Si bien la Argentina dista muchísimo de ser un Estado gobernado por un régimen totalitario que se encarga de suprimir las libertades de las gentes, es evidente que es cada vez mayor la injerencia del gobierno en las actividades de las personas.
Si bien en este comentario nos referiremos únicamente a la economía, no caben dudas de que se ha avanzado de manera considerable sobre las llamadas libertades civiles en los últimos años. Ello ha ocurrido por ejemplo en materia de programas de estudio escolar en todos los niveles. También en materia de periodismo independiente se ha iniciado un claro proceso de persecución verbal y propagandística hacia las opiniones disidentes. Son ejemplos.
En materia económica, que es lo que en este caso nos atañe, observamos desde hace ya varios años el continuo ataque a los empresarios y a las empresas, los controles e imposiciones de precios, las limitaciones arbitrarias a las importaciones y exportaciones, etc.
Días pasados escuchábamos en la radio un reportaje al candidato Hermes Binner por parte del periodista Víctor Hugo Morales, quien en un momento determinado se explayó en explicaciones sobre la probidad, la moralidad y la rectitud del funcionario Guillermo Moreno. La referencia a este curioso personaje viene una vez más a cuento. Casi por las mismas horas, la presidenta de la Nación hacía referencia también a las capacidades de este mismo funcionario.
Sabemos por innúmeras publicaciones, inclusive por filmaciones tomadas por cámaras ocultas o no, que el citado funcionario es una persona violenta y agresiva, que no duda en amenazar, insultar y descalificar a quienes tiene frente a él; para pasar luego a los hechos económicos aplicándole a quienes se le enfrentan , desde restricciones al comercio hasta inspecciones selectivas. No estamos ni de lejos ante una persona que sea respetuosa de la Constitución y de las leyes, sino de un provocador de características autoritarias, que incluso se rodea de verdaderos patoteros para llevar a cabo fines intimidatorios. Abundar es redundante, pero recordar de quién se trata es fundamental.
Porque es obvio que el tal funcionario está donde está porque la señora de Kirchner así lo desea. Y hace lo que hace y del modo en que lo hace porque cuenta con su aval y aprobación.
Podríamos discutir si se trata de una persona proba y de condiciones morales intachables quien amenaza incluso públicamente a la gente, como aquella famosa escena de intención de degüello que le hiciera al entonces ministro de economía Lousteau. Pero insistimos, queremos hablar de economía. Vayamos a los hechos.
Como es sabido en estas horas el país se debate ante la necesidad de evitar sanciones de parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) debido a su liviandad en las cuestiones vinculadas al lavado de dinero. Precisamente por haber sido puesto nuestro país “en capilla”, se dictaron en los últimos meses una cantidad inusitada de normas (e incluso una ley) tendientes a obligar a los diversos actores (bancos, empresarios, profesionales, etc.) a denunciar toda clase de operaciones “sospechosas” ante la Unidad de Investigaciones financieras (UIF). Este esquema en general no avanza en el sentido de que el Estado vigile y controle la operatoria financiera, sino que apunta a que los distintos factores se denuncien entre sí, violando entre otras cosas la privacidad de las “acciones de los hombres”, el secreto profesional y revirtiendo la carga de la prueba ante la duda. Si bien muchas de estas medidas vienen impuestas desde el Exterior, lo cierto es que en el ámbito local, donde la arbitrariedad capea por doquier, resultan todavía más graves.
La posibilidad de acciones penales basadas en presunciones hace rato que se ha incorporado a nuestra legislación tributaria. Incluso existe ya jurisprudencia tendiente a limitar seriamente la posibilidad de que el Estado encarcele a las personas por el simple hecho de “presumir” que operaron de manera ilegal. A menos que tales individuos prueben que no.
La gravedad de toda esta legislación está fuera de toda duda en nuestro modo de ver. Pero, excepto en ámbitos judiciales de probada seriedad, no parece haber tomado todavía suficiente consideración entre la dirigencia en general, incluyendo ciertos ámbitos académicos, que sin embargo no trepidaron en su momento en consentir el famoso blanqueo de capitales de la ley 26.476.
No se avanza sobre las libertades individuales si no existe una clara pasividad de parte de buena parte de la opinión pública. Y parece que acá una parte importante de tal opinión ha tomado el camino lábil de dejar hacer.
En las últimas horas, se han llevado a cabo “operativos”en el Microcentro porteño, incluso con un camión de la Gendarmería Nacional, para intentar frenar la operatoria en las casas de cambio y en los bancos, hacia donde se dirige la población para adquirir divisas y deshacerse de los devaluados pesos argentinos.
