viernes, 27 de abril de 2012

El sector inmobiliario y las normas de lavado de dinero

A partir de la sanción de la Resolución 16 UIF los Agentes y Corredores Inmobiliarios Matriculados deben dar cumplimiento a las normas para la prevención del lavado de activos.
Esta normativa representa un importante avance ya que el sector inmobiliario ha sido objeto de inversiones donde en ocasiones el origen del dinero no ha podido ser adecuadamente justificado. Con esta nueva normativa se pone una nueva traba para que ingrese al mercado inmobiliario dinero que no esté debidamente justificado. Sin embargo, para los agentes inmobiliarios esta nueva normativa no sólo puede afectar el nivel de actividad sino que los hace responsables de detectar operaciones inusuales e informar operaciones sospechosas a la UIF. Asimismo estos nuevos controles a realizar por los agentes Inmobiliarios Matriculados demandarán una inversión de recursos para darle un adecuado cumplimiento a esta nueva normativa.
Es fundamental que todo agente inmobiliario tenga un adecuado conocimiento de los conceptos clave. Entre ellos consideramos fundamental destacar los siguientes: a) Elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad. b) La designación de un Oficial de Cumplimiento. c) La implementación de auditorías periódicas. d) La capacitación del propio Sujeto Obligado y personal. e) La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales y sospechosas. f) La implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional del Sujeto Obligado, que permitan establecer de manera eficaz los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. g) La implementación de herramientas tecnológicas tales como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas. h) Implementación de una política de aceptación de cliente. La política de ‘Conozca a su Cliente‘ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo. Esto incluye definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. I) Reportar en forma confidencial (sin dar aviso al cliente) dentro de los plazos previstos por la normativa las operaciones sospechosas detectadas.
Tal como se puede observar estas actividades que recaen sobre los Agentes Inmobiliarios Matriculados, si bien son necesarias, incrementarán sus costos, como así también podría llegar a tener un efecto sobre el número de las operaciones que se realicen.
Al ir avanzando en la implementación de estas medidas se tendrá la dimensión del impacto de las mismas sobre la actividad. También esto dependerá de que la normativa se instrumente y cumpla y de los controles que establezca la UIF para garantizar su cumplimiento.

Gracias a Cristina, REPSOL también podrá demandar a las provincias petroleras

Federalismo a pérdida.
Los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), aparentemente beneficiados por la ley de confiscación de YPF, empezarían a preocuparse seriamente. Es que, por ejemplo, los asesores jurídicos del salteño Juan Manuel Urtubey y mendocino Francisco Pérez coincidirían en un oscuro pronóstico judicial. Descontando que no habrá acuerdo sobre el pago por la expropiación, REPSOL iniciaría distintas acciones ante tribunales argentinos e internacionales reclamando una multimillonaria indemnización. El caso es que CFK se ocupó de asociar a su maniobra contra los españoles a las provincias petroleras y éstas podrían sufrir en el futuro serias consecuencias judiciales. Para empezar, la petrolera española acusaría a los gobiernos provinciales de orquestar una maniobra dolosa para bajar la valuación de YPF a través de la caducidad de las concesiones de la empresa en media docena de provincias. Todo esto con el propósito de presionar a REPSOL para que vendiera sus acciones en YPF.
Acuerdo forzoso
Pero más graves serían las responsabilidades que asumirían las provincias petroleras a partir de que entre en vigencia la ley de expropiación que se sancionará la semana que viene. El articulado de la futura ley asocia a las provincias con el Estado nacional en el Consejo Federal de Hidrocarburos, que pasará a ser la máxima autoridad en la materia. Pero la corresponsabilidad de las provincias ante la justicia por las demandas de REPSOL se perfila más claramente a partir del artículo 8, que establece que el 49% de las acciones a expropiar se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. La clave está en el artículo 9, que dispone: “La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados provinciales integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”. En otras palabras, que los gobiernos provinciales sólo podrán votar junto con la Casa Rosada, porque sus acciones estarán sindicadas con las del Estado nacional. Entonces, los reclamos judiciales de REPSOL apuntarían conjuntamente al gobierno nacional y a los provinciales. Si algún gobernador quisiera diferenciarse de la presidente, por ejemplo proponiendo algún acuerdo con los españoles, simplemente no podrá hacerlo. Así las cosas, el riesgo judicial que ahora enfrentan las provincias afectaría también sus posibilidades de obtener financiamiento en el mercado internacional, limitando seriamente algunos proyectos. Todo esto al margen de los riesgos de futuros embargos de activos. Fiel a su estilo político, la presidente federalizó su estrategia petrolera, pero cuidándose de cortarles a los gobiernos provinciales cualquier chance de dar un paso al costado.