Es curiosa y contradictoria la política del gobierno nacional. Por una parte, privatiza funciones indelegables del Estado como la contención del orden social o la construcción de viviendas sociales.
En este orden, la Fundación de Madres de Plaza de Mayo se ha convertido en la mayor empresa contratista del Estado para la construcción de esta clase de viviendas mientras la activista Milagro Salas -un particular- es la encargada de desactivar las protestas en Jujuy para los que reclaman tierras y viviendas.
Por otra parte, estatiza de hecho el comercio de granos con el argumento de proteger la mesa de los argentinos. En este orden, libera para exportar 450 mil toneladas de trigo pero autoriza para realizar el negocio sólo a ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y a AFA (Agricultores Federados Argentinos) excluyendo a los acopiadores, con quienes compiten siempre en igualdad de condiciones en los recintos de las centenaria Bolsas de Cereales del país.
Esta política tiene en realidad otro objetivo: se está profundizando el modelo en contra del campo. Para constatar esta afirmación solamente hay que hacer un seguimiento de los precio FAS (Precio del grano antes de embarcar) teórico pagados por el trigo en el último tiempo y es muy fácil darse cuenta que estas dos empresas (ACA y AFA) han pagado exactamente el mismo precio que todos los operadores del mercado. Si hubieran pagado un precio mayor hubieran podido duplicar o triplicar su participación en el mercado, sin necesidad de reclamar y aceptar esta nueva intervención del Estado.
Del relato de estos hechos ACA y AFA, en defensas de sus productores y para poder esclarecer la actual situación, deberían explicar porque realizaron descuentos de hasta 50 dólares por tonelada en la compra del trigo al productor, similar al descuento que realizan los otros operadores para poder cubrir los “riesgo” que les permite operar en las actuales condiciones del mercado que ha fijado el gobierno.
En todo precio hay una composición de inflación futura, mucho riesgo político y un mayor costo financiero del negocio que naturalmente paga el productor y el consumidor cuando esta fomentado el consumo, como ahora, con mayor inflación.
La necesidad de liberalizar el comercio agropecuario fue un cambio de estrategia de una gran mayoría de políticos -oficialistas y opositores- después de las primeras elecciones provinciales que evaluaron que este era el principal reclamo del interior. Resultado: salieron a conquistar el voto del campo. Han salido a mimar al sector para convocar a esta nueva clase media del interior a sus espacios político.
Lo importante es que después que pasen las elecciones se concrete dichas políticas y que no caiga en el olvido el sector hasta las nuevas elecciones. El país debe implementar las políticas que defiende el gobierno en los foros internacionales y terminar con las actuales políticas agropecuarias. Para aumentar la producción de alimentos hay que desregular la economía, porque es la única forma que todos los emprendedores puedan generar una mayor riqueza para el país y para el mundo.
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