos pero sin repetir los cargos seleccionados. Esto, que parece un galimatías, generaría una fabulosa confusión que podría provocar lo que apretadamente tratamos de describir; también demoraría el recuento de los sufragios, que se prolongaría en exceso, lo que según los análisis más objetivos explican las versiones surgidas desde anoche. Éstas dicen que se provocaría una verdadera catarata de impugnaciones, observaciones y protestas. Si esto sucede, podría determinarse una extensión de la fecha prevista para la elección más importante, es decir, la presidencial de octubre. El argumento sería encontrar una solución al entuerto pero de inmediato se generarían disímiles y encontradas interpretaciones legales y una notable confrontación política que de cualquier forma cumpliría con el objetivo gubernamental. Hay que recordar que el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, anticipó varios meses atrás que las primarias eran impracticables, lo que fue desoído por la Cámara Nacional Electoral.
Veamos un poco esta perspectiva que parece insólita pero que permite, una vez más, la reflexión de que con el kirchnerismo todo es posible. Planteado el tema en la forma que hemos descripto, surgiría la cuestión de una nueva fecha: ¿noviembre por ejemplo? Pero si hay una segunda vuelta y dadas las festividades de fin de año, ya se menciona al mes de enero con todas las dificultades que esto plantea. Para los analistas aparecen otras eventualidades como por ejemplo, que si las elecciones se hicieran durante ese mes, se afectaría la concurrencia de determinados votantes opositores como serían los de la Capital Federal que ya demostraron que en su mayoría son opositores. El enrarecimiento que todo esto significa aporta, con firmeza, la aparición de un tremendo escándalo no sólo electoral como lo dejamos dicho al comienzo, sino también institucional, todo lo cual llegaría acompañado con el impacto que quedaría instalado por un conflicto social por los ajustes económicos derivados de la supresión o disminución de los subsidios en tanto permanece latente el grave problema que ha surgido en el noroeste argentino y que promete extenderse por otras regiones del país. No queremos ser alarmistas; sólo describimos lo que se evalúa en determinados centros políticos y especialmente los más cercanos al poder.
martes, 9 de agosto de 2011
PUNTO DE INFLEXIÓN
Las falacias populares regularmente terminan cobrando forma de infundados prejuicios. Desnudar la falsedad de esos estereotipos constituye una buena causa, aunque muy difícilmente despierte adhesiones masivas”.
Anne Morse
La negación de la realidad es una enfermedad mental tipificada, que puede ayudar en determinados casos a mantener cierta esperanza sobre algo o alguien. Pero cuando se convierte en una costumbre, se llega a lo que Orwell llamó “control de la realidad”.En tanta estrategia política, el “control de la realidad” ha funcionado bastante bien. Sin embargo, en tanta estrategia para gobernar, ha conducido al desastre previsible. Cuando los líderes viven en una realidad inventada, hacen un pésimo trabajo cuando intentan operar sobre la auténtica realidad. El punto es que en el mundo real la ignorancia no es fortaleza. Un líder que tiene el poder político para aparentar que es infalible, y utiliza ese poder para evitar admitir alguna vez que cometió errores, finalmente los comete tan grandes que ya no es posible ocultarlos.
El espacio cartesiano en que se despliegan en estos tiempos las tendencias profundas de la puja política, bien podría esquematizarse como un cuadrilátero, cuyos pares de lados opuestos constituyen los vectores ordenadores de la contienda. Así, probablemente bastante más allá de la conciencia que sobre el fenómeno tengan sus propios protagonistas, mientras confronta la modernidad contra el feudalismo, también lo hace la concepción de un movimiento de base popular contra la vocación de minoría intensa.
En la superficie, entre tanto, alumbra la manifestación de una suerte de reflujo de la larga y oscura noche del sinsentido político. Aquellos espíritus sensibles a la sin razón, al borde ya de quemar la biblioteca del análisis político, vivimos con alivio reparador una tácita auto reivindicación, en mérito a no haber dejado de aguantar los trapos de una optimista sensatez, ni aún en los peores momentos. Finalmente, la pretendida inmunización a la extravagancia ha comenzado a ceder terreno ante la abrumadora acumulación de disparates. Aquella imaginaria revitalización del proyecto, disparada contra toda lógica por la desaparición de su fundador e irremplazable gestor, empieza a desnudar su inconsistencia, exhibiendo las previsibles consecuencias del vacío de conducción.
Las primeras señales del ocaso anticipan un flujo aluvional, como el agua que termina derribando el dique a partir de una imperceptible grieta. Malcolm Gladwell acuñó el concepto de “tipping point” (1), para significar el momento exacto en que se conjugan de manera espontánea las condiciones que detonan un cambio de ciclo. Puede identificarse el instante preciso que marcó el punto de inflexión del apogeo kirchnerista?
Vale arriesgar la conjetura. El viernes 27 de mayo estalló el escándalo “Madres SA”.Cuatro semanas más tarde, en Olivos, con Carlos Villate 1000 evocando al 6801 de Hollywood Boulevard, el característico “…and the winner is”… fue para Amado Boudou, nominación que resultó el paradigma de un caprichoso armado de listas que humilló a la estructura territorial tanto como al sindicalismo. La profanación de los pañuelos lesionó duramente el capital simbólico, en tanto el arbitrario casting habilitó el resentimiento y la deserción, conjunción de alto riesgo para el presumido blindaje electoral del proyecto.
Bastaron pocos días para que esas sombras empezaran a materializarse. El 3 de julio, el voto anti K revirtió, en sólo una semana, el holgado triunfo logrado en primera vuelta por la candidata kirchnerista-camporista a la gobernación de Tierra del Fuego, frustrando al Ministro del Interior, que había viajado representando a CFK para celebrar con los suyos. Se abría un Julio negro para el kirchnerismo, en el que a la impotencia electoral que desnudó la debacle sufrida en nuestra ciudad y en Santa Fe, se sumó el golpe de knock out que en su combate con Clarín, significó la definitiva desvinculación de los hermanos Noble Herrera de las aberrantes prácticas de apropiación, perpetradas por la dictadura militar.
Un mes seguido explicando derrotas, para una expresión política cuya identificación como “Frente para la Victoria” define unívocamente el eje de su cohesión, no podía sino disparar inequívocas señales de descomposición. La herejía de la autocrítica amenaza con desbordar el código de silencio, y lo que era un bloque monolítico empieza a mostrar preocupantes fisuras. La desmesura de la soberbia y la intolerancia, por añadidura, suma rechazo social. Una edulcorada biografía autocelebratoria de “Su Majestad”,sin duda pensada para sumar adhesiones, se convierte en un búmeran que galvaniza despiadadas confesiones de los aludidos, cuya expresión se potencia porque pueden decir, como José Martí: “Viví en el monstruo y le conozco sus entrañas”. En el caso particular de la dura respuesta de Alberto Fernández a los dichos de la presidente, me resulta particularmente revelador que un protagonista central del folletín confirme la concepción “orwelliana” del proyecto (2), si bien es curioso que la imputación provenga de quien, precisamente, por aquellos años ejercía el “Ministerio de la verdad”.