La aparatosidad de esta clase de operativos es rayana con la estupidez. Que los gendarmes que deberían estar cuidando las fronteras estén colaborando con un control del mercado cambiario es francamente ridículo. Pero no deja de ser intimidatorio. Es decir, no difiere mayormente de lo que hace o haría el funcionario que mencionamos al comienzo de estas líneas: asustar.
Ahora bien, si el objetivo del país es lograr la aprobación del GAFI y el control de las operaciones “sospechosas” de lavado de dinero, no parece ser lo más lógico salir a disuadir a los posibles malhechores, sino por el contrario, investigar y atraparlos. Asustar al delincuente hace que éste huya y espere mejores oportunidades, no que caiga preso.
Leemos en el diario un comentario al parecer producido por un funcionario del Banco Central que no deja de llamarnos la atención: “los procedimientos van a continuar la semana próxima para desterrar a los coleros”,es decir, a quienes hacen la cola para adquirir dólares.
¿Esta es la forma de atacar el problema del lavado de dinero? La verdad es que el grado de torpeza de esta clase de “procedimientos”sorprende realmente.
El titular de la UIF, Sbatella, partió a Europa en compañía del ministro de justicia, Alak (el mismo que cuando los hechos del parque Indoamericano declaró que la Policía Federal no tenía gente suficiente para atacar el problema y que además le correspondía a la Policía Metropolitana, 24 horas después de que la Policía Federal sí había intervenido) para asistir a la reunión plenaria del GAFI, que se encargará de evaluar las reformas impulsadas por el país para combatir el lavado de dinero.
Según las notas periodísticas, el operativo con la Gendarmería incluida, apunta a verificar cómo es la estructura que opera detrás de los llamados coleros.
Uno no tiene mayor idea de cómo deben funcionar las operaciones detectivescas ya que de esa materia sólo entiende lo visto en las películas. Pero la verdad es que más parece un grotesco que un método de detección de irregularidades.
Entonces, qué es lo que subyace en este accionar ridículo que seguramente no hará sino poner los pelos de punta a los integrantes del GAFI, si es que se enteran. Pues simplemente la clásica torpeza política argentina de evitar que la gente huya hacia el dólar. La insólita creencia de que persiguiendo al que intenta protegerse, éste se quedará tranquilo y dejará de intentar protegerse.
Incongruencia mayor o torpeza más grande no parece que exista en la materia. Ya recordamos en un trabajo reciente a aquel diputado radical que en los años 80 proponía clausurar la calle San Martín (centro neurálgico de las casas de cambio de Buenos Aires), para, de esa manera, “terminar con la especulación hacia el dólar”.
Vayamos entonces a lo verdaderamente serio. Según los cálculos en los últimos 50 meses salieron del sistema algo así como 68.000 millones de dólares. Se fugaron hacia el Exterior, los colchones, las cajas de seguridad o donde fuere, tantos millones de dólares como un año íntegro de exportaciones. Y la fuga continúa a todo ritmo. Incentivada por este tipo de truchadas, si se nos permite la expresión, porque nos parece de lo más gráfica.
En lugar de crear condiciones de seguridad jurídica, es decir, de respeto irrestricto a las garantías constitucionales, lo que se hace es armar aparatosos montajes para la gilada.
Es sabido que desde los círculos oficiales se habla del crecimiento y de la bonanza en general en materia económica del país en los últimos años. No pretendemos ni por un segundo poner en duda tal grado de avance. Ahora, atribuirlo a este tipo de manejos, nos parece cuando menos estúpido.
Y precisamente el secretario de finanzas, Hernán Lorenzino, consideró “indignante” un informe de la calificadora internacional Fitch, que dijo que las políticas del gobierno tenían un alto grado de incertidumbre.
Lorenzino afirmó que el gobierno continuaría haciendo todo lo bueno que se hizo en materia de decisiones económicas. La pregunta del millón es ¿por qué si esto es así salen los capitales de la Argentina de la manera en que lo hacen? ¿Por qué hace falta mandar a la Gendarmería a perseguir“coleros” en el Microcentro porteño? ¿Por qué hace falta que la propia presidenta de la Nación salga a defender por “honesto y capaz” a un funcionario de características patoteriles?
Nosotros consideramos desde hace ya varios años que el país se encamina hacia un Estado policial, como ya lo fuera en otras épocas. Y no únicamente durante regímenes militares.
Una gran cantidad de datos se desconocen hoy en la Argentina. Se persigue a quienes intentan medir la inflación. Se ocultan datos sobre reservas petroleras. Se deja de informar sobre la venta de dólares por parte del Central. Se oculta información, aumentando el miedo.
No es el camino hacia un Estado democrático y libre, sino antes bien todo lo contrario.
Esperemos que la señora presidenta, que según todas las encuestas será reelecta mañana, recapacite y considere la posibilidad de que si nos ha ido bien, podría habernos ido mejor. Y lo mismo podría ocurrir durante su próximo período presidencial.
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