Sobre la #leydemedios, larga explicación para periodistas

Hace unos días envié al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) –al que orgullosamente pertenezco- el texto que sigue a continuación. Se trata de una explicación extensa (escrita a última hora, después de un cierre trabajoso) y poco estructurada acerca de lo que a mi entender está ocurriendo en el debate público sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Aquí lo comparto a pedido de algún amigo.

A la ley de medios no sólo hay que leerla, también hay que entenderla y ponerla en contexto. Y sobre todo, hay que salir del debate chiquito que se propone “¿Qué va a pasar el 7D?” para ir a uno más grande, más amplio y de cara al futuro (pero no el futuro del mes próximo, sino el de los próximos cinco a diez años).

Para mí, el tema es mucho más amplio, tiene que ver directamente con la libertad de expresión y no solamente con cuestiones patrimoniales de algunas empresas. Tiene que ver con la convergencia digital y el futuro de la comunicación. Y tiene que ver con el periodismo que no hacemos por no entender y centrarnos sólo en la pelea de un Gobierno contra una empresa o de una empresa contra un gobierno, como fuere.

Este texto va a ser largo. Pero me parece importante señalar algunas cuestiones básicas (procurando que sean más hechos que opiniones, aunque eso es sólo una intención).

Nos confunden cuando hablan de licencias y las equiparan a medios, y peor cuando se mezclan las frecuencias: las licencias son permisos administrativos necesarios para contar con medios audiovisuales, en general están vinculadas a frecuencias (un “espacio” en el espectro radioeléctrico por el cual el medio emitirá si es que requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).

Clarín no tiene 300 medios, ni 300 frecuencias, tiene 300 licencias, de las cuales más de 260 –y estoy citando de memoria- son licencias de cable (que no ocupa espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad (a veces dos, fruto de aquella fusión aprobada por Néstor Kirchner). Además, cable es distribución; medios (canales de TV, radio y señales de TV paga) refiere a contenidos. En el mundo, las restricciones a la cantidad de licencias se aplican al espectro que es limitado y es considerado propiedad del Estado (como los ríos, el mar o el espacio aéreo), no al cable (porque el único límite a la instalación de cables es la barrera económica para hacerlo; no hay impedimentos naturales o físicos)

Si hablamos de medios, Telefé tiene más canales de TV abierta (9) que Clarín (4), y Moneta-Garfunkel tiene más radios (8 o 9, quién sabe bien, contra cinco o seis de Clarín, entre las que destacan Radio Mitre, Radio Mitre Córdoba y La 100). Si hablamos de señales de TV paga, los programadores oligopólicos son Fox, Turner y Disney (a los que no se les aplica si quiera cuotas relevantes de contenido nacional: apenas deben destinar el 0,5% de la facturación total anual a comprar contenido nacional pero sólo aquellos que emitan cine en más del 50% de sus programas).

Y, finalmente, si hablamos de uso de espectro, en el área metropolitana de Buenos Aires el que más espectro de TV -por ejemplo- tiene asignado es Telecentro (y ahí cerca, Antina). Ese espectro es usado para dar TV paga inalámbrica. Mientras Clarín tiene un canal (13) y Telefe tiene otro (11), Telecentro (Alberto Pierri, ex presidente de la Cámara de Diputados en los 90), tiene 13 (el 26, que usa para su señal abierta –algo que pocos saben- Canal 26, y 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 y 68, para su servicio pago).

El espectro en radio está colapsado completamente y Afsca no ha demostrado tener un plan técnico (que debería confeccionar junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). ¿Cómo se va a cumplir el 33% del espectro para entidades sin fines de lucro si en el área metropolitana no entra ni un alfiler en el espectro?

A juzgar por el tratamiento que recibe, por ejemplo Radio Cooperativa (una radio completamente ilegal, que usurpa una frecuencia que es canal libre internacional y que consiguió cuando a la radio que la usaba –también floja de papeles- se “le cayó” la antena…) no parece que haya intención de cambiar ese contexto en el corto plazo. No hubo en ese sentido ninguna medida. En esa radio (por citar sólo un caso -podría escribirse un libro sobre este tema-) la agencia estatal Télam tuvo un programa durante años y aún es responsable del espacio agropecuario. Aclaro: Radio Cooperativa NO ES una cooperativa.

