LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3210

EN ESTOS DÍAS LA CIUDADANÍA ESTÁ SIENDO SACUDIDA POR LA NOTICIA DE LOS OBSTÁCULOS QUE HA IMPUESTO LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) PARA LA ADQUISICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA EN GENERAL, AUNQUE PRÁCTICAMENTE EL BILLETE EN ESCENA ES EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE. LA RESOLUCIÓN EN ANÁLISIS CREA UN RÉGIMEN DISIMULADO CON APARIENCIA DE INFORMATIVO QUE PROVOCA OTROS EFECTOS DISTINTOS DE AQUELLOS QUE TIENEN QUE VER CON LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE UNA OPERACIÓN DE ESTA ÍNDOLE.

LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3210

Si bien la norma no lo dice expresamente, es obvio que deja traslucir un espíritu de coercitividad hacia las entidades que operan en el mercado de cambios para morigerar, a través de su intermediación, el impulso masivo de estos últimos tiempos a la realización de operaciones comerciales de esta clase. Y esta intención oculta que guarda la norma va dirigida directamente al núcleo de la negociación de la divisa, ya que el efecto inmediato que causa ante "la inconsistencia" es su paralización en ventanilla, puesto que muy difícilmente la entidad vendedora esté dispuesta a continuar con la venta debido a las consecuencias que le pueden caer sobre su cabeza y, además, el adquirente público en general tiene que sumergirse en el mundo desconocido de los temas fiscales que no son cotidianos en su vida para lograr perfeccionar la operación, siendo éste un hecho muy fuerte para desmotivarse. De la escasa información que he podido colectar en estos días he visto que, en muchos casos, los archivos informáticos de la AFIP que se consultan por Internet para validar la operación están disociados con la venta de dinero extranjero que quiere llevar adelante el potencial adquirente. Esto provocó que la posición abortiva de venta de divisas en muchas ocasiones no ha podido ser ratificada con solidez por la Administración, ya que lo más trágico de este hecho es que la base de datos impositiva consultada se encuentra desactualizada comparándola con el momento de realización del negocio. Obsérvese, por ejemplo, que la última declaración jurada del impuesto a las ganancias vencida contiene datos de los contribuyentes individuales hasta el 31 de diciembre de 2010 y este régimen se implementa casi en noviembre de 2011, es decir luego de haber transcurrido más del ochenta por ciento (80%) del nuevo ejercicio fiscal, que lógicamente es de esperar que contenga otras magnitudes de actividad económica que no son tomadas en cuenta cuando se lleva a cabo el paneo de datos comparables para validar o no la operación.

Sepamos también que se han parametrizado otras variables a los fines analíticos del permiso que se deben remitir desde el ente público, tales como gastos con tarjetas de crédito y débito, cuotas de colegios privados y cuotas médico-asistenciales, entre otros, que si bien son datos insinuadores de consumos, carecen del elemento de comparabilidad fundamental que es la misma declaración jurada de ejercicio anual actual del impuesto a las ganancias. En concreto, se toman en cuenta elementos del año en curso, pero se comparan con los del año anterior, lo cual, por supuesto, no puede arrojar una conclusión coherente.

El segundo inconveniente que se plantea es, como lo he visto personalmente, cuando un ama de casa va en busca de divisas con el producido de los ahorros de su esposo. Su primer intento de adquisición se frustra inevitablemente y si, para peor, esta señora no se encuentra legalmente casada, como hoy en día es bastante generalizado que así sea, será una empresa de casi imposible solución sin que su pareja concurra a la AFIP a explicar los hechos asumiendo el costo del tiempo que el trámite demora a cargo de la tarea que se haya dejado de hacer.

Vamos a suponer que un trabajador con salarios reducidos (como gran parte de los argentinos) ha percibido una desacostumbrada suma de dinero producto de una indemnización por accidente de trabajo y decide dolarizarla. Su empleador sólo habrá declarado el salario que le abona, la aseguradora de riesgos del trabajo no le hará retención del impuesto a las ganancias en virtud de los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejan al margen de imposición a las indemnizaciones provenientes de rentas de cuarta categoría y el trabajador tampoco presentará declaración jurada alguna. La AFIP no tendrá dato alguno de esta cuestión, saldrá reportado "con inconsistencias" y será imposible que esta persona pueda concretar su compra en el primer intento.

Supongamos también que un joven que aún no ha ingresado a la actividad económica recibe en donación de un pariente accionista la cesión de derechos a la percepción de dividendos y, como es prudente con su dinero, lo quiere resguardar pensando que la compra de moneda extranjera es su mejor forma.

Seguramente su operación será "con inconsistencias". El tercer inconveniente que se produce en la confrontación de datos del ente tributario es que resulta impensable que éste cuente con la integridad de todos aquellos que, en el marco de la economía dinámica, pueden suceder como para contar con una universalidad de elementos que le entreguen información confiable. Y ello es así porque no todo lo que acontece en el mundo de los negocios tiene un correlato tributario o debe ser sabido por el Fisco, puesto que no está previsto que sea así, y frente a que hay constantemente transferencias de recursos entre las personas y empresas que están lejos de todo lo relativo a la fiscalidad.

Por esta razón no me queda más remedio que expresar mi desacuerdo con las palabras del Administrador Federal, quien sostuvo en una conferencia de prensa oral y televisiva que todas las operaciones que sean informadas "con inconsistencias" son, sin lugar a dudas, provenientes de actividades "en negro" y quienes aun así sigan adelante con el negocio van a ser hostigados tributariamente. Antes de lanzar semejante afirmación, debería haber reconocido los propios límites que tiene la AFIP con sus bases de datos y dictar una norma mucho más flexible.

El cuarto aspecto que creo necesario destacar es el económico, ya que con la fuerte presión alcista del dólar norteamericano frenada en parte por la autoridad monetaria, no es una sorpresa encontrarse con que, luego del primer rechazo a una operación, la aclaración ante la AFIP para poder terminarla felizmente y una nueva acción de compra, la moneda extranjera se haya incrementado e, inevitablemente, el costo de esta diferencia lo sufre el que ya ha sido perjudicado con estas trabas caprichosas.

A título meramente anecdótico, y aun faltando a la altura que doctrinariamente debe tener este trabajo, voy a narrar dos situaciones que esta semana me tocaron vivir y que demuestra por dónde transitan los andariveles de este régimen informativo.

En el mostrador de la AFIP se acercó una persona de mi conocimiento titular de una de las empresas de mayor envergadura de toda la Patagonia. Su nivel de facturación es superior a los $ 100.000.000 anuales.

Esta persona venía del banco, que le había informado que solamente estaba autorizado a adquirir dólares por la cantidad de $ 10.000 argentinos, no obstante tener toda su situación tributaria en orden. Y lo peor, y que más indignaba a la persona, era que su secretaria tenía exactamente la misma capacidad de adquisición de moneda extranjera y, lógicamente, no tenía ni patrimonio ni ingresos de semejante envergadura.

La cajera de mi banco, que me conoce desde hace años, me comentó muy sonriente que ya que ella es la que vende moneda extranjera intentaría solicitar el certificado de validación para sí misma. Cuando lo hizo, solamente le fue autorizada la adquisición de U$S 100, mientras sus ingresos no bajan de un par de miles de esa moneda.

En definitiva, y más allá de estas cuestiones puntuales, es absolutamente incontrovertible que este régimen se convierta en una intromisión ilegítima al negocio privado que se ha enmascarado como informativo, pero que es de otra clase, ya que pretende claramente tratar de desmotivar la compra de dólares mediante la búsqueda de excusas burocráticas que logren abortar operaciones que no tendrían en principio ninguna razón para no llevarse a cabo. Y esto es lo grave de esta norma: que en primer lugar habrá un rechazo que termina siendo frustrante, independientemente de que luego de mucha pérdida de tiempo y paciencia en la dependencia oficial se consiga finalizar el propósito perseguido, pero ya en la reiteración del trámite de compra.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL RÉGIMEN

La resolución general (AFIP) 3210 formula, según letra exacta del primer considerando, que "los regímenes de información facilitan la estructuración de planes y procedimientos destinados a optimizar la acción fiscalizadora y el control de las obligaciones fiscales a cargo de este Organismo". En este contexto, y dadas las consecuencias verdaderamente abortivas de la compra de moneda extranjera que produce el régimen en muchas ocasiones, hay que decir que es falso que el objetivo que guarda para sí el Ente Recaudador sea el de contar con un sistema informativo que alimente sus bases de datos para controlar la concordancia financiera y patrimonial entre quienes lleven adelante estas operaciones y las declaraciones juradas que muestran la justificación del origen de los fondos para hacerlo. Y si no se ha querido esto, es lo que ha sucedido. Nadie puede ser tan inocente de creer en el propósito declarado que describe el ordenamiento en examen, habida cuenta de los efectos verdaderos que provoca y que ya han sido corroborados por el mercado. Por otra parte, y en esto es donde voy a poner más énfasis, no se puede soslayar que se ha logrado provocar una interrupción ilegítima del órgano oficial en el negocio privado disimuladamente tratado como cuestión de información, cuando carece absolutamente de facultades legales para hacerlo.

