Las denuncias de Sergio Schoklender sobre las cuentas en el exterior de Hebe de Bonafini y otras personas vinculadas a las “Madres de la Plaza de Mayo” son las primeras respecto de este escandaloso asunto que incide notablemente en el campo político. Al parricida y a su hermano les interesa primordialmente quedar absueltos o lo menos dañados posible de lo que ya se denomina como “la estafa de los Derechos Humanos”, estafa que adquirirá una mayor dimensión después de lo dicho por Sergio, cuyas palabras tomaron el camino del no retorno. Más aún, ya lo obligan a avanzar con sus explicaciones, que se anudan sucesivamente con más y más datos que a esta altura de las circunstancias lo abruman al juez Oyarbide, que hace pininos por cumplir con la orden de Cristina de congelar este escándalo hasta después de las elecciones de octubre. ¿Podrá hacerlo? Fuentes seguras sostienen que la cifra denunciada, que ya supera los dos millones de dólares escondidos en el exterior, crecerá a medida que se conozcan los detalles que incluyen una partida de U$S 1.000.000 (un millón de dólares) que habrían sido transportados físicamente por Alejandra, la hija de Hebe Pastor de Bonafini, a La Habana, para ser depositados en el Banco Nacional de Cuba o en una caja de seguridad de la capital de la isla.
Además de las estrictamente políticas, la información puede tener derivaciones obviamente de mucho peso si se comprueba que la salida de ésta y eventualmente otras sumas importantes y con igual u otro destino -Italia, España, Francia- fueron sacadas del país de manera irregular, es decir, en trasgresión de las normas que limitan esta clase de transferencias. Uno de los problemas adicionales consiste en que se trata de dinero que se convirtió en negro y que su exportación secreta pone a la operación bajo la sospecha del lavado y potenciales complicaciones insospechadas. Entre ellas, algunas preguntas realmente incómodas como, por ejemplo, quién autorizó o permitió la salida de una gran valija con el voluminoso paquete de un millón de billetes norteamericanos, lo que permite otra apreciación demostrativa de la hondura de un nivel de corrupción que supera toda imaginación y antecedentes en la materia. Por añadidura, las maniobras tienen “hijos y entenados”, pues por un lado se realizan en sigilo y bajo el amparo oficial y en otros sufren la severidad de la ley de manera severa y perspicaz, como sucedió cuando un gremialista que dejaba el país con rumbo al Uruguay con sólo sesenta o setenta mil dólares, una verdadera bicoca si se lo compara con esto que comentamos, u otros casos cuyas explicaciones llenarían páginas y páginas de una apasionante novela policial. En ella intervendrían los legisladores, que restringen su curiosidad para un necesario esclarecimiento, y también los funcionarios menores, que hicieron la vista gorda para los embarques, un tema que podría tener como buen asesor a Antonini Wilson y a otros personajes cuya sola mención desbordaría demasiados renglones.
En este caso específico, las fuentes sostienen que, en principio, no se trataría del lavado proveniente del narcotráfico sino de dos fuentes bien concretas: una, del desvío de fondos entregados a la Fundación MADRES DE LA PLAZA DE MAYO para la escandalosa construcción de viviendas populares y la otra, del dinero entregado a los deudos de presuntos desaparecidos durante el gobierno militar. Esto último está relacionado con la negativa oficial de informar las cantidades entregadas y a quiénes, pues según otras denuncias, buena parte de esos desaparecidos fueron víctimas de sus propios compañeros de las organizaciones armadas, quienes fueron fusilados por diversos motivos. Asimismo y concurrentemente, algunas víctimas “sobrevivientes”no serían tales, sino que se trataría de prestanombres de confianza que, por hacer ese papel y satisfacer la necesidad administrativa de justificar la entrega de U$S 220.000 (doscientos veinte mil dólares por persona) cobran una módica comisión. Hasta ahora, las primeras cifras que se manejan superan los U$S 4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de dólares), tema que se publicó reiteradamente y jamás fue desmentido. Ahora cabe esperar la respuesta de la Secretaría del ramo que conduce Eduardo Luis Duhalde, que se niega a responder sobre los requerimientos judiciales y legislativos a que está obligado. En definitiva, este planificador del vandalismo de los años setenta carece de escapatoria al respecto y sólo cabe preguntarse hasta dónde la protección de la Casa Rosada permitirá al oficialismo evadirse de esta trama donde se mezcla la ambición con el ideologismo y la simple apetencia por hacerse rico a costa de los demás.
Como telón de fondo de este escenario pecaminoso, es bueno volver al comienzo de nuestro escrito para establecer con mayor precisión -por si hiciera falta- el hecho singular que pone a los jueces que condenan de manera sistemática a quienes combatieron legalmente al terrorismo financiado a través de los cubanos, en cómplices del terrorismo del pasado y del actual comercio que bastardea a los derechos humanos.
