sábado, 17 de diciembre de 2011

La investigación de las denuncias de Schoklender

La investigación de las denuncias de Schoklender

La política está llena de sorpresas, imprevistos y certezas que suelen mezclarse o darse de manera escalonada. Mientras el país comenzó a encandilarse con la ruptura ocurrida en la cúspide del poder político y que comentamos hace un par de días, en silencio se gestaba la segunda parte de un escándalo mayúsculo. Uno de sus protagonistas, el juez federal Norberto Oyarbide, celebraba su alegría en una divertida reunión social que se realizaba en Punta del Este, como anticipo de otras que se sucederán este verano a pesar de la crisis y sus peligros. Aquí, Hugo Moyano lograba apoyo y respaldo para proseguir con su enfrentamiento tendiente a acorralar a Cristina Fernández apenas iniciado su nuevo mandato pero de golpe, sorpresivamente, el caso Schoklender-Madres de la Plaza de Mayo volvió a la palestra para actualizar viejos datos que en su momento fueron comentados sin que nada sucediera. Pese a su gravedad, ni Oyarbide, encargado de investigar el fraude, estafa o como quiera llamarse al fantástico negocio de las casas populares -sólo comparable con el de los bastardeados derechos humanos-, ni otros funcionarios buscaron esclarecer un caso cargado de connotaciones políticas adversas para el kirchnerismo. Más aún, se dejó transcurrir el tiempo; Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto -ahora trabajan por cuerda separada- reaparecieron poco a poco en escena y, como si nada hubiese sucedido, marchan adelante con sus organizaciones y denuncias. La primera, con el mismo negocio planteado de otra manera y la segunda, con sus insistencias sobre desaparecidos durante la Guerra Revolucionaria, imponiéndole a la opinión pública varios mensajes navideños y de Fin de Año mediante los rostros de jóvenes y niños que nada supieron sobre lo verdaderamente ocurrido.
Todos estos temas están intererrelacionados y enriquecidos con nuevas noticias, como las que acaban de surgir desde la izquierda misma, con lo que según parece tuvieron, al menos por ahora, mejor suerte que la que hubieran tenido si llegaban desde otro origen. Martín Caparrós, un escritor de innegables simpatías por uno de los sectores que quisieron dividir a la sociedad en los años setenta, lanzó un reportaje efectuado a Sergio Schoklender, quien reunió en un sólo relato un conjunto de actividades de las Madres que aparecen con el perfil de una asociación ilícita, donde se mezclan muertes, drogas, armas y explosivos, viajes para contactos revolucionarios, finanzas provenientes de las FARC y otras cosas que sólo son anticipos de más datos puntuales que merecen investigarse en el país y en el exterior. De paso, requerirán esfuerzos diplomáticos para explicar a los colombianos las conexiones mantenidas y a otros países que son víctimas de las guerrillas extremistas, cuyas actividades en nuestro país hace rato que fueron denunciadas.
Ahora, una denuncia concreta y explícita une al chavismo amigo de nuestro gobierno con este problema minuciosamente detallado en la red cibernética y en todos los diarios. Seguramente será relativizada por los medios periodísticos gubernamentales subsidiados con el dinero de los contribuyentes y tal vez se limiten a reproducir las consabidas agresividades verbales de Hebe contra el Santo Padre, la derecha española, los militares sin distinciones, las oligarquías que consideran ajenas, los empresarios, el campo en particular y eventualmente se salvaría Moyano, a quien se quiere desplazar de la expectativa