La larga mano de la PFA y de Verbitsky: Zaffaroni juez del proceso y dueño de dtos. de prostíbulos

Como es sabido Nilda Garré responde a Verbitsky y el intento de modificar “algunas cosas” de la PFA es el sueño dorado del “perro” que no pudo hacerlo con la bomba en el edificio de la Federal en los 70.
Por cierto, “se sospecha” que Zaffaroni responde a Verbitsky y él lo impulsó, luego de acuerdos secretos entre Néstor y Horacio.
Por esta razón Eugenio Zaffaroni apunta a la PFA , como sectores que dieron a conocer los “Putisclub” que funcionaban en la propiedades de Zaffaroni. Según nuestro registros tiene al menos 9 propiedades y cuentas en el exterior, 6 de estas funcionan “locales de prostitución”.
Es así que , el vuelto de los polis, fue mandar al frente a Zaffaroni, apuntando al agente Verbitsky y a su lacaya “ la Ministra” ex PCI del ejército Nilda.
Según la carpeta que accedimos la implicación de Zaffaroni en el negocio de la prostitución y los nexos con narcos mexicanos lo puso en la mira de la DEA, Pero claro es “investigación”.
Más allá de la promiscuidad de su vida privada. Elemento que no es menester publicarlo.
La operación contra el juez existe, ahora que la misma sea mentira, está en duda y que se apunta a Verbitsky y Nilda Garré es correcto.
Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte investigado por los “privados” que funcionaban en sus departamentos, se refirió a la Policía Federal y dijo que “dentro o fuera de la institución puede haber gente a la que afectó con sus fallos”.
De la Policía Federal como institución no sospecho. Lo que pasa es que la Policía es una institución compleja y dentro o fuera de la institución puede haber gente a la que afecté con mis fallos. Debería ser alguien con mucha graduación y mucho grado institucional, declaró esta tarde Zaffaroni.
De ese modo se refirió a quienes pudieran estar detrás de lo que él calificó como una campaña en su contra, pese a que admitió que los hechos que aluden al funcionamiento de prostíbulos en sus departamentos “son ciertos”.
El magistrado aclaró que en ningún momento quiso vincular el hecho con la campaña electoral o con la Iglesia Católica Argentina. Sí, en cambio, habló de intereses más concretos, más pecuniarios, que han movido esto.

Se desintegra el supuesto modelo progresista

El próximo domingo 14 de agosto la ciudadanía comprobará definitivamente como el “ya ganamos” fue un espejismo que intentaron promocionar como si fuera una realidad; el relato de la consolidación del modelo progresista cruje definitivamente comenzando una desintegración que se produce por las falencias innatas a su propia construcción. Desaparecido el ideólogo éste desapareció.

Terminado el proceso de confección de las listas de candidatos para las Internas Abiertas y Simultáneas del 14-8, donde se borró al peronismo mientras se entronizaba a la supuesta “juventud maravillosa cristinista” de La Cámpora, y donde éste sector desplazó asimismo al sector gremial afín y socio del poder, se comenzaron a notar ciertos rastros de descontento, inicialmente, que se fueron transformando en claras posturas de ruptura entre el peronismo tradicional incorporado al oficialismo -aunque en forma sórdida y callada- en la era Néstor y ahora ninguneados cuando no negados enfáticamente.

Algo muy similar sucedió con el sector moyanista, al que el cristinismo buscó separar totalmente del armado y la confección de las listas de candidatos hasta hacerlos verdaderamente desaparecer de ellas; aquí como en las estructuras del peronismo oficialista comenzaron a notarse con cierta claridad al principio, y mucho más notoriamente luego fisuras, encontronazos hasta terminar por derivar en enfrentamientos sórdidos visualizados a través de las exigencias cegetistas respecto del aumento del salario mínimo, la base imponible para el impuesto a las ganancias aplicadas a los sueldos obreros y la exigencia del llamado a paritarias anticipadas.

Tras los escándalos producidos por la Misión Sueños Compartidos -Schoklender y Bonafini- nunca bien explicados por el funcionariado encargado de controlarlos y hoy en manos de la justicia (más allá de que se encuentre en manos del juez aliado), se desató el conflicto de la falta de pago y de respuestas a los empleados y obreros de esa Misión, a quienes Hebe de Bonafini con un descaro propio de un “patrón de estancia oligárquico” mandó a reclamarle a Schoklender, viéndose obligada a realizar las semanales rondas de la Plaza de Mayo con muy fuerte contralor policial, ese mismo contralor que la Policía Federal -dependiente de la Ministro de Seguridad Nilda Garré- no realiza en los barrios capitalinos o si los realiza, no son realmente muy efectivos por el grado inusual de inseguridad reinante.