En efecto, recordemos que la resolución general (AFIP) 3210 se dicta, según queda plasmado en su texto, utilizando las facultades conferidas por el artículo 7 del decreto 618/1997, esto es, en uso de facultades de reglamentación relacionadas con la inscripción de agentes de información y el dictado de las obligaciones a su cargo.

Lo que ha omitido la AFIP al crear esta resolución general son las facultades con las que cuenta para dictar normas reglamentarias, al estar únicamente derivadas de la ley 11683 y exclusivamente circunscriptas a las funciones de aplicación, percepción y fiscalización de tributos nacionales a su cargo, careciendo de toda potestad legal para disponer una intromisión en el negocio privado para condicionarlo, evitarlo, impedirlo, obstaculizarlo o demás situaciones que se presentaren, como sucede efectivamente en cada mostrador de bancos y casas de cambio todos los días. Por esta razón he venido sosteniendo a lo largo de todo este escrito la falta de legitimidad de la norma en este sentido.

Recordemos que el decreto 618/1997 es muy claro en la determinación política de que la Administración está autorizada a dictar sólo 2 tipos de normas de alcance general: las reglamentarias (art. 7) y las interpretativas (art. 8). Todo aquello que implique en los hechos la existencia de una falsa capacidad de reglamentación dispositiva como sucede en estos casos, y para colmo de males con efectos interdictivos, carece de fundamentación legal como para ser emanada de la AFIP.

No demerito las facultades de contralor a la función recaudadora. No controvierto que frente a esta operación se puedan dictar disposiciones totalmente válidas que ubiquen al ente antes, durante y después de la operación en el mejor lugar que lo crea conveniente con el objeto de verificar la justificación tributaria del hecho. Lo que resulta inconcebible es que se inmiscuya coercitivamente para situarse en el medio de ella fundamentalmente porque desde lo filosófico hay que decir que los tributos a su cargo son siempre la consecuencia de un negocio, o hecho

económico o jurídico, según el gusto del lector, pero nunca la finalidad misma y porque este Organismo no está legalmente concebido para entrometerse, cual sistema intervencionista de la época comunista, en las relaciones privadas y, en especial, porque el control de la comercialización de moneda extranjera está a cargo del Banco Central de República Argentina.

Tengo la esperanza de que esta norma arbitraria no sea el preludio de épocas muy tristes del país cuando la gente reclamaba golpeando ollas la devolución de sus fondos incautados por el sistema bancario. Por ahora todo parecería que va en dirección a convertirse en un "corralito" de moneda extranjera so pretexto de que la Administración debe estar informada.

LOS REMEDIOS ALTERNATIVOS

Quien sea rechazado en el mostrador de la institución vendedora de moneda extranjera, además de pasar una situación vergonzosa e indignante, tiene 2 caminos posibles para lograr exitosamente su propósito:

1. Legitimar la norma fiscal y armarse de paciencia para concurrir a una dependencia del ente a explicar su situación munido de los documentos que prueben sus dichos esperando que el funcionario que lo atienda consienta sus razones e ingrese a las bases de datos, dejando constancia de ello para que pueda en un segundo intento concretar la compra. r

2. Dar la espalda a esta resolución general y encaminar la situación por medio de las herramientas jurídicas disponibles, tal el caso de los recursos de amparo de raigambre constitucional y que nuestro Máximo Tribunal tiene sentenciado que no sólo los acoge frente a un perjuicio efectivamente sufrido, sino que esta vía también prospera ante aquellos potencialmente posibles.

REFLEXIONES FINALES

No es la primera vez que la AFIP se atribuye facultades reglamentarias que no ostenta. Basta simplemente recordar la resolución general (AFIP) 1547 (medios de pago de la ley antievasión), que nace a partir de una legislación que dispone expresamente que quien debe reglamentarla es el Banco Central de República Argentina (art. 11, L. 25345), y sin embargo, el Fisco se considera invitado y participa de ella. Tampoco esta intromisión en el negocio privado es novedosa ya que, por ejemplo, las resoluciones generales (AFIP) 2371 y 2729 obligan a los escribanos públicos a requerir el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) para las operaciones de compraventa de inmuebles, y los registros del automotor requieren el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) para el caso de los automóviles, respectivamente. Pero hay diferencias marcadas entre estas resoluciones y las que estamos analizando que, a mi juicio, cambian la irritabilidad que causa esta disposición en análisis,según estas consideraciones:

1. Tanto para el caso de transferencia de inmuebles como para el de venta de automotores, existen montos que, por debajo de ellos, posibilitan escapar a las obligaciones de contar con certificados fiscales a una masa importante de sujetos, mientras que para la comercialización de moneda extranjera hay que someterse al régimen aunque más no sea por un solo dólar comprado.

2. De ello se concluye que, en general, aquellos sujetos minoristas de economía escasamente trascendental seguirán con justicia fuera del ámbito propio de las obligaciones creadas por el régimen impositivo cuando compren o vendan inmuebles y automotores de bajo valor pero no será así cuando se trate de la adquisición de moneda extranjera independientemente de su cuantía.

3. Aun en el caso de que deban obtenerse el COTI y el CETA mediante trámites por Internet, las operaciones a celebrarse con estos tipos de bienes son mucho más ceremoniosas que otras comunes, como son la compra de dinero extranjero. Por lo pronto, para poder celebrar e inscribir una escritura hay tiempos de espera imposibles de evitar. Lo mismo sucede con los registros nacionales del automotor. En el medio de esos tiempos muertos, ante la inercia lenta que tienen, un trámite ante la AFIP no entorpece el perfeccionamiento de la operación ya que sólo lo dilata en el peor de los casos. Sin embargo, en la comercialización de moneda, los tiempos contractuales son instantáneos y la expectativa de los vinculados a ella también. El comprador sólo quiere pasar por ventanilla, pagar el monto que arroje la operación y llevarse lo más rápido que pueda sus billetes.

El impedimento de la venta que causa el documento oficial "no convalidado" no deja de causar mucho mal humor y más cuando el adquirente sabe que su situación tributaria está en orden, y con más razón cuando se trata de un simple consumidor final que, por lo general, no anda por la vida pensando en la AFIP porque tiene razones para estar alejado de ella.

Creo que la falta de establecimiento de valores mínimos de comercialización de moneda extranjera que escapen a toda esta norma, que hasta ahora opera como una Caja de Pandora, es una cuestión que verdaderamente atenta contra su aceptación por el público en general. Si se ha dictado como medida combativa del circuito informal de estas transacciones, aun así sigue siendo una norma mentirosa porque no lo expresa y porque quien debe preocuparse de la moneda extranjera es el Banco Central de República Argentina en primer lugar y la AFIP luego, pero sólo en términos de los gravámenes vinculados con estas operaciones marginales.

La monetización de la economía, otra condición fundamental del desarrollo argentino

La monetización de la economía, otra condición fundamental del desarrollo argentino

La importancia de la cuestión.

Al 30.6.2011, el PBI argentino, según el Banco Central, se hallaba en 1,976 billones de pesos y el crédito al sector privado alcanzaba al 12,6% del PBI es decir a 250.000 millones de pesos.

Estas cifras en un país financieramente bien organizado serían bien distintas pues el volumen del crédito al sector privado, alcanzaría al 90% del PBI es decir a 1,778 billones de pesos, más de 1,5 billones que los que dispone el sector privado argentino. Aproximadamente la cantidad de dinero se estima que debería estar en el 100% del PBI, 10% para el sector público y 90% para el sector privado.

En Latinoamérica el país que se acerca a estas cifras es Chile aunque en un nivel ligeramente más bajo, del 90% del PBI, 10% para el sector público y 80% para el sector privado. Brasil tiene el 100% del PBI en cantidad de dinero pero en él la participación del Estado es mucho mayor que en Chile y correlativamente la participación del sector privado es más baja, alrededor del 40%.

Pero en todos los países desarrollados (Australia, Canadá, EEUU, Francia, Alemania, Países Bajos, etc.), la cantidad de dinero estaba, como mínimo en esa proporción, con absoluta estabilidad de precios, antes del 2008, es decir de la actual crisis provocada por los fraudes cometidos en la financiación del crédito inmobiliario

¿Es posible imaginar lo que podría hacer la actividad económica privada argentina, si contara con ese nivel de préstamos bancarios?

Podría sin duda:

1) Impulsar fuertemente el crecimiento económico.

2) contar con un financiamiento para la empresa nacional, grande, pequeña y mediana, en toda la cantidad necesaria, con lo que se consolidaría su presencia en nuestra economía.

