El otrora prestigioso magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, se encuentra ahora en la picota. La investigación surgida de Diario Perfil -y que recogía denuncias de una ONG en relación al uso que se hacía de seis inmuebles, registrados como propiedad del Juez- ha derivado ahora en una nueva crisis política de altísimo despliegue mediático que golpea a la Casa Rosada con la fuerza de un puntapié al plexo solar.
A los pocos días, una secuencia de hechos llevaría a la publicación de una áspera misiva, con la autoría del respetado Abogado, el Dr. Ricardo Monner Sans. El letrado se hizo eco del dilema ético en el que Zaffaroni -sin ayuda de nadie- supo zambullirse de cabeza. Pero Monner Sans fue mucho más allá, recordando que el buen amigo y colega de Carmen Argibay ofició de Juez en los tiempos del Proceso de Reorganización Nacional, al tiempo que se hizo eco de una vieja declaración del propio magistrado de la Corte en 2003, ocasión en que reconociera ante el Senado de la Nación que evadía impuestos. Finalmente, el autor de la carta se ocupó de rememorar un hecho que, sugestivamente, la clase política ha venido obviando desde hace un buen tiempo, esto es, que el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni arribó al Alto Tribunal de apuro, casi puesto “a dedo” por el fallecido ex presidente Néstor Carlos Kirchner. Claro está, ante la necesidad de reformular la impresentable “corte menemista”,aquella que supo oficiar de escribanía del Ejecutivo en los años noventa, y que hiciera un esfuerzo notable para respaldar un turbio programa de privatizaciones de empresas estatales. Parafraseando al Dr. Monner Sans, “valía todo” con tal de imprimirle a la Corte Suprema de Justicia un nuevo hálito de transparencia. Néstor lo hizo.
Unos pocos días atrás, el iridiscente Jorge Lanata brindó una atendible entrevista a medios nacionales. En relación al Caso Zaffaroni, opinó que le parecía difícil que el juez no tuviera conocimiento sobre el uso que se daba a las unidades funcionales bajo su titularidad. Con el correr de las horas, la prensa argentina complementó la información inicial con nuevos datos que darían lugar a un sinnúmero de sospechas. Se ha sindicado como “administrador”del Juez de la Corte al Sr. Ricardo Montivero, a priori responsable de gerenciar los contratos de alquiler de las viviendas pertenecientes al Dr. Zaffaroni. Sin embargo, comenzó a llamar la atención en las últimas horas el hecho de que Montivero figura como titular de la línea telefónica del domicilio fiscal del magistrado, sito en la calle Boyacá al 900. Cuando entra en juego el análisis estricto de la letra de la ley, cualquier abogado recién egresado podría concluir sin pestañear que existiría, prima facie, una sociedad entre don Eugenio Raúl y su servicial administrador. Sin importar que -por lo bajo y en off- el propio Zaffaroni la emprenda con furia contra Montivero. Con todo, surgen más preguntas en relación a la cuestión de las unidades utilizadas como prostíbulos: quien alquila departamentos o viviendas para la oferta regular de sexo “puertas adentro” sabe que esos contratos se cobran entre tres y cuatro veces más caro de lo normal (la razón es obvia); cabe entonces preguntarse si acaso el hábil gerenciador del Juez rentaba aquellas unidades a precios elevados o si, en contrario, exigía precios corrientes de mercado. Si Montivero operaba bajo la segunda prerrogativa, ¿estafaba al Dr. Zaffaroni, quedándose con una utilidad superior a la marginal? En cualquiera de los casos, será el propio letrado quien deba dar las explicaciones pertinentes, pero no frente a la pálida versión de la administración de justicia que hoy conocemos, sino frente a un jury de enjuiciamiento de carácter probo e insobornable. La probabilidad de ocurrencia de este escenario no es un tema que corresponda tratar aquí, al menos en esta columna. Nota complementaria: la Ley 26.364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas - Modificación Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación) es lo suficientemente clara, especialmente en lo que hace al contenido del Artículo 4to: “a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos”. Se impone la pregunta: ¿podría el magistrado desconocer el contenido de la presente legislación?