Pero como este régimen posee una gigantesca capacidad para dispararse a los pies, a este escándalo mayúsculo y aumentado por la soberbia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, se le sumó el de otro de los integrantes “inmaculados” del régimen K como es el juez de la Suprema Corte de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien la ONG La Alameda, de lucha contra la trata de personas, denunció como poseedor y titular de 6 unidades donde se ejercía la prostitución y el proxenetismo y que además se vino a conocer casi con simultaneidad que este “inmaculado” prohombre del cristinismo, ese que preparaba una reforma constitucional a medida de la eternización de “ella” en el poder, también era un evasor fiscal pues poseía varias cuentas entre Suiza, Brasil y algunos paraísos fiscales.

Otro escándalo donde el involucrado en lugar de responder adecuadamente y republicanamente ante el pueblo argentino, adoptaba una posición de victimización y soberbia muy similar a la de Hebe de Bonafini, mostrando que quizás todo el régimen no tolera las intromisiones investigativas sobre los dislates y los disparates que realizan en el ejercicio de funciones que deberían encontrarse totalmente a disposición de la ciudadanía y a derecho. Pero así como en vida de Néstor los D’Elía, Moreno y compañía patoteaban a cualquier ciudadano que osara criticar al gobierno, durante la era cristinista estos seudo progresistas contestan con soberbia y/o se victimizan ante la sociedad.

Pero a todo esto se le vino a sumar, y para completar el vaso los hechos de Jujuy, que luego de la represión de los QOM de Formosa, terminan por conjugar una actitud que pone de manifiesto definitivamente la diferencia de posturas de éste régimen progre ante similares situaciones de alzamientos sociales. No debemos olvidar que en los dos últimos años el cristinismo debe responder por 14 muertes producidas todas ellas en conflictos sociales y en el terreno de su gobierno o de gobiernos provinciales propios o aliados del gobierno nacional.

Mientras toleraban, o incitaban, a la toma de los terrenos del Indoamericano capitalino, reprimían furiosamente a los maestros santacruceños, los petroleros patagónicos, las comunidades aborígenes de Formosa o a los chacareros y pequeños productores agrarios que protestaban contra políticas antipopulares, o reclamaban por condiciones dignas de sueldo y trabajo, o por la tenencia de la tierra de la que estaban siendo desalojados por empresarios y/o políticos afines al régimen y que se enriquecían a costillas de las necesidades populares.

Las estadísticas de la protesta subrayan durante el régimen K, en contraposición con lo que sucedía en los 90 del menemato, que disminuyen las impugnaciones al modelo económico y vuelven los pedidos típicos de la movilización sindical por salarios y condiciones de trabajo; desde 2005 y en nombre de la “vuelta a la normalidad” se celebró el corrimiento de las fronteras del conflicto social, de lo territorial a lo sindical, pero pocos años después, comenzó a hablarse en los discursos del kirchnerismo del “modelo progresista, nacional y popular”, el cual estaría ligado a la producción y el empleo, y por ende, involucraría conflictos por la redistribución.

Este “relato oficialista” que glorifica el supuesto “modelo”a veces a secas -sin adjetivación-, u otras veces como “nacional y popular”, en los últimos tiempos -y en especial desde la muerte de “él”- se ha visto interpelado desde la conflictividad social, en un caso con la muerte de Mariano Ferreyra desde el mundo sindical develando la trama oscura de la tercerización, precarización laboral y apoyo gubernamental que abren muy fuertes interrogantes sobre la calidad y alcance del relato oficialista del modelo. En otros la explosión de conflictos territoriales vinculados -a veces- a la disputa por la tierra y la vivienda y que se deben incluir en el de tipo socio-ambiental.

Estos conflictos, sumados a la corrupción desenfrenada, son los que toman importancia en todo el territorio nacional, debiéndose tanto a la falta de viviendas -esas que el gobierno dice haber construido a mansalva y que no se visualizan- como al creciente desplazamiento que sufren “pobres urbanos”, “pueblos originarios” y “campesinos” a raíz de la implementación de modelos productivos altamente concentrados, que exigen el acaparamiento de tierras y superficies cultivables para el cuasi monocultivo sojero. Aquí encontramos el problema formoseño, o el actual problema jujeño que terminaron engrosando la lista, ya muy importante, de muertes atribuibles al régimen kirchnerista, y que se esfuerza por esconder bajo la alfombra.