pública. Por supuesto, los periodistas y analistas políticos no nos salvaremos y después -sólo hablamos de probabilidades- se instruiría un expediente que, sorteado, recaería otra vez en Oyarbide, para que lo sume a la congelada investigación sobre la estafa con las casas. Por supuesto, pasarán los días y las semanas sin buscar evidencias de las armas y explosivos guardados en la “Universidad” de las Madres, no se hará el seguimiento de los fondos entregados por las FARC, no se analizarán los programas de “enseñanza” y nadie le dirá nada al parricida respecto de sus conocimientos acerca de los delitos de Hebe y sus socias y socios, como diría Cristina. ¿Se interesará la Presidente por encontrar la verdad y actuar en consecuencia...? Los hechos darán la respuesta, pero previamente alguien deberá establecer la veracidad del“choreo” como antes -es decir, robos y asaltos- para obtener fondos para desarrollar sus actividades políticas y comerciales hasta lograr la estabilidad operativa de los negocios, todo lo cual debería ir acompañado de un informe minucioso, amplio y exhaustivo de cómo se distribuyeron los dineros destinados a un único sector de las víctimas de la confrontación de los setenta. El blindaje sobre este secreto todavía se mantiene pese a los disfraces aplicados.
Como podrá apreciarse, son muchos los temas que hemos resumido acerca de este problema que nos trae el recuerdo -ahora refrescado- de cuando la Bonafini viajó a México junto a Danielle G. de Mitterrand (el ex presidente de Francia) a la Selva Lacandona para entrevistarse en el sur mejicano con esa curiosidad guerrillera que da en llamarse subcomandante Marcos, ahora desaparecido de los primeros planos noticiosos. Algunos memoriosos recordarán que en su momento reiteradamente comentamos este asunto junto con las conexiones habidas con la ETA española, temas que se engrosan a partir de los puntos específicos que Schoklender le confesó a Caparrós, cuyo contenido puede ser consultado por todos, desde la SIDE y la CIA, los servicios de inteligencia de los restantes países mencionados e incluso por el divertido juez Oyarbide.
Las Festividades podrán disimular por unos días el tremendo peso de este asunto. La presidencia de la ex República Argentina debería preocuparse por tomar distancia -si puede- del refuerzo que tuvo el escándalo de las famosas casas y los políticos (¡ah!, los políticos) preocuparse e inquietarse por esta pegajosa materia que rodea a su actividad e inacción. Hasta ahora -y queremos subrayarlo con énfasis- sólo hubo una legisladora que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que ésta repudie el asesinato cometido por las FARC de cuatro rehenes a los que fusiló en venganza por la fuga de otros que estuvieron retenidos durante años en la selva. La presentación de Patricia Bullrich, de ella se trata, no tuvo acompañamiento alguno que sepamos. Se instruyó el correspondiente expediente, identificado como 6012 -D- 2011, que fue girado a Comisión. Veremos qué sucederá con este asunto y con todos los demás cuya investigación, a esta altura de las circunstancias, sólo es una simple formalidad.
Pero hay algo más. Lo relatado por Schoklender puede volcarse en otros informes que incluso superarían el contenido de su próximo libro, que seguramente será un éxito taquillero pero que obligaría a Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y varios de sus parientes, a efectuar descargos o dar la callada por respuesta. En cualquiera de los casos se asegura que habrá más sorpresas y confirmaciones que serán un verdadero desafío político.

