Desde el caso de dos jóvenes en Bariloche, pasando por el Indoamericano y el asesinato de Ferreyra 14 personas murieron en protestas sociales desde junio de 2010
Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina siempre se jactaron de ser "tolerantes" con la protesta social y que no se iban a reprimir los reclamos en la vía pública, para alejar los fantasmas de la dictadura y de los sangrientos incidentes de diciembre de 2001. Sin embargo, en desde junio de 2010 murieron en la Argentina 14 personas como consecuencia del desproporcionado accionar policial en diferentes provincias.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada, que a finales del año pasado tuvo que emprender drásticos cambios en la gestión por el crimen de Mariano Ferreyra y por los graves disturbios que desembocó la masiva toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (3 muertos y varios de heridos).
En noviembre de 2011 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Al final, el Gobierno tuvo que recibir a los qom en la Rosada.
Este triste conteó comenzó el 18 de junio de 2010, cuando la Policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro 17 años por error. El 3 de febrero de este año, un confuso episodio luego del descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes. Al principio la gobernación de Scioli dijo que se trataba de delincuentes que intentaron robar mercadería de carga, pero al final resultaron ser manifestantes repelidos a tiros por la Policía..
miércoles, 10 de agosto de 2011
De eso no se habla: el oportuno silencio de Cristina sobre los muertos de su gestión
Cada vez que hubo un fallecido debido al conflicto social, la Presidenta evitó referirse al tema
Uno por mes en los últimos 365 días. Ese es el saldo de muertos que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo sorprendente es que la Jefa de Estado nunca habló de esos muertos. Es que luego de cada incidente, Cristina participó de actos y en ninguno de ellos.
El 18 de junio de 2010 la policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. La violencia estuvo en boca de todos los días siguientes. Cristina evitó tocar el tema. Su primera aparición fue el 23 de junio en Casa de Gobierno donde habló en el acto de firma del Convenio de Desendeudamiento. Las muertes en la localidad turística pasaron desapercibidas para la mandataria.
El 20 de octubre de ese año una patota sindical de la Unión Ferroviaria corrió a los tiros a manifestantes que cortaban las vías de la línea Roca. El hecho terminó con la muerte del militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Luego de la violencia, Cristina apareció en un acto realizado en la ciudad de Buenos Aires. Habló de las escuelas agrotécnicas. "Vamos a trabajar fuertemente para identificar a los autores materiales e intelectuales", dijo Cristina entonces, la única que vez que tocó el tema, el mismo día de los incidentes.
Pero en el caso de Ferreyra, el Gobierno en general resguardó a José Pedraza, ahora reelecto desde la cárcel al frente de la Unión Ferroviaria, envuelto en el caso y hasta mantuvo el silencio sobre su detención.
El 23 de noviembre de 2010 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Cristina habló al otro día en un acto en el Sheraton de la ciudad de Buenos Aires en la 58° edición de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Nada sobre el tema.
Un mes después, a principios de diciembre y en el marco de la toma del parque Indoamericano en Villa Soldati, tres personas murieron tras los incidentes entre usurpadores y la policía. El 10 de diciembre Cristina habló por el Día internacional de los Derechos Humanos. No hubo mención a lo que sucedía en el parque capitalino.
El 3 de febrero de 2011 la policía asesinó a dos jóvenes de 16 y 17 años tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez. La Presidenta apareció en público el 8 de febrero en la entrega de aportes en el marco del Programa Para Desarrollo de Parques Industriales. No hubo mención a lo sucedido días antes.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada. Las tres primeras víctimas fueron el 28 de julio. Al otro día Cristina habló en un acto público en Brasil.
Hasta ahora, Cristina nunca tocó los temas. El discurso K de no represión en los conflictos sociales choca con los muertos de su gestión. Pero la Presidenta siempre se llamó a silencio. Como si por no hablar de los hechos, éstos dejaran dejaran de existir.
Uno por mes en los últimos 365 días. Ese es el saldo de muertos que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo sorprendente es que la Jefa de Estado nunca habló de esos muertos. Es que luego de cada incidente, Cristina participó de actos y en ninguno de ellos.