La necesidad de recaudación vía retenciones sojeras lleva al cristinismo a supeditar el supuesto modelo ligado a la producción y el empleo al avance de la frontera agraria que termina por despojar de la tierra, en nombre de los agronegocios, los megaemprendimientos sojeros, turísticos o futuros proyectos extractivos de minerales o combustibles. Tanto el caso jujeño como el sanjuanino, o el santacruceño ilustran el paisaje del pasaje de la industria alimenticia o minera a la agroindustria de la producción de biocombustibles, o la explotación irracional de los recursos naturales, favorecidos por subsidios del Gobierno, o por regalías o reintegros verdaderamente canallescos y antinacionales.

No es casual entonces que la disputa por la tierra, que los pobres y necesitados reclaman para supervivencia y vivienda, choque con la política de expansión territorial que exige este negociado promovido, o como mínimo tolerado, desde los Estados nacional y provinciales, siendo ésta “la otra cara” del “modelo” que florecen en varias provincias argentinas, acercándonos a períodos preperonistas existentes en la primer mitad del siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XIX. La oligarquía feudal que se enseñoreaba en el país durante aquellos períodos, hoy vuelve a florecer traspasándose desde la oligarquía terrateniente de los “ilustres” apellidos, a esta nueva oligarquía financiera que malutilizando los dineros subvencionados desde el Gobierno se enseñorea cooptando las riquezas nacionales en su propio beneficio.

Los banqueros y financistas que se codeaban con la dictadura genocida hoy son apasionados concurridores de los actos cristinistas, he aquí otro pedazo del discurso progresista que vuelve a crujir y nos lleva a complejizar lo que se entiende por “modelo”, el efecto contagio de varias ocupaciones se halla impulsado por los punteros o los prebendarios actores sociales del cristinismo -Hebe en algunos casos, Milagro Salas en otros- que dilapidan o se enriquecen personalmente con los dineros de jubilados o del pueblo todo -ANSES y BCRA-. Si bien fue cierto aquello del discurso kirchnerista de no utilizar la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece desde hace ya mucho tiempo federalizada cuando los reclamos son en territorios propios.

Son los gobiernos provinciales -todos ellos K- los que apelan a la “represión” a través de grupos especiales, las policías provinciales, las patotas sindicales e incluso guardias privados para llevarlas adelante; los hechos de represión comienzan a ser recurrentes, las muertes lejos de ser esporádicas o casuales, comienzan a banalizarse, tanto como los actos de corrupción de figuras del entramado cristinista o de organismos de DDHH y hasta de miembros de la Corte Suprema de Justicia. El “nunca más” que tanto sufrimiento y dolor le trajo a la memoria colectiva nacional, ha dejado de ser un umbral desde donde repensar la democracia argentina, el paradigma del respeto absoluto a la vida, empieza a entrar en un nuevo tembladeral producto de éste “modelo” impulsado desde el poder.

Los verdaderos DDHH son el derecho a una vida digna, una salud y una educación de excelencia y focalizada en las clases más postergadas para lograr el ascenso social, un ingreso salarial que supere los costos de la canasta alimentaria, de vestir y de vivienda, y una seguridad que nos permita a los argentinos movernos libremente sin temor a ser asaltados, violados o muertos. El derecho a la vida, a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo son la base esencial de los DDHH y no aquellos hechos revanchistas que permanentemente miran al pasado; el futuro es lo que nos convoca, y este “modelo”se desintegra a cada paso, porque la corrupción lo carcome y la soberbia les hace negar la realidad.

Dentro de apenas unas horas el pueblo dará su veredicto, y este será inapelable, el relato del “ya ganó” encontrará el primer y significativo freno nacional, que amplificará nacionalmente los frenos impuestos en Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba -no dejemos de mencionar la realidad de los supuestos triunfos de Catamarca y Salta que se enmarcan en una tónica localista y de familias-, y los desplazados del propio sector gobernante colaborarán a este descalabro al que deberán enfrentarse tanto CFK como esta seudo juventud maravillosa, mercenaria y muy bien paga con los dineros del pueblo argentino.

CUANDO UN GOBIERNO INVIERTE EL ROL DEL ESTADO

Es curiosa y contradictoria la política del gobierno nacional. Por una parte, privatiza funciones indelegables del Estado como la contención del orden social o la construcción de viviendas sociales.

En este orden, la Fundación de Madres de Plaza de Mayo se ha convertido en la mayor empresa contratista del Estado para la construcción de esta clase de viviendas mientras la activista Milagro Salas -un particular- es la encargada de desactivar las protestas en Jujuy para los que reclaman tierras y viviendas.