3) ampliar el empleo, hasta alcanzar el pleno empleo y resolver por eliminación la informalidad del trabajo que hoy afecta al 40% o el 34% según las fuentes privadas u oficiales.

4) se reduciría la importancia del Estado en la economía por expansión del sector privado.

¿Desde cuándo se pudo llevar adelante esta política con mayor facilidad?

A partir de 1971, bajo la Presidencia de Nixon fue cuando EEUU derogó para sí la dependencia de la cantidad de dinero de una relación fija con la disposición de oro, y todos los demás países del mundo derogaron esa dependencia. De ahí en adelante la oferta de dinero se determinó en función de la demanda efectiva de dinero.

Es decir que hace 40 años que la política monetaria argentina debió aumentar la cantidad de dinero, sin producir inflación, como lo hicieron otras economías del mundo.

Ello hubiere creado condiciones excepcionales más favorables para el desarrollo económico y el bienestar social.

De quién es la responsabilidad.

Este gravísimo error de la política monetaria argentina es de responsabilidad única de los argentinos, específicamente del Banco Central y del Congreso.

Del Banco Central porque es el encargado de proyectar el programa monetario de cada año, y del Congreso de la Nación, porque él debe controlar ese proyecto y aprobarlo. El primero lo proyectó y lo remitió al Congreso a fines de cada año, y el Congreso nunca lo discutió ni lo aprobó. El Banco Central es el responsable de este fenomenal error y el Congreso de no ejercer su facultad constitucional indelegable de fijar la política monetaria.

Pero en realidad la responsabilidad es de toda la clase dirigente argentina que no ha advertido la importancia que tiene el tema, en particular los propios bancos y los economistas.

Por ejemplo el proyecto actual de reforma de la ley de entidades financieras elaborada por el sector oficial, ni siquiera advierte la existencia del problema. Tampoco lo hacen los proyectos de la oposición.

El fenómeno de la monetización de la economía.

La monetización de una economía es la relación que la misma tiene entre la cantidad de dinero y el PBI.

Por su parte la cantidad de dinero es la suma del dinero en billetes y monedas emitido por el Banco Central, mas la cantidad de dinero depositado en bancos y vuelto a prestar por los bancos, lo cual si se preserva un depósito de reserva igual al 10%, para responder a los retiros de depósitos, produce un crecimiento de diez veces en la cantidad de dinero, originaria, o más, según la cantidad de dinero depositada y dejada en reserva.

La cantidad de dinero que emiten los Bancos Centrales es siempre inferior al 10% de la cantidad de dinero total, es decir que el grueso de la cantidad de dinero es creado por los bancos a través del multiplicador bancario.

En los países desarrollados por una parte se usa una cantidad mínima de dinero en efectivo, manejándose con dinero bancario para el pago de casi todas las obligaciones, lo que da lugar a una más alta bancarización. Pero ello es también consecuencia del menor costo de los préstamos bancarios y de la mayor eficiencia del sistema bancario.

Curiosamente en períodos de la economía argentina de mayor estabilidad y de cumplimiento estricto del patrón oro, la monetización se mantuvo en niveles que superaron al 30% del PBI, en muchos años, y en promedio alcanzó al 26% del PBI, antes de 1930 y en los primeros años del cuarenta.

Por el contrario con posterioridad, entre 1946 y 2011, la monetización promedio es del 13% del PBI. En el periodo 2002 y 2011, hubo situaciones en que la cantidad de dinero prestada a la actividad privada, tuvo registros mínimos por ejemplo del orden del 7% del PBI.

Uno de los enemigos de la monetización son las inversiones en títulos públicos nacionales que realizan los bancos, en particular los bancos oficiales y que en la actualidad alcanzan a 124.000 millones de pesos.

La consecuencia de una baja monetización.

Las consecuencias son, en general:

1) Afecta el financiamiento de toda la economía pero en particular de la empresa nacional, que son las que sostienen el empleo.

2) Origina un aumento en la tasa de interés que a su vez restringe la cantidad de dinero que se demanda.

Esta insuficiencia origina también la falta de disposición de capitales para crear un mercado nacional significativo, con destino a las inversiones. .

3) La insuficiente cantidad de dinero origina un incremento en la velocidad de circulación de tres a cuatro veces, con lo cual hay financiamiento solamente de corto plazo.

En la literatura económica argentina el tema no es motivo de preocupación.

En efecto en los períodos de aguda desmonetización de la economía argentina al menos de parte de los economistas no se registraban críticas, a diferencia de los EEUU donde en particular Milton Friedman siguió con particular interés las variaciones en la cantidad de dinero señalando que su contracción traería recesión o contracciones económicas, como que para él, fue la causa de la crisis de 1922 que se había producido artificialmente por una contracción en la cantidad de dinero en los EEUU y así como se había agravado la crisis de los años de 1930 por el mismo motivo.

El suscripto se ha ocupado de la cuestión con una obra que se tituló “La Monetización de la Economía Argentina”, Ed. Dunken, 2003. En dicha obra se propuso un plan de monetización, con estabilidad.

Otros autores registran las diferencias en la cantidad de dinero en diversos períodos de la historia argentina sin explicar su trascendencia ni sus motivos.

El BID se ocupo de la cuestión en el 2005, en una obra titulada “Desencadenar el crédito”, donde consta la desmonetización de toda la economía latinoamericana, excepto Chile, pero con recomendaciones equivocadas de como corregirlas.

La causa de las dificultades del problema es que no es neutro para los importantes factores económicos en juego.

En definitiva para conocer la cuestión lo mejor es leer los informes del FMI sobre la realidad monetaria de todos los países, donde se puede conocer la cantidad de dinero de cada uno, su aplicación, y el nivel de estabilidad alcanzado.

Entre nosotros el aumento de la cantidad de dinero se confunde con la inflación.

Entre nosotros se han generalizado conceptos económicos muy erróneos. Uno de ellos es que el aumento de la cantidad de dinero es equivalente a inflación y la genera sistemáticamente.

Cuando el aumento de la cantidad de dinero es equivalente a la cantidad de bienes que se genera, no hay inflación.

Pero cuando el aumento de dinero se destina a destinos improductivos como pueden ser el consumo privado o público, dicho aumento produce inflación porque no se compensa con una mayor cantidad de bienes.

Es decir el aumento de la cantidad de dinero debería introducirse a través de los préstamos a los sectores de la producción, industrial, agropecuaria, de la construcción, otros sectores productivos, y los servicios.

Los recaudos para la modificación de la política monetaria.

En el libro citado recomendamos la forma de modificar la política monetaria.

Por una parte se requiere una modificación de la ley de creación del Banco Central, porque se deben introducir dos modificaciones fundamentales:

1) una en el objeto o funciones de esa Institución que no debe ser solamente custodiar el valor de la moneda sino también vigilar el crecimiento del PBI.

2) otra es modificar la composición del directorio del Banco Central concediendo mayoría a los representantes de de los depositantes y los tomadores de créditos, porque son los dos intereses absolutamente predominantes en el sistema. Pero también dar representación minoritaria a los bancos y al Estado. Este último tendría la Presidencia y la Vicepresidencia.

3) asegurar la disposición de una cantidad de dinero suficiente a la que demande la actividad económica tendiendo a alcanzar el 100 del PBI, en forma gradual, como se propone en la obra de referencia.

EL SENADO RESISTE LA INTERVENCIÓN DE LA CASA ROSADA

Pichetto y Cobos, aliados para boicotear a Boudou

El enfrentamiento público de los últimos días entre el vicepresidente saliente y el entrante habría sido apenas la antesala de una crisis más importante. Amado Boudou denunció que Julio Cobos designó empleados y realizó cambios en el Senado pocos “días” antes de terminar su mandato, en tanto afirmó que no le “gustaría” que el mendocino, enfrentado al kirchnerismo, esté presente en la ceremonia de reasunción de la presidente Cristina Fernández.

Pero la respuesta de Cobos no se hizo esperar, y el dirigente radical retrucó de inmediato que “el ministro de Economía dramatiza y teatraliza situaciones que nada tienen que ver con la realidad”, al tiempo que ratificó que continuará tomando decisiones en el cargo “hasta el último día” de su mandato.