La pobre cosecha electoral obtenida en dos distritos que aportan, en conjunto, poco menos que un quinto del total de los votos nacionales, lesionó severamente sensibles premisas de la construcción triunfalista agitada por el gobierno, cuyo debilitamiento proyecta su influencia sobre octubre. La más relevante tal vez sea el significado, en términos de la batalla simbólica por la invencibilidad de Cristina, de haber desenmascarado la grosera manipulación política de las encuestas, pilar de su estrategia de comunicación. El caso particular de Santa Fe mostró, asimismo, que el voto del campo, que en 2007 le sumó diez puntos porcentuales al triunfo de Cristina, se mantiene inconmoviblemente opositor y el sector parece haber recuperado su energía participativa. Por último, dejó en evidencia la precariedad de un criterio superestructural de acumulación política para asegurar un alineamiento funcional de fuerzas, y la fragilidad de los compromisos forjados en la internas distritales, lo que convendrá tener presente a la hora de proyectar los resultados del 14 de agosto.
El gobierno parece encandilado por sus propias candilejas. A juzgar por su desarticulada reacción frente a la catástrofe, puede inferirse que su aparato de inteligencia se mostró incapaz de anticipar lo que se percibía por olfato. La máxima concesión que se permitió el triunfalismo inoxidable del discurso oficial fue admitir defectos en la transmisión de sus ideas, lo que pone fuera de su análisis la posibilidad de que la expresión de la ciudadanía constituya, precisamente, una impugnación de esas ideas. Cuando dos electorados que no pueden considerarse homogéneos en términos socioeconómicos, ordenan sus preferencias de manera tan similarmente polarizada, resulta inocultable que lo que está orientando el voto no son las realidades locales, como puerilmente argumentan los gladiadores mediáticos de palacio, sino un posicionamiento frente a una opción nacional que la propia estrategia oficial se encargó de instalar. Esa apelación forzada a las realidades locales como determinantes del voto, resulta complementaria de la nueva criatura incubada por el irreductible triunfalismo: un novedoso tótem llamado “voto cruzado”, que la gesta evangelizadora de Artemio y sus apóstoles intenta instalar en los medios. La “buena nueva” consiste, en este caso, en una hipótesis indemostrable, que sostiene que una buena parte de los votantes de Mauricio Macri y Miguel Del Sel y José Manuel de la Sota, van a optar por Cristina en la elección nacional. Por de pronto, pareciera que no es unánime la fe en el poder de tracción electoral de Cristina, cuya imagen fue puntillosamente excluida de la campaña con que Filmus enfrentó la quimera de la segunda vuelta porteña, y la que Daniel Scioli despliega por estos días, sin contar que su nombre en Córdoba es poco menos que una suerte de “peste electoral”.
En vísperas del tramo decisivo que conduce a octubre, el peso de la realidad jaquea la construcción simbólica montada por el régimen, revelando la endeblez de su estrategia de poder. La responsabilidad que se le atribuye a los medios por el fracaso electoral no es otra cosa que una oblicua pero descarnada confesión de una batalla perdida. El agotado dinamismo de una iniciativa política que motorizaba acciones de impacto demagógico -Ley de Medios, Fútbol para Todos, AUH, Matrimonio Igualitario-, ha cedido a una pálida gestión de mantenimiento, que descansa en la inercia del piloto automático para sostener el consumo. El desprecio por la gestión es manifiesto, a poco que se repare que importantes fracasos han sido premiados con candidaturas rutilantes: Mariotto perdió la batalla con Clarín, la soberbia de Boudou no pudo imponerse al FMI ni al Club de París, y Julián Domínguez no pudo habilitar sus prometidos puentes con el campo. La mística ha quedado reducida a un patrimonio simbólico muy deteriorado por la sucesión de infortunios sufridos por Hebe, Estela, y ahora Zaffaroni. La desorientación es tal, que empuja a concebir extravagantes operaciones, previsiblemente impugnables, con personajes tan desacreditados como Julio Grondona. La incompetente mediación en el conflicto social expone impúdicamente el repugnante tráfico de miserables, transformando en explosivos hasta los feudos propios, comprometiendo un resultado electoral, hasta hoy asegurado, en Jujuy y Tucumán.
Una rústica lectura de la economía induce al gobierno al regocijo autoindulgente de subestimar nuestra exposición a la crisis internacional. La suma de desatinos ha ido angostando nuestra capacidad de maniobra, como lo manifiesta la inédita contracción de la obra pública en un año electoral. Los nubarrones que asoman por el hemisferio norte nos encuentran consumiendo el “bonus track” de una providencial coyuntura. Si el impacto alcanzara estas costas, la complacencia social dará paso a la necesidad de sentir que alguien está a cargo, y esa interpelación atravesará el mapa de preferencias electorales para octubre.
La pesadilla de julio puso en evidencia que los candidatos que mejor representan al régimen sólo alcanzan para consolidar el voto propio, y con eso no basta para asegurar un triunfo en Octubre. La capitulación kirchnerista en Córdoba mostró los límites de su despotismo. Así las cosas, se encamina a intentar un inédito tercer mandato en la historia institucional argentina, embretado en la doble paradoja de enfrentar la impugnación del sector que le provee el combustible que alimenta su principal activo electoral, y depender de los votos que le facilita un político que no lo expresa. La “sciolidependencia”constituye la prueba ácida para el proyecto, introduce al 2015 en el cuadro de la foto, y las alternativas de su despliegue contaminan inevitablemente las eventuales proyecciones políticas de las primarias del próximo domingo. Es indudable que la incertidumbre sobre la efectiva respuesta que la convocatoria finalmente despierte, y el amplio desconocimiento sobre su mecánica, relativizan el valor predictivo de este original “recuento globular” para proyectar octubre. Pero lo que no puede ignorarse es que el carácter virtual del ensayo, particularmente en el decisivo conurbano bonaerense, habilita la perspectiva de una múltiple combinación de mestizajes entre las diversas tribus peronistas, cuya conformación emergente resultará decisiva el 23 de octubre.
A propósito, ¿no sería un ejercicio interesante medir la combinación Scioli-Cristina contra la alternativa Scioli-Duhalde?
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1. Malcolm Gladwell, “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference”.
2. Ricardo Saldaña, “Las puertitas del Dr. K”, pág. 13.
AL GARETE
La situación argentina es tan endeble y carente de importancia para los demás, que a nadie le interesa qué papel puede jugar nuestra ex República en el incierto mundo de mañana. Las noticias llegan cargadas con todo su vértigo y en cierta medida reemplazan la atención pública de nuestro drama. Cuando vemos las imágenes de los incendios en Londres, de las manifestaciones en Europa, las inquietudes inocultables en los Estados Unidos y la evidente cara de preocupación del presidente Obama al referirse varias veces en el día de ayer a la caída de las bolsas y el posible default de su país, los argentinos aplicamos nuestra cansada experiencia en estos asuntos y, salvando las distancias, hacemos el papel de observadores que nada tienen que hacer en esta encrucijada. Sin embargo, quienes entienden de estos asuntos tienen la certidumbre de que los acontecimientos que sacuden a las economías mundiales nos afectarán irremediablemente según evolucionen. Pensamos en la soja, en el campo, que será convocado una vez más a salvar la situación futura, todo un tema que es ajeno a las reflexiones de la mayor parte de nuestros políticos y, por supuesto, del gobierno kirchnerista. Anoche, el sonriente guitarrista que ocupa la cartera de Economía recorría subido a un camión las calles de La Matanza vestido con una camiseta verde militar y una gran estrella colorada en medio del pecho, mientras tiraba besos proselitistas. A Amado (Boudou) sólo le faltaba la guitarra para completar la demostración de su alejamiento de la realidad, alejamiento que le impide entender la responsabilidad que hipotéticamente le espera hasta fin de año cuando se produzca el recambio presidencial en medio de la pesadez ingobernable que puede depararle la derrota.