Por otra parte, estatiza de hecho el comercio de granos con el argumento de proteger la mesa de los argentinos. En este orden, libera para exportar 450 mil toneladas de trigo pero autoriza para realizar el negocio sólo a ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y a AFA (Agricultores Federados Argentinos) excluyendo a los acopiadores, con quienes compiten siempre en igualdad de condiciones en los recintos de las centenaria Bolsas de Cereales del país.

Esta política tiene en realidad otro objetivo: se está profundizando el modelo en contra del campo. Para constatar esta afirmación solamente hay que hacer un seguimiento de los precio FAS (Precio del grano antes de embarcar) teórico pagados por el trigo en el último tiempo y es muy fácil darse cuenta que estas dos empresas (ACA y AFA) han pagado exactamente el mismo precio que todos los operadores del mercado. Si hubieran pagado un precio mayor hubieran podido duplicar o triplicar su participación en el mercado, sin necesidad de reclamar y aceptar esta nueva intervención del Estado.

Del relato de estos hechos ACA y AFA, en defensas de sus productores y para poder esclarecer la actual situación, deberían explicar porque realizaron descuentos de hasta 50 dólares por tonelada en la compra del trigo al productor, similar al descuento que realizan los otros operadores para poder cubrir los “riesgo” que les permite operar en las actuales condiciones del mercado que ha fijado el gobierno.

En todo precio hay una composición de inflación futura, mucho riesgo político y un mayor costo financiero del negocio que naturalmente paga el productor y el consumidor cuando esta fomentado el consumo, como ahora, con mayor inflación.

La necesidad de liberalizar el comercio agropecuario fue un cambio de estrategia de una gran mayoría de políticos -oficialistas y opositores- después de las primeras elecciones provinciales que evaluaron que este era el principal reclamo del interior. Resultado: salieron a conquistar el voto del campo. Han salido a mimar al sector para convocar a esta nueva clase media del interior a sus espacios político.

Lo importante es que después que pasen las elecciones se concrete dichas políticas y que no caiga en el olvido el sector hasta las nuevas elecciones. El país debe implementar las políticas que defiende el gobierno en los foros internacionales y terminar con las actuales políticas agropecuarias. Para aumentar la producción de alimentos hay que desregular la economía, porque es la única forma que todos los emprendedores puedan generar una mayor riqueza para el país y para el mundo.

Cristina le declara la guerra fría a De la Sota

Cristina Fernández no pierde las esperanzas de doblegar a José Manuel de la Sota. Y sin esperar a que se aquieten los ánimos tras el cruce de mensajes entre la Casa Rosada y el flamante gobernador electo luego de su contundente victoria del domingo, ordenó montar un juego de presiones destinado a condicionarlo por el lado que más le duele: la billetera.

Avisados desde la capital mediterránea de la instalación ahora mismo de esa suerte de guerra fría que le proponen desde el cristinismo, voceros del peronismo cordobés amenazan con devolver golpe por golpe.

El más duro de todos ellos: reflotar la idea de imprimir cuasimonedas si el Tesoro nacional les retacea los fondos que les corresponden y que fueron congelados desde que el futuro mandatario cometió la osadía de plantarse frente al reclamo de que le cediera lugares en las listas a kirchneristas cordobeses y hasta el segundo puesto en la fórmula.

Ir al pie o la asfixia financiera como opciones La historia, según cuentan de uno y otro lado, comenzó a escribirse hace un tiempo, cuando De la Sota avisó a Cristina que su candidata a vicegobernadora sería la intendenta de Laboulaye, Alicia Pregno. Y que no aceptaría ninguna injerencia nacional en el armado de sus propias nóminas de postulantes a diputados nacionales.

Todo se desbarrancó cuando el ahora mandatario electo decidió no colgar su boleta de la que encabezará Cristina Fernández en las primarias del próximo domingo. La presidenta respondió con otro golpe de impacto: no postular a ningún dirigente de su espacio -se hablaba del intendente de Villa María, Eduardo Acastello- para las gubernamentales del pasado domingo.

La viuda de Kirchner, en un gesto calculado, que buscaba embretar el apoyo de De la Sota, lo llamó en la noche de ese día para felicitarlo por el triunfo. “El Gallego” agradeció la comunicación, pero, trascartón, le disparó un primer misil: dijo que si la Casa Rosada lo quiere para unir, y no para dividir a los argentinos, que lo llame. Todavía sin la orden de romper lanzas sobre sus escritorios, Aníbal Fernández y Florencio Randazzo se contuvieron a duras penas el lunes por la mañana.