En este complejo ajedrez de poder que se juega en el Senado, ayer CFK dio un golpe de timón en apoyo de Boudou al decidir que la senadora justicialista por Tucumán Beatriz Rojkes de Alperovich sea la nueva presidente provisional del Senado a partir del 10 de diciembre. El gran damnificado por esta decisión es el senador nacional electo por Buenos Aires Aníbal Fernández, que luchó a brazo partido por ese cargo. Pero Boudou, no sin lógica, habría percibido claramente que, si aquél llegaba a la Presidencia Provisional, el Senado tendría un doble comando. La experiencia política de Aníbal F. es muy superior a la que pudo haber adquirido Boudou en sus primeros pasos por el mundo político. Pero el Jefe de Gabinete tuvo además otra confirmación de que la presidente lo quiere lejos del primer círculo del poder. La razón es que le ofrecerían la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hoy muy devaluada, porque los superpoderes del Ejecutivo sobre el presupuesto le restaron significación a sus funciones. Así las cosas, Aníbal F. perdió otra batalla, porque habría pretendido, de no ser Presidente Provisional, la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, que dejará vacante el santacruceño Nicolás Fernández.

¿Quién está detrás de Pichetto?

Sin embargo, la victoria de Boudou sobre el Jefe de Gabinete no terminó con la guerra en el Senado. El saliente Cobos, apoyado por el sindicato del Congreso (la Asociación de Personal Legislativo) estaría resistiendo a pie firme las pretensiones de Boudou y de su entorno de La Cámpora para disponer a su antojo de cientos de vacantes administrativas. En este punto es donde aparece el jefe de la bancada del FpV, Miguel Ángel Pichetto, muy preocupado por la posibilidad de que Boudou pase a funcionar como el presidente de facto de la bancada, convirtiéndolo entonces a él en una figura decorativa. Así es que Pichetto habría hecho causa común con los dirigentes de APL y con Cobos. El resultado de esta convergencia se tradujo ayer en una operación política. El Secretario Parlamentario Juan Estrada, ligado a Pichetto, dejó ayer sin efecto la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria prevista para hoy. Las consecuencias de esta jugada pueden ser nefastas para Boudou. Es tradición que a fin de año el Senado no aplique el artículo 1 de su Reglamento que dice: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara.” Lo que es estila es, en cambio, designar a las autoridades del cuerpo en diciembre y, sobre todo, al Secretario Administrativo, que es la mano derecha del Presidente del Senado. El actual Secretario, Benigno Rins, es un radical cordobés de la más estrecha confianza de Cobos.

Si la Comisión de Labor Parlamentaria no se reúne, Boudou asumiría el 10 de diciembre atado de pies y manos, debiendo convivir con Rins hasta el 24 de febrero. Semejante situación no sólo condenaría al vicepresidente electo a ser un convidado de piedra durante dos meses sino que lo sometería a un desgaste político importante.

La jugada de Pichetto y Cobos mostraría, además, que las tensiones internas en Olivos son mucho más importantes de lo que aparentan. Nadie cree que el veterano senador rionegrino le esté poniendo palos en la rueda a Boudou sin el visto bueno de alguien muy cercano a la presidente. ¿Julio De Vido o Carlos Zannini? Los beneficiarios por un posible resbalón de Boudou serían varios. Todo esto, mientras en el Senado los opositores parecen compartir tácitamente un mismo sentimiento con muchos senadores kirchneristas. Boudou no sólo es un outsider de la política sino también una suerte de interventor de la Cámara Alta. Y la resistencia empieza a aflorar, aun antes de que el rockero se siente en su nuevo despacho.

A DÍAS DEL CAMBIO DE GABINETE, UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Denunciarían a Randazzo y Tullio por malversación y discriminación

La gestión de Florencio Randazzo en la conducción del proceso electoral es considerada un éxito en medios oficiales, lo que en las últimas semanas le valió figurar como fuerte candidato a suceder a Aníbal Fernández en la Jefatura de Gabinete, posibilidad hoy atenuada por el crecimiento de las chances de Julio De Vido para el mismo cargo. Pero además, algunos episodios escandalosos podrían enturbiar la gestión de Randazzo, que ahora aspiraría a ser confirmado en Interior. Como responsable de la aplicación de las leyes electorales, el Ministerio del Interior es el encargado de pagar a los partidos y alianzas políticas los aportes públicos correspondientes a las campañas electorales. El caso es que, a más de un mes de los comicios, algunas fuerzas políticas opositoras fueron deliberadamente perjudicadas por la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Alejandro Tullio, que retuvo indebidamente, en forma irregular y sin ninguna explicación, el pago de los aportes asignados por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La Alianza Compromiso Federal, que postuló como candidato a presidente de Alberto Rodríguez Saá es uno de los nucleamientos discriminados por Randazzo y Tullio y estaría por presentar una denuncia penal ante la justicia federal involucrando a los nombrados en la comisión de una maniobra dolosa destinada tal vez a colocar a los partidos que la integran en una situación económica insostenible o bien a otros fines más bien vinculados a la corrupción.

Las denuncias en marcha

Los abogados de Compromiso Federal que están trabajando en la investigación y el armado de la denuncia ya habrían recopilado las pruebas sobre la retención indebida de los pagos por parte de Tullio, en tanto que la casi totalidad de las demás alianzas y partidos que participaron de las elecciones cobraron sus aportes en tiempo y forma. Dos de los ejes de la denuncias en marcha serían, entonces, obviamente, la violación de los deberesde funcionario público y la discriminación realizada por el Tullio contra la Alianza Compromiso Federal en relación a los demás partidos y alianzas.

Pero el tema sería en realidad más complejo, porque la investigación que se iniciaría podría ingresar en otro terreno: la presunta existencia de una malversación de caudales públicos por parte del Ministerio del Interior. Al respecto, el artículo 264 del Código Penal señala: “Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente”. Aunque todavía sin comprobación, las maniobras ilícitas por las que serían denunciados Randazzo y Tullio podrían conectarse con otros hechos de corrupción, también relacionados con determinadas situaciones existentes en el área electoral de la cartera política.

Radiografía actual de la moneda argentina

Radiografía actual de la moneda argentina

De acuerdo al Artículo 35 de la Carta Orgánica del BCRA, “El Banco debe de publicar dentro de la semana siguiente, los estados resumidos de su activo y pasivo al cierre de operaciones de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23), y último día de cada mes”.

Su respectivo análisis es relevante para conocer la composición del Activo del BCRA (Reservas Internacionales, Títulos Públicos y Financiamiento al Gobierno Nacional, Créditos concedidos al Sistema Financiero, Aportes a Organismos Internacionales por cuenta del Gobierno Nacional, Derecho por Operaciones a Término y Otros Activos) y su contrapartida del Pasivo (Base Monetaria, Cuentas Corrientes en otras monedas, Depósitos del Gobierno Nacional, Obligaciones con Organismos Internacionales, Títulos emitidos por el BCRA, Obligaciones por Operaciones a Término, Previsiones, Otros Pasivos y Patrimonio Neto).

Su seguimiento de análisis de tal documento, conjuntamente con otros Informes, que brinda el BCRA, permite, en su continuidad determinar una opinión técnica de la moneda y el sistema financiero en general, definiendo relaciones de importancia como la evolución de la cantidad de moneda emitida, sus fuentes y absorciones y motivaciones; la evolución de las Reservas Internacionales, el Financiamiento al Gobierno Nacional, el Financiamiento al Sector Financiero, e incluso determina el monto de los depósitos y préstamos del Sector Privado y del Público, Ratios de Liquidez y análisis de todos los Agregados Monetarios.

Todo este análisis es de fundamental utilidad en el seguimiento de la evolución financiera que registra el país, ya que complementándose tal información elaborada por el BCRA y profundizada por cada analista interesado, determinan un análisis exhaustivo de la economía nacional, por el flujo y variación de las distintas variables.

Sin embargo, este importante cuadro de situación sistematizado, pierde relevancia en un análisis unitario parcial. Es de fundamental importancia, su correspondiente comparación en distintas fechas de las variables consideradas, para dar una definición concreta y objetiva de la “tendencia analizada”.

En un caso que es de apreciar relevante, se expondrá el “Respaldo de Reservas Internacionales”, que tiene la Moneda Argentina, destacando que en la evaluación de una moneda y la tendencia de su respectivo valor, tiene fundamental importancia, su alto respaldo. Al respecto, un bajo respaldo en las Reservas Internacionales, en su relación a la cantidad de moneda existente, hace asumir una “huida” de ella, por falta de confianza y previene un futuro espectro inflacionario, porque la moneda pierde su esencia de resguardo de valor. Es de analizar al respecto, los rubros de interés, en los Balances del BCRA, al 15 de Agosto de 2008 y al 18 de Noviembre de 2011:

BALANCE DEL BCRA AL 15/8/20088 / BALANCE DEL BCRA AL 18/11/2011

Reservas Internacionales en US$46.978 millones / 46.012 millones

Menos Encaje de los Bancos en US$( 3.930 millones) / (6.018 millones)

Menos Préstamos “call” del BIS ------ / (4.085 millones)

Menos Obligaciones a Pagar (Decreto 276/11) ------- / (2.353 millones)

RESERVAS NETAS 43.048 Millones / 33.556 millones

TOTAL MEDIOS DE PAGO (M2)$155.039 millones = 51.053 Millones / $301.054 millones= 70.460 millones

RESPALDO DEL $CON RESERVAS EN US$84,32% / 47,62%

En 39 meses, las Reservas Netas se redujeron un 22%. Con un lógico criterio “aceleracionista”, podrían extinguirse en un plazo relativamente corto.