Como Cristina, Amado todavía cree que el resultado de las urnas le resultará favorable y no sabe que cualquiera fuese éste, el mundo que hemos conocido hasta ahora será distinto; nuevas y difíciles circunstancias sacudirán a las sociedades y a un cambiante escenario estratégico, en tanto otras fuerzas pugnarán por hacerse del poder. Entre ellas, está el grupo llamado “Tea Party” que con éxito presiona internamente en el Partido Republicano y ha contribuido con firmeza a montar el actual estado de cosas. Esto obedecerá a diversos factores y, entre ellos, el que nos lleva a los intereses de las llamadas “fuentes energéticas alternativas”, que respaldarían la ultraortodoxia de su posición ideológica, que podrá influir en el tradicional poder de la industria petrolera y nuclear. Un encontronazo fuerte, en verdad.
Por cierto, todo esto no forma parte del pensamiento de la mayor parte de los jefes políticos locales, abocados ahora a unas elecciones que tienen a mal traer a este gobierno, que el próximo domingo volverá a jugar su suerte en una semifinal que ya carga con tres derrotas sonoras -Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, en ese orden cronológico- y que, según los pocos vaticinios serios que se barajan en medio de una total reserva, dejarían al kirchnerismo en un oscilante 30 por ciento, lo que sería, de darse así, un anticipo de la derrota en octubre. Sin embargo, debemos reconocer que la Argentina es el país de los imprevistos y, mientras todos barajan los otros dos nombres de posibles ganadores -Alfonsín o Duhalde, según las preferencias-, están quienes imaginan que el cristinismo podrá cosechar los votos necesarios entre los miles de beneficiarios que gozan de subsidios y otras prebendas y no sospechan que el nuevo escenario mundial se los suprimirá muy pronto, tal vez de un solo tajo. Tampoco saben que crece en el horizonte económico -y social ¿por qué no decirlo...?- un tremendo ajuste, tal como lo comentamos hace muy poco, ajuste que se trasladará a los salarios y a un manejo del valor de la moneda que carece del necesario respaldo del Banco Central y que se someterá a los vaivenes del nuevo ordenamiento mundial que se avecina.
Es difícil apartarse del tema económico y así, vamos a agregar que entre los sectores que sobrevivirán en los primeros tiempos más difíciles está, por obvias razones, el del narcotráfico, que adquirió entre nosotros tanta audacia que ahora se entretiene, a costa de su propio riesgo, en derribar a los helicópteros de nuestra Gendarmería, a la que le está vedado, al igual que a la Fuerza Aérea, aplicar la “ley del derribo”. Así lo hacen los brasileños, los norteamericanos y todos aquellos gobiernos que realmente están interesados en enfrentar el fabuloso negocio de la droga, que hace estragos entre los chicos, los jóvenes y personas maduras, con exclusión de los muy mayores, que no llegan a viejos por obra de este flagelo. Ayer subió el promedio diario de capitales que dejan la Argentina, con la salida de unos 240 millones de dólares, en tanto el Banco Central debió vender decenas de millones para mantener su valor en el mercado interno. El público, con buen olfato, quiere guarecerse con moneda extranjera que, dato curioso, corre el riesgo de depreciarse en otras partes, en tanto, una vez más, ofrece una cierta seguridad a los argentinos que pueden comprarla y están acostumbrados a estos avatares. Los mejor informados adquieren barritas de oro, que ya dieron dividendos nunca vistos y prometen mejorar con el correr de los días.
Mientras de la Sota tomó una distancia definitiva de la Casa Rosada -una actitud que arranca sonrisas a su amigo Reutemann- las miradas giran hacia La Plata, donde el gobernador de Buenos Aires hace amagos que no terminan de definirlo, un asunto que ya se convirtió en una costumbre pese a que, en los hechos, Daniel Scioli se ha transformado en una suerte de gran elector. ¿Le dará la espalda al kirchnerismo prácticamente hundido con su fantasmagórico modelo? ¿Lo empujará más hacia abajo o tratará de salvarlo? Como se mencionó ayer en esta Hoja, ya los medios extranjeros alertan a sus ciudadanos sobre los peligros que pueden correr si visitan a la Argentina, donde la inseguridad se potenció con el asesinato de las turistas francesas. Ha sido necesario que la tragedia cayera sobre estas dos jóvenes para que nos preguntemos por qué no hay reacciones siquiera parecidas con los jubilados, padres de familia, jóvenes o policías que caen todos los días bajo la furia de la delincuencia. Pareciera que la defensa del setentismo, de la homosexualidad que también está sentada en la Suprema Corte de Justicia y la instalación y fomento del pensamiento “progre”, promueven el ocultamiento de las muertes dramáticas, de los secuestros y asaltos que nos recuerdan esa época hoy defendida mediante la prevaricación judicial y política. Sin embargo, hay una leve excepción que sale a la luz gracias al periodismo que no se somete a las presiones: nos referimos a los descontrolados sucesos que se registran en el Noroeste Argentino, sobre los cuales el gobierno mantiene un silencio con el que pretende superarlos. Hay que repetirlo con todas las letras: Jujuy vive una verdadera anarquía, que se extiende a Tucumán, con focos que surgen y crecen hora tras hora. Como se sabe, Cristina pidió a su amiga Milagro Sala -“la gobernadora”- que tercie en la violenta crisis que hasta ayer había movilizado a unas diez mil personas que cortan rutas, aíslan localidades, se instalan en predios públicos y privados. La Cámpora incursiona en ese escenario que, según se comporte políticamente Scioli, podrá repetirse en el Gran Buenos Aires. Aunque es tarde por el resultado electoral, los rumores se acercan a Córdoba y Santiago del Estero. En medio de la incertidumbre, aumenta la certeza de que no es una sensación: la ex República marcha al garete y, como sucede en estos casos, con rumbo desconocido.
Los curiosos nombres detrás de las solicitadas a favor de Zaffaroni
Luego del explícito apoyo de la Corte Suprema al juez Eugenio Zaffaroni después de que se hiciera público el escándalo de la -al menos- media docena de departamentos propios rentados a la actividad prostibularia, 30 diputados se subieron a la ola de ciego apoyo al juez para expresar su "solidaridad" a través de una solicitada en la que se destaca su "impecable trayectoria académica y profesional, comprometida con el respeto y defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas".
Entre esos firmantes figuran Vilma Ibarra, Cecilia Merchán, Sandra Rioboo, Claudio Lozano, Victoria Donda, Nélida Belous, Juliana Di Tullio, Ariel Basteiro, Martín Sabbatella, Silvia Vázquez, Jorge Rivas, Carlos Heller, Adela Segarra, Alicia Comelli, Olga Guzmán. Luego adhirieron Edgardo De Petris, Remo Carlotto, Héctor "Pampa" Álvaro, Adriana Puigross, Hugo Prieto, Ruperto Godoy, Teresa García, Raúl Barrandeguy, Alfredo Villalba (MC).
Lo interesante del caso es que ayer se difundió una nueva solicitada, pero esta vez, firmada por periodistas:
"En los últimos días, los diarios Perfil.com y Libre -del mismo grupo editorial- han pretendido instalar la idea de que el reconocido jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, regentea prostíbulos."
"A los y las abajo firmantes no se nos escapa el rol que cumple Zaffaroni en esta sociedad y en este momento de la democracia argentina". Y menciona luego las cualidades del juez, dando por sentado que dichas virtudes profesionales tiran por tierra las acusaciones que está investigando la Justicia y por la cual Zaffaroni no ha hecho más que intentar enmarcarlas en un tema político que no hacen más que confirmar su cercanía al poder de turno.