El 18 de junio de 2010 la policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. La violencia estuvo en boca de todos los días siguientes. Cristina evitó tocar el tema. Su primera aparición fue el 23 de junio en Casa de Gobierno donde habló en el acto de firma del Convenio de Desendeudamiento. Las muertes en la localidad turística pasaron desapercibidas para la mandataria.
El 20 de octubre de ese año una patota sindical de la Unión Ferroviaria corrió a los tiros a manifestantes que cortaban las vías de la línea Roca. El hecho terminó con la muerte del militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Luego de la violencia, Cristina apareció en un acto realizado en la ciudad de Buenos Aires. Habló de las escuelas agrotécnicas. "Vamos a trabajar fuertemente para identificar a los autores materiales e intelectuales", dijo Cristina entonces, la única que vez que tocó el tema, el mismo día de los incidentes.
Pero en el caso de Ferreyra, el Gobierno en general resguardó a José Pedraza, ahora reelecto desde la cárcel al frente de la Unión Ferroviaria, envuelto en el caso y hasta mantuvo el silencio sobre su detención.
El 23 de noviembre de 2010 otra administración quedó en jaque por la represión: fue el de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad Qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de tierras ancestrales de los aborígenes. Cristina habló al otro día en un acto en el Sheraton de la ciudad de Buenos Aires en la 58° edición de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Nada sobre el tema.
Un mes después, a principios de diciembre y en el marco de la toma del parque Indoamericano en Villa Soldati, tres personas murieron tras los incidentes entre usurpadores y la policía. El 10 de diciembre Cristina habló por el Día internacional de los Derechos Humanos. No hubo mención a lo que sucedía en el parque capitalino.
El 3 de febrero de 2011 la policía asesinó a dos jóvenes de 16 y 17 años tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez. La Presidenta apareció en público el 8 de febrero en la entrega de aportes en el marco del Programa Para Desarrollo de Parques Industriales. No hubo mención a lo sucedido días antes.
El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos (39 heridos y 15 detenidos) llevó preocupación a la Casa Rosada. Las tres primeras víctimas fueron el 28 de julio. Al otro día Cristina habló en un acto público en Brasil.
Hasta ahora, Cristina nunca tocó los temas. El discurso K de no represión en los conflictos sociales choca con los muertos de su gestión. Pero la Presidenta siempre se llamó a silencio. Como si por no hablar de los hechos, éstos dejaran dejaran de existir.
Sabsay advirtió que Zaffaroni podría ser sometido a juicio político
“Hay situaciones graves que podrían conformar una causal de juicio político, pero el órgano competente para apreciar esta cuestión es la Comisión de Juicio Político”, dijo el constitucionalista a Cadena 3.
El constitucionalista Daniel Sabsay habló con Cadena 3 sobre la situación del juez Eugenio Zaffaroni, tras conocerse que seis de sus 15 departamentos eran alquilados como privados donde se ejercía la prostitución.
Sostuvo que en toda esta situación que se plantea con Zaffaroni “hay cuestiones ambiguas”.
Advirtió que es la Comisión de Juicio Político, de la Cámara Baja, el órgano indicado para citarlo al juez Zaffaroni y luego evaluar si existen causales para el juicio político.
Sabsay señaló que a su criterio, “sí existen” esas causales para iniciarle un proceso.
“Es un caso muy lamentable, porque cae dentro de lo que implica el prestigio de la Corte Suprema”, dijo Sabsay y agregó: “Una situación tan ambigua, no contribuye a consolidar ese prestigio de una institución que es el único refugio institucional de la Argentina”.
El constitucionalista advirtió que “necesariamente” hay que seguir los pasos que marca la Constitución.
“Hay situaciones graves que podrían conformar una causal de juicio político, pero el órgano competente para apreciar esta cuestión es la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja”, dijo Sabsay.
“Hay que convocarlo y él debe hacer un descargo detallado y la Comisión evaluar si hay lugar o no, al inicio de una acusación”, señaló.
Según explicó el especialista, el mal desempeño “no sólo significa respecto de la función judicial, sino que es considerado en sentido amplio, es decir toda la actuación de un magistrado”.