El jefe de Gabinete dijo que Cristina no tiene el propósito de dividir a nadie. Y el ministro del Interior minimizó el triunfo del peronismo no kirchnerista en el hecho de que en los diez comicios provinciales realizados hasta ahora desde que arrancó la carrera electoral de 2011, en nueve triunfaron los oficialismos.

La furia de Cristina, comentan en despachos del gabinete, explotó cuando De la Sota confirmó que no apoyará su fórmula en las primarias del domingo, y que dejará en libertad de acción a sus votantes para que se pronuncien por alguno de los peronistas que competirán ese día: la propia jefa del Estado, Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá.

Las promesas de venganza no tardaron en manifestarse, aunque, por ahora, puertas adentro de los despachos del cristinismo puro. “‘El Gallego’ ya va a venir con el caballo cansado”, expuso gráficamente uno de los confidentes.

Se especula que la provincia necesitará en 2012, con de la Sota recién asumido, unos 1.200 millones de pesos para paliar el déficit de la caja de previsión local, que tiene un rojo de 100 millones de pesos mensuales, y que, al cabo de todo aquel ejercicio, ascendería a 1.500 millones.

En el gobierno suponen que esa es la zanahoria colgada del palo con la que pueden atraer a De la Sota y obligarlo a encolumnar al peronismo cordobés detrás de la candidatura de Cristina.

Por si faltase algo, esgrimen números provenientes del ministerio de Planificación según los cuales a “La Docta” le corresponderían en el próximo ejercicio unos 500 millones de pesos en concepto de obra pública.

Frente a la estrategia del gobierno provincial de mantener su independencia política y si es necesario tomar endeudamiento externo para paliar aquel déficit, en los mismos despachos del cristinismo recuerdan que esos créditos deben ser avalados por la Nación.

“Y si no, que le pregunte a (Mauricio) Macri”, consigna el informante, memorioso a la hora de reflotar el veto que oportunamente Cristina ordenó contra el jefe del gobierno porteño, lo que le impidió buscar fondos externos para terminar las obras en los subterráneos.

La batalla comenzó. Y desde los costados del delasotismo no se andan con chiquitas. Prometen que si el plan de la Nación es ahogarlos financieramente, o pretenden cambiar sumisión política por dinero fresco, el gobernador electo no llamará al ministerio de Economía o al de Planificación sino a la imprenta que debería hacerse cargo de fabricar los célebres Lecor, aquellos papeles pintados que años atrás circularon por casi toda la geografía nacional.

Aunque en el fondo se trata de una chicana, suena feo por donde se lo mire, especialmente por el efecto cascada que tendría en otros distritos provinciales, igualmente asfixiados por los aprietes de la Nación.

Manipulación de estudios de ADN y el negociado de los nietos recuperados

Por Enrique A. Piragini* para el Informador Público

Ayer ratifiqué y amplié mi denuncia sobre la manipulación de resultados de los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos y el cobro indebido de indemnizaciones por parte de algunos nietos recuperados que no son tales.

Lo más llamativo es que mi denuncia fue presentada ante la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el día 14 de julio ppdo, resultando sorteado (¡una vez más!) el juzgado nro. 7 a cargo del Dr. Norberto OYARBIDE, quien recién despachó la presentación el día 2 de agosto cte. señalando fecha para ratificarla el día 9 del cte.

Desde el escrito inicial sostuve que era innecesaria la ratificación por tratarse de delitos de acción pública, no obstante lo cual el juez que demostrara tanta diligencia para actuar en otras causas con celeridad inusitada (por ejemplo en la toma de la Cria. 24ª, en la causa por escuchas ilegales donde está procesado Mauricio MACRI) y aletargadamente en otras como los aportes ilegítimos a la Campaña CRISTINA PRESIDENTE, o en la denominada MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS, o en la que está imputado RICARDO JAIME, dispuso citarme como testigo varios días después del inicio del expediente.

En la fecha sostuve que ratificaba lo presentado y firmado, y a la vez amplié la denuncia dejando constancia que tomé conocimiento de los hechos ilícitos por una persona que acepté hacerse pasar por nieto recuperado, cobrando un porcentaje de la suculenta indemnización que se repartieron sus cómplices, sugiriendo se convoque a los 105 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo para realizar nuevas pruebas de estudios genéticos ante las sospechas de irregularidades.

La persona que aceptó participar del ilícito me manifestó que lo hizo en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, suponiendo que las Abuelas ignoraban esta clase de inescrupulosas maniobras.

A título ilustrativo de adjuntan la presentación inicial, el respectivo Comunicado de Prensa y el acta de ratificación labrada en la fecha.

