domingo, 23 de octubre de 2011

Derechos Humanos. Visión distorsiva. Solución uruguaya

Derechos Humanos. Visión distorsiva. Solución uruguaya

1 La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los tratados y convenciones internacionales, particularmente los referidos a los derechos humanos, tienen una jerarquía superior a la de la Constitución, ha traducido un cambio profundo y radical que suscita preocupación en los ciudadanos partidarios de la vigencia integral de los principios que fundamentan un Estado de Derecho.
2. Uno de esos principios, que ocupa el primer nivel de la denominada pirámide jurídica es el de la plena observancia de la supremacía constitucional, establecida en el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental, el cual, hasta el dictado de esos pronunciamientos, jamás había sido puesto en duda en los precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal.
3. Es probable que, al sentarse el principio opuesto, no se hayan evaluado debidamente todas las consecuencias negativas que, para la seguridad jurídica, y la propia vigencia de los derechos humanos, pueda llegar a producir la proyección de una interpretación que se parece más a una invención literaria que a una construcción o elaboración propiamente jurídica.
4. De aplicarse una regla semejante, se tendría que admitir también la posibilidad de que cualquier tratado que el Congreso le asigne jerarquía constitucional, según el procedimiento establecido por el art. 75, inciso 22 in fine de la Constitución Nacional, puede modificar a esta última, lo cual implica transformar al Poder Legislativo en poder constituyente, alterando las bases mismas del sistema rígido que caracteriza a nuestra Ley Fundamental y el consecuente procedimiento de reforma.
5. La nueva corriente interpretativa echa por tierra los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna para el imputado, respeto por los derechos adquiridos y la cosa juzgada, que no pueden ser alterados-so pretexto de reglamentación- por imperio del art. 27 de la Constitución Nacional. En efecto, el mismo art. 27 de la Ley Fundamental condiciona la vigencia y validez de los tratados a que sus cláusulas sean compatibles con los principios de derecho público establecidos en la parte dogmática de la misma Constitución Nacional, lo cual, en buen romance, significa que cualquier tratado que los vulnere o contenga normas incompatibles no puede aplicarse en el territorio de la República Argentina.
6. El pretendido reconocimiento de la retroactividad de la ley penal por la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad conculcaría los principios del sistema constitucional y no surge de las leyes que aprobaron la citada Convención (leyes 24.584 y 25.778).
7. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia Nacional se basa, para sostener lo contrario, en un más que discutible “ius cogens”-ambiguo derecho imperativo- que regiría en el orden internacional, sin determinar, con un mínimo grado de precisión, como nacería su aplicación universal y generalizada, en contra de los principios garantísticos del clásico derecho penal que han venido rigiendo, en forma pacífica, en todas las democracias desde hace varios siglos.
8. De otro lado, la citada Convención tan solo regula lo atinente a la imprescriptibilidad de las acciones penales relativos a los delitos definidos en el Estatuto Militar de Nüremberg, sin que en ella se establezca interdicción alguna respecto de los actos de amnistía o indulto, ni se impida la regulación legal por el derecho interno de la obediencia debida. Tampoco la citada Convención consagra su aplicación retroactiva ni menos acoge el cuadro jurídico excepcional que presidió el juicio a los criminales de guerra nazis.
9. Por lo demás, la propia Constitución Nacional establece de forma expresa que la jerarquía de los tratados no es superior a los postulados de la parte dogmática de la Carta Magna (arts. 27 y 31 CN).
10. Asimismo, el art. 7 del Estatuto de Roma, antecedente inmediato de la Corte Penal Internacional, establece con absoluta claridad el verdadero alcance conceptual de crimen aberrante o de lesa humanidad, vinculado a la desaparición forzada de personas. Y, en tal inteligencia, quedan comprendidos tanto los cometidos por el aparato represor estatal como así también los crímenes aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas, en tanto y en cuanto éstas últimas mostraban un claro esquema organizacional similar a los ejércitos convencionales.
11. Al margen del enfoque propiamente jurídico que ha precedido en este comentario, va de suyo que la postura que sostiene cierta facción del espectro político nacional y que conduce a una visión claramente hemipléjica acerca de tuición de los derechos humanos (con franca inclinación hacia el exclusivo castigo de los crímenes aberrantes cometidos desde el aparato oficial del Estado Argentino durante el proceso militar (1976-1983) en detrimento de los otros tantos crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras), distorsiona abiertamente la veracidad de los episodios de enfrentamiento vividos en aquellos años en la Argentina ni bien se precipitaba el derrumbe del gobierno constitucional de la Presidente María Estela Martínez de Perón.