“Los hechos reprobables pueden configurar la causal de mal desempeño, como la falta de diligencia en los bienes que le pertenecen”,precisó.
El constitucionalista dijo, además, que “la ley de profilaxis impone sanciones a aquellas personas que a través de la disposición de un inmueble posibilitan la prostitución o la trata de personas”.
“Se ha dicho que aparentemente los alquileres que se pagaban, triplicaban el valor de mercado, esos eran indicios que el doctor Zaffaroni no podría desconocer”, expresó. (Cadena 3)
Excesivos muertos en la gestión de Cristina Kirchner
La provincia de Jujuy se está convirtiendo en un verdadero caos. Los asentamientos ilegales se suceden ininterrumpidamente en diferentes lugares después del primer día de violencia.
Las autoridades de la provincia están totalmente sobrepasadas por los acontecimientos. A tal punto, que han pedido colaboración a la líder piquetera Milagro Sala, vergonzoso símbolo del Estado paralelo y la distorsión de este gobierno.
En su intento de frenar el desborde social, el gobernador prometió la entrega de más tierras, lo que produjo un incremente de las tomas ilegales.
Una torpeza tras otra, el gobierno corriendo desesperado detrás de los problemas en vez de preverlos con tiempo y satisfacer las necesidades de sus gobernados.
Pero además, el primer día hubo cuatro muertos y decenas de heridos.
Y la verborrágica presidente, ausente, sin pronunciar palabra, como es su costumbre, ante las dificultades y errores de su gobierno.
Nos debemos preguntar por qué pasan estos hechos. Y también quién es el responsable de ello. Intentaremos una corta explicación.
Con los cuatro muertos por la represión por los asentamientos ilegales en Jujuy, la presidente Cristina ya lleva 14 muertos ocurridos durante su gestión gubernamental.
Cuando ocurren estos sucesos desgraciados de muertes absurdas de argentinos, lo primero es responsabilizar a las Fuerzas de Seguridad o a las Fuerzas Policiales.
Pero el tema no es tan simple y lineal. Estas Fuerzas son las ejecutoras de las órdenes emanadas del poder político local. No obstante, la responsabilidad mayor y primaria es del más alto poder político del gobierno.
Las dos gestiones kirchneristas tuvieron como bandera la política de “derechos humanos” y del “garantismo”. Ambos conceptos son loables, siempre que no afecten los derechos de terceros o trasgredan otras leyes vigentes.
En su errónea aplicación, los Kirchner, producto de su exagerada demagogia, inventaron el concepto de “no criminalizar ni judicializar las protestas y reclamos sociales”.
Es así que la permisividad gubernamental ante las manifestaciones, por motivos o causas que se podrían haber encausado de otra manera, fue cada vez mayor y las protestas cada vez más numerosas, violentas y agresivas.
En muchas oportunidades la ciudad de Bs. As. parecía una ciudad sitiada, con todas sus salidas e ingresos cortados y numerosos piquetes y manifestaciones dentro de ella que impedían el libre tránsito y circulación.
En muchas ocasiones, también, el gobierno, alentando e incentivando movimientos afines y, en otras, con pasividad, con lo cual pretende mantenerse ajeno a estos disturbios.
Estos movimientos, generalmente encabezados por encapuchados armados con palos y otros elementos contundentes que amedrentan a pacíficos ciudadanos, recorren el mundo mostrando una imagen de anomia y descontrol por parte de las autoridades.
En más de una oportunidad, estos manifestantes recurrieron a la violencia sobre las personas y destruyeron bienes del Estado y de particulares
La palabra “represión” (ref. 1) fue demonizada y prácticamente excluida de lenguaje del gobierno, por traer reminiscencias del “perverso”gobierno militar.
Y es así que los Kirchner, desde el año 2003, fueron formando una “cultura”, para llamarlo de alguna forma, un hábito, costumbre o metodología, que ciudadanos desconformes por algún motivo o causa utilizaban para manifestar o peticionar ante las autoridades.