Obviamente, y no obstante la reiterada exigencia del tribunal por identificar al arrepentido que brindara dicha información, me negué a poner en riesgo su integridad, amparándome en el secreto profesional, ya que ninguna autoridad en el país podría garantizarle seguridad, máxime cuando todos los organismos de control y seguridad están en manos de aquellos que directa o indirectamente han tolerado esta clase de fraudes que han costado millonarios fondos del estado, abusando de una hipócrita política de derechos humanos.

Enrique PIRAGINI, fundador de A.R.I.E.L. somos todos.ong ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD (Inscripta en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Reg. CENOC Nº 10427), la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, ante la posible manipulación de resultados de estudios de ADN en el BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, promovió una denuncia ante la justicia criminal federal de esta Ciudad, para que se investigue la posible comisión del delito de falsificación, supresión de estado civil, destrucción y sustitución de medios de prueba y violación de los deberes de aquellos funcionarios públicos que posibilitaran la manipulación de muestras para estudios genéticos a raíz de lo cual se derivaran consecuencias jurídicas tales como la puesta en duda de la identidad y filiación de las personas, permitiendo también el cobro ilegítimo de suculentos “resarcimientos” con fondos del estado nacional.

Se solicita investigar la correlación entre las personas desaparecidas durante el proceso militar y los 104 nietos recuperados, respecto al resultado de sus estudios de ADN, revisándose el mecanismo de constatación de su perfil genético, determinándose cuánto dinero percibieron como indemnización.

Todo ello a raíz del resultado arrojado por los estudios genéticos de los hijos adoptivos de la Sra. Ernestina HERRERA de NOBLE en cuanto determinaron que no son nietos de las dos familias querellantes, y las manifestaciones del Sr. David LANUSCOU, quien sospechaba que Marcela Noble era su nieta Matilde, el cual aseguró que “por supuesto que los Noble Herrera ya sabían que los análisis iban a dar negativos”. Según su punto de vista, “el cambio de estrategia de los Noble fue muy sospechoso”.

“Como siempre querían ganar tiempo y negarse a ir al BNDG, pensé que igual son hijos de desaparecidos, tengo la certeza de eso”,insistió, según la crónica periodística.

Las sospechas de la familia Lanuscou también apuntan contra la ex titular del BNDG, Ana María DI LONARDO. “Hay que seguirle la pista a ella, porque desde hace tiempo viene trabajando con los peritos de Clarín”,señaló.

Se impone una profunda investigación judicial para aclarar tan delicada situación.

El texto de su presentación es el siguiente:

DENUNCIA DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA

PIDE ESTUDIOS DE ADN

Excma. Cámara Federal:

Enrique A. PIRAGINI, por sí y por A.R.I.E.L. somos todos.ong (CENOC nº 10427), constituyendo domicilio procesal en Uruguay 485 piso 3º “R02” (Zona 119, TE 4599-8353 y 154-159-8401), a V.E. respetuosamente digo:

Que, solicito se designe juzgado instructor para que se investigue la posible comisión del delito de falsificación, supresión de estado civil, destrucción y sustitución de medios de prueba y violación de los deberes de aquellos funcionarios públicos que posibilitaran la manipulación de muestras para estudios genéticos a raíz de lo cual se derivaran consecuencias jurídicas tales como la puesta en duda de la identidad y filiación de las personas, permitiendo también el cobro ilegítimo de suculentos “resarcimientos” con fondos del estado nacional.-

Se solicita investigar la correlación entre las personas desaparecidas durante el proceso militar y los 104 nietos recuperados, respecto al resultado de sus estudios de ADN, revisándose el mecanismo de constatación de su perfil genético, determinándose cuánto dinero percibieron como indemnización.

Todo ello a raíz del resultado arrojado por los estudios genéticos de los hijos adoptivos de la Sra. Ernestina HERRERA de NOBLE en cuanto determinaron que no son nietos de las dos familias querellantes, y las manifestaciones del Sr. David LANUSCOU, quien sospechaba que Marcela Noble era su nieta Matilde, el cual aseguró que “por supuesto que los Noble Herrera ya sabían que los análisis iban a dar negativos”. Según su punto de vista, “el cambio de estrategia de los Noble fue muy sospechoso”.

“Como siempre querían ganar tiempo y negarse a ir al BNDG, pensé que igual son hijos de desaparecidos, tengo la certeza de eso”,insistió, según la crónica periodística.

Las sospechas de la familia Lanuscou también apuntan contra la ex titular del BNDG, Ana María DI LONARDO. “Hay que seguirle la pista a ella, porque desde hace tiempo viene trabajando con los peritos de Clarín”,señaló, por lo que solicito se lo convoque en calidad de TESTIGO.