En similar periodo, los Medios de Pago en Pesos ($), prácticamente, se duplicaron.

La expansión de los Medios de Pago (M2) y la caída real de las Reservas Internaciones está determinando una importantísimo debilitamiento de Respaldo de la Moneda Argentina (del 84,32% del 15/8/2008 al 47,62%, existente al 18 de Noviembre de 2011, última información).

Dable es observar también, cómo evolucionó el Financiamiento Fiscal por el BCRA, según información de ambos Balances:

Total Títulos Públicos + Adelantos al Gobierno $62.356 millones / $196.312 millones

En US$(al tipo de cambio de fecha de Balance) 22.590 millones / 45.946 millones.

Las Reservas Internacionales han sido afectadas por el Financiamiento fiscal, consecuencia del fuerte crecimiento del Gasto Público. Los compromisos externos de los años 2010 y 2011, debieron haberse cumplido con un real superávit fiscal (Ahorro). El haber pagado con Reservas ha determinado su respectiva disminución y la debilidad del “respaldo” y, simultáneamente, la creación de moneda inflacionaria (Emisión en los 12 últimos meses = 35,68%) para la reposición parcial de las Reservas, con compra de Dólares por el BCRA, en el mercado. Por su parte, las compras netas de billetes en moneda extranjera por parte de residentes (“Huida del Peso”), en el periodo analizado por US$ 34.965 millones, también fue factor determinante de la “debilidad del $”. El Patrimonio del BCRA se está “licuando”. La creación de moneda de la “nada”,creó adicionalmente, la “ilusión” monetaria de aumento del consumo, de la inversión y del crecimiento, que a la fecha, por angustiosa necesidad, se está intentando“desinflar”. ¿Solucionará estos problemas la “sintonía fina”?

La naturaleza pérfida de los subsidios

La naturaleza pérfida de los subsidios

La discusión política actual en torno a los subsidios no podría ser más pobre y pueblerina: “que sigan los subsidios”, “que quiten los subsidios”, “me gusta que saquen los subsidios pero deberían haberlo hecho antes”, son algunas de las agudas posturas filosóficas “del debate” propuesto por la pequeña dirigencia que padecemos tanto en el oficialismo como en la minusválida oposición. En efecto, la tertulia de marras gira en torno a insignificancias, detalles domésticos, asuntos de consorcio y otros temas secundarios.

Nosotros, desde estas líneas, no nos oponemos a un subsidio determinado: sino al estatismo y al dirigismo como forma de organización social (que es lo que nadie cuestiona).

Consideramos entonces que lo justo es pagar los bienes y servicios por el valor que estos realmente valen a precio de mercado (aunque nos salga más oneroso), pero a cambio de que se erradique el estatismo paternalista y prebendario que nos atosiga, y por fin podamos vivir bajo un sistema de impuestos bajos, burocracia limitada y estabilidad monetaria.

El quid de la cuestión

Ocurre que el gobierno subsidiaba hasta ayer a determinados servicios públicos (luz, agua, gas etc.) a los efectos de que a lo largo estos años, todos hayamos podido disfrutar de los mismos a un precio vil.“¡Qué buena gente que es la del gobierno!, ¿verdad?” (sentenció el 54% de la población no sin ingenuidad). No tan buena. La plata de los subsidios que “nos beneficiaban” no salía de los bolsillos de estos burócratas sensibles y generosos sino de la nuestra.

¿Cómo nos sacaba la plata el Estado? A través de impuestos asfixiantes y de inmoralidades tales como la emisión de moneda sin respaldo (inflación).

Visto y considerando que con nuestra pluma siempre nos opusimos a la política del Estado prebendario, muchos nos hacen la siguiente pregunta: ¿que ahora mermen los subsidios no es una buena noticia acaso? En absoluto, ahora es peor.

El Estado nos sigue cobrando la misma plata (con los mismos impuestos y la misma inflación) y ni siquiera nos devuelve de manera incompleta el mencionado saqueo a través del subsidio hoy en retirada. Es decir, le pagamos a la burocracia regiminosa la misma plata que antes y además pagaremos los servicios más caros.

¿Cómo es eso?

Simplificando, antes el Estado te robaba diez monedas y te ahorraba dos en subsidios. Ahora te sigue robando las diez monedas y no te ahorra ninguna. Vale decir, antes el gobierno te pegaba un machetazo en la cabeza y después te daba una gasa para amortiguar el desangrado. Ahora prosiguen los machetazos estatales pero encima te quitaron el subsidio de la gasa.

La hora de la sintonía gruesa: dólar, movimiento obrero y gasto

La hora de la sintonía gruesa: dólar, movimiento obrero y gasto

Oponiéndose a la “sintonía fina” anunciada por CFK en la UIA, las actuales medidas y el “discurso-relato” que ella impone confirma que el “modelo en profundización” del que hablan está en francas dificultades. Es muy auspicioso que por fin ella advierta que el “círculo virtuoso” necesita reconocer errores, falencias y correcciones que ponen sobre el tapete los problemas excesivamente visibles que enfrentan la economía y la política nacional. ¿Es así?

Invitados que fuimos a debatir es -por lo menos eso hizo público durante el discurso de la UIA-, un gesto, en teoría, que podría enriquecer las fórmulas que el actual círculo áulico que la rodea -Zannini y Máximo- vienen negando, pues nos ofrece a los ciudadanos la posibilidad de marcar errores y caminos de corrección a este nuevo escenario económico y político al que se enfrenta la Patria. Más allá, de la permanente tendencia docente y autorreferencial que conlleva cada intervención presidencial, podría implicar aquellas palabras cierta voluntad, al menos, de abandonar el discurso blindado y vertical impuesto desde el poder. ¡Habrá que ver para creer!

La enumeración de los problemas y su evidencia más descarnada en los números y en los tarifazos impuestos, así como en los conflictos tanto últimos, como los por venir -Korralito, AA, pedido de quite de personería gremial, avance sobre las cajas de las obras sociales, etc.-, llevan a pensar que lo que se está haciendo es en verdad “sintonía gruesa” y en algunos casos notorios (Korralito cambiario, quita de subsidios y tarifazo y AA) “sintonía gruesísima” pues impactan directamente sobre el bienestar popular argentino. El déficit fiscal, que burdamente se disimula con auxilios al Tesoro de parte del BCRA, la ANSES, el BNA, y el déficit comercial que ya es una realidad palpable son las verdaderas causas de éstas medidas.

A los déficits fiscales y comerciales se los pretende enfrentar generando turbulencias con el dólar y su cotización, con un desdoblamiento concreto aunque paulatino del mercado de cambios, y con una verdadera y lisa “persecución” del chiquitaje popular -jubilados, empleados, cuentapropistas, etc.- por parte de la AFIP apoyada en la “represión cambiaria”por la PFA, la Gendarmería y la Prefectura Naval, un obvio y verdadero despropósito digno de las épocas más oscuras de la dictadura genocida que impuso definitivamente el desguace de la industria nacional, terminándonos de sumir en la más abyecta dependencia.

El caso de la inflación, nunca antes mencionada y menos reconocida por ella y sus acólitos, requieren seriamente de una atención completa y global -y no sólo de pedirle prudencia a los dirigentes sindicales-, pues éste histórico fenómeno argentino impuesto desde fines de los 70 del siglo XX y exacerbado tras la burda manipulación impuesta mediante la intervención del INDEC de principios de 2007, implica más que una “sintonía fina” de claras y sofisticadas medidas políticas y económicas. Y sostengo “sofisticadas”porque, para éste “modelo-relato K”, las correcciones políticas imprescindibles trascienden el ámbito de la admisión presidencial del problema y se enancan con la tozudez y la soberbia no sólo de “ella”, sino la de sus adláteres más conspicuos (Boudou, Moreno, Echegaray, Zannini, Giorgi y De Vido).

Es en este marco referencial, donde las palabras presidenciales se dan de boca con las medidas adoptadas, pues el retiro de los subsidios a los servicios públicos -sumados a los aumentos tarifarios ya explicitados en luz, gas y posiblemente en agua-, más los incrementos en los impuestos-tasas de ABL (en el caso de la CABA) y de los impuestos provinciales (rentas Buenos Aires, etc.) tendrán una muy importante repercusión directa sobre el bolsillo del pueblo, la insistencia de que el cuadro tarifario no ha sido modificado y por eso, no puede llamarse tarifazo, es una gigantesca mentira. De nuevo, como en otras cosas, el escamoteo de palabras busca ocultar lo que realmente e inexorablemente va a terminar por ocurrir.

