LA CÁMPORA LE GANÓ UNA PULSEADA A DE VIDO

CFK vs Moyano: Una guerra fría que conviene a ambos

CFK eligió ayer el cónclave de la UIA para reflotar su confrontación política con Hugo Moyano y ponerle punto final al proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, propiciado por éste. Para la presidente, reinstalar en el imaginario colectivo la polarización con el líder camionero puede tener varias ventajas. Para empezar, con su discurso de defensa ante el avance sindical, Cristina le presenta a la clase media la opción entre un ajuste racional liderado por ella o el desborde gremial con la consecuente espiralización de la inflación. Un miembro del entorno cristinista reconoció días atrás que “planteando la pelea contra el sindicalismo vamos a ganar siempre, porque Moyano está último en cualquier encuesta”. Y agregó: “Macri está copiando nuestra receta y se lanzó contra los docentes, porque sabe que en esa polarización él crece”.

Esta elección del enemigo (la decisión más importante de la política, según Carl Schmidt) también le sirve a CFK para desviar la atención pública de los dos factores más inquietantes de las últimas semanas: el incesante retiro de los depósitos en dólares y la evidencia de que el equipo económico hace agua y que sólo Guillermo Moreno, usando métodos del lejano Oeste, consigue ciertos resultados. La supuesta batalla contra Moyano sirve entonces también para cohesionar a las distintas tribus cristinistas a las que sólo une su actual cohabitación en el poder.

Un equilibrio conveniente

Coincidentemente, en esta especie de guerra fría, Moyano estaría obteniendo no menos réditos políticos que la presidente. Con su reciente ultimátum a la Casa Rosada acerca de la participación en las ganancias empresarias y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el jefe de la CGT reasumió plenamente la representación de todo el arco gremial. Como rúbrica, exigió una bonificación de 2500 pesos a fin de año para su gremio. Y, además, la inminencia de una ofensiva cristinista para ponerle un tope a los aumentos de salarios por debajo de la inflación estaría convenciendo a Luis Barrionuevo y a los gordos de que no es el momento más indicado para moverle el piso a Moyano, sobre todo cuando el tarifazo que se inicia reducirá la capacidad adquisitiva de los salarios y empujará la inflación.

Así las cosas, la guerra fría entre este último y CFK les asegura a ambos consolidar sus respectivas esferas de poder. Si, en cambio, ambos se abrazaran hoy firmando grandes coincidencias, correrían el riesgo de quedar descolocados. Los adversarios sindicales de Moyano dirían que éste se está entregando a la política de ajuste del gobierno. Y la presidente podría, por su parte, transmitir una imagen de debilidad al necesitar de un costoso apoyo gremial. Por último, este equilibrio tan conveniente para ambas partes incluye la existencia de amenazas recíprocas que probablemente jamás se concreten en los hechos. Sobre Moyano pende la espada de Damocles de la causa de la mafia de los medicamentos y la investigación suiza sobre sus cuentas en el exterior. Y Cristina está a tiro de una escalada de medidas de fuerza que podrían paralizar al país.

La Cámpora 1- De Vido 0

En la crisis autoprovocada de Aerolíneas Argentinas, ayer La Cámpora le ganó un combate nada menos que a Julio De Vido. Ayer, el Ministerio de Planificación comunicó que los criterios de rentabilidad mencionados ayer “sólo se aplicarán para la revisión de las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas, pero en ningún caso se utilizará esa lógica para los vuelos de cabotaje”. Es decir que De Vido se desdijo de su anterior anuncio sobre la anulación de rutas deficitarias en general. La razón habría sido que La Cámpora, a través de su vocero, el subgerente general de Aerolíneas Argentinas, Axel Kicillof, se opuso fuertemente a la reducción de las rutas, sobre todo las de cabotaje.

“No es nuestra vocación cerrar las rutas”, sostuvo, y agregó que “aunque Aerolíneas pierda (dinero), si trae turistas que pueden gastar mucha plata en Argentina y ganan otros sectores, bienvenida esa pérdida”.

El episodio sirvió como muestra de que la puja interna de poder en el gobierno sería en realidad bastante más intensa de lo que aparece en los medios.

El interés superior de los niños

El interés superior de los niños

En los últimos tiempos varios horrendos crímenes que tuvieron como víctimas a menores inocentes han sacudido espasmódicamente a la opinión pública y provocado la saturación de las redes sociales con comentarios llenos de indignación en los cuales no brilló por su ausencia el infaltable apoyo a la pena de muerte para los autores de tales iniquidades. Por cierto es una reacción legítima y justificada frente a hechos que desnudan la naturaleza bestial e insensible del ser humano, pero de nada sirve cuando las autoridades no toman nota de las consecuencias de la inseguridad reinante y prefieren concentrarse en otros menesteres alentados por votantes que la tienen al tope de sus preocupaciones pero apoyan a quienes ni siquiera la mencionan en su discurso electoral como si no fuera una realidad cotidiana.

Queda bien sacarse una foto con los familiares de las víctimas cuando el daño ya fue hecho y lanzar al aire encendidas proclamas justicieras para calmar a una opinión ciudadana en estado de alteración pero eso es sólo un recurso volátil y efímero que dura hasta que el próximo asesinato vuelva a las tapas de los medios.