Existen pruebas documentadas sobre la posibilidad de falsear los resultados de los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tal como se desprende de la nota que transcribo, aparecida en el diario Clarín el 22/10/09 relacionada con un caso judicial donde intervine profesionalmente, la cual para ilustración del tribunal transcribo:

“MANIPULACIÓN DE UNA MUESTRA DE ADN EN UN JUICIO POR FILIACIÓN:

Comprueban irregularidades en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand

La Justicia condenó al Gobierno porteño a pagar 50.000 pesos de indemnización a una menor.

TEST DE ADN. PARA DETERMINAR QUIÉN ERA REALMENTE EL PROGENITOR DE UNA NENA, SE LE ORDENÓ AL DEMANDADO HACERSE UN ESTUDIO EN EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Claudia Ortega tuvo una hija en 1993. Estaba sola cuando dio a luz: su pareja la había dejado cuando el embarazo empezaba a avanzar. Un año después, la señora inició un juicio de reconocimiento de filiación al padre de su nena. La Justicia ordenó, entonces, que se le hiciera a su ex un estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que funciona en el Hospital Durand. Y ahí sucedió algo que parecía inimaginable: en el BNDG se cambió la muestra de ADN del padre, con lo que los análisis concluyeron que no existía la filiación que la madre reclamaba. “Quedé shockeada porque yo estaba cien por ciento segura de quién era el padre. Fue indignante porque todos me cargaban y me preguntaban quién era el papá de mi criatura”, recordó Claudia a Clarín.

Ahora, 15 años después, aquella manipulación de la muestra de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos quedó completamente probada. La Justicia acaba de dejar firme un fallo en el que se condena al Gobierno porteño -el Durand pertenece a la Ciudad- a pagar $50.000 en concepto de indemnización por los daños sufridos por la hija de Claudia Ortega, hoy de 16 años. Por pedido de la madre, no se difunde el nombre de la adolescente.

En su fallo, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal consideró probada la deficiencia en el funcionamiento y organización tanto del área de recepción e identificación como en lo que hace a la seguridad de la extracción y conservación de muestras para análisis genéticos.

La Defensoría Oficial (tiene la obligación legal de intervenir para preservar los intereses de los menores) había reclamado la condena contra la Ciudad al sostener que hubo conducta culpable del Banco Nacional de Datos Genéticos por manipular la muestra de ADN con impericia o negligencia y haber retrasado el emplazamiento cierto de la nena en el estado de familia que le corresponde, con la correspondiente angustia y mortificación. Enrique Piragini, el abogado que representó a la señora Ortega en el último tramo de la causa, reconoció que aún hoy tiene fuertes sospechas de que “la muestra fue cambiada a propósito con el único fin de perjudicar a mi clienta”.Y agregó: “De acá se infiere que en la Argentina el estudio de ADN puede arrojar un resultado incierto. No es un estudio confiable”.

Después de que el primer análisis de ADN dio negativo, Ortega reclamó nuevos estudios periciales para probar que su ex pareja era realmente el padre de la nena. Esos análisis, que se hicieron en otros centros especializados, afirmaron que existía un 99,99% de probabilidades de que el hombre fuera el padre. Así, en 1998 se ordenó al padre biológico de la nena que se hiciera un nuevo examen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta vez la conclusión fue que existía una probabilidad del 99,998% de que el hombre fuera el progenitor. En su informe, el Banco Nacional de Datos Genéticos agregó que “el ADN extraído de la muestra hemática” con fecha “02/11/98 no es el mismo que obra en este BNDG de la muestra extraída el 21 de noviembre de 1994 para la realización de la pericia de filiación”.

En 2000, Ortega inició una demanda por daños por la manipulación de la muestra. Recién en abril de este año, la Sala I de la Cámara lo Civil y Comercial Federal -integrada por los jueces María Susana Najurieta, Martín Diego Farrell y Francisco de las Carreras- encontró probada la “existencia de daño en la menor”. Y en consecuencia condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la adolescente una indemnización de 50.000 pesos más sus intereses.

El Gobierno porteño interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, pero éste fue declarado inadmisible el pasado 20 de agosto. Aunque la sentencia ya está firme, la adolescente aún no cobró la indemnización, según informó el doctor Piragini”.

Esta muy delicada situación arroja dudas sobre otras atribuciones de identidad que tomaran como prueba irrefutable los resultados de estudios en dicho ente, visto lo inseguro y vulnerable del sistema en la recolección de muestras, prestándose a manipulaciones por reprochables intereses políticos y económicos.