"Como trabajadores y trabajadoras de prensa, no podemos callarnos cuando un sector del periodismo se pone al servicio de este tipo de maniobras. Y creemos que esta situación debería servir para abrir un debate sobre la ética de nuestra profesión.
Es el momento de replantearnos qué estamos haciendo con este oficio por el que muchos se jugaron la vida."
La solicitada está firmada en su mayoría -por supuesto- por periodistas oficialistas; de hecho, se ha pedido que la misma sea difundida por los diarios Página/12 y Tiempo Argentino. Entre los numerosos periodistas beneficiados con la pauta oficial, además de Víctor Hugo Morales y Roberto Caballero, director de Tiempo, figuran algunos personajes polémicos, por ejemplo:
Bruno Bimbi: ex asesor de de la Diputada Diana Conti, quien se hizo célebre en las últimas horas luego de acusar judicialmente a la hoy diputada -entonces Senadora- por haberse quedado en el año 2005 con parte de su sueldo. En una entrevista exclusiva para este medio expresó que de no haber recurrido a los medios, la causa hubiese sido cajoneada y que Página/12 se negó a publicar una entrevista que le habían realizado. Por este hecho Conti fue sobreseída en tiempo récord.
Florencia Peña: La actriz lejos de tener experiencia periodística alguna sólo se ha destacado por aparecer en los actos kirchneristas y por su asombrosa transformación facial hacia la de la Presidenta.
Lucas Carrasco: Abanderado de los blogueros K quien saltó a la fama por amenazar públicamente al periodista Alfredo Leuco diciendo que agarraría una metralleta, lo mataría a él y a todos los que trabajan en Canal 26.
Alejandro César Agostinelli: Acusado de ser uno de los periodistas beneficiados con sobres de dinero por parte de la Inteligencia local a cambio de hacer oportunas operaciones de prensa e instalar determinados temas del gobierno de turno.
Pablo Marchetti: Director y fundador de la alguna vez objetiva y prestigiosa Revista Barcelona (la "que se vayan todos" del periodismo), quien acorde a su manera de decir las cosas, siempre negó afinidad política alguna con este gobierno.
Dante López Foresi: Hermano poco lúcido de Liliana, tristemente célebre por copiar una nota publicada por el diario El Cronista el 16 de septiembre del año 2009, en donde se citaba una reunión privada entre el ex presidente Eduardo Duhalde y José Pedraza (Unión Ferroviaria), replicándola como si fuera una noticia actual, en el marco de endilgar culpas luego del asesinato de Mariano Ferreyra. López Foresi se beneficia mes a mes con una pauta de 20.710 pesos para su blog El Vigía.
Para darle un tono más político, ayer también se publicó un manifiesto en apoyo al millonario juez, esta vez sí con nombres de variados sectores, entre los que se incluye:
Horacio Verbitsky, Leonardo Sbaraglia; Emilio Pérsico, Diego Capusotto, Omar Plaini, Fernando "Chino" Navarro; Martín Sabatella; Diana Conti, Francisco "Tito" Nenna (legislador kirchnerista y hombre de Daniel Filmus, protector de "Pitu" Salvatierra, vinculado a los negociados de Madre de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender con las viviendas), Aníbal Ibarra, Mariano Recalde, Coco Silly, Griselda Tessio (vicegobernadora de Hermes Binner y diputada provincial electa), Carlos Mas Velez (presidente de la UCR porteña).
Cabe preguntarse a esta altura: ¿Quién pagó el elevado costo de las solicitadas? ¿Está bien que se apoye el accionar de un juez que está, al menos, bajo la lupa judicial? ¿No es una suerte de presión a la Justicia la abultada cantidad de nombres de kirchneristas de paladar negro? ¿Hace falta imaginar qué hubiera ocurrido si en lugar de Zaffaroni, el dueño de los prostíbulos se apellidara Macri o De Narváez?
Es casi novelesco que una cuestión vinculada a lo judicial se haya transformado en un tema ideológico, pero roza lo alarmante cómo se intenta desvincular al juez recalcando sus cualidades personales o profesionales como si fuesen cuestiones antagónicas, es algo que sólo ocurre en la Argentina.
Entre esos firmantes figuran Vilma Ibarra, Cecilia Merchán, Sandra Rioboo, Claudio Lozano, Victoria Donda, Nélida Belous, Juliana Di Tullio, Ariel Basteiro, Martín Sabbatella, Silvia Vázquez, Jorge Rivas, Carlos Heller, Adela Segarra, Alicia Comelli, Olga Guzmán. Luego adhirieron Edgardo De Petris, Remo Carlotto, Héctor "Pampa" Álvaro, Adriana Puigross, Hugo Prieto, Ruperto Godoy, Teresa García, Raúl Barrandeguy, Alfredo Villalba (MC).
Lo interesante del caso es que ayer se difundió una nueva solicitada, pero esta vez, firmada por periodistas:
"En los últimos días, los diarios Perfil.com y Libre -del mismo grupo editorial- han pretendido instalar la idea de que el reconocido jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, regentea prostíbulos."
"A los y las abajo firmantes no se nos escapa el rol que cumple Zaffaroni en esta sociedad y en este momento de la democracia argentina". Y menciona luego las cualidades del juez, dando por sentado que dichas virtudes profesionales tiran por tierra las acusaciones que está investigando la Justicia y por la cual Zaffaroni no ha hecho más que intentar enmarcarlas en un tema político que no hacen más que confirmar su cercanía al poder de turno.
"Como trabajadores y trabajadoras de prensa, no podemos callarnos cuando un sector del periodismo se pone al servicio de este tipo de maniobras. Y creemos que esta situación debería servir para abrir un debate sobre la ética de nuestra profesión.
Es el momento de replantearnos qué estamos haciendo con este oficio por el que muchos se jugaron la vida."
La solicitada está firmada en su mayoría -por supuesto- por periodistas oficialistas; de hecho, se ha pedido que la misma sea difundida por los diarios Página/12 y Tiempo Argentino. Entre los numerosos periodistas beneficiados con la pauta oficial, además de Víctor Hugo Morales y Roberto Caballero, director de Tiempo, figuran algunos personajes polémicos, por ejemplo:
Bruno Bimbi: ex asesor de de la Diputada Diana Conti, quien se hizo célebre en las últimas horas luego de acusar judicialmente a la hoy diputada -entonces Senadora- por haberse quedado en el año 2005 con parte de su sueldo. En una entrevista exclusiva para este medio expresó que de no haber recurrido a los medios, la causa hubiese sido cajoneada y que Página/12 se negó a publicar una entrevista que le habían realizado. Por este hecho Conti fue sobreseída en tiempo récord.
Florencia Peña: La actriz lejos de tener experiencia periodística alguna sólo se ha destacado por aparecer en los actos kirchneristas y por su asombrosa transformación facial hacia la de la Presidenta.
Lucas Carrasco: Abanderado de los blogueros K quien saltó a la fama por amenazar públicamente al periodista Alfredo Leuco diciendo que agarraría una metralleta, lo mataría a él y a todos los que trabajan en Canal 26.
Alejandro César Agostinelli: Acusado de ser uno de los periodistas beneficiados con sobres de dinero por parte de la Inteligencia local a cambio de hacer oportunas operaciones de prensa e instalar determinados temas del gobierno de turno.
Pablo Marchetti: Director y fundador de la alguna vez objetiva y prestigiosa Revista Barcelona (la "que se vayan todos" del periodismo), quien acorde a su manera de decir las cosas, siempre negó afinidad política alguna con este gobierno.
