viernes, 30 de noviembre de 2012

Respuesta de un jubilado a las palabras de Cristina


"DE UN BUITRE A LA HIJA DE LA


 CARANCHA"


Sra. Caranchita: quien le contesta a sus groseras ofensas a millones de jubilados argentinos llamándolos buitres y caranchos es uno de los buitres y caranchos que anidamos desde hace 40 días en la Carpa de la Dignidad en Plaza Lavalle, reclamando a la Justicia la devolución de lo que su Gobierno nos roba.
Quiero informarle que a esos que Ud. llama buitres son personas que trabajaron toda su vida brindando con su esfuerzo y sacrificio grandeza a nuestra Patria.
Hay buitres y caranchos como nosotros, los que trabajamos y buitres y caranchos como Ud. y todos los que ayer la acompañaban, festejando sus disparatadas apreciaciones hacia jubilados y pensionados, a los cuales se los puede calificar de carroñeros VIP ya que pueden delinquir sin condenas, apretar magistrados, recusar a jueces inconvenientes para sus ruines designios y hasta enriquecerse escandalosamente en tiempo record, sin que esto sea investigado cuando en la Argentina cada día hay más pobreza.
Por supuesto, después de sus ofensas no nos queda otra, que expresarle que en la Argentina suya son de un ciudadano para gozar de un derecho constitucional debe iniciar un juicio, demuestra a la claras, su falta de respeto a los derechos constitucionales de los argentinos.
Si estos Jubilados a los cuales Ud. califico brutalmente, hacen juicio es porque Ud. y sus cómplices les roban lo que la Constitución les garantiza. También me gustaría recordarle, que todo lo que explico sobre cómo se manejan los fondos buitres, lo hace por su experiencia junto a su marido en Santa Cruz donde, circular 1050 mediante muchos pobres perdieron todo lo que tenían por el accionar de los Buitres.
Permítame agregarle, que más allá de su mensaje “patriotero” lleno de injurias para lo que hicimos la Patria trabajando Ud. obvió y condolerse por los muertos que ocasionaron la corrupción de sus ministros en el crimen de Once, donde 52 Argentinos perdieron la vida, sin embargo, la vimos casi lagrimear cuando habló sobre la nueva muerte de un Español que iban a desalojar de su vivienda, olvidándose de los miles de argentinos que mueren por la inseguridad y por la cual millones de argentinos marcharon el 8 N y a pesar de ese reclamo Ud. al otro día consideró que los hechos más importantes fueron el triunfo de Obama y el Congreso del partido comunista en China.
Y para terminar le sugiero que sincere su genealogía porque si nosotros somos buitres y caranchos, Usted tiene como madre una carancha VIP que logró en menos de 2 años que le actualizaran el haber y le pagaran el retroactivo; para que eso ocurra a nosotros los pobres Jubilados nos lleva de 12 a 20 años y muchos mueren sin poder cobrar y así que de carancha madre=caranchita hija. Por algo será que con una pensión graciable Ud. cobró en el año 2011 $420.000 por la muerte de su esposo ¿sabe en cuantos años un jubilados cobra ese dinero? En 18 años y ese dinero sale de la Anses.
Caranchos más Caranchos menos, ¿quiénes son por sus actitudes los caranchos y buitres?

Rubén GioanniniPresidente Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Rep. Arg.



7 D vale todo: el gobierno investigaría la vida privada de los jueces de la Corte


Algunos aspectos de la reciente resolución de la Corte Suprema sobre el caso Clarín sorprendieron en la Casa Rosada. Sobre todo, la exigencia de que el juez Horacio Alfonso dicte sentencia en un plazo perentorio, sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales.
La Corte indicó prácticamente que se trabaje a sol y sombra, hasta días feriados, para que se dicte el fallo en cuestión y terminar con la actual denegación de justicia.
Luego de devastar la Cámara Civil y Comercial Federal, el gobierno se acomodó a la idea de que no hubiera ningún fallo antes del 7D y de este modo poder actuar de oficio a partir del 10D. Esto es, notificar al Grupo Clarín de su incumplimiento a la obligación de adecuarse al artículo 16, convocando a renglón seguido a la licitación de varias de las licencias supuestamente en infracción. No se sabe si habrá o no intervención de empresas, pero al menos hasta ayer la balanza se inclinaba a favor de abandonar las medidas espectaculares y que causarían mayor irritación, como intentar que un juez avale un allanamiento a Cablevisión con la Gendarmería, episodio que, por otra parte, ya ocurrió en el pasado.

Sin límites

Lo que gustó al oficialismo es el otro pronunciamiento de la Corte considerando inadmisible que se extienda la medida cautelar que vence el 7D y que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161. En tanto no se dicte antes el fallo sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial tiene la última palabra sobre la cautelar y sobre las recusaciones a varios jueces de la misma. Esta sala se integró ahora con dos camaristas del fuero contencioso administrativo Marcelo Duffy y Jorge Moran, de los que probablemente se diga que integran la nómina de magistrados en los que influye el auditor general Javier Fernández. Pero la realidad es que estos dos jueces no tienen ningún contacto con quien hoy es el operador judicial principal del cristinismo. Fernández se las arregló recientemente para mantener la nominación para juez federal de Luis Rodríguez, soportando los ataques de Horacio Verbitsky. Siguiendo con el curso probable de los hechos, apenas Martín Sabbatella notifique al grupo Clarín de que comienza la transferencia de oficio de muchas de sus licencias, aquél interpondría un recurso de amparo planteando que al finalizar la cautelar recién comienza a correr el plazo de un año para la desinversión. Ésta es la solución jurídicamente correcta y que surge del mismo fallo de la Corte que le puso fecha de vencimiento a la cautelar el 7D.
Anteayer, seis de los siete jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial difundieron que iban a “poner en conocimiento” de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales. Pero la realidad es que habría presiones aún más graves que las que ya tomaron estado público. Ciertas operaciones clandestinas de inteligencia habrían avanzado sobre la vida privada de varios miembros de la Corte. El objetivo de las mismas, obviamente, sería condicionar el desempeño de los ministros y muy particularmente en el caso Clarín. En medios de inteligencia se conocieron ayer algunos detalles de estas incalificables investigaciones. Por ejemplo, habría informes sobre un supuesto hijo natural de un ministro del tribunal supremo y también sobre las relaciones de otro con una mujer que es alta funcionaria de la Corte. En su guerra contra Clarín, el oficialismo tendría aún menos escrúpulos que en el resto de sus operaciones. Para la presidente, se trataría sencillamente de la victoria o el comienzo del fin.