Bonafini y Schoklender podrían terminar procesados por la nueva ley antiterrorista de Cristina

Bonafini y Schoklender podrían terminar procesados por la nueva ley antiterrorista de Cristina

Ayer, Sergio Schoklender blanqueó la conexión terrorista de las Madres de Plaza de Mayo. El ex apoderado de las Madres reveló que durante su gestión en la entidad dirigida con Hebe de Bonafini se financiaron con “robos a mano armada” y entablaron relación con guerrillas latinoamericanas como las FARC o los zapatistas de Chiapas.
“Salíamos a recaudar como en los viejos tiempos. [...] Y, choreo. En negocios, en supermercados más bien. Tratábamos de que fuesen lugares que representaran más la concentración oligárquica, no la farmacia de la esquina”, confesó Schoklender. Incluso reveló presuntos contactos que la Fundación Madres de Plaza de Mayo mantuvo con varias organizaciones guerrilleras latinoamericanas para formar un grupo similar en la Argentina y contó que había armas en el sótano de la Universidad de las Madres.
“La idea era mandar compañeros a formarse con las FARC en Colombia, con los zapatistas en Chiapas, y que después esos compañeros pudieran venir con alguna formación y comenzar un trabajo, digamos, foquista en algún lugar. Ése era el único modelo posible, no veíamos otra salida. Era impensable que el país se iba a recuperar en ocho años, quién se podía imaginar eso”,aseguró.
Mientras el parricida hablaba, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones, el proyecto sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo. La reforma modifica el Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
La paradoja no puede ser entonces mayor. Por un lado, salen a la luz los vínculos entre la rama kirchnerista de los derechos humanos y la actividad guerrillera y, por el otro, el cristinismo -presionado por el GAFI- se dispone a agravar las penas contra las actividades terroristas. Por ejemplo, el texto del nuevo artículo 306 del Código Penal parece escrito a la medida para imputar a Schoklender y las Madres. El mismo dice: “Será reprimido con prisión de cinco a quince años y multa de dos a diez veces el monto de la operación el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito independientemente de su acaecimiento”. Como es obvio, la casi totalidad de la bancada oficialista votó el proyecto tapándose la nariz.
El boomerang
Así las cosas, la nueva ley antiterrorista del gobierno de CFK, de recibir la media sanción faltante del Senado, debería estrenarse con el procesamiento de Schoklender, Bonafini y sus cómplices, a partir de que el primero acaba de confesar ante un medio periodístico que las Madres trabajaban con una organización terrorista internacional -las FARC- y que además se financiaban mediante robos y planeaban actos terroristas, por ejemplo, el secuestro de Emilio Eduardo Massera. Pero el principio de irretroactividad de la ley se interpone como una barrera, impidiendo que una ley nueva sea aplicada a hechos del pasado. Sin embargo, la justicia argentina ya sentó jurisprudencia en esta materia, aplicando la ley retroactivamente en los casos de delitos de lesa humanidad. Este precedente podría hacer que, un futuro gobierno no comprometido con las Madres, propicie la aplicación retroactiva de la ley que está a punto de sancionarse.
No obstante ello, una cosa son los tecnicismos jurídicos y otra muy distinta los efectos políticos. Las declaraciones de Schoklender descalifican internacionalmente -aún más- al gobierno nacional. La razón es que, mientras Cristina intenta tímidamente congraciarse con el GAFI y la Casa Blanca a través de la sanción de nuevos tipos penales, se pone en evidencia que el kirchnerismo esta íntimamente conectado a las principales estructuras del terrorismo en la región, como quedó probado con el refugio otorgado al terrorista chileno Galvarino Apablaza Guerra un año atrás. Es imposible que la SI (ex SIDE) no conociera desde muchos años atrás lo que Schoklender acaba de revelar. En otras palabras, cabe concluir que el matrimonio Kirchner convirtió a las Madres en el ícono de su gobierno con pleno conocimiento de sus actividades delictivas y sus vinculaciones con el terrorismo. En este orden de cosas, hay por lo menos encubrimiento, si no complicidad, agravadas por el hecho de que las Madres recibieron un cientos de millones de dólares de financiamiento oficial que tal vez, por qué no, una parte de esos fondos nunca auditados ni rendidos haya ido a parar al tesoro de las FARC, en solidaridad con su lucha.
Más allá de esto, en caso de que efectivamente la nueva ley antiterrorista se sancione, habría que investigar si la conexión de las Madres con las FARC no continúa hoy, porque entonces efectivamente cabría la aplicación de la nueva ley antiterrorista. Esto explicaría más profundamente por qué las organizaciones de derechos humanos en general y el CELS de Horacio Verbitsky en particular se oponen denodadamente a que se sancione la ley. Públicamente argumentan que “se trata de un texto ambiguo que podrá usarse para criminalizar la protesta social”. Pero la verdadera razón de sus preocupaciones sería muy distinta. A través de las exigencias de los organismos internacionales se está abriendo una ventana para que no pocos dirigentes de los derechos humanos puedan tener que responder judicialmente en el futuro por sus vinculaciones actuales con distintas organizaciones terroristas. Schoklender, en su sed de venganza, empezó a develar la otra cara de las Madres.