miércoles, 28 de septiembre de 2011

ESCUDO NORTE / IRREAL PROYECTO

Radares contra narcos, una farsa
El pasado 21 de julio no fue un día más para el narcotráfico que opera en la Argentina. Probablemente habrá sido un día que transcurrió entre la perplejidad y la risa. Es que en esa fecha se publicó, en el boletín oficial, la implementación del llamado Operativo Escudo Norte. Por sus fundamentos, los narcotraficantes no deben tener duda de lo que se trata en realidad el tema: un pomposo e irreal proyecto escondido detrás de una frase grandilocuente, “incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste”.
El ingeniero aeronáutico Ricardo Runza, ex asesor del ministerio de Defensa, asegura: “Para mí es una burla. Es un plan irrealista que esconde negociados. Es un programa que le miente a la sociedad, con poco rigor técnico y que esconde un operativo de corrupción fenomenal, una vez más, como ocurre en los últimos 20 años”.
“Esto es una estafa -prosigue-. Un negocio de 500 millones de pesos. Ese radar que dicen haber puesto en Santiago del Estero ha sido financiado por De Vido, con un pago anticipado. Esto significó la anulación de una licitación internacional de manera injustificada”.
En realidad, hace años que se anunció un plan de radarización para ejercer un efectivo control del espacio aéreo y de nuestras fronteras, pero nada efectivo se hizo hasta ahora, por lo que los observadores del tema son implacables e insisten en la idea de un acto de corrupción que, en este caso, salpicaría a los ministros De Vido, Garré y Puricelli y a la propia presidenta de la Nación.
Los disparates se suceden, unos a otros, como producto de la incapacidad y carencia de idoneidad profesional puestas de manifiesto por el enjambre de asesores que revolotean por los despachos oficiales efectuando propuestas tan absurdas como impracticables.
Un caso increíble es el de la utilización, en el programa de seguridad, de los viejos aviones Pucará, que deberán interceptar a los rapidísimos aviones narcos, si es que de milagro se detecta alguno. Esta intercepción (¿o será una escolta?) cesará en el momento en que los narcotraficantes decidan perder de vista a nuestras aeronaves, doblemente expuestas al escarnio de no poder competir tecnológicamente y también por no poder derribar a la aeronave que viole nuestro espacio aéreo. En su oportunidad el propio Puricelli calificó de absurda la posibilidad de dictar una “Ley de derribos”, como la que tiene Brasil, entre otros países.
Pero no todo termina con los Pucarás. El sistema supone también la colocación de radares terrestres de poco alcance para “atrapar” a las modernas aeronaves del narco que vuelan a muy baja altura, pero a una velocidad que torna ineficaz cualquier detección por parte de radares terrestres como los que se van a utilizar.
Es que a los radares hoy presentes, que operan pocas horas por día y con limitaciones, se sumarán radares RASIT, del Ejército Argentino. Estos fueron comprados en la década del '80 y modernizados en el país hace pocos años, aunque con un detalle nada menor: son radares para la detección de blancos terrestres, de corta distancia (no más de 30 kilómetros) y que sólo detectan vuelos a escasa velocidad.
Es claro que los narcos utilizan aviones que puede desarrollar una velocidad de crucero de unos 250 km/h, y que, entonces, esos 30 kilómetros de alcance se convierten en menos de 7 minutos entre el momento de la detección y su desaparición de las pantallas.
La pregunta es, pues, obvia: ¿resulta posible creer que la información oficial sirva para algo en concreto, si el decreto publicado el 21 de julio en el Boletín Oficial nada dice de la coordinación de las Fuerzas de Seguridad con los Jueces Federales (que deben ordenar la intervención), siendo que esos jueces hoy deben pedirle al gobierno nacional que autorice a la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal a que actúen?
Más allá de que el Ejército no cuenta con la suficiente cantidad de radaristas, sus radares pertenecen a las unidades de inteligencia de esa fuerza armada y, paradójicamente, la actuación de tropas de inteligencia está expresamente vedada por la Ley de Seguridad Interior, salvo que estuvieran encuadradas en las previsiones de los artículos 31 y 32 de dicha ley, lo cual requeriría la previa declaración del Estado de Sitio por parte de la Presidente. Agravando aún más las contradicciones con las leyes en vigencia, y debido a que desde la gestión de Presidente Kirchner se decidió que los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad estuvieran entre los más bajos de toda la Administración Pública Nacional, los militares y gendarmes que participen en Escudo Norte serán retribuidos con viáticos que corresponden a lo establecido en el último convenio colectivo de trabajo, con lo cual se dará la paradoja de que un soldado que sea parte del mencionado operativo, en Salta o Jujuy, percibirá un 640% más que aquel que hoy ayuda a las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Puyehue en la Patagonia ($192 los primeros contra $30 los últimos), configurando una situación absurda y discriminatoria.
En síntesis: ¿qué es en realidad el Operativo Escudo Norte? Un sistema que se compone de radares adquiridos a precios muy por encima de la oferta de mercado, sin intervención del Congreso Nacional y con un alcance eficaz 50% menor al necesario; en un número insuficiente que deja desguarnecido el 50% del territorio que se pretende controlar, y complementados con otros obsoletos y con capacidad para operar diariamente no más de tres horas, o con equipos absolutamente inapropiados para la vigilancia aérea.
Es decir, el Escudo Norte representa una estafa si se lo compara con un país como Brasil que ya tiene desplegados más de 150 radares nuevos en sus fronteras, que posee una Ley de Derribos, y aviones en condiciones de ejecutarla y está próximo a iniciar la cobertura satelital de esas zonas para poder tener razonables posibilidades de éxito de combatir el narcotráfico

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