Dante López Foresi: Hermano poco lúcido de Liliana, tristemente célebre por copiar una nota publicada por el diario El Cronista el 16 de septiembre del año 2009, en donde se citaba una reunión privada entre el ex presidente Eduardo Duhalde y José Pedraza (Unión Ferroviaria), replicándola como si fuera una noticia actual, en el marco de endilgar culpas luego del asesinato de Mariano Ferreyra. López Foresi se beneficia mes a mes con una pauta de 20.710 pesos para su blog El Vigía.
Para darle un tono más político, ayer también se publicó un manifiesto en apoyo al millonario juez, esta vez sí con nombres de variados sectores, entre los que se incluye:
Horacio Verbitsky, Leonardo Sbaraglia; Emilio Pérsico, Diego Capusotto, Omar Plaini, Fernando "Chino" Navarro; Martín Sabatella; Diana Conti, Francisco "Tito" Nenna (legislador kirchnerista y hombre de Daniel Filmus, protector de "Pitu" Salvatierra, vinculado a los negociados de Madre de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender con las viviendas), Aníbal Ibarra, Mariano Recalde, Coco Silly, Griselda Tessio (vicegobernadora de Hermes Binner y diputada provincial electa), Carlos Mas Velez (presidente de la UCR porteña).
Cabe preguntarse a esta altura: ¿Quién pagó el elevado costo de las solicitadas? ¿Está bien que se apoye el accionar de un juez que está, al menos, bajo la lupa judicial? ¿No es una suerte de presión a la Justicia la abultada cantidad de nombres de kirchneristas de paladar negro? ¿Hace falta imaginar qué hubiera ocurrido si en lugar de Zaffaroni, el dueño de los prostíbulos se apellidara Macri o De Narváez?
Es casi novelesco que una cuestión vinculada a lo judicial se haya transformado en un tema ideológico, pero roza lo alarmante cómo se intenta desvincular al juez recalcando sus cualidades personales o profesionales como si fuesen cuestiones antagónicas, es algo que sólo ocurre en la Argentina.
Señales de Incertidumbre
“-Sí, lo sé, pero no hace falta que sigas con eso. Además, aún no estamos tan mal como dijiste aquella vez.
“- Aún no, pero lo estaremos; confía en los mentecatos.”
Gisbert Haefs
A una semana escasa de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias el Gobierno, pese a intentarlo, no pudo exhibir una victoria en Córdoba, pues De la Sota hizo todo lo posible, sin romper lanzas, para diferenciarse del poder central encarnado en nuestra emperatriz. Las enseñanzas que recibió de las fuertes derrotas de Rossi, en Santa Fe, y de Filmus, en la ciudad de Buenos Aires, le impusieron una conducta distinta.
Los números dados a conocer hasta ahora -el lento escrutinio preanuncia las largas horas de incertidumbre que seguirán a las P.A.S.O.-, realmente me sorprendieron. Como puede verse en mi nota de la semana pasada, sinceramente creí que la Provincia estaría dividida en tercios. También lo creyeron Alfonsín y Binner, cuyos candidatos cayeron irremediablemente ante un PJ que confirmó su hegemonía.
Sin embargo, considero aún más importantes para el futuro inmediato de quienes habitamos la Argentina los hechos registrados en Jujuy y en Tucumán, porque desnudan dos aspectos gravísimos de la realidad, disímiles por completo del “relato” oficial.
Después de ocho años de kirchnerismo, con el país creciendo a tasas muy importantes durante ese período debido a la alta cotización de nuestras exportaciones, el cuarenta por ciento de los ciudadanos sigue estando bajo el nivel de pobreza, y un ocho por ciento bajo el de indigencia. El famoso y rimbombante nombre de “modelo de acumulación y distribución con matriz productiva diversificada” ha demostrado que sólo ha servido para que la acumulación se concentre en los bolsillos de los funcionarios más venales y corruptos de cuantos nos ha tocado soportar, y en los de un grupo de empresarios amigos, que han visto multiplicarse sus campos de acción y sus rentas hasta el infinito, mientras que la distribución siga brillando por su ausencia.
La cesión del poder del Estado -ése al que se ha impuesto una participación activa y dirigista en la economía como cuna de todas las virtudes- a doña Milagro Sala representa no solamente una abdicación impensable de los gobiernos nacional y provincial jujeño, sino que demuestra cómo los resortes y resortes estatales han sido puestos al servicio exclusivo de los intereses de la familia Kirchner. Basta recordar la “privatización” de la construcción de viviendas a favor de doña Hebe Bonafini, don Sergio Schoklender y la propia doña Milagro.
En efecto; los sucesos de Jujuy, sobre todo, se han transformado en un verdadero baño de realidad sobre la imagen que el Gobierno ha construido para consumo de las clases más desamparadas de nuestra sociedad. Ese “cristinismo”, que se enorgullece de los triunfos de sus aliados locales en las provincias más pauperizadas de la Argentina, ha tenido que soportar la violenta toma de conciencia de sus poblaciones, a las cuales no alcanza ni puede satisfacer un mero clientelismo electoral; cuál será el impacto de lo que ocurra hasta octubre en el noroeste argentino es, todavía, un dato difícil de imaginar.
Es en esas provincias del noreste argentino donde “todos hacen como que trabajan para el Estado, y éste hace como que les paga” son, precisamente, aquellas en las cuales hubieran debido notarse más los presuntos beneficios del “modelo”. Sin embargo, siguen siendo las más sumergidas, las más carecientes, las más hambreadas.
Carezco, como todo el mundo, de estadísticas serias en materia de inmigración ilegal, pero ello no obsta a que, con la ausencia de la Gendarmería en las fronteras (ha sido masivamente trasladada al Conurbano y a los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires para combatir la “sensación” de inseguridad), éstas deben haber aumentado notablemente su porosidad, más cuando la representante del Estado, doña Salas, está haciendo el milagro de regalar tierra a quien lo solicite, sin preguntarle siquiera de dónde viene.
Más temprano que tarde, esas poblaciones migrantes continuarán su camino hacia el sur, y recalarán -también ellas- en las villas de emergencia del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario, ejerciendo una presión insoportable sobre los ya escasos recursos destinados a la salud y a la educación públicas, sobre el consumo de drogas y sobre la inseguridad.
Son minúsculos y, por supuesto, reprobables los grupúsculos xenófobos, pero ningún país del mundo -tampoco nuestros vecinos- carecen por completo de políticas migratorias como la Argentina. No se trata de impedir que personas de otras nacionalidades vengan a habitar nuestro suelo sino de decidir, en un verdadero ejercicio de la soberanía, cuáles son los requisitos que deben cumplir para hacerlo.
Nuestro país -y lo considero positivo- se ha “latinoamericanizado”;pero lo ha hecho del peor modo. La Argentina de la igualdad y de la permeabilidad social, que hizo que tantos inmigrantes se integraran y, con trabajo y esfuerzo, treparan la pirámide social hasta llegar a lo más alto de ella, se ha pauperizado y, una vez más, hemos nivelado para abajo. Hoy, el índice Gini debe estar marcando -habría que confirmarlo con Ernesto Kritz- uno de los valores más altos desde que existe y, si el oficialismo consigue perpetuarse -como se sabe, lo dudo- la desigualdad y la exclusión sociales seguirán en ascenso.