Vale recordar los casos de fraudes en el cobro de indemnizaciones acontecidos en la vecina República de Chile, provocando que el Estado demandara la restitución del dinero mal habido por inescrupulosos que fingieron su identidad, distorsionando el fin supremo de la política de derechos humanos.

La identidad de las personas debe ser preservada a toda costa, ya que se trata de un derecho humano cuya supresión implica un crimen de lesa humanidad, y por ende también resulta imprescriptible, conforme tratados internacionales de jerarquía constitucional cuyo desconocimiento pondría en situación de indignidad al Estado que no los respetase ni hiciere cumplir (arg. Art. 220 Cód. Penal). Tratándose de hechos de suma gravedad, se impone su investigación aún de oficio por tratarse de delitos de acción pública, por lo cual ruego se proceda sin exigir una innecesaria ratificación de esta presentación, sin perjuicio de lo cual esta organización no gubernamental adelanta que asumirá el rol de querellante en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Constitución Nacional, o cuando menos, como amicus curiae, sin perjuicio de quienes se sumarán a esta acción, ya que esta ONG trabaja reclamando seguridad y combate cualquier manifestación de violencia ilegítima, y hechos como los aquí denunciados, generan inseguridad e involucran el potencial humano, más allá de cuestiones patrimoniales que involucran fondos del erario público.

Dígnese V.E. tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, que

SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.

Si el domingo CFK no llega al 40%, ¿cómo lo explicarán los encuestadores K?

Un analista político dijo hace poco tiempo que la profesión de encuestador es una de las mas sufridas, inestables e incobrables en tiempos del kirchnerismo. La razón principal de esto es que los contratos de las encuestadoras con las reparticiones del Estado están muy sobrefacturados. En la mayor parte de los casos, los beneficiarios están obligados a retornar la mitad de lo que cobran y, por supuesto, deben pagar impuestos por montos muy altos Pero además deben negociar con los comisarios políticos del gobierno punto por punto de las encuestas, exponiendo así el prestigio de sus consultoras. Y después de superar esta carrera de obstáculos viene la parte final, que es la dificultad para cobrar, porque los pagos demoran no menos de 90 días desde la difusión de la encuesta. Pero estos pagos suelen depender también del humor del funcionario de turno, que suele ejercer la arbitrariedad como una forma de disciplinamiento. Esta metodología la impuso el kirchnerismo en toda la administración pública y en su instalación tuvo un rol decisivo Alberto Fernández cuando era Jefe de Gabinete.

El riesgo de no cobrar

El caso es que casi todos los encuestadores están contratados por el gobierno y algunos también por Francisco de Narváez como, por ejemplo, Management & Fit, que asimismo le brinda servicios a JoséManuel de la Sota. Los independientes que quedan conforman una lista muy corta que integran Jorge Giacobbe e Isonomía. Las encuestadoras que responden al oficialismo vienen falseando datos descaradamente desde los festejos del bicentenario. Pero la actual caída en la intención de voto de CFK los estaría poniendo sumamente nerviosos, porque en las últimas semanas siguieron repitiendo el cliché oficial de que CFK supera cómodamente el 40%. El domingo llegará la hora de verdad con las PASO del domingo próximo y el frío les estaría empezando a correr por la espalda a los funcionarios y encuestadores comprometidos en la manipulación de la opinión pública, a través de los números. La caída de la presidente la ubica hoy en un rango entre el 36 y el 40%, mientras que hay consultoras que mencionan la posibilidad de que Eduardo Duhalde crezca hasta cerca del 25%, en tanto que otras opinan que Ricardo Alfonsín le sacará algunos puntos de ventaja. Las altas posibilidades de que amplios sectores del PJ bonaerense organicen un corte de boleta contra CFK juegan también en estos cálculos. Si la presidente queda a 4 ó 5 puntos abajo del 40%, el lunes 15 el país puede amanecer cambiado, con una enorme incertidumbre y la sensación de que el gobierno puede seguir cayendo para el 23 de octubre. De darse este panorama, la mayoría de los encuestadores, que son funcionales al régimen, podrían tener cada vez más dificultades para cobrar sus honorarios. Y, si el 10 de diciembre CFK le tiene que colocar la banda a otro, tal vez no consigan cobrar nunca las encuestas truchas que les adeuden por contratos que no sólo están viciados por su inmoralidad. El kirchnerismo se ocupó de perseguir penalmente a muchas consultoras económicas que elaboraban números que no eran del agrado de la Casa Rosada. Tal vez la actual adulteración sistemática de las encuestas por el oficialismo encuentre en el futuro su lugar en tribunales.