Mientras tanto miles de niños desnutridos en toda la geografía del país que no aparece en los tabloides siguen sufriendo su calvario camino a ser adultos con graves falencias intelectuales a raíz del daño irreversible producido por la falta de una alimentación no ya adecuada, sino ni siquiera suficiente como lo ha denunciado recientemente la Iglesia, por supuesto, después de las elecciones, no vaya a ser que los kirchneristas lo tomen a mal y vuelvan a impulsar la odiosa idea de que el Estado deje de “sostener”el culto católico y sus privilegios.

Entretanto se suman convenciones internacionales, leyes y declaraciones sobre los derechos de los niños que no resultan ser sino una gran muestra de la hipocresía de Estados que como el nuestro se llenan la boca con los derechos humanos y el interés superior de los niños pero que a la hora de adoptar decisiones que respalden esos valores olvidan que detrás de tanto palabrerío hay vidas humanas que sufren miseria, dolor e injusticia.

La Argentina ha suscripto tratados que tienen como sujeto privilegiado al niño, e incluso ponen como regla suprema para resolver conflictos familiares “el interés superior del niño”, concepto éste que lejos de constituir un principio rector basado en el respeto a la salud emocional de los menores y al orden natural de las cosas ha resultado tan difuso que permite a los jueces subordinarlo a necesidades de política internacional bajo un profuso ropaje jurídico que mientras proclama atender a ese supuesto interés superior menoscaba a seres humanos indefensos so color del respeto a los compromisos internacionales contraídos por el país.

Los últimos fallos de la Corte Suprema referidos a la restitución de menores -que no salen en las tapas de los diarios- invariablemente siguen ese lineamiento sin importar los sentimientos de los niños, su estabilidad emocional-psicofísica ni el vínculo con su madre que pasan a segundo plano desplazados por la obligación del país de cumplir los pactos internacionales, que no se cumplen en varios otros órdenes.

El último caso es el de un padre peruano que reclama la vuelta de sus dos hijas, una de ellas con síndrome de Down al que la Corte le ha dado la razón ordenando el regreso de las niñas a pesar de que “no resulta ajeno a esta Corte Suprema que la menor T.L., que padece de Síndrome de Down y de una anomalía ano-rectal severa, se encuentra en la actualidad con el debido cuidado y seguimiento profesional e integrada al medio social en el que vive. Dicha adaptación, lograda a partir de la retención ilícita que este Tribunal considera configurada en el caso, así como las nuevas dificultades en su evolución que podría producir su traslado, no resultan óbice para la aplicación del Convenio de 1980, pues de las constancias de la causa surge acreditado que durante la estadía de T.L. en la República del Perú en el período 2006/2007, su padre F.R. se preocupó y ocupó de la salud y del desarrollo educativo de su hija, al brindarle la misma asistencia psicoterapéutica

O sea, no importa que la madre haya provisto todo lo necesario para el cuidado de la niña con Down, que las chicas se hayan integrado al medio social, ni importan lo que la Corte llama “nuevas dificultades en su evolución que podría producir su traslado” (o sea el tremendo daño emocional y psicofísico), lo que importa es la ilicitud de la retención y el cumplimiento del convenio suscripto por el país.

¿Éste es el interés superior de las niñas? ¿Qué la madre las pueda ver sólo de vez en cuando? ¿Que las vuelvan a desarraigar violentamente? ¿Que la Convención sobre los Derechos del Niño se apoya en la presunción de el bienestar del niño se alcanza volviendo al “statu quo” anterior al acto de desplazamiento o retención ilícitos? ¡Qué presunción tan estúpida! ¿Y el vínculo materno filial? ¿Y los sentimientos de los niños? No interesan, lo que interesa es que la “retención” es ilícita y la madre y los niños deben ser castigados con la separación. Dura lex sed lex. Excepto para la provincia de Santa Cruz donde el procurador Sosa todavía espera que se cumpla el adagio.

Porque eso sí, después de un profuso grupo de considerandos que parecen destinados a tender una cortina de humo sobre la brutalidad implícita en la resolución (¡se trata de una niña con Down a la que separan de la madre!) y rescatan una y otra vez el derecho a la salud de los niños, convenciones varias, la Guía de Buenas Prácticas etc. la sentencia de la Corte en realidad lo que hace es admitir el derecho del padre, del adulto, a ejercer la guarda, no proteger el meneado “interés superior del niño” ¡Que es permanecer con su madre!

Pero no, hay que separar a las niñas de la madre porque “el padre también está en condiciones de atender la salud de las niñas” y el país debe respetar las reglas internacionales aunque eso implique un acto inhumano y de una crueldad que recuerda prácticas propias de épocas que se suponían superadas por la civilización.

Quizás algún día podamos volver a hablar de “soberanía judicial” como tuvo la Argentina en otras fases de su historia, pero por ahora la digitalización del sistema judicial es más importante que revisar criterios para resolver en base a parámetros de humanidad en las decisiones sobre niños y no seguir declamando su “interés superior”.

