Todo lo que siempre quiso saber sobre los subsidios pero nunca se atrevió a preguntar

Todo lo que siempre quiso saber sobre los subsidios pero nunca se atrevió a preguntar

La insolencia del espejo

Quienes conjeturamos erróneamente hace diez meses, acerca de la posible negativa de Cristina Fernández a encabezar este tercer capítulo del ciclo iniciado en 2003, basados en un racionalismo que se reveló inapropiado para la prospectiva política, fundamentábamos aquel equivocado vaticinio en el previsible agotamiento del llamado “modelo”, que la realidad se ha encargado de confirmar.

La adversidad fue correctamente pronosticada, pero la causalidad no se verificó. Es opinable si subestimamos la vocación presidencial por darle pelea, o si fue la presidente quien subestimó la complejidad de la situación a enfrentar. Lo que está en entredicho, en tanto, es su capacidad potencial para domar una realidad económica hostil, dados los condicionantes que le impone su particular cosmovisión, así como los márgenes políticos que está dispuesta a poner en juego.

El blindado hermetismo, tanto como el críptico metalenguaje oficial, sólo permiten inferir la sensibilidad frente a los desajustes de la economía, a partir de las medidas de gobierno. En ese sentido, el mamarracho del control de cambios nos notificó que en Palacio se ha registrado el estrechamiento de los márgenes de maniobra que exhibe el sector externo. Parecida vibración generaron las señales de deterioro en el frente fiscal. La dimensión de las inconsistencias acumuladas las torna inocultables y empieza a amenazar la consistencia del “relato”. Las correcciones que impone la realidad ponen en foco, por ejemplo, la extravagante política de tarifas de los servicios públicos, que la retórica oficial pretende convertir ahora en una cruzada nacional a favor de la igualdad. Los anuncios apenas dejan entrever los márgenes de un entramado, que en cualquier país donde el sistema jurídico prevalezca por sobre las bravuconadas telefónicas de un funcionario, cobraría ribetes de escándalo.

Desde aquella jugada declaración, que con desconocida osadía, se permitió el entonces vicepresidente Daniel Scioli en Tucumán, en el curso del Precoloquio preparatorio del 39° Coloquio de IDEA, el 12 de agosto de 2003, cuando aseguró que en 90 días “las subas del gas y la electricidad van a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía”(sic), audacia que le valiera el destierro interno, el tema registra algún intento fallido de Roberto Lavagna y un paper interno de Martín Lousteau, aconsejando una “re-tarifación” progresiva, cuando su impacto presupuestario era 15 veces menor que el actual. La centralidad que ha ganado merece un detallado abordaje, que admite un triple cuestionamiento.

Instrumento inadecuado.

Después de ocho años de una disparatada política tarifaria que, entre otras aberraciones, condenó al 35% de los hogares más pobres a pagar el gas domiciliario entre tres y cuatro veces lo que demandaba el servicio a los más pudientes, el gobierno intenta redimirse inventando una pretendida epopeya igualitaria, que propone mejorar la distribución del ingreso apelando a la discrecionalidad tarifaria.

Ese reduccionismo absurdo desconoce que la desigualdad sólo se combate genuinamente elevando la calidad de los bienes públicos que el Estado provee a los sectores socialmente postergados, y llegado el caso, con asignaciones directas selectivas, pero no mediante la burrada de establecer precios según la capacidad económica del comprador. La patética campaña de algunos mediáticos oportunistas, sólo revela su condición de vasallos del poder o, peor aún, su profunda ignorancia. En cuanto a la complejidad de una correcta instrumentación, basta considerar que aún parámetros socioeconómicos presuntamente inobjetables, pueden resultar invalidados por la realidad. Por ejemplo, si el 71% de los jubilados incorporados al sistema por la moratoria previsional pertenecen a hogares que rankean por encima del cuarto decil de la pirámide de ingresos, percibir la jubilación mínima no parece ser un criterio de elegibilidad suficiente para mantener el subsidio.