12. Desde lo episódico vale recordar el gesto patriótico del doctor José Alberto Deheza quien -consciente del irreversible proceso de derrumbe de las instituciones democráticas- aceptó -sin vacilar-.la titularidad de la cartera de Defensa del gobierno democrático (allá por el mes de enero de 1976) poniendo todo su empeño -aun a costa de rifar su propio prestigio personal- en pos de la salvaguarda de las instituciones democráticas.
13. Viene a cuento, por lo demás, y a propósito de la comentada visión unidireccional que en materia de derechos humanos viene proponiendo cierto sector de la dirigencia política argentina , aquella fantástica reflexión del doctor Julio María Sanguinetti (“La agonía de una democracia”), cuando parafraseando a Tetzvan Todorov el erudito pensador uruguayo señaló que una de las características más salientes de los regímenes totalitarios que emergieron en el mundo a finales del siglo XIX y que se fueron consolidando a comienzos del siglo XX consistió en la sistemática supresión de la memoria como instrumento apto de reconstrucción de los procesos históricos.
14. En esa misma línea de reflexión, el doctor Sanguinetti, al reconstruir el proceso histórico que -comenzado en 1963- terminó por aniquilar el sistema democrático uruguayo en 1973, explicó claramente que la caída de las instituciones democráticas en la República Oriental del Uruguay, se debió en gran medida ( y entre otros múltiples factores) al acaecimiento de un proceso irreversible de radicalización ideológica que terminó por suprimir a la memoria como herramienta imprescindible en todo proceso de reconstrucción de sucesos pasados.
15. Así explicaba el distinguido pensador uruguayo, que el pasado es la materia prima y la perspectiva -objetiva y lealmente aplicada- se erige en la herramienta apta e ineludible de reconstrucción de los procesos históricos.
16. La postura del doctor Sanguinetti en materia de derechos humanos, de similar problemática a la suscitada en la Argentina, refleja con claridad acerca de la necesidad impostergable de proponer una visión integral y genuina en materia de afectaciones con abstracción de condicionamientos ideológicos.
17. En este punto -y en el transcurso de la primer gestión presidencial del doctor Sanguinetti (1985-1990)- el pueblo uruguayo laudó y votó a favor de la denominada ley de caducidad que fuera sometida a plebiscito; es decir, la sociedad uruguaya allá por 1986 dijo en forma mayoritaria que la única forma de construir un sólido esquema de pacificación a futuro conllevaba a amnistiar todos los crímenes cometidos en una y otra dirección durante aquel trágico tramo de la historia uruguaya.
18. Esto es, esa amnistía debía incluir tanto los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras que irrumpieron en la vida institucional uruguaya a partir de 1963 como los otros crímenes cometidos desde el aparato represor del régimen de facto encabezado por el General Gregorio Álvarez a partir de 1973.
19. Desde luego que el tiempo actual viene a mostrar como los recurrentes procesos de radicalización ideológica se erigen en factor insalvable para honrar cualquier perspectiva histórica que se precie de narrar los sucesos a partir de un estricto rigor de verdad integral; y a su vez, para sustentar procesos de pacificación ciudadana.
20. “La verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema (“Obras Completas” de José Ortega y Gasset, T. II, pág. 27. Ed. Taurus, Madrid, 2005).” “Por ello, y en línea con ese axioma, cuando se busca la verdad apoyada en un estricto rigor científico, el tratamiento fragmentado y asistémico de un tópico -o problema- conducirá-inexorablemente- a la aporía”. “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira” (Jean François Revel,“El conocimiento inútil”, diario Le Monde).
21. “La historia, maestra de la vida, como decía Cicerón, ha de contarse sin pasión ni abuso, pues si imprescindible es la memoria para entendernos a nosotros mismos, nada hay más peligroso que reconstruir el pasado en función de intereses circunstanciales”. (Julio M. Sanguinetti, “Historia de dos Ciudades”, La Nación, 11/08/06).

Economía: ¿Hacia en Estado Policial?

Economía: ¿Hacia en Estado Policial?

Si bien la Argentina dista muchísimo de ser un Estado gobernado por un régimen totalitario que se encarga de suprimir las libertades de las gentes, es evidente que es cada vez mayor la injerencia del gobierno en las actividades de las personas.
Si bien en este comentario nos referiremos únicamente a la economía, no caben dudas de que se ha avanzado de manera considerable sobre las llamadas libertades civiles en los últimos años. Ello ha ocurrido por ejemplo en materia de programas de estudio escolar en todos los niveles. También en materia de periodismo independiente se ha iniciado un claro proceso de persecución verbal y propagandística hacia las opiniones disidentes. Son ejemplos.