En la ley de medios también hay cuestiones de mercado que no fueron contempladas durante el proceso de debate de la norma, aunque ya se señalaban en ese momento. ¿Por qué no se habló más del concurso que durante más de un año prometió 220 nuevos canales de TV? Porque sólo había 50 interesados para 220 canales, 14 de los cuales (si no recuerdo mal) iban a estar en Buenos Aires. Es habitual escuchar a los canales actuales decir que no es rentable la TV abierta (con sólo cinco canales) y si se analizan los números de pauta oficial (que marcan una fuerte inversión estatal en varios de ellos) podrían tener razón.

Desde el punto de vista tecnológico (y de la convergencia digital) el tope de 24 licencias de cable en todo el país es tan absurdo como la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones (como las telefónicas) puedan dar TV paga. En eso, el marco regulatorio argentino atrasa años de años. En Brasil, después de cinco años de debate, se sancionó una ley de TV paga que impulsa la penetración del cable (quieren que más hogares se conecten a la TV paga) porque junto con el cable (o apenas detrás) llega Internet y con banda ancha, llega la educación, el desarrollo económico y la posibilidad de un nuevo ejercicio de las libertades políticas. El brasileño no es necesariamente el modelo a seguir, pero es una experiencia cercana, sudamericana. Hay mucho –cada vez más– para mirar alrededor.

Para desmonopolizar en serio, las telefónicas deberían poder dar TV paga y los cables dar telefonía sin limitaciones. Y ambos deberían poder competir por espectro para movilidad (básicamente para Internet móvil). Si de verdad se quisiera desmonopolizar, Afsca ya debería haber autorizado a nuevos oferentes de TV satelital (como Tu Ves HD, que no tiene impedimentos legales para dar el servicio en nuestro territorio). Para desmonopolizar, no hace falta destruir. Y si se quiere destruir no es precisamente para democratizar.

Además hay otra cuestión: la ley permite a Afsca “la trampita” de la extensión de licencias, que si se usa de manera igualitaria para todos los oferentes no sería problema. La experiencia indica que a algunos operadores se les exige una licencia por localidad mientras a otros se les extiende la licencia de su área de origen a áreas vecinas, siempre que las vecinas tengan menos población. Telecentro (que tiene el monopolio del triple play en el área metropolitana, y esto no es una opinión) extendió su cobertura a medio conurbano con la sola licencia que tiene para operar en La Matanza. Esa licencia “extendida” le sirve para otros partidos del conurbano (porque ninguno es más poblado que La Matanza) pero no para la Capital Federal. A mi me parece bien que Telecentro se extienda y compita con Cablevisión y las telefónicas, de hecho fui cliente de Telecentro siempre que pude, pero eso no me impide ver que la ley no está siendo pareja. Lo mismo puedo decir de una empresa (Gigared) que da servicio de cable DESDE Capital a Santa Fe, Paraná, Corrientes, Resistencia y Posadas con una red que arranca en el barrio Belgrano, pero que no puede dar TV paga en la ciudad porque Mauricio Macri no le da los permisos municipales para soterrar los cables o de uso de espacio aéreo para colgarlos.

Cuando exponen sobre la ley de medios, los abogados (y no pocos teóricos de la comunicación) se centran en el texto legal (en lo que ordena, dispone y demás), y la realidad los cachetea con incumplimientos deliberados de ese texto por una y otra parte, con artículos clave que no fueron reglamentados y, lo que es más importante, con algunos datos de la realidad que indican que la ley no podrá ser aplicada tal como está redactada (por ejemplo, la prohibición de que un mismo licenciatario emita más de un contenido por área geográfica en TV abierta: hoy la tecnología permite que, compresión digital mediante, por el canal 13 o el canal 11 se puedan emitir dos, tres, cuatro y tal vez hasta seis contenidos; de hecho en transmisión de prueba así lo están haciendo Telecentro -Canal 26 HD y Telemax- y América -América HD, A24-, alguno de los cuales incluso transmite One Seg para móviles. ¿Para cumplir con la ley de medios vamos a dejar de usar el espectro, un recurso limitado? ¿No era que se buscaban más voces? ¿O habrá que repartir el canal en varios segmentos y las licencias ya no serán para uso de frecuencias sino para uso de fragmentos de frecuencias?