Efecto incierto

Para la teoría económica la reducción de un subsidio genera un efecto equivalente al incremento de un impuesto. En términos macroeconómicos, las medidas anunciadas constituyen apenas el cambio de la fuente de financiamiento de un gasto. El Presupuesto 2012 -en tratamiento en el Congreso- contempla erogaciones por 75 MM en concepto de subsidios a las tarifas. En el esquema vigente, la porción de la factura que no paga el usuario, la abonamos entre todos los contribuyentes, en la proporción en que aportamos a financiar el gasto público en su conjunto. La decisión de eliminar el subsidio que beneficia a determinados usuarios significa que se reducirá el citado gasto público en el monto global que se determine -se habla de 20 MM-, que pasará a ser afrontado por los usuarios. En ese caso, podría ocurrir que el PE mantenga el nivel agregado del gasto, disponiendo otro uso para esos recursos o, en caso contrario, que ahorre ese importe y vea reducida la necesidad de apelar al financiamiento inflacionario, o bien que recorte algún recurso tributario alternativo (p.e. la actualización del Mínimo no Imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias). Como se advierte, hasta que no conozcamos las respuestas a esos interrogantes resulta imposible abrir juicio sobre el efectivo impacto sobre la distribución del ingreso.

Discrecionalidad tarifaria

El paradigma regulatorio adoptado por el modelo de privatización de los servicios públicos dispuesto por el Congreso de la Nación en los ´90 reconoció, entre otros, dos criterios básicos. La tarifa sería el mecanismo de financiación de la inversión -hasta entonces financiada con fondos presupuestarios- y su nivel y estructura, se ajustarían al esquema denominado “price-cap”,que garantiza una razonable racionalidad y transparencia en su determinación. La Ley de Emergencia Económica de 2002 derogó todo ese marco conceptual y habilitó la instalación de la más absoluta discrecionalidad y arbitrariedad en la materia. Las ruinosas consecuencias de la injustificada prolongación de la emergencia están a la vista. En materia de energía, las erráticas señales de precios han espantado a la inversión, lo que hoy se expresa en un déficit en la balanza comercial energética que pone en riesgo la holgura de las cuentas externas que nos regala el yuyito.

A esta altura, tamaña incompetencia resulta sospechosa. Lo cierto es que pueden rastrearse al menos dos efectos colaterales de este extravagante experimento que merecerían ser explorados en profundidad, propósito que excede la naturaleza de estas reflexiones, que intentan, al menos, disparar la inquietud.

El estrangulamiento tarifario ha resultado, en los últimos años, un mecanismo eficiente para facilitar la transferencia de los paquetes accionarios de muchas prestatarias, a precio de remate. El nuevo mapa así conformado le ha permitido al gobierno contar con el respaldo de empresarios auténticamente consustanciados con el “modelo”, que supieron adecuar sus legítimas aspiraciones de rentabilidad a los propósitos igualitarios del régimen. Tanta generosidad justificaría que la construcción de la retórica oficial los inmortalizara con una identificación -tal vez “empresario solidario”-tan imaginativa como aquel inefable “experto en mercados regulados”, con que Antoni Brufau distinguiera a Enrique Eskenazi, para fundamentar su elección como socio local de Repsol.

El llamado eufemísticamente “redireccionamiento de subsidios” (Aimé dixit) asume como dada, una tarifa total (importe que efectivamente abona el usuario + subsidio), que es producto de decisiones unilaterales y poco transparentes que ha ido disponiendo en forma discrecional el Poder Ejecutivo a partir del congelamiento tarifario dispuesto en 2002. Es natural que los usuarios se hayan desentendido de esos sucesivos ajustes tarifarios, ya que no impactaban en su bolsillo. De tal manera, esta movida vendría a representar el blanqueo diferido de un tarifazo encubierto, que sigilosamente y a oscuras convinieron el gobierno y los “empresarios solidarios”,al amparo de encriptados procedimientos, que en muchos casos escapan -como los Fondos Fiduciarios- al sistema de control de las cuentas públicas.

Si bien el deliberadamente complejo sistema vigente no facilita su cotejo con el que resultaría de un esquema regulatorio alternativo, un documentado paper de Santiago Urbiztondo, economista de reconocido expertiseen regulación de servicios públicos, que titula “Tarifas y Subsidios: diez años después, lo barato sale caro”, permite afirmar que el valor medio de la sumatoria de lo que hoy aportan usuarios y contribuyentes, resulta superior en moneda constante a la tarifa que abonaban por el servicio en 2001, en un rango promedio que va desde el doble, en el caso del agua, hasta el triple, en el caso del servicio eléctrico.