Ese es el “costo político que deberá pagar”, como lo viene haciendo con el Korralito y el desdoblamiento del mercado cambiario, cuando las facturas comiencen a llegar con los nuevos valores, y se acabe la mentira o el ocultamiento, la realidad se va a terminar de imponer; estaban tan desacostumbrados a un mensaje de estas características que empresarios, operadores y hasta sindicalistas intentaban sacar conclusiones. El discurso de CFK, además de mencionar la palabra “inflación”, puso sobre la mesa las bases para el inicio de su segundo mandato, que dejando de lado el “fulgor” del relato-discurso de otros tiempos, implica hablar de restricciones y del deseo oficial de compartir ahora los costos.

Inició con mieles para los empresarios: explicando que no avalaba lo solicitado minutos antes por Hugo Moyano y la CGT, ni tampoco -lo que sus funcionarios vienen realizando abiertamente- restringir el giro de utilidades al exterior de las multinacionales; pasó luego al tema dólar y allí ella le “contó las costillas” a las empresas que, habiendo recibido créditos de la banca oficial a tasas bajas o subsidiadas, compraron dólares hasta por montos superiores a los préstamos recibidos. Allí quedó en claro que el Korralito cambiario llegó para quedarse y forman parte de la “táctica”implementada para frenar la fuga, un verdadero disparate por donde se lo mire, aunque sí les expresó que descarta la posibilidad de una “devaluación” brusca del peso.

Y aquí se esconden dos mentiras, una fue cuando aclaró que “por informes que ella tenía el dólar no estaba atrasado”, y la otra que dijo es que “no iba a haber una devaluación brusca del peso” pues ambas se contradicen, si no está atrasado para que devaluar brusca o lentamente el peso, y allí fue cuando les adelantó que si “querían un dólar más alto deberán sentarse a hablar de las consecuencias sobre los precios” salteándose el tema de la inflación que estas medidas irremediablemente provocarán, explicitando con claridad meridiana que ella usó al dólar como ancla antiinflacionaria. Si sube el dólar, suben los precios de los productos y eso presiona la suba de los sueldos que, ayuda a un retraso cambiario y así sucesivamente. O sea lo que hasta hoy viene sucediendo.

Lo que ocultó es que en el inicio de la rueda hay pocos inocentes y el rol fundamental del Estado ausente, el Gobierno K viene sacándose de encima las responsabilidades acusando a empresarios y obreros por la suba inflacionaria, mientras los primeros acusan a los segundos, la puja siempre termina perjudicando a aquellos que cobran un sueldo fijo y aún más a quienes lo hacen en negro o están desocupados. El Gobierno sigue pretendiendo hacerse el distraído, pero viene sentando las bases del proceso inflacionario, un gasto público creciendo por arriba del 30% anual y una emisión que ya implica una masa monetaria aumentada en un 70% son elementos lo suficientemente contundentes para justificar las inflaciones de cerca del 25% anual de éstos dos últimos años.

Pero volvió a recalcar que entre bajar la inflación y mantener el sentimiento ficticio de opulencia -crecimiento, según sus palabras- optaba por esto último, olvidándose que Argentina creció muy fuerte entre 2002 y 2007 con baja inflación y en situaciones de viento de cola internacionales muy similares a las existentes hasta ayer apenas; poner en segundo plano la inflación implica una apuesta muy fuerte y cercana al auto suicidio. La “sintonía fina de la que habla implica sentarse a dialogar sobre inversión, cuestiones salariales, inflación y subsidios”, en medio de un período de duras negociaciones con la CGT y los gremios opositores o díscolos, encaminar estas variables económicas (sueldos, jubilaciones, gasto público, masa monetaria) en un sendero menor al 20% anual es un duro y muy difícil camino por esta vía del autismo.

Todo quedó mucho más claro cuando expresó “no miren lo que digo, sino lo que hago”, pues allí está verdaderamente la clave: el debate no existe, se hace lo que ella quiere.

Las reservas ya no respaldan íntegramente la base monetaria

Las reservas ya no respaldan íntegramente la base monetaria

Las recientes medidas de control de cambio solapado instrumentadas por la AFIP significaron un aumento tangible de la inseguridad jurídica. Sin embargo, no se trataría de un episodio aislado porque, a tenor de los últimos datos en materia de reservas, el BCRA estaría incumpliendo la normativa específica sobre la materia, contenida en la Ley 25.561 de Emergencia PÚBLICA Y REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. Dos artículos de esta norma prescriben claramente que las reservas del BCRA deben respaldar la base monetaria.

Así, el artículo 4° de la norma sostiene: “En todo momento, las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.”

Congruentemente, el artículo 6° de la misma ley complementa lo anterior al sostener: “Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales”.

Por debajo de la línea

Ahora bien, el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación “C” 59966. La misma informa que al día 18/11 las Reservas Internacionales eran 46.022 millones de dólares, que en pesos representaban 195.902 MM (4,2567$/u$s). Y el pasado viernes 25, la entidad publicó otra Comunicación, la “C” 59997, revelando que la base monetaria correspondiente a ese día era de 196.599 millones. La conclusión es obvia: desde la semana pasada las reservas no respaldan íntegramente la Base Monetaria, aunque es cierto que esta situación puede variar en cualquier momento.

Sancionada en enero del 2002 en plena etapa del corralito, o sea, hace una década, la ley 25.561 buscó con este tipo de normas restituir la confianza pública -nacional e internacional- imponiendo un rígido esquema de respaldo al circulante. Aunque en forma mínima, este esquema empieza a mostrar ahora falencias objetivas. Por lo pronto, la semana pasada el BCRA compró varios millones de dólares, para lo cual emitió pesos, a la vez que en la licitación del martes renovó sólo una parte de los vencimientos, por lo que debería haber un incremento adicional de Base Monetaria. No sería entonces de extrañar que cuando aparezcan los datos de la Base Monetaria correspondientes a esta semana, la brecha entre los dos valores se agrande.

Todo lo que siempre quiso saber sobre los subsidios pero nunca se atrevió a preguntar

Todo lo que siempre quiso saber sobre los subsidios pero nunca se atrevió a preguntar

La insolencia del espejo

Quienes conjeturamos erróneamente hace diez meses, acerca de la posible negativa de Cristina Fernández a encabezar este tercer capítulo del ciclo iniciado en 2003, basados en un racionalismo que se reveló inapropiado para la prospectiva política, fundamentábamos aquel equivocado vaticinio en el previsible agotamiento del llamado “modelo”, que la realidad se ha encargado de confirmar.

La adversidad fue correctamente pronosticada, pero la causalidad no se verificó. Es opinable si subestimamos la vocación presidencial por darle pelea, o si fue la presidente quien subestimó la complejidad de la situación a enfrentar. Lo que está en entredicho, en tanto, es su capacidad potencial para domar una realidad económica hostil, dados los condicionantes que le impone su particular cosmovisión, así como los márgenes políticos que está dispuesta a poner en juego.

El blindado hermetismo, tanto como el críptico metalenguaje oficial, sólo permiten inferir la sensibilidad frente a los desajustes de la economía, a partir de las medidas de gobierno. En ese sentido, el mamarracho del control de cambios nos notificó que en Palacio se ha registrado el estrechamiento de los márgenes de maniobra que exhibe el sector externo. Parecida vibración generaron las señales de deterioro en el frente fiscal. La dimensión de las inconsistencias acumuladas las torna inocultables y empieza a amenazar la consistencia del “relato”. Las correcciones que impone la realidad ponen en foco, por ejemplo, la extravagante política de tarifas de los servicios públicos, que la retórica oficial pretende convertir ahora en una cruzada nacional a favor de la igualdad. Los anuncios apenas dejan entrever los márgenes de un entramado, que en cualquier país donde el sistema jurídico prevalezca por sobre las bravuconadas telefónicas de un funcionario, cobraría ribetes de escándalo.

Desde aquella jugada declaración, que con desconocida osadía, se permitió el entonces vicepresidente Daniel Scioli en Tucumán, en el curso del Precoloquio preparatorio del 39° Coloquio de IDEA, el 12 de agosto de 2003, cuando aseguró que en 90 días “las subas del gas y la electricidad van a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía”(sic), audacia que le valiera el destierro interno, el tema registra algún intento fallido de Roberto Lavagna y un paper interno de Martín Lousteau, aconsejando una “re-tarifación” progresiva, cuando su impacto presupuestario era 15 veces menor que el actual. La centralidad que ha ganado merece un detallado abordaje, que admite un triple cuestionamiento.

Instrumento inadecuado.

Después de ocho años de una disparatada política tarifaria que, entre otras aberraciones, condenó al 35% de los hogares más pobres a pagar el gas domiciliario entre tres y cuatro veces lo que demandaba el servicio a los más pudientes, el gobierno intenta redimirse inventando una pretendida epopeya igualitaria, que propone mejorar la distribución del ingreso apelando a la discrecionalidad tarifaria.