En otras palabras, muchos abogados terminan hablando de teoría del derecho, mientras la realidad se les muere de risa en la cara.

Es más, todo el desarrollo que el Estado está haciendo en materia de televisión digital abierta no cumple el nuevo marco regulatorio, que impide expresamente muchas de las cosas que se están haciendo con la coartada legal de que la ley de medios permite la experimentación con nuevas tecnologías. En muchos países del mundo, la TDT ya es la nueva normalidad, no una experimentación. ¿Qué cosas no podrían hacerse? Por ejemplo, la veintena de señales (públicas, pero sobre todo las privadas) que emite la TDA –Televisión Digital estatal- llegan a más del 35% de la población (de hecho, van a llegar al 100% pronto). Las señales privadas que transmite la plataforma estatal usan espectro sin haber participado de ningún concurso. Y eso, sólo por decir un par de cosas.

Podría hablarse aquí también de las promesas incumplidas de la ley: como por ejemplo, la posibilidad de que las cooperativas den TV paga (o mejor, triple play, telefonía y banda ancha incluidas). A tres años, NI UNA sola cooperativa de servicios públicos (que eran las que sufrían la discriminación) está dando TV paga (al menos hasta la semana pasada, la Coop. de Santa Rosa, con todo listo para arrancar, seguía esperando). Los trámites se traban en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), donde no tienen ni idea (como me aceptó el vicepresidente del organismo, que en realidad es el presidente en los hechos -cosas de la Argentina-) de qué analizar y cómo tramitar esos expedientes. El problema no es tanto donde las cooperativas compiten con Cablevisión o algún otro cableoperador grande sino donde la cooperativa quiere competir con cableoperadores pymes. ¿En ese caso, cuál es el monopolio amenazante? No lo pregunto yo, lo dicen muchos cableoperadores pymes que supuestamente están chochos con la ley de medios.

De más está decir que ningún sector económico (o por lo menos, no es lo habitual) tiene una norma antimonopilo propia como el que se ha creado para el de medios (que mezcla medios chicos con medios grandes, no distingue FM de AM, confunde generación de contenidos con distribución de contenidos, uso de espectro con vínculo físico -cable- y muchas otras cuestiones). Hay una ley de defensa de la competencia que no está reglamentada completamente y entre lo que falta reglamentar figuran los tribunales de defensa de la competencia que serían los organismos naturales que deberían intervenir en todos los casos de riesgo de monopolización. Mientras eso no se reglamenta (es mejor para el poder de turno tener el poder de autorizar o no la integración de poderes económicos, ¿no?), la CNDC -que depende del Poder Ejecutivo- tiene potestad para decidir por ejemplo, que Telefónica pueda controlar a Telecom, su principal competidor, y así manejar entre el 60 y el 80 por ciento del mercado de banda ancha, telefonía fija y móvil).

¿Los pueblos originarios? Después de haberlos usado, ya nadie parece escucharlos y ellos (los que están alfabetizados y no se mueren de desnutrición) se trenzan en una disputa por las autorizaciones para tener medios. ¿Quién puede estar en contra de que cada comunidad aborigen tenga sus medios, que hablen en su idioma, de sus costumbres, su música, sus temas…? Yo estoy a favor de que puedan hacerlo. La pregunta es… jurídicamente, ¿Qué es un pueblo originario? Los que siempre estuvieron inscriptos como tales en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o las nuevas organizaciones que se anotaron en un registro creado ad hoc (algo de los que casi nadie habla). ¿Tupac Amaru califica como “pueblo aborigen”? Si alguien quiere chequear esto, busque Consejo Nacional Indígena en Google.

¿Y de las licencias que directamente puede entregar el Poder Ejecutivo en ciudades de menos de 500.000 habitantes?