En materia económica, que es lo que en este caso nos atañe, observamos desde hace ya varios años el continuo ataque a los empresarios y a las empresas, los controles e imposiciones de precios, las limitaciones arbitrarias a las importaciones y exportaciones, etc.
Días pasados escuchábamos en la radio un reportaje al candidato Hermes Binner por parte del periodista Víctor Hugo Morales, quien en un momento determinado se explayó en explicaciones sobre la probidad, la moralidad y la rectitud del funcionario Guillermo Moreno. La referencia a este curioso personaje viene una vez más a cuento. Casi por las mismas horas, la presidenta de la Nación hacía referencia también a las capacidades de este mismo funcionario.
Sabemos por innúmeras publicaciones, inclusive por filmaciones tomadas por cámaras ocultas o no, que el citado funcionario es una persona violenta y agresiva, que no duda en amenazar, insultar y descalificar a quienes tiene frente a él; para pasar luego a los hechos económicos aplicándole a quienes se le enfrentan , desde restricciones al comercio hasta inspecciones selectivas. No estamos ni de lejos ante una persona que sea respetuosa de la Constitución y de las leyes, sino de un provocador de características autoritarias, que incluso se rodea de verdaderos patoteros para llevar a cabo fines intimidatorios. Abundar es redundante, pero recordar de quién se trata es fundamental.
Porque es obvio que el tal funcionario está donde está porque la señora de Kirchner así lo desea. Y hace lo que hace y del modo en que lo hace porque cuenta con su aval y aprobación.
Podríamos discutir si se trata de una persona proba y de condiciones morales intachables quien amenaza incluso públicamente a la gente, como aquella famosa escena de intención de degüello que le hiciera al entonces ministro de economía Lousteau. Pero insistimos, queremos hablar de economía. Vayamos a los hechos.
Como es sabido en estas horas el país se debate ante la necesidad de evitar sanciones de parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) debido a su liviandad en las cuestiones vinculadas al lavado de dinero. Precisamente por haber sido puesto nuestro país “en capilla”, se dictaron en los últimos meses una cantidad inusitada de normas (e incluso una ley) tendientes a obligar a los diversos actores (bancos, empresarios, profesionales, etc.) a denunciar toda clase de operaciones “sospechosas” ante la Unidad de Investigaciones financieras (UIF). Este esquema en general no avanza en el sentido de que el Estado vigile y controle la operatoria financiera, sino que apunta a que los distintos factores se denuncien entre sí, violando entre otras cosas la privacidad de las “acciones de los hombres”, el secreto profesional y revirtiendo la carga de la prueba ante la duda. Si bien muchas de estas medidas vienen impuestas desde el Exterior, lo cierto es que en el ámbito local, donde la arbitrariedad capea por doquier, resultan todavía más graves.
La posibilidad de acciones penales basadas en presunciones hace rato que se ha incorporado a nuestra legislación tributaria. Incluso existe ya jurisprudencia tendiente a limitar seriamente la posibilidad de que el Estado encarcele a las personas por el simple hecho de “presumir” que operaron de manera ilegal. A menos que tales individuos prueben que no.
La gravedad de toda esta legislación está fuera de toda duda en nuestro modo de ver. Pero, excepto en ámbitos judiciales de probada seriedad, no parece haber tomado todavía suficiente consideración entre la dirigencia en general, incluyendo ciertos ámbitos académicos, que sin embargo no trepidaron en su momento en consentir el famoso blanqueo de capitales de la ley 26.476.
No se avanza sobre las libertades individuales si no existe una clara pasividad de parte de buena parte de la opinión pública. Y parece que acá una parte importante de tal opinión ha tomado el camino lábil de dejar hacer.
En las últimas horas, se han llevado a cabo “operativos”en el Microcentro porteño, incluso con un camión de la Gendarmería Nacional, para intentar frenar la operatoria en las casas de cambio y en los bancos, hacia donde se dirige la población para adquirir divisas y deshacerse de los devaluados pesos argentinos.
La aparatosidad de esta clase de operativos es rayana con la estupidez. Que los gendarmes que deberían estar cuidando las fronteras estén colaborando con un control del mercado cambiario es francamente ridículo. Pero no deja de ser intimidatorio. Es decir, no difiere mayormente de lo que hace o haría el funcionario que mencionamos al comienzo de estas líneas: asustar.