Ese reduccionismo absurdo desconoce que la desigualdad sólo se combate genuinamente elevando la calidad de los bienes públicos que el Estado provee a los sectores socialmente postergados, y llegado el caso, con asignaciones directas selectivas, pero no mediante la burrada de establecer precios según la capacidad económica del comprador. La patética campaña de algunos mediáticos oportunistas, sólo revela su condición de vasallos del poder o, peor aún, su profunda ignorancia. En cuanto a la complejidad de una correcta instrumentación, basta considerar que aún parámetros socioeconómicos presuntamente inobjetables, pueden resultar invalidados por la realidad. Por ejemplo, si el 71% de los jubilados incorporados al sistema por la moratoria previsional pertenecen a hogares que rankean por encima del cuarto decil de la pirámide de ingresos, percibir la jubilación mínima no parece ser un criterio de elegibilidad suficiente para mantener el subsidio.

Efecto incierto

Para la teoría económica la reducción de un subsidio genera un efecto equivalente al incremento de un impuesto. En términos macroeconómicos, las medidas anunciadas constituyen apenas el cambio de la fuente de financiamiento de un gasto. El Presupuesto 2012 -en tratamiento en el Congreso- contempla erogaciones por 75 MM en concepto de subsidios a las tarifas. En el esquema vigente, la porción de la factura que no paga el usuario, la abonamos entre todos los contribuyentes, en la proporción en que aportamos a financiar el gasto público en su conjunto. La decisión de eliminar el subsidio que beneficia a determinados usuarios significa que se reducirá el citado gasto público en el monto global que se determine -se habla de 20 MM-, que pasará a ser afrontado por los usuarios. En ese caso, podría ocurrir que el PE mantenga el nivel agregado del gasto, disponiendo otro uso para esos recursos o, en caso contrario, que ahorre ese importe y vea reducida la necesidad de apelar al financiamiento inflacionario, o bien que recorte algún recurso tributario alternativo (p.e. la actualización del Mínimo no Imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias). Como se advierte, hasta que no conozcamos las respuestas a esos interrogantes resulta imposible abrir juicio sobre el efectivo impacto sobre la distribución del ingreso.

Discrecionalidad tarifaria

El paradigma regulatorio adoptado por el modelo de privatización de los servicios públicos dispuesto por el Congreso de la Nación en los ´90 reconoció, entre otros, dos criterios básicos. La tarifa sería el mecanismo de financiación de la inversión -hasta entonces financiada con fondos presupuestarios- y su nivel y estructura, se ajustarían al esquema denominado “price-cap”,que garantiza una razonable racionalidad y transparencia en su determinación. La Ley de Emergencia Económica de 2002 derogó todo ese marco conceptual y habilitó la instalación de la más absoluta discrecionalidad y arbitrariedad en la materia. Las ruinosas consecuencias de la injustificada prolongación de la emergencia están a la vista. En materia de energía, las erráticas señales de precios han espantado a la inversión, lo que hoy se expresa en un déficit en la balanza comercial energética que pone en riesgo la holgura de las cuentas externas que nos regala el yuyito.

A esta altura, tamaña incompetencia resulta sospechosa. Lo cierto es que pueden rastrearse al menos dos efectos colaterales de este extravagante experimento que merecerían ser explorados en profundidad, propósito que excede la naturaleza de estas reflexiones, que intentan, al menos, disparar la inquietud.

El estrangulamiento tarifario ha resultado, en los últimos años, un mecanismo eficiente para facilitar la transferencia de los paquetes accionarios de muchas prestatarias, a precio de remate. El nuevo mapa así conformado le ha permitido al gobierno contar con el respaldo de empresarios auténticamente consustanciados con el “modelo”, que supieron adecuar sus legítimas aspiraciones de rentabilidad a los propósitos igualitarios del régimen. Tanta generosidad justificaría que la construcción de la retórica oficial los inmortalizara con una identificación -tal vez “empresario solidario”-tan imaginativa como aquel inefable “experto en mercados regulados”, con que Antoni Brufau distinguiera a Enrique Eskenazi, para fundamentar su elección como socio local de Repsol.

El llamado eufemísticamente “redireccionamiento de subsidios” (Aimé dixit) asume como dada, una tarifa total (importe que efectivamente abona el usuario + subsidio), que es producto de decisiones unilaterales y poco transparentes que ha ido disponiendo en forma discrecional el Poder Ejecutivo a partir del congelamiento tarifario dispuesto en 2002. Es natural que los usuarios se hayan desentendido de esos sucesivos ajustes tarifarios, ya que no impactaban en su bolsillo. De tal manera, esta movida vendría a representar el blanqueo diferido de un tarifazo encubierto, que sigilosamente y a oscuras convinieron el gobierno y los “empresarios solidarios”,al amparo de encriptados procedimientos, que en muchos casos escapan -como los Fondos Fiduciarios- al sistema de control de las cuentas públicas.

Si bien el deliberadamente complejo sistema vigente no facilita su cotejo con el que resultaría de un esquema regulatorio alternativo, un documentado paper de Santiago Urbiztondo, economista de reconocido expertiseen regulación de servicios públicos, que titula “Tarifas y Subsidios: diez años después, lo barato sale caro”, permite afirmar que el valor medio de la sumatoria de lo que hoy aportan usuarios y contribuyentes, resulta superior en moneda constante a la tarifa que abonaban por el servicio en 2001, en un rango promedio que va desde el doble, en el caso del agua, hasta el triple, en el caso del servicio eléctrico.

EL RETORNO AL PREMENEMISMO

EL RETORNO AL PREMENEMISMO

No obstante conformar las reglas básicas de la economía un sistema a prueba de tontos, nunca falta el o la imbécil que se supone por encima de ellas y se lanza a contradecirlas con el entusiasmo propio de quienes entienden el tiempo dedicado al estudio y la investigación del fenómeno económico como un lamentable e innecesario desperdicio, algo que como es obvio constituye un problema mayúsculo cuando el Estado está conducido por esas molleras de arcilla, y mucho más cuando ellas se autoconvencen -cual modernas réplicas del rey Alfonso el Sabio- que si Dios las hubiera consultado oportunamente las cosas hubieran andado mucho mejor en el país, o que va, en el mundo.

Por cierto todavía hay en la Argentina pelmazos varios empeñados en demostrar que el paso del tiempo ha dejado en la obsolescencia la alegoría pedagógica del brillante economista francés Federico Bastiat que hace 161 años pintaba en su obra “Armonías económicas” a Jerjes el Grande como un vívido ejemplo de ciertos delirios que acometen a gobernantes de mala bebida. “No sabemos de nadie más que como Jerjes estuviera tan embriagado con su poder -escribió- como para decir a las olas del mar “Hasta aquí habéis venido, pero no más allá”. Las olas, sin embargo, no se retiraron de Jerjes, pero sí Jerjes de las olas, y, si no fuera por esta sabia aunque humillante precaución hubiera sido ahogado”. Obvio, eso porque no llegó a conocer este país. Aquí se ahogaron varios -metafóricamente hablando- pero aún hay quien sigue intentando obtener resultados diferentes empleando los mismos métodos, algo que una palabra autorizada como la de Einstein calificó de auténtica locura.

Claro que para quien confunde el símbolo químico del oxígeno con un cero siendo presidente o quien confunde dólares con pesos siendo ministro de economía, todas estas fruslerías son simples elucubraciones de especuladores que quieren quedarse con “la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos” según la elevada construcción lingüística e intelectual que gusta utilizar la viuda de Kirchner para apostrofar empresarios que se aplauden encima. Tampoco importa mucho que en varios frentes se haya vuelto a la época pre-Menem de los cuantiosos déficits en las empresas del Estado que justificaron su remate para demostrar una vez más que como dijeron Gardel y Le Pera “veinte años no es nada”.

Lo importante para esta parodia de gobierno es la tan hipócrita como ridícula renuncia de ricos y famosos (funcionarios y artistas) a los subsidios energéticos que en un refritado del “fondo patriótico” de Galtieri se hubiera llevado el primer premio en un festival de tonterías pero que sirve para seguir ocultando a los giles que votaron este “modelo” (incluida la “oposición”) los portentosos e impunes negociados escondidos detrás de la compra de gas y derivados del petróleo adquiridos para abastecer el consumo a resultas de los cuales al menos un 30 del 54% que votó sin importarle la corrupción pasará a transferir en directo gran parte de su ingreso personal a afortunados bolsillos de empresarios amigos y miembros del funcionariato pagando así en diferido el costo de su comodidad y de su insensato desprecio por la salud de las instituciones de la República puesto de manifiesto al emitir el sufragio.