Y los medios universitarios… ¡No fueron creados por la ley de medios! Argentina tiene una larga tradición en medios de comunicación universitarios (lo demuestran las radios y canales de las universidades nacionales del Litoral, de Córdoba y Tucumán; las decenas de FM de muchísimas casas de estudios -entre ellas la red que tiene la UTN- y las frecuencias de televisión UHF que desde los 90 tienen asignadas universidades como Luján y La Plata). Lo que le sigue faltando a los medios universitarios es financiamiento genuino: el mejor ejemplo es el de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) cuyos programas estrella son 678 (en Canal 10 de Córdoba) y los noticieros de la señal privada CN23 (grupo Szpoloski-Garfunkel) que retransmite CBA24N la primera señal de noticias del interior del país (un proyecto buenísimo si no fuera que ahora dedica buenos tramos de su programación a seis-siete-ochizar a muchos colegas cordobeses).

Que la ley de medios es una ley de la democracia es verdad. Pero que otras leyes siguen siendo de dictaduras (algunas rancias) no es menos verdad: decreto-ley de telecomunicaciones, decreto-ley de minoridad, decreto-ley de creación del PAMI, decreto-ley de entidades financieras, el Código Aduanero (que sirve de marco legal a las retenciones a las exportaciones)… todas leyes clave sobre las que parece no hay necesidad de innovar.

En fin, me parece que la ley de medios debe analizarse en el contexto total: en el que no hay ley de acceso a la información ni ley de reparto de la pauta oficial, y tampoco hay ley de telecomunicaciones (la que hay es del 72!) -que permita más competencia, mejores servicios de conectividad y a menores precios-.

En conclusión: a los que se puede comprar, se los compra; a los que se pueden sostener financieramente por sí mismos, se los parte al medio; y a los que quedan, no se les permite acceder a la información pública. Ni Karadajián lo hubiese hecho mejor.

Hay mucha cháchara sobre la ley y poca visibilidad sobre su aplicación sesgada y ficticia. Les confieso que tanto explicar y explicar y explicar, cansa. Y mucho. Que tengan buenas noches.

http://mediaandentertainmentobservatory.wordpress.com/2012/10/31/sobre-la-leydemedios-larga-explicacion-para-periodistas/ 

By José Crettaz

Virtual acefalía presidencial

A pesar de que la Argentina está marginada del mundo, que le hicieron perder toda importancia política y prácticamente desapareció la influencia que la caracterizó en el pasado, algo queda convertido en simples recuerdos para algunos y una gran tristeza para otros. Por supuesto, esto último llega con una enorme carga de indignación por lo que pudo ser y, sobre todo, por el empecinamiento en mantener el rumbo del fracaso por parte de quienes tienen el uso del poder.

Lo más increíble de esta situación es que, pese a ese marginamiento, los recuerdos de las pasadas glorias no sólo persisten, sino que forman parte del asombro general que ya superó nuestras fronteras y llega con los medios de comunicación del exterior. Ellos aportan más y más elementos de juicio cuya difusión integra el proceso de descomposición de este gobierno y de sus principales funcionarios. Ya veremos más en detalle esto último que explica el título del comentario de hoy, que seguirá con otro de los papelones que hablan del desmanejo e incapacidad con que se ejecuta la actividad diplomática. Lo decimos así porque es la única manera de referirnos a la ausencia de política exterior, lo que se explica por un aspecto de la realidad que nos agobia: no puede haber política exterior cuando no existe coherencia en la política interior que la refleje y exprese. Así de sencillas son las cosas.

