Si el grueso de los parlanchines estatales que hoy rentadamente vegetan en el Congreso Nacional ostentando el pomposo cargo de “Diputado” se dedicara a la actividad privada, difícilmente podrían ganar un sueldo similar o superior a los prepotentes 35 mil pesos mensuales de los que hoy gozan, y esto sin contar otros beneficios como lo son los viajes en avión y el sinfín de “asesores” y becas de las que los Diputados disponen para repartir paternalmente entre su parentela y amigotes de comité y juerga.
En efecto, para el éxito en la actividad privada se necesita ingenio, riesgo, capacitación constante, actualización académica o comercial, arrojo y espíritu innovativo, cualidades estas muy ajenas o desconocidas para estos personajes que dicen representarnos en ese extraño mercado del trueque, que para simplificar denominamos Congreso de la Nación.
Para nadie es novedad que el grueso de estos becarios no son más que un tropel de mercenarios intercambiables, que mutan de bloque, de banca, de bandera, de partido y de discurso conforme soplan los vientos políticos y el marketing electoral. Luego, todo indica que el desacreditado Parlamento argentino está integrado mayormente por oficialistas de circunstancia y opositores de ocasión, que mas allá de diferencias ideológicas anecdóticas, saben unificar criterios de modo espontáneo y automático a la hora de votar en favor de subirse sus propios sueldos (los muchachos del PRO y la UCR fueron los colaboracionistas más entusiastas de la bancada kirchnerista en tan noble causa patrimonial).
¿Merecen los Legisladores argentinos ganar lo que ganan? A modo de dato comparativo, en Estados Unidos un Diputado gana tres veces más que un docente: en la Argentina kirchnerista, 12 veces más.
Así como en la actividad privada cualquiera debe informar sobre su labor a sus superiores y/o clientes, los Diputados no sólo jamás rinden cuentas a nadie sino que se dan el lujo de no tener que exhibir ni justificar idoneidad, ni “carnet”, ni diploma alguno que certifique que están capacitados para ejercer tamaña responsabilidad institucional. Un plomero necesita un título habilitante para arreglar una estufa, gana 3 mil pesos mensuales y si por impericia laboral se produce una explosión, a este le quitan la habilitación y puede ir preso. Un Diputado no necesita aval alguno, gana 12 veces más que aquél, cuando estos provocan explosiones no lo hacen con estufas sino con el país, y no hay registro ni dato casuístico de que alguno de estos acaudalados figurones haya estado alguna vez tras las rejas con motivo y ocasión de su desempeño legislativo.
Como desde estas líneas siempre hemos defendido la actividad privada y hemos desconfiado de la burocracia estatal, podría argumentarse que nuestro comentario peca de ideologizado. Pues bien, seamos más plurales con las ideologías para seguir con la presente reflexión de una manera más desapasionada.
Desde una perspectiva marxista, por el servicio de un trabajo cualquiera sea, una persona debería recibir una remuneración en función de las necesidades personales que se tenga. Desde una perspectiva capitalista, a una persona el mercado le paga no en función de lo que esta dice necesitar sino de lo que esta produce en sí. Dicho esto, arribamos a la conclusión de que el sueldo de los Diputados no encaja ni desde la óptica marxista ni tampoco en la del libre mercado. En efecto, va de suyo que un Diputado necesita menos de 35 mil pesos para satisfacer las oficialmente denominadas “necesidades básicas” (valuadas en 2300 pesos mensuales según el INDEC). Al advertir que los Diputados se han subido las dietas no en función de dogmas marxistas (celebramos que hayan desechado ese criterio), concluimos entonces en que estos se lo han auto-asignado en función de lo que producen: ¿y qué producen?
Algunas malas lenguas sostienen que la mayor parte de estos lenguaraces no suelen producir mucho, y que en todo caso lo mucho que ganan se lo quitan a los contribuyentes, que al fin y al cabo son los que verdaderamente producen.