Al paranoico enfoque oficial acerca del modo de enfrentar los estropicios económicos causados durante años por los rudimentarios conocimientos en la materia de Néstor Kirchner -rumbo a hoy a convertirse en un santo laico- se suma la insólita actitud de prestigiosos periodistas de medios supuestamente “opositores” que al igual que hicieron años ha con Néstor Kirchner celebran en sus artículos la supuesta habilidad de la viuda para “construir poder”, “manejar la agenda pública”, “ganar el centro de ring”, “enfrentar la situación” y otros remanidos lugares comunes utilizados solapadamente para disimular ponderaciones que tienen un inocultable tufillo a “reacomodamiento posicional”.

Estos requiebros mediáticos de grandes plumas, que maquiavélicamente pensando pueden estar quizás destinadas a allanarle a la viuda el camino hacia el abismo acelerando su natural propensión a las chapucerías, son sin embargo fuente de confusión para la opinión pública en tanto implican poner dudosas virtudes personales por sobre valores que son esenciales al funcionamiento social y que han sido pisoteados una y otra vez sin escrúpulos por la señora de Kirchner y su cohorte de paniaguados, cohorte que, dicho sea de paso, ha dejado en claro en esta oportunidad como pocas veces antes su condición reptante.

La misión del periodismo de opinión se torna así sospechada de acomodatitis con una imagen nebulosa y desvirtuada que contribuye muy poco cuando no frena la maduración cívica de la ciudadanía tan necesaria para lograr que alguna vez en este dichoso país la sociedad lleve al poder en defensa propia funcionarios y legisladores que superen la mediocridad dirigencial que ha caracterizado los últimos veinticinco años de democracia.

LA DRAMATURGA DE LA ESTAFA MORAL

LA DRAMATURGA DE LA ESTAFA MORAL

Cuando “él”… se fue a otro lado…

quedé sola… con mi drama…

pero allí, creció mi fama…

y mejoré… el desenfado

y… cuando hablaba de Estado…

en este pueblo de tiernos…

me creyó cualquier tarado…

que el Estado… era el Gobierno

El código moral de la reina… da náuseas.

Su visión oblicua de las obligaciones que tiene asumidas por la Constitución Nacional, da pauta muy clara de una hipocresía ética inadmisible.

Quien esto escribe, quisiera pensar que esta mujer es víctima de una confusión o de un desorden de valores… quizás como producto de algún golpe traumático… profundamente espiritual o afectivo.

Pero no.

Los síntomas y los signos de su conducta y de sus prácticas morales públicas, ofrecen la evidencia seria de que se trata de su propia determinación… lamentablemente deshonesta.

Ella y su marido difunto, con premeditación casi científica y con fines perfectamente prefigurados, fueron los que diseñaron, articularon… compusieron y decidieron el formato de esta catalepsia de las tarifas a través de la gran farsa de los subsidios que no fueron otra cosa que un saqueo programado al pueblo, para financiar dos campañas políticas completas.

En efecto: los subsidios, les permitieron mostrar una inmovilidad absolutamente falsa y artificiosa… de una parte importante de los costos operativos en el “gasto fijo” que cualquier ciudadano debe enfrentar en su vida diaria: las tarifas.

Y esta mujer… contaba para eso, con cuatro formidables mentiras montadas por su ingenio falsificador… en los últimos cuatro años.

- Mentía los índices de cualquier actividad macroeconómica

- Mentía diciendo que era la casa rosada la que pagaba los subsidios, cuando en realidad era el propio pueblo -con sus impuestos- el que sostenía tamaña artificialidad.

- Con el sello rojo cruzado en las boletas, armó un sofisma de cultura elemental (sabía perfectamente que más del 70% de los súbditos de esta comarca no tenía -ni tiene hoy- la menor idea de la diferencia conceptual en entre Estado y Gobierno. Peor que eso, sabía que toda la gente creía… de buena fe… que “el Estado” era “el Gobierno”).

Y este sofisma sencillo… fue la base de la estafa popular mejor armada de la historia.

- Mentía… respecto a presentarnos a todos el “statu quo”de tarifas como un logro permanente… que jamás habría de cambiar (y por eso lo dejó irresponsablemente inmóvil, hasta que pasara el 23 de octubre).

Mentía en forma enciclopédica sobre que ignoraba las consecuencias catastróficas de esa infame maniobra de tramoya a la sociedad.

Pero… mucho peor que todo esto:

En ningún discurso posterior al 23 de octubre… esta actriz dramática de la ordinariez… aceptó -al menos- haberse equivocado con esta verdadera fábula barrida bajo la alfombra en esa, su obra maestra de todas las mágicas postergaciones, improvisaciones y simulaciones de la historia nacional.

Como discípula impresentable del gran Eurípides, en la dramaturgia de su vida y en su pasión casi morbosa por la tragedia griega… no ha tenido el menor recato en refregarle a la sociedad entera… una especie de “vía crucis” de su viudez, como episodio aislado y único que… no afecta a la vida de otros seres humanos… del cual ha sido, ella sola, una dolorosa víctima.

Sus pobres hijitos… quedaron huérfanos, trágica y dolorosamente, en su ya avanzada adolescencia… tal como les puede haber ocurrido a muchísimos ciudadanos de esta comarca… pero con la diferencia de que… pese a disponer de una impresionante cuenta bancaria digna de FORBES… a ellos les afectó mucho más que a cualquier otro súbdito de la tierra (una injusticia terrible).

Como es fácil ver, el código axiológico de esta dama… sin dudas, ha emergido de alguna alcantarilla.

Como magistralmente señala Jorge Lanata… esta monarca lo nombra a su difunto esposo… en forma absolutamente delirante… como “ÉL”.

Pero ésa… es sólo una muy pequeña parte de su moral de baldío… copiándole, sin el menor estilo… la comedia dramática al noruego Henrik Ibsen. Y en verdad… termina siendo en ese camino… casi una primera actriz de la obra “Los pilares de la sociedad”… la revelación más cruda de la hipocresía humana después de Moliere.

Para quien esto escribe… es fácil pronosticar algo hoy:

La mentira extravagante de este enorme circo de renuncias aparatosas a los subsidios… es algo que termina mal.

Y termina pésimo… por cuanto esta mujer… si alguna vez tuvo tránsito académico terciario… lo cual parece muy dudoso… se copió o se macheteó la materia deontología… de algún manual de las cloacas.

Veamos lo primero que se nos viene después de esta falsedad… en donde los funcionarios de la corona… es como si renunciaran a la careta, que fue, justamente, el instrumento que les permitió postularse disfrazados en las elecciones para engañar a todos.

Pues así fue… exactamente:

Con la careta de los subsidios, robaron gran número de votos.

Y ahora vienen… se quitan el disfraz… y nos dicen lo más campantes… “renunciamos a la careta que nos permitió prometerles esta farsa”.

Y mucha atención con esto:

Lo que se viene… en pocas semanas… es esta gran salvajada:

Cada uno de los imbéciles ciudadanos engañados de esta comarca de zombies… ha de recibir un papel… con un gran sello oficial (para poder amedrentarlo un poco más) y con un plazo perentorio estampado allí, en el que…en lugar de verse un sello rojo cruzado en el papel, con falsas prerrogativas…habrá una especie de intimación para que cada uno haga -compulsivamente- algo novedoso y conmovedor:

UNA DECLARACIÓN JURADA DE POBREZA

Como en esta “papeleta”… muy poca gente va a poder justificarse del modo que exige la corona… pues, acto seguido, remitirá la respuesta.

Y como el formulario no le permitirá en absoluto perfilar para “pobre”… entonces… en forma inmediata y oficial quedará ingresado en el “index expurgatorium” y será considerado como “no pobre”… por lo tanto… será pasible de recibir el aumento pleno del tarifazo más grande de la comarca, desde la capitulación de Beresford.

Es decir: Haya renunciado o no… haya hecho aspaviento o no…

…se haya querido arrodillar o no, cualquier imbécil de esta comarca… considérese automáticamente fusilado por un formidable tarifazo que no tiene precedentes.

Y el último acto de la comedia dramática de Ibsen… en su obra genial “Al despertar de nuestra muerte”… consistirá en lo siguiente:

Todas las empresas, todos los bienes y todos los servicios… recibirán el impacto directo de este tarifazo. Y lo trasladarán derecho a precios.

Los precios, pues, serán el triple o el cuádruple.

En lugar de una pistola en la cabeza… al que quiera comprar un dólar… se le pondrá una recortada en los huevos.

Y la inflación de los años 2012, 2013 y 2014 ya se halla redactada en un decreto de necesidad y urgencia de esta actriz de segunda de la comedia dramática: será del 5% anual.

Como en esto, ella no tiene límites, en su gran obra del 54%, hay un capítulo escrito que acaso podrá justificarlo con idéntico desenfado:

El acercamiento veloz a la ruina moral de la sociedad argentina