Cuando la política interior se caracteriza por el desorden, la exclusión de los mejores, se convoca sólo a los genuflexos y los actos de gobierno giran en torno de los negocios personales, hace que los analistas carezcan de elementos legítimos para trazar interpretaciones y establecer pautas de entendimiento para ejercer la gran política. Por eso podemos decir que Héctor Timerman, más que culpable, es una víctima: jamás debió ser designado ministro de Relaciones Exteriores y Culto, no sólo porque desistió de su nacionalidad argentina, que debió recuperar para acceder al cargo, sino por su notable ineptitud para desempeñarlo. Entre tantas cosas caras para el ánimo de los argentinos, ahora se sabe que desde hace unos diez días, aproximadamente, ocurrió un hecho que aleja más aún la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas: mediante un acuerdo con la Comunidad Europea en términos que también son ocultados a la opinión pública, Gran Bretaña autorizó la inmediata instalación de una estación de control satelital que, nos dicen, por los términos del acuerdo y sus alcances técnicos, profundiza la condición estratégica del archipiélago de nuestro extremo Sur. La sola mención de esta novedad permite apreciar este factor, todo lo cual fue minuciosamente ocultado por el Palacio San Martín y la Casa Rosada. Por añadidura, se desconocen los términos de esta medida y sobre todo cuál ha sido la reacción argentina, si es que la hubo. Podemos agregar que carece de explicación el real significado de una pista clandestina o semiclandestina sobre la costa en la provincia de Chubut -del que se habló con insistencia pero, “para variar”, sin explicaciones del gobierno-, asunto que facilita toda clase de especulaciones y suspicacias. Entre ellas, que a Cristina no le importan o simplemente no le interesan estos problemas, sea porque no dan votos, sea porque no los entiende y si están fuera de su comprensión, como la economía, la seguridad o la defensa, por ejemplo, el sentido de su desempeño se angosta hasta desaparecer.

En épocas pasadas, la difusión de estas noticias habría determinado una movilización de la opinión pública y de las reacciones políticas, pero en las actuales circunstancias de la decadencia que se nos ha impuesto, poco es lo que podemos hacer. Más aún, observamos por parte del gobierno una desaprensión absoluta respecto de estos problemas, desaprensión agudizada por la persecución a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuya última expresión es el escándalo de la Fragata Libertad. ¿Quién insistió, en definitiva, para anclar en el puerto de Ghana? ¿Fue Guillermo Moreno, que ahora trota rumbo a Vietnam acompañado por los “empresarios” de La Salada que, para colmo, ahora retacean mostrarse con el Secretario de Comercio Interior…? Ya los empresarios de envergadura desistieron de acercarse al boxeador -excepto de Mendiguren, que todavía insiste- quien se ha convertido en socio de casinos clandestinos, tal como se lo explicó ayer en esta Hoja. No nos escandalicemos: un ministro de la Corte -Zaffaroni- es dueño de varios departamentos convertidos en prostíbulos. Y a él ha recurrido la Presidente para darle forma a un nuevo Código Civil.

Estos nuevos datos de la decadencia concurren en la formación de otro interrogante: ¿es preferible que Cristina se encierre para tomar a solas todas las medidas principales de gobierno en detrimento del rol que les corresponde a ministros, secretarios y demás funcionarios o es mejor que su presidencia se ejecute en términos de normalidad? La duda es válida pero, en los hechos y como se informó ayer, las órdenes contradictorias que imparte, los constantes cambios de opinión, el contenido de las medidas que adopta, el perceptible deterioro de su estado de salud y la inestabilidad mental de la que hablan todavía en voz baja ministros y colaboradores cercanos, permiten pensar en una virtual acefalía. No faltarán quienes consideren que el vocablo es exagerado pero, a esta altura del proceso institucional que atravesamos, debemos analizar, como lo señalamos hace poco, que tres años por delante son imposibles en los actuales términos políticos. Más aún, algunos avispados, que pueden variar su posición de un día para otro, han entrado a preocuparse por el destino que les espera a innumerables jueces prevaricadores que se sometieron a los intereses políticos de la revancha ideológica. Tanto es así, que en silencioso secreto evalúan la conveniencia de elaborar una amnistía para negociar con ella un devenir que será contundente para esos jueces y para quienes los inspiraron. El 8 de noviembre podrá mensurarse la protesta popular y el 7 de diciembre será una fecha que se sumará a la anterior para definir el futuro, suceda lo que suceda. Es probable que los acontecimientos decisorios se extiendan hacia el verano pero la realidad, ese componente que deben interpretar todos los políticos, sean oficialistas o de la oposición, indicará a cualquier observador más o menos informado que algo muy grave y de notable importancia nos aguarda a todos los argentinos, sin excepción. La consigna es prepararse para el día después.