El mundo entero nos está enviando señales de alarma, y los argentinos seguimos sin percibirlas. Hace mucho tiempo sostuve que, cuando la crisis internacional terminara, el hambre global sería mayor que antes de que el cataclismo financiero se produjera. Forzando la hipótesis, predije que, entonces, algún grupo de científicos y políticos -reunidos en Naciones Unidas, en FAO o bajo cualquier otra sigla internacional- se pondrían a buscar, con un mapamundi en las manos, dónde obtener más alimentos para impedir una revolución de desarrapados.
En algún momento, alguno de ellos señalaría nuestro territorio y preguntaría en voz alta de qué se trataba. La obvia respuesta hablaría de nuestra capacidad para dar de comer a quinientos millones de personas, y de la actual producción, que sólo puede alimentar a cien millones. La siguiente requisitoria se dirigiría a averiguar quiénes manejan nuestro país y la triste, pero segura contestación sería ¡cuarenta millones de idiotas! Así, el final estaría cantado: el mundo vendría a ocuparse de nosotros, y nos expulsaría o nos pagaría para que nos fuéramos, siempre y cuando nos distribuyéramos por todo el planeta, pues una gran concentración de idiotas sería capaz de destruir a cualquier otro país.
Como ha sucedido con muchos otros a lo largo de la historia, estamos al borde de transformarnos en un estado fallido.
Para corroborar estos negativos asertos, basta con pensar qué hacemos los argentinos con la educación, con la salud, con el agua, con el petróleo, con el gas, con los minerales, con nuestras industrias y con nuestro suelo. Disponemos de todo lo necesario -al menos, en esta coyuntura internacional- para reconvertirnos en una nación próspera, capaz de alimentar, educar y curar a todos sus habitantes, permitiendo que éstos accedan, por la vía del ingreso, a una mucha mejor existencia.
Sin embargo, somos casi el único país de la Tierra que se ha desbarrancado, que se ha hundido en la más profunda depresión; que, de ser el luminoso faro que guiaba a toda Latinoamérica, se ha transformado en el hazmerreír general. La culpa es, exclusivamente, nuestra; no hubo, en esa caída, ni intereses sinárquicos ni malas intenciones extranjeras, tal vez porque no fueron necesarios.
En otro orden de cosas, y con anticipadas disculpas por la digresión, me merece una reflexión aparte el marcado incremento en la fuga de divisas que nuestra economía sufre actualmente. Es cierto que toda época pre-electoral produce ese fenómeno, pero los números que trascienden llaman la atención, sobre todo porque, en general, las encuestas pronostican el triunfo de doña Cristina.
Los industriales locales, entonces, deberían estar más que satisfechos, porque seguirán contando con las imbéciles políticas oficiales de “vivir con lo nuestro” y, así, seguirán gozando del solcito gubernamental, ése que tanto calienta, salvo -ahora- al grupo Clarín, por supuesto. Todos ellos, aún quienes aparecieron en su momento como más resistentes a las presiones de la Anses y sus directores a dedo, hoy parecen estar encantados con la viuda de Kirchner.
Pese a ello, las divisas se van y, naturalmente, no se reinvierten. Es que son industriales argentinos y, como tales, privilegian el corto plazo, pero no “comen vidrio”.
Pero me hago otra pregunta, con respuesta aún más incierta: ¿no será que quienes están trasladando sus ahorros al exterior, para resguardarlos de futuros “juicios de residencia”, son los propios miembros del entorno presidencial? Porque, si es así, estarían compartiendo mi seguridad del inminente fin del “cristinismo”.
Las empresas de medición de opinión pública, las encuestadoras, están sufriendo -y pagando con su prestigio por ello- un nuevo mal de nuestra sociedad: nadie contesta la verdad. Ignoro la razón por la que lo hacen, pero muchos, casi todos, a la hora de responder las preguntas, mienten.
Basta pensar en la imperiosa necesidad que tiene el oficialismo de contar con un muy fuerte caudal de votos en el Conurbano para sobrevivir a la lista de catástrofes sufridas en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, y las que seguramente soportará en La Pampa y en Mendoza.
Es decir, necesita que los famosos “barones”, verdaderos jefes territoriales, manden a sus votantes a expresarse por doña Cristina, a sabiendas que así pondrán en riesgo su poder en los concejos deliberantes municipales. Ya pasaron por esa experiencia en 2007 cuando, por la vía de las listas “colectoras”, perdieron escaños y, con ello, vieron peligrar -a alguno le llegó a costar el puesto- su cargo, su libertad y su fortuna. ¿Por qué lo harán, entonces? ¿Alguien puede creer en que padezcan de vocación suicida?
Por lo demás, ¿bastará con el anuncio de un aumento automático y previsto por la ley para convencer a los jubilados de aportar su voto al FpV? ¿Les resultará fácil a éstos olvidar el veto al 82% móvil, mientras contemplan el despilfarro de los fondos de la Anses?
En fin, faltan sólo seis días para las P.A.S.O., y el lunes 15 los argentinos nos enteraremos, esta vez de verdad, dónde estamos parados de cara a las elecciones del 23 de octubre. Será entonces que sabremos si tenemos futuro como país o estamos condenados a la desaparición como tal.
Espero que Tato Bores no haya tenido una premonición cuando se disfrazó de explorador alemán del año 2049 y, ante un mapa de América del Sur en el cual nuestro país estaba pintado del color del mar, se preguntó si la Argentina alguna vez había existido.
Bonafini, Carlotto, Schoklender y Zaffaroni: una incansable producción de falacias
La lógica oficial es una permanente productora de“relatos épicos”, donde se mezclan actos de corrupción desenfrenada, persecuciones ideológicas y faltas éticas y morales, todas ellas concatenadas por el hilo conductor de un pensamiento que corre tras el poder, y donde todas las variables son aceptadas como necesidades de esa construcción. El uso perverso de los DDHH, tras lo que esconden actos de corrupción o de persecuciones de aquellos a los que eligen como sus enemigos cuentan, cuando no son de “sus amigos” o colaboradores. El caso Zaffaroni es un ejemplo perverso de esta lógica.
Las denuncias acerca del robo de los dineros públicos a través de la Misión Sueños Compartidos de Schoklender y Bonafini -y que involucran directamente a las Madres de Plaza de Mayo- no fueron respondidas sino “interpretadas”, la caída de las falaces denuncias de la apropiación de los hijos de Herrera de Noble tampoco produjeron ningún tipo de retractación o de pedido de disculpas sino que también produjeron una “interpretación”, tanto de la Presidente como de Estela de Carlotto -quien llegó a desear que igualmente “fueran hijos de desaparecidos”-, ahora las denuncias sobre el patrimonio del juez de la Corte Suprema tampoco produjeron una respuesta-satisfactoria o no, eso no importa- sino que nuevamente produjo una“interpretación”.
El perverso uso de los DDHH para tapar actos de grosera corrupción se transformó en la interpretación oficial “de un formidable intento de vulnerar la política de derechos humanos y, con ella, arrasar un pilar de la cosmogonía del gobierno”; este sencillo y ramplón relato o interpretación maniquea pretendía imponer que si la Fundación Madres ha sido un bastión de los DDHH y éstos son un bastión del gobierno, quien ataque a la Fundación de las Madres ataca al gobierno, obviando que la cuestión era auditar los contratos, explicar por qué el gobierno tercerizaba sus obligaciones, indagar sobre los precios pagados, verificar si se cumplía o si se mentía tanto en los presupuestos, como en las ejecuciones de las obras, y aún si los precios pagados tenían relación con las ofertas de las demás empresas.