SERÍAN FUNCIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL

El grupo de tareas de Moreno en la City

Por expresa delegación de la presidente, Guillermo Moreno obtuvo tres semanas atrás carta blanca para presionar a bancos, financieras, casas de cambio y operadores de la city y frenar así el alza del dólar paralelo. Pero la operación no se limitó al mercado del dólar sino también a las importaciones oficiales y la liquidación de exportaciones.

Esta estrategia significó un éxito transitorio que le habría valido al Secretario de Comercio las felicitaciones de CFK. Ahora, en fuentes del gobierno, trascendió que Moreno, para cumplir su misión, formó una fuerza especial de tareas. De la misma, curiosamente, no participaron funcionarios de la AFIP, de Economía y ni siquiera de la Secretaría de Comercio. Este grupo especial estaría integrado por funcionarios del Mercado Central, incondicionales de Moreno.

Las instrucciones de Éste fueron claras: “Van a aprender que conmigo no se jode. Dije que quiero el paralelo a $4,50 y va a estar a $ 4,50”.

Más poder que un juez

El grupo de tareas habría actuado entonces colocándose por encima del personal de la AFIP y coaccionando sin ningún disimulo a los empresarios. Cuando Moreno recibía llamadas de empresarios preocupados por las visitas que acababan de recibir, habría contestado con frases como ésta: “mi gente tiene más poder que un juez, que los del Banco Central o que los de la AFIP”.

Días atrás trascendieron los nombres de la mayoría de los miembros de la tropa de choque de Moreno. Éste es el listado:

1. Sergio Bello, DNI 18.108.584.

2. Julio César Benítez, DNI 18.765.022

3. José Luis Blanco, DNI 13.862.782

4. Hernán Brahim, DNI 22.504.958

5. Pablo Cerioli, DNI 14.758.726

6. Néstor Fabián Coronel, DNI 17.048.514

7. Guillermo Cosentino, DNI 14.229.355

8. Miguel Lissi, DNI 13.677.981

9. Francisco Marasco, DNI 11.989.455

10. Rodrigo Rabanaque, DNI 27.729.768

11. Fernando Scigliano, DNI 25.316.996

12. Rubén Zampino, DNI 14.346.014

13. Ricardo Fabián Lucero, DNI 16.037.557.

¿QUIÉN CONTROLA LAS FRONTERAS?

El 40% de la Gendarmería ya estaría en Capital y Gran Buenos Aires

Ayer el gobierno profundizó su estrategia -iniciada en febrero pasado- de introducir progresivamente a las fuerzas de seguridad en el control urbano.

Unos 700 gendarmes se sumarán al control de los accesos entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con el fin de detectar y prevenir delitos como robo de automotor, piratería del asfalto, narcotráfico y trata de personas. Lo anunció la Ministro de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Los efectivos se instalarán en 42 cruces. “Los operativos serán estrictos, intensos y permanentes”, aseguró.

En términos políticos, la medida tiene varias lecturas. Para empezar, es obvio que Garré se propone arrebatarle a la Policía Federal una función clave, como es el control de los accesos a la Capital Federal, lo que se enmarca en el plan oficial para limitar a esa fuerza.

Los números no cierran

Pero este nuevo paso de la Ministro de Seguridad también muestra cómo se profundiza otra tendencia. Con el lanzamiento en enero del año pasado del Operativo Centinela, 6000 efectivos de esa fuerza fueron trasladados al conurbano para reforzar la seguridad bonaerense en 26 municipios. Se trató, sin duda, de una importante movilización de efectivos que prestaban servicios en numerosas provincias.

Pero hubo un segundo paso. A través del Decreto 864 del 29 de junio pasado, el Ejecutivo puso en marcha un segundo operativo, Cinturón Sur, que dispuso el traslado de otros 2500 gendarmes a la zona sur de la Capital Federal, también para reforzar la seguridad.

Ahora, en el tercer paso, se monta el nuevo operativo que constará de 42 puestos de control. Sumados los efectivos utilizados en su totalidad, llegamos a 9200. La Gendarmería cuenta hoy con poco más de 20.000 hombres. Esto daría que, aproximadamente, ya el 40% de la fuerza estaría asentado en la Capital y el Conurbano. La pregunta surge sola: ¿cuál es el precio que se paga en la seguridad de fronteras ante semejante disminución del número de gendarmes en esas áreas? No hay ninguna información oficial al respecto, pero sí se sabe que la seguridad de fronteras también está debilitada por el traslado de al menos 3500 efectivos de Prefectura también para reforzar la seguridad porteña y del conurbano.

Sí existen algunos trabajos que señalan una tendencia inquietante: que en el último año la actividad del narcotráfico en diversas zonas de frontera habría aumentado significativamente, a medida que el número de gendarmes y prefectos va disminuyendo allí rápidamente.

En otras palabras, que la necesidad política del gobierno de instalar la imagen de una mayor seguridad en la Capital y el Conurbano podría tener el alto precio de un creciente debilitamiento de los controles sobre el narcotráfico. Éste, a su vez, y como es sabido, ingresa por las fronteras, pero luego desarrolla sus principales mercados en las grandes zonas urbanas.