Los elementos que demuestran que Cristina no es abogada REVELACIONES EN PRIMERA PERSONA

Es un tema recurrente y hasta incómodo, pero siempre vuelve. ¿Es Cristina Kirchner abogada o no? ¿Se recibió alguna vez? ¿Cuándo? ¿Alguien vio su foto de graduación? ¿Y su diploma?

Voy a ser incorrecto al escribir esta nota en primera persona, pero eso me facilitará la cuestión para poder contar la historia completa de una vez y por todas.

La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro —enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial— se despachó ante tres periodistas de TDP respecto a la corrupción del kirchnerismo y lanzó al final una dura advertencia: "Que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha".

Quienes lo escuchamos, Carlos Forte, Ana Grillo y yo, nos quedamos perplejos y comenzamos una averiguación exhaustiva que llevó tres años de fuerte indagación (ver fax enviado a la Universidad de La Plata en 2004). Las primeras dudas las publicamos en 2004, es cierto, pero recién en 2007 reflejamos la primera parte de la investigación completa (ver al pie notas relacionadas).

En esos días, dimos a conocer que Cristina "no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.

Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar".

Basta consultar la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad para ver que el dato es falso.

Por las dudas, consultamos en su momento para saber si alguna vez Cristina Kirchner había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada.

Insistimos en la cuestión e hicimos un rastreo en Comodoro Rivadavia a través de la consulta a otros estudios jurídicos y/o supuestos clientes que podría haber atendido. Toda pesquisa dio negativo.

Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte al Colegio Público de esa localidad.

No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina. También se "truchó" la supuesta ficha de entrega de título, tal cual puede verse a continuación.

Allí, como puede observarse, se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se puso encima los datos de la hoy Presidenta de la Nación.

El dato lo publicó el colega Juan Cruz Sanz en 2007 y es irrefutable: "La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula que es el DNI de la Primera Dama está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada".

Para poder probar la adulteración del documento debimos contratar —y costear— un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del “truchaje”.

¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga la Presidenta? Para nada, solo hay que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta y hablar con el propio Olmos quien confirmará la adulteración de la que fue víctima.

Sin embargo, según publicó este viernes Perfil.com Cristina estaría matriculada hasta el día de hoy en la Asociación de Abogados de Río Gallegos, pero tampoco es cierto.

Para verificarlo, los colegas solo tendrían que haberse tomado la molestia de consultar la página web de esa entidad, donde aparecen todos los letrados matriculados allí. Mal que le pese a más de uno, la Presidenta no figura allí.

Como puede verse, el fraude es totalmente verificable y podría ser desactivado tranquilamente por Cristina Kirchner solo mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.

Y allí aparece una duda esencial: ¿Nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado: colgar su título en una pared?

Las fuentes que consultamos los colegas que nos abocamos a investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunas hablaron a micrófono abierto y otras no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional.

El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold; el abogado Domingo Zárate —ex socio de Néstor—; el periodista Daniel Gatti; el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Vanossi, y muchos otros, son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la Presidenta en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?

Las dudas se acumulan sin cesar y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la Facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico. Esa grabación se presentó como prueba en el juicio iniciado por mí junto al abogado Fabián Bergenfeld.

Perfil.com fue víctima de la misma negativa por parte de esa facultad: "Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron". Tampoco quiso "colaborar" con la investigación el Ministerio de Educación, como se ve en el siguiente documento:

 

Volviendo a la nota de Perfil.com, allí aparece un dato revelador: "Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina 'Macri' Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, 'le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural'".

"No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo", estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su "buena relación" con "Macri". Siempre de acuerdo a lo publicado por Perfil.com.

Para terminar, quiero aportar dos reflexiones: primero, la mayoría de las mentiras detectadas en torno a la titulación de Cristina provienen de afirmaciones del propio Gobierno; segundo, en 2007 ofrecimos desde TDP 10 mil dólares a quien pudiera aportar una foto de graduación de Cristina.

El resultado de esta última búsqueda lo dice todo: el pozo sigue vacante hasta el día de hoy.

Christian Sanz