La transitividad del “relato”, distorsionaba hasta el grotesco, transformaba el delito en una “causa épica”, en una verdadera“bandera”, el denunciante del ilícito se transformaba por la interpretación en un verdadero emisario de la oscuridad y de las fuerzas reaccionarias del gorilaje y la derecha fascista y debía responder ante la sociedad y la historia por sus ocultas intenciones. Esta “interpretación” también apela al “respeto”que merece la lucha de éstas por los derechos humanos, mezclando corrupción con la “estatura moral” para dudar de ellas, una “verdadera atrocidad” si no fuera que esconde un gigantesco negociado, tal como el de Skanska, la valija de Antonini, la causa de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez y la causa de los medicamentos adulterados y truchos.
La historia de las Madres las pone a salvo de cualquier reproche, y las coloca -según esta interpretación oficialista- por encima del resto de los ciudadanos y mucho más allá de la misma ley. Este mismo mecanismo perverso se utilizó en el caso de las denuncias falaces del caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, o en el del “relato” de Papel Prensa, donde se mancilló arteramente por prejuzgamiento falaz el buen nombre de Ernestina Herrera, y se trató como victimarios a las propias víctimas con la contumaz colaboración de la Presidente y de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, aplicándose en éste caso el mismo mecanismo de anteponer el “respeto” que merece la lucha de las abuelas por la recuperación de los nietos e hijos de desaparecidos, mezclando extorsión y persecución con la “estatura moral” para dudar de ellas.
El mismo mecanismo se ha puesto en marcha para “blindar”al juez Zaffaroni, complicado muy seriamente por las revelaciones de la ONG “La Alameda” dedicada a la lucha contra la trata de personas, sobre la propiedad de éste juez de la Suprema Corte de Justicia de seis unidades de departamento donde se ejercía y practicaba la prostitución y, posiblemente, el proxenetismo y la explotación de mujeres. Si Zaffaroni es miembro de la Corte Suprema, y ésta ha sido designada por éste Gobierno aquellas informaciones que“comprometen” su figura o su conducta, apuntan -según el relato y la interpretación- en última instancia a desprestigiar al cuerpo (la Corte Suprema) y a esmerilar al PEN.
Ni en las anteriores oportunidades, ni en ésta como se ve, está en juego la verdad, apenas un dato muy menor en la trama conspirativa, un simple ariete en la operación acoso y derribo, un pretexto para la demolición; el juez primero desestimó la importancia ética y dio una respuesta desaprensiva, más propia de un oligarca o aristócrata, que de un verdadero hombre de la democracia, “no tengo tiempo para administrar esas propiedades y como no soy una persona ávida de dinero -cobraba $25 mil por departamento-, ni mucho menos, prefiero pagar y que eso lo haga otro”, obviando que ese “otro”encargado de la relación entre el juez y la inmobiliaria es Ricardo Montivero, un hombre de su más absoluta confianza y cercanía, y con quien comparte hasta el domicilio. El dinero, ese del que él no es ávido, se reproduce sin esfuerzo, siendo casi un don.
Este juez, es el mismo que denunciara Rodolfo Terragno en 2003 al presentarse el pliego en la Cámara de Senadores por “haber sido un juez de la Dictadura que juró por el Estatuto del Proceso Militar”, esa Junta Militar sediciosa que asaltara el poder tras deponer al gobierno democrático de María Estela Martínez viuda del General Perón, y que fuera la generadora del genocidio que las Madres como las Abuelas tanto persiguen, defenestran y critican, y a la que esta Presidente permanentemente acusa por la violación de los derechos humanos. “Si bien no había dudas del buen nombre, honor e idoneidad de Zaffaroni; sí existían numerosas objeciones por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. La biografía de Zaffaroni mostraba una peligrosa inestabilidad porque había sido connivente o funcional a un régimen inconstitucional” explicaba el ex Senador Nacional.
“Zaffaroni fue nombrado juez nacional por Jorge Rafael Videla y al asumir el cargo juró por el Estatuto del Proceso que confirió el poder político a la Junta Militar, declaró caducos todos los mandatos populares y removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia… en 1980 Zaffaroni publicó un libro -explica Terragno en su alegato contra el nombramiento propuesto por Néstor y defendido enfáticamente por Cristina- sobre derecho penal militar, supervisado por Laureano Álvarez Estrada (primer Subsecretario de Justicia de Videla) y Ramón León Francisco Morel, ambos auditores del Ejército… Zaffaroni defendió circunstancias indefendibles como: derecho penal militar de excepción, circunstancias especiales, necesidad terribilísima, legislación por bandos, excepcional necesidad de dar muerte al delincuente y usurpar justificadamente la función pública” termina explicando Terragno.
Fueron las mismas Madres comandadas por Hebe de Bonafini, y hoy aliadas extremas de éste gobierno quienes presentaron una “denuncia criminal” contra 437 jueces del Proceso, en cuya lista figura el actual juez de la Corte Raúl Zaffaroni como acusado de ser partícipe necesario en los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, y menores, entre otros. Es por éste motivo que la actual victimización a la que recurre tanto el juez, como el gobierno para defenderlo, carecen de total sustento, pues el objeto de la denuncia de La Alameda ahora, o la de Terragno en 2003 no era“desestabilizarlo” emocionalmente, y mucho menos conforman un complot contra él o el gobierno que lo nombró en esa posición.
A ninguno de ellos les molesta que sea él quien concurre, ahora, a foros internacionales para explicar que hay un organismo que afecta nuestra soberanía, ni que se meta en la cuestión del paco, ni que procese a los traficantes, no son precisamente ni sus fallos, ni sus batallas las que producen malestar; lo que perturba es que un integrante del Supremo Tribunal sea titular de departamentos donde se practica la prostitución, y que al ser denunciado por los vecinos y consorcistas, éstas denuncias hayan sido desestimadas por la autoridad competente, tan simple como eso. También molesta que habiendo sido juez nombrado por el Proceso de la dictadura genocida hoy integre el máximo organismo de justicia impulsado por quienes dicen“representar las banderas de la lucha por los derechos humanos”, y además molesta que este mismo funcionario de la Justicia tenga cuentas en paraísos fiscales, o en el exterior y no pague los impuestos correspondientes, alegando que “se olvidó de declararlas”, cuando la realidad indica que fue -en uno de los casos- el propio banco el que le exigió el cierre de la misma por tratarse de una “personalidad pública expuesta”.
Es el mayor exponente e ideólogo del cristinismo más abyecto, quien a contrapelo del más burdo sentido común realizó una interesante distinción entre la “realidad” y la “apariencia”, llegando a aventurar que Zaffaroni, un teórico brillante y “garantista”, una lúcida expresión del pensamiento liberal y al mismo tiempo, un ex juez de sentencia y ex titular de derecho penal en la UCALP durante la dictadura “no es acusado por lo que es sino por lo que representa” CELS y Verbitsky. Para completarla Horacio González -el mismísimo director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta- advirtió que “tanto las tempestades desatadas sobre las Madres de Plaza de Mayo como el oleaje que en estos días golpea a Eugenio Raúl Zaffaroni tienen como fin destruir el núcleo ético del kirchnerismo”.
Como antes lo hicieran con De Vido en el caso Skanska, o con Jaime en el caso de la corrupción en la Secretaría de Transporte, o con Néstor y Cristina en el caso del financiamiento espurio de la campaña de 2007 a través de aportes de los implicados en el triple crimen de General Rodríguez, la efedrina y la mafia de los medicamentos, o en el reciente de Schoklender y Bonafini, y también en el caso de la persecución de los chicos Noble Herrera, en éste caso del juez Zaffaroni el gobierno no propiciará ni apresurará ninguna decisión, aunque sabe y sepa que estos episodios tienen un efecto demoledor sobre su propio discurso y “relato épico”.
