jueves, 8 de septiembre de 2011

UNA ESTRATEGIA PARA EVITAR OTRA VEZ LA POLARIZACIÓN

Ocultar sus planes, la mejor arma de CFK para octubre
En la dirigencia política opositora hay consenso acerca de que, después de ganar el 23 de octubre, CFK pondrá en marcha la profundización del modelo. En la práctica, esto podría significar la estatización del comercio exterior, una intervención cada vez mayor del Estado en el mercado cambiario, la sanción de la ley de identidad de género, el rediseño del mercado mediático a través de la aplicación de la ley de medios y, tal vez, hasta la ley de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En el campo de los derechos humanos, trascendió que el CELS y otras entidades están trabajando en una nueva ola de juicios por delitos de lesa humanidad. La misma giraría en torno al procesamiento de los civiles, ex funcionarios, empresarios y comunicadores ligados al último proceso militar, los que serían acusados por su supuesta complicidad con las cúpulas militares de esa época. Este proyecto tendría la ventaja extra de servir para presionar a varios grupos empresarios además de Papel Prensa, por ejemplo.
Inteligentemente, el gobierno evita mostrar indicios claros de cómo funcionará la profundización del modelo, para no exacerbar los temores de un amplio sector de la clase media, que hoy oscila entre votar a CFK y comprar dólares por las dudas. El ocultamiento de las verdaderas intenciones oficiales pasó a ser así la pieza maestra de la comunicación oficial. La presidente habla diariamente por televisión, sólo para dar buenas noticias y anunciar grandes proyectos, pero eludiendo los temas más conflictivos.
El discurso presidencial ha sido depurado al máximo de elementos ideológicos, que son revulsivos, y ya no hay menciones a los ‘70 y la lucha revolucionaria. También -escándalo Schoklender de por medio- Cristina redujo al mínimo las evocaciones a la épica de los derechos humanos. El eje del mensaje es la gestión y la fortaleza de la economía más allá de lo que ocurra en el mundo y hasta en la región.
Un claro objetivo
Ante esta estrategia de campaña basada en la negación de la política, los candidatos opositores no encuentran el modo de reposicionarse. Hasta ahora, ninguno se atreve a plantear la insustentabilidad del modelo destacando las señales de alarma, como la presión alcista del dólar y el aumento de la fuga de capitales. Daría la impresión de que Ricardo Alfonsín, Hermes Binner y Alberto Rodríguez Saá temen que predecir el fin del alto consumo y la soja con precios record pueda provocar más rechazo que aceptación en una sociedad reacia a admitir los riesgos del modelo. Como excepción, Eduardo Duhalde apunta a intentar la polarización con CFK, aunque todavía no rearmó su estrategia de campaña. Los especialistas en campañas electorales coinciden en que, en estas circunstancias, la polarización el 23 de octubre es casi imposible. En su libro Manual de Comunicación Política, Crespo, Garrido, Carletta y Riorda señalan: “Cuando las encuestas son claramente positivas para un candidato, difícilmente se produzca una coordinación electoral entre los votantes para evitar su triunfo, pues las escasas expectativas de voto de los demás candidatos no inducen al voto estratégico”. En el actual cuadro, la posibilidad de una segunda vuelta es remota. Pero si alguno de los presidenciables opositores consiguiera trepar hasta el 20 por ciento, a su alrededor podría construirse un nuevo esquema alternativo al kirchnerismo, con perspectivas de crecer rápidamente si las señales de alarma de la economía se convierten en dificultades mayores.
Esto sería hoy por hoy lo que está en juego el 23 de octubre. Con su inmovilidad y su perfil cuidadosamente no agresivo, el gobierno da poco tema para sus críticos. Su objetivo sería que no se altere el actual statu quo opositor, que le resulta ideal. Esto es, cuatro candidatos opositores que están entre 8 y 12 puntos en un empate técnico. Si ésta termina siendo la distribución de votos en octubre, no sólo CFK tendría un cómodo triunfo, sino que la oposición entraría en una etapa de atomización con final abierto, porque podrían estallar internas de alto voltaje.