En ocasiones, no más de una decena de personas cortaban una ruta nacional para reclamar, originando un verdadero caos, malhumor y malestar de otros miles de ciudadanos que buscaban solamente transitar por ella.
El Estado de una Nación se podría resumir como el conjunto de atributos que definen una instancia de organización del poder y de ejercicio de la administración pública. Uno de estos atributos propios e indelegable, entre otros, es la capacidad de externalizar su poder.
En forma muy sucinta y para resumir este concepto, podemos decir que el Estado de un país tiene, dentro del territorio en el cual ejerce su soberanía, el monopolio de la fuerza.
Algunos autores también lo denominan el “monopolio de la violencia” o el “monopolio de los medios de coacción”.
El monopolio de la fuerza sólo representa el aspecto violento, la última instancia y, por lo tanto, su parte más importante en la consolidación del respeto por la ley que asegure un estado de convivencia pacífica.
La principal institución de un sistema republicano y democrático de gobierno es el imperio de la ley. Si se ve a la ley como pauta de convivencia de los miembros de una sociedad, puede entenderse realmente cuál es su verdadera dimensión.
Al ser la ley una pauta de convivencia, cuando se la viola se está violando un derecho ajeno, lo que se traduce en un perjuicio concreto o potencial a otro ciudadano. Los derechos de un individuo terminan donde comienzan los derechos de los demás, y la libertad de avasallar los derechos ajenos no es libertad sino libertinaje.
Este monopolio de la fuerza no es una facultad graciosamente otorgada al gobernante de turno, quien puede decidir cuándo, contra quiénes o contra qué tipo de actos violatorios de la ley la ejerce. En la antigüedad, ello ocurría en el absolutismo monárquico y actualmente ocurre en las dictaduras.
En la democracia moderna, la fuerza debe ser ejercida obligatoriamente por el Estado, en forma razonable y dentro del marco de la ley. Al ser constatada una violación a las pautas de convivencia reflejadas en las normas de derecho positivo, el Estado tiene la obligación de hacer cesar en lo posible los efectos de tal violación normativa y sancionar a los responsables.
Ello no significa que se cercene a los ciudadanos el derecho a manifestarse o peticionar mediante concentraciones o movilizaciones. Simplemente se deberá contar con la autorización oficial correspondiente. No obstante, este tipo de procedimientos siempre lleva implícito riesgo de desorden y disturbios sociales e inclusive violencia.
Y el segundo punto a tener en cuenta es que se deben acatar las indicaciones de la Fuerzas de Seguridad o Policiales. De no hacerlo, ellos apelarán a la fuerza. Recordemos que ellos simplemente están cumpliendo una orden o directiva de la Justicia o del poder político.
Como conclusión final de lo expresado, es un error atribuirles los muertos a la policía o a las autoridades políticas locales. La responsabilidad primaria y mayor de la muerte de tantos argentinos es indudablemente de los Kirchner, que instalaron y consintieron en el país esa perversa metodología de reclamos y protestas sociales que vulneran las leyes vigentes y la Constitución Nacional.
Catorce muertos en la gestión de Cristina Kirchner es una cifra harto excesiva para un gobierno supuestamente “popular y progresista”.
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NOTAS:
(1) Reprimir: Contener, refrenar, templar o moderar - Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.
La gran estafa
La dignidad es un valor moral cuya preservación es incompatible con la indiferencia sencillamente porque cuando a los miembros de una sociedad todo le da igual ya no importan las pequeñas o grandes claudicaciones personales de cada día ni la aceptación ovina de las trapisondas que se barajan en todas y cada una de las ramas del Estado.
Solamente sobre la premisa de que la indignidad es una impronta del ser argentino se puede entender que el próximo 14 de agosto millones de votantes se presten a convalidar a sabiendas la gran estafa electoral que Néstor Kirchner y sus secuaces de la justicia y el funcionariato elucubraron en las tinieblas de Olivos.
Porque a ninguna persona con más de un dedo de frente se le puede escapar el brutal falseamiento del sistema de reproducción de las autoridades de la República que configura el mecanismo de la ley “de democratización de la representación política, la equidad” etc., el que en los hechos configura una burla siniestra de la voluntad del elector, supremo bien que debe tutelar cualquier legislación electoral.