Lo único que hará, es renunciar a depositar en él y en“su prestigio profesional” la misión de impulsar el proyecto de modificación constitucional que habilite la posibilidad de un tercer mandato para CFK en caso de lograr superar el escollo, hoy ya muy importante, de las elecciones presidenciales de Octubre. A diferencia de otras personalidades verdaderamente éticas, nuestros funcionarios no están persuadidos de que después de los escándalos que los ponen en evidencia, y que minan la confianza en las instituciones de la república y del Estado, deben saber dar las explicaciones adecuadas y tras ellas dar el correspondiente paso al costado, simplemente porque su “honor” y la “seguridad del Estado” están por sobre las personas. Primero la Patria, luego el Movimiento y por último los Hombres nos enseñara el General Perón, ese estadista tan ocultado y tan ausente por este gobierno.
Al igual que con las Madres y las Abuelas, el caso del juez de la Corte Suprema ha generado una actitud excesivamente cautelosa por parte de la oposición y los mismos medios masivos de comunicación, esta prudencia suena a prescindencia y a estar detrás de los acontecimientos. La idea de la batalla por la transparencia no debe quedar en un simple eslogan que se saca a la luz cuando soplan vientos de campaña, sino que debe ser una actitud permanente y cotidiana si pretendemos una patria con justicia social, independencia económica y soberanía política, todo ello asentado en una verdadera cultura nacional, regida por la ética y la moral
BOSSIO SE REÚNE CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ante la ley no somos todos iguales
Los voceros bien pagos de los medios de comunicación anuncian con bombos y platillos una reunión que se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia entre sus miembros y el Director de la ANSeS, Diego Bossio.
Ahora bien, cualquier ciudadano honesto se preguntaría ¿Desde cuándo los Jueces reciben en audiencia a los que no cumplen con la Ley? Los Jubilados ven violados sus Derechos constitucionales desde hace más de 20 años y ya pasó más de 1 año en que solicitaron una audiencia con el Supremo Tribunal y aún no se les ha contestado, lo que demuestra a las claras la poca importancia que se le da al ciudadano común ante la violación de sus Derechos constitucionales, inclusive amparados por los Pactos Internacionales suscriptos por Argentina oportunamente, que según opinión del Presidente de la Suprema Corte, en lo inherente a los Derechos Humanos, gozan de jerarquía supra constitucional.
Cabe preguntarse, ¿la Corte Suprema de Justicia ignora las reiteradas violaciones constitucionales al Art. 14 Bis de la C.N. en perjuicio de cientos de miles de ciudadanos, a pesar de los diferentes fallos del Supremo Tribunal en contra de la ANSeS y a favor del Jubilado? Tampoco es desconocida por la Corte la desobediencia de ANSeS ante los fallos de la Justicia obligando al Jubilado a iniciar juicios de ejecución a pesar de la avanzada edad y los problemas de salud que la mayoría de los ancianos padecen.
Si como sostiene el Dr. Lorenzetti (Pte. de la Corte), los Pactos internacionales suscriptos por Argentina tienen jerarquía supra constitucional en cuando a Derechos Humanos se trata, ¿Cómo es posible la violación reiterada de diferentes artículos de los mismos por parte del Organismo que el señor Bossio representa y concurrirá a explicar lo inexplicable?, que un Organismo del Estado puede violar los derechos constitucionales de los ciudadanos cuantas veces quiera, como así también burlarse de los fallos de la Justicia, pisotear los Pactos Internacionales que protegen Derechos Humanos, con violentas transgresiones contra las personas mayores, todas ellas implementadas desde el Directorio de la ANSeS, organismo que tiene el cinismo a través de su Director de solicitar audiencia para explicar la reiterada violación de la Carta Magna, como si violar la Ley se arreglara con una explicación y no con una reparación.
¿Cómo explicará el Sr. Bossio que desde el 19 de enero de 2001 en que fue denunciada la ANSeS ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos que hasta el día de hoy, a pesar del acuerdo suscripto ante dicha Comisión y obligándose por parte del Estado se sigan violando los Art. 1 (1), 8 (1), 21, 24, 25 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como así también los Art. 16, 35, 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y algunos cuantos más de otros Pactos que no figuran en el Acuerdo, todos reconocidos por el Estado argentino con jerarquía constitucional incumplidos por quien quiere o pretende explicar lo que coherentemente, desde el punto de vista jurídico, no tiene explicación?
Podrá este señor justificar haber violado en reiteradas oportunidades el Art. 8 de la Ley 26.425 que en lo pertinente reza: “la totalidad de los recursos (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino”. Y todos sabemos que los beneficios se deben pagar como lo marca la Constitución Nacional y los fallos (Badaro, Sánchez, etc. etc.) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que es el tribunal de garantías y último intérprete de la C.N. y no distrayendo esos fondos en “fútbol para todos”, “notebook para todos” y otros menesteres “para todos” menos para quienes deberían recibirlos, los Jubilados. Explicará también el Sr. Bossio la gran cantidad de jóvenes pertenecientes a una organización política llamada “La Cámpora” -denunciados públicamente-, a los cuales se los contrata con sueldos exorbitantes para que practiquen actividades políticas y candidatearse para diferentes cargos sin cumplir función alguna dentro del organismo; y TODO con los fondos de los Jubilados!!!
Ahora cabe preguntarse si después de esta “reunión”¿Qué?..., volveremos a lo mismo, a las excusas, que no hay dinero, que quiebra, que default, que no se puede, etc. etc. etc…; hace ya más de 20 años que escuchamos lo mismo y lo peor es que los ancianos se mueren, sin Justicia y sin sus Derechos Humanos respetados.
El Supremo Tribunal ¿podrá seguir escuchando las falacias y mentiras de quien vive burlándose de la Ley jugando con el bienestar y dignidad de las personas? ¿Dejará seguir sacrificando la C.N. por parte de quienes desobedecen la Ley? ¿La Corte Suprema seguirá siendo tan tibia ante tanto despliegue de abuso e impunidad?; sólo lo sabrá el Alto Tribunal.
Después de esa reunión se juega el SER o NO SER de la Justicia; si todo sigue igual y el Tribunal Superior lo permite será cómplice necesario, a pesar de sus fallos, de violación reiterada de lo que ellos juraron respetar y hacer respetar….LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, o si la Corte cumple con su juramento y a través de una acción de clase, soluciona lo que el perjuro Poder Ejecutivo vetó prefiriendo seguir gobernando, violando la C.N. y los Pactos internacionales suscriptos por la Nación a pesar de su reconocida retórica sobre Derechos Humanos.
El Art. 93 C.N., al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestaron juramento ante el Congreso reunido“prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.
La pregunta final es ¿por qué el Poder Ejecutivo permite que a millones de ciudadanos les sean violados sus Derechos constitucionales y la Ley que el Congreso de la Nación a sugerencia del Supremo Tribunal de Justicia y en cumplimiento del Art. 75 inc. 23 de la C.N. aprobara para ordenar la irregular situación, es vetada por quien jurara observar y hacer observar la C.N.? En evidente que en el caso de los Jubilados y Pensionados argentinos no se cumple.
La Corte Suprema de Justicia tiene LA ULTIMA PALABRA, o asume su independencia y cumple con su deber y juramento ó terminamos en manos de una DICTADURA ELECTORAL.
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