LA CIÉNAGA

LA CIÉNAGA
Después de la descomunal demostración de ineptitud de todas las fuerzas de seguridad en la búsqueda de la tristemente célebre familia POMAR, la desmaterialización del helicóptero comandado por un experto piloto y tantas otras muestras de falta de capacidad y profesionalismo en la prevención e investigación criminal, el caso CANDELA constituirá sólo un eslabón más en la interminable cadena de desaciertos de los ministerios de seguridad nacional y bonaerense.
La gran diferencia es que en el caso CANDELA se mezclan siniestros personajes marginales que actuaran al amparo de funcionarios corruptos, lo cual conllevará incertidumbre e impunidad, por lo menos en la identificación de los verdaderos responsables, mediatos e inmediatos.
La degradación ética y moral que viene creciendo desde mayo de 2003, al amparo del kirchnerismo cleptómano, muestra ahora su cara más perversa poniendo en evidencia el descontrol familiar que arrastrara al fango y la desaparición a una inocente niña de apenas 11 años.
El uso político que aviesamente se le dio al tema CANDELA, con especial audiencia en la Casa de Gobierno a una lumpen de dudosa catadura por parte de nuestra botóxica presidente, prueba una vez más abyecta hipocresía en procura de votos que aseguren la reelección sin reparar en miramiento alguno.
Hoy, a la luz de las delicadas aristas que muestra este lamentable suceso, muchos asesores de imagen deben estar lamentándose de tanta torpeza y ligereza.
La nueva cortina de humo del caso CANDELA oculta la debilidad de nuestra economía y neutraliza el escándalo de la ilegítima apropiación de fondos públicos en la fundación MADRES DE PLAZA DE MAYO, desdibujando al mismo tiempo los tímidos reclamos de la oposición por el ostensible fraude electoral en los comicios del 14 de agosto pasado.
Mientras esto acontece, para la tribuna, se muestra un mundo idílico con aumentos de asignaciones clientelares, pretendiendo ignorar la fuga de capitales, el deterioro del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, la escasez de combustibles y el inexorable crecimiento de la pobreza.
Ocho y medio años de sostenido robo de fondos públicos y destrucción de la calidad institucional, han convertido a nuestro país en una verdadera ciénaga para los ciudadanos de a pie que no compartimos el festín oficial y ni siquiera podemos alcanzar una ramita que nos permita detener tan abismal caída.
Eso sí, para satisfacer el hambre de Justicia, con velocidad extrema ya aparecieron varios “responsables” por el crimen de CANDELA, con resultados de análisis de ADN en tiempo récord incluidos. Como sociedad ansiamos se esclarezca el crimen y paguen los verdaderos culpables, no los PÉREZ GILES que se están amontonando.

Desaparecidos e indemnizaciones

Desaparecidos e indemnizaciones

Otra vez sale a la luz el escándalo consistente en premiar o indemnizar (vía Estado) a guerrilleros que murieron en combate o directamente fueron asesinados por “juicios revolucionarios” efectuados por las propias organizaciones terroristas a las que estos pertenecían en los años ‘70.
Algunas solitarias plumas alzan la protesta ante este despropósito, pero sin embargo ninguna dice nada respecto a las indemnizaciones pagadas a los familiares de los desaparecidos, convalidando virtualmente este último tipo de desembolso. Pero desde La Prensa Popular preguntamos: indemnizar a los guerrilleros que no cayeron en combate pero que desaparecieron, ¿sí constituye un acto estatal encomiable acaso?
Según lo han confesado repetidas veces personalidades que van desde Mario Firmenich, Hebe de Bonafini, Martín Caparrón y hasta el Magistrado Gil Lavedra (interviniente en el Juicio acaecido en los años ‘80 contra la Junta Militar), salvo excepciones los desaparecidos era integrantes del ERP y Montoneros.
Asimismo, conforme el propio listado de la Secretaría de DDHH (en la versión del libro estatal “Nunca Más” publicado en el 2006 bajo supervisión de Eduardo Luis Duhalde y editado por Eudeba), sumando el período del gobierno peronista (1973/76) y el cívico militar (1976/83), durante la guerra antisubversiva hubo 7560 desaparecidos y 840 abatidos en combate.
Según datos documentados que como ensayista investigué y publiqué oportunamente en mi libro “La Mentira Oficial - el setentismo como política de Estado”, de este guarismo aproximadamente 5750 eran integrantes de Montoneros, 1980 eran del ERP y 700 integraban otras organizaciones delictivas de menor envergadura (FAP; FAL, OCPO, etc.).
Vale decir, salvo casos particulares o excepcionales, los desaparecidos en mayoría absoluta formaron parte de estructuras político-militares subversivas. Por ende eran delincuentes y así los tipificó el gobierno peronista de entonces, declarando terroristas a los miembros del ERP y Montoneros a través de los decretos 1454 y 2452 respectivamente.
Todo indica entonces que el grueso de los desaparecidos no fueron víctimas sino culpables: ¿esta culpabilidad justifica la metodología estatal consistente en detener al guerrillero, ejecutarlo y no dar dato alguno de su paradero? Mil veces no y a esa reprochable praxis contraterrorista (que se practicó tanto bajo el gobierno peronista como en el de facto) la repudiamos con toda energía.
Pero ojo: la condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente y mucho menos en “héroe” merecedor de indemnizaciones.