Existen, asimismo, otros componentes que hacen a la clara falta de idoneidad del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni para integrar el máximo Tribunal. Cítese, por ejemplo, su íntima relación con el Sr. Jacobo Grossman -con antecedentes por secuestro extorsivo e indultado en 1991-, y hasta qué punto ha influido el Juez para que su buen amigo preste servicios como Secretario de la Corte. Por otro lado, surge otro número importante de suspicacias en relación a su pasado, y si acaso su desempeño fue -como se dice- loable a la hora de presentar recursos de hábeas corpus para detenidos por la dictadura militar en los años setenta. La idoneidad sobre la que se hace mención también se observa comprometida, en virtud de la cercanía ideológica que don Eugenio Raúl exhibe con el oficialismo. A este respecto, es noticia vieja que Zaffaroni fue consultado oportunamente por allegados a la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, para conocer su interés en presentarse como aspirante del Frente Para la Victoria en la figura de Jefe de Gobierno porteño, e incluso de Vicepresidente. Para colmo, él no ha eludido comentar sobre su propia iniciativa para proponer una novedosa reforma de la Carta Magna que le permitiría a la viuda -de resultar ganadora en octubre- pelear por una re-reelección dentro de cuatro años. En la Argentina, todo parece moverse en círculos. Al Dr. Eugenio Zaffaroni le asiste el derecho constitucional de la réplica y el descargo. Pero no es menos cierto que los ciudadanos también debemos hacer honor al nuestro, en el sentido de reclamar por una justicia cuyos componentes observen criterios de transparencia, coherencia e independencia. A la luz de los hechos, esta solicitud podría catalogarse perfectamente de utópica. Aunque está lejos de aparecer como inválida.
De todos modos, son los ribetes políticos del “Dilema Zaffaroni” los que nutren el interés de los lectores, candidatos y analistas políticos que suelen repasar a diario las páginas de El Ojo Digital. Fuentes cercanas a Balcarce 50 han reportado en su momento que el magistrado ha visto crecer su reputación como engranaje fundamental del kirchnerismo/cristinismo en el ámbito de la Justicia. Los comentarios en tal sentido perderían incandescencia y credibilidad, sino fuera porque los ánimos distan de ser los mejores en el rosado edificio, desde que el tema estalló en los medios masivos del país. No en vano, el matutino La Nación publicó este miércoles un texto en donde un referente del gobierno federal apuntara que Zaffaroni podría “no ser punible, pero desde el punto de vista político, es indefendible”. Precisamente, las preocupaciones del entorno presidencial surgen del impacto que la desagradable noticia podría provocar al momento del conteo de votos. Por otro lado, el temor más palpable cabalga sobre las relaciones que podría rastrear la prensa entre el Juez y el tristemente célebre Caso Schoklender-Bonafini. Con toda probabilidad, los fundamentos de la trama podrían alumbrarse apenas alguien responda a la “pregunta del millón”: ¿conoció Jacobo Grossman a Sergio Schoklender personalmente? ¿Quién o quiénes se ocuparon de sacar de prisión al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo?
Incontestablemente, la caída en desgracia de los organismos de derechos humanos ha sacudido el piso bajo los pies de la Presidente Cristina Elisabet Fernández Wilhelm. Nuestra primera mandataria no solo debe hacer frente a su crítico estado de salud: casi con rigor diario, noticias del calibre del affaire Schoklender-Bonafini o la violencia en Jujuy -a los que ahora se suma el calvario del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni- contribuyen a generar una creciente inquietud de cara a las chances electorales reales de la candidata. El laberinto creado por el magistrado parece no exhibir salida posible: para Balcarce 50, salir en su airada defensa representaría un claro suicidio político, en tanto que tampoco puede demandar su separación del cargo (sus servicios serían necesarios como “cubierta” judicial, se reporta). Al mismo tiempo, la permanencia de don Eugenio podrá ser explotada hasta el aburrimiento por los candidatos de la oposición que necesitan, de manera imperiosa, captar para ellos los titulares de las primeras planas de los diarios.
Mientras Zaffaroni ha comenzado a perturbar a sus pares -que silenciosamente le piden que dé el paso al costado, temerosos de que la continuidad de su colega los contamine-, Cristina Fernández y Máximo Kirchner han tomado conocimiento de recientes mediciones que, a contramano de los estudios de opinión pagos y que se publican a diario, reflejan las dificultades de la Presidente para superar el 30% de intención de voto a nivel nacional en agosto. Aquí comienza a comprenderse el esfuerzo denodado que la Rosada lleva adelante para enlodar el escenario de las Primarias. La Jueza Federal con competencia electoral en la Capital Federal María Romilda Servini de Cubría ha vuelto a poner el grito en el cielo, pues no se conformó con las promesas de Florencio Randazzo: hace falta girar el dinero para que las PASO puedan llevarse a cabo. El mensaje fue contundente: “Sin fondos, no hay Primarias”.Que distritos como la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires se “abran”del 14 de agosto sería suficiente para dinamitar la puja.
En virtud de los números “crudos” que la Presidente ya tiene en sus manos y la complejidad y el pésimo timing que observa el caso Zaffaroni, no sería extraño que la viuda de Kirchner tome, próximamente, una decisión que podría sorprender a más de un analista político desprevenido.
El cristinismo -está visto- desconoce las reglas más elementales del juego del ajedrez. Especialmente, aquella que exige al jugador conocer de antemano los siguientes tres movimientos que ejecutará.