Ahora bien, si el objetivo del país es lograr la aprobación del GAFI y el control de las operaciones “sospechosas” de lavado de dinero, no parece ser lo más lógico salir a disuadir a los posibles malhechores, sino por el contrario, investigar y atraparlos. Asustar al delincuente hace que éste huya y espere mejores oportunidades, no que caiga preso.
Leemos en el diario un comentario al parecer producido por un funcionario del Banco Central que no deja de llamarnos la atención: “los procedimientos van a continuar la semana próxima para desterrar a los coleros”,es decir, a quienes hacen la cola para adquirir dólares.
¿Esta es la forma de atacar el problema del lavado de dinero? La verdad es que el grado de torpeza de esta clase de “procedimientos”sorprende realmente.
El titular de la UIF, Sbatella, partió a Europa en compañía del ministro de justicia, Alak (el mismo que cuando los hechos del parque Indoamericano declaró que la Policía Federal no tenía gente suficiente para atacar el problema y que además le correspondía a la Policía Metropolitana, 24 horas después de que la Policía Federal sí había intervenido) para asistir a la reunión plenaria del GAFI, que se encargará de evaluar las reformas impulsadas por el país para combatir el lavado de dinero.
Según las notas periodísticas, el operativo con la Gendarmería incluida, apunta a verificar cómo es la estructura que opera detrás de los llamados coleros.
Uno no tiene mayor idea de cómo deben funcionar las operaciones detectivescas ya que de esa materia sólo entiende lo visto en las películas. Pero la verdad es que más parece un grotesco que un método de detección de irregularidades.
Entonces, qué es lo que subyace en este accionar ridículo que seguramente no hará sino poner los pelos de punta a los integrantes del GAFI, si es que se enteran. Pues simplemente la clásica torpeza política argentina de evitar que la gente huya hacia el dólar. La insólita creencia de que persiguiendo al que intenta protegerse, éste se quedará tranquilo y dejará de intentar protegerse.
Incongruencia mayor o torpeza más grande no parece que exista en la materia. Ya recordamos en un trabajo reciente a aquel diputado radical que en los años 80 proponía clausurar la calle San Martín (centro neurálgico de las casas de cambio de Buenos Aires), para, de esa manera, “terminar con la especulación hacia el dólar”.
Vayamos entonces a lo verdaderamente serio. Según los cálculos en los últimos 50 meses salieron del sistema algo así como 68.000 millones de dólares. Se fugaron hacia el Exterior, los colchones, las cajas de seguridad o donde fuere, tantos millones de dólares como un año íntegro de exportaciones. Y la fuga continúa a todo ritmo. Incentivada por este tipo de truchadas, si se nos permite la expresión, porque nos parece de lo más gráfica.
En lugar de crear condiciones de seguridad jurídica, es decir, de respeto irrestricto a las garantías constitucionales, lo que se hace es armar aparatosos montajes para la gilada.
Es sabido que desde los círculos oficiales se habla del crecimiento y de la bonanza en general en materia económica del país en los últimos años. No pretendemos ni por un segundo poner en duda tal grado de avance. Ahora, atribuirlo a este tipo de manejos, nos parece cuando menos estúpido.
Y precisamente el secretario de finanzas, Hernán Lorenzino, consideró “indignante” un informe de la calificadora internacional Fitch, que dijo que las políticas del gobierno tenían un alto grado de incertidumbre.
Lorenzino afirmó que el gobierno continuaría haciendo todo lo bueno que se hizo en materia de decisiones económicas. La pregunta del millón es ¿por qué si esto es así salen los capitales de la Argentina de la manera en que lo hacen? ¿Por qué hace falta mandar a la Gendarmería a perseguir“coleros” en el Microcentro porteño? ¿Por qué hace falta que la propia presidenta de la Nación salga a defender por “honesto y capaz” a un funcionario de características patoteriles?
Nosotros consideramos desde hace ya varios años que el país se encamina hacia un Estado policial, como ya lo fuera en otras épocas. Y no únicamente durante regímenes militares.
Una gran cantidad de datos se desconocen hoy en la Argentina. Se persigue a quienes intentan medir la inflación. Se ocultan datos sobre reservas petroleras. Se deja de informar sobre la venta de dólares por parte del Central. Se oculta información, aumentando el miedo.
No es el camino hacia un Estado democrático y libre, sino antes bien todo lo contrario.
Esperemos que la señora presidenta, que según todas las encuestas será reelecta mañana, recapacite y considere la posibilidad de que si nos ha ido bien, podría habernos ido mejor. Y lo mismo podría ocurrir durante su próximo período presidencial.