El acto más digno que podría protagonizar el ciudadano argentino sería quedarse en su casa a tomar mate el próximo domingo en señal de repudio al manoseo miserable al que pretende someterlo un gobierno desesperado por mantenerse en el poder sin miramiento alguno.
La afirmación hecha hace varios meses en esta columna acerca de la total inutilidad de estas internas abiertas hoy es ya reconocida universalmente. Sin embargo en un increíble acto de irracionalidad se sigue adelante para que “el pueblo elija”: ¡Candidatos que de hecho ya están elegidos! Y no por elecciones democráticas sino a puro dedo de los caudillos de turno.
La ley 26.571 fue tramposa desde su génesis, fue tramposa en su origen y fue tramposa en su ejecución. Y la primera y la última trampa fueron realizadas ambas por la viuda, la primera cuando “vetó” dos artículos, el 107 y 108, que habían sido acordados con algunos opositores para lograr su acompañamiento: directamente los estafó. Y la segunda cuando violó repetidamente el artículo 64 quater del Código electoral nacional autoelogiando su gobierno.
Todo fue orquestado para que gane el tradicional “caballo del comisario” pero además con la variante novedosa de manear a los demás equinos por las dudas. ¿Cómo se puede financiar una campaña electoral de sesenta días cuando los fondos públicos se entregan cuatro días antes de las elecciones?
¿Quién o qué partido está en condiciones financieras de bancar tres campañas presidenciales con su dinero o con las cuatro monedas que aporta el Ministerio del Interior? ¿Qué empresario está dispuesto a poner plata a título individual en campañas de candidatos opositores cuando desde el gobierno le amenazan con mandarles la AFIP y la UIF y se pone a la Secretaría de Inteligencia a espiar sus movimientos y detectar las “traiciones”? ¿Qué campaña se puede hacer sin plata si el candidato no es Mahatma Gandhi?
Es obvio que el principal objetivo de estas “internas abiertas” era desangrar a los contrarios del oficialismo que necesariamente deben reservar recursos para las elecciones generales y eventualmente el ballotage, mientras el gobierno usa fondos públicos a destajo para promocionar las candidaturas de la señora H2Cero y Eric Clapton (después de la artrosis falángica) que hace campaña con el mismo instrumento con que pretende explicar la política económica oficial, es decir, la guitarra.
¿Qué chance pueden tener entonces competidores que no gozan como el oficialismo de la cadena nacional, de las dos mil emisoras de FM y centenares de cables que cautivos de las pautas oficiales a lo largo y a lo ancho del país pasan todo el día como “noticias” los “logros” del gobierno kirchnerista más la lluvia de pesos que desparraman los “planes” sociales y la Cámpora, más el ejército cibernético pagado con fondos públicos para invadir Internet?
El resultado buscado por supuesto es que estas primarias fraudulentas convenzan a los millones de analfabetos funcionales que pueblan el padrón de que la viuda alegre es invencible para así fijar un “piso” que le asfalte el camino a la reelección en las generales.
Es cierto que en cualquier país del mundo el partido gobernante goza de un cierto “plus” operacional aceptado por la gente cuando de reelecciones se trata, pero este engendro tramposo digno de Macondo sólo puede funcionar en sociedades donde tanto los ciudadanos como sus dirigentes han perdido la dignidad cívica y aceptan resignadamente ser partenaires de un truco que en los hechos sepulta la base de la democracia que es la legítima voluntad del elector.
Se avecina un gran escándalo electoral
En más de una oportunidad nosotros y otros analistas sostuvimos que cualesquiera fueran las circunstancias, el gobierno haría lo imposible para no entregar el poder, no sólo por la ambición de conservarlo e imponer su peculiar visión ideológica, sino también para evitar lo que parece imposible: sortear las consecuencias legales que ya impuso la corrupción que caracteriza la gestión del kirchnerismo. Ahora, la piedra del nuevo escándalo podría ser el proceso electoral que debe realizarse este domingo, que ya despierta susceptibilidades, algunos de cuyos detalles se consignan en este mismo número. Por un lado, ha llamado la atención que no se hayan tomado medidas para contar con observadores extranjeros ni la presencia de ONG’s especializadas, que habitualmente se interesan e intervienen en estos asuntos. Concurrentemente, ayer se supo que la justicia electoral dispuso -por primera vez en nuestra historia político-institucional- que las urnas se depositen en el lugar de la votación el día anterior, es decir, en este caso, durante algún momento del próximo sábado. ¿Cuál es el motivo? Por ahora no se ha dado ninguno, lo que ha dado lugar a interrogantes sin respuesta.
Los más desconfiados se preguntan si es lógico sospechar la posibilidad de que se introduzcan sobres con boletas del Frente para la Victoria u otros elementos que lógicamente serían descubiertos antes del sufragio o durante el recuento de votos, por lo que las suspicacias se orientan hacia las urnas mismas, es decir, que al conocerse estas circunstancias deberán ser revisadas en detalle por las autoridades de mesa. El asunto parece sin importancia y sin duda surge como un distractivo, inocente o disparatado, por lo que la atención se ha puesto ahora sobre el tema de las boletas que ya han sido distribuidas pero que no podrán utilizarse. Es el caso de la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá quien, además de senador por San Luis, desea competir sin posibilidad alguna por la gobernación de Buenos Aires, una iniciativa insólita que, sustentada en la imposibilidad de una doble candidatura, fue desechada por la Junta Electoral de Buenos Aires. Lo que llama la atención es que esto último venga a suceder cuando falta menos de una semana para el comicio pero, como lo dijimos, las boletas ya han sido distribuidas. Esto puede ser motivo de una confusión, y utilizadas, es decir que convenientemente intercaladas con otras, un elector poco ilustrado las podría colocar en el sobre correspondiente e introducirlas en la urna. Esto anularía el voto, interpretándose que la escasa cantidad de fiscales aumentaría esta eventualidad que, convenientemente utilizada, con seguridad favorecería al oficialismo.
Una situación parecida y de difícil interpretación para el votante y de las mismas autoridades de mesa, es el corte de boletas que se sabe preparan distintas fracciones políticas, especialmente dentro del peronismo, un proceso que, dentro de su complejidad, se sumaría al hecho de que corte mediante, se puede votar por candidatos de distintos partidos pero sin repetir los cargos seleccionados. Esto, que parece un galimatías, generaría una fabulosa confusión que podría provocar lo que apretadamente tratamos de describir; también demoraría el recuento de los sufragios, que se prolongaría en exceso, lo que según los análisis más objetivos explican las versiones surgidas desde anoche. Éstas dicen que se provocaría una verdadera catarata de impugnaciones, observaciones y protestas. Si esto sucede, podría determinarse una extensión de la fecha prevista para la elección más importante, es decir, la presidencial de octubre. El argumento sería encontrar una solución al entuerto pero de inmediato se generarían disímiles y encontradas interpretaciones legales y una notable confrontación política que de cualquier forma cumpliría con el objetivo gubernamental. Hay que recordar que el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, anticipó varios meses atrás que las primarias eran impracticables, lo que fue desoído por la Cámara Nacional Electoral.
Veamos un poco esta perspectiva que parece insólita pero que permite, una vez más, la reflexión de que con el kirchnerismo todo es posible. Planteado el tema en la forma que hemos descripto, surgiría la cuestión de una nueva fecha: ¿noviembre por ejemplo? Pero si hay una segunda vuelta y dadas las festividades de fin de año, ya se menciona al mes de enero con todas las dificultades que esto plantea. Para los analistas aparecen otras eventualidades como por ejemplo, que si las elecciones se hicieran durante ese mes, se afectaría la concurrencia de determinados votantes opositores como serían los de la Capital Federal que ya demostraron que en su mayoría son opositores. El enrarecimiento que todo esto significa aporta, con firmeza, la aparición de un tremendo escándalo no sólo electoral como lo dejamos dicho al comienzo, sino también institucional, todo lo cual llegaría acompañado con el impacto que quedaría instalado por un conflicto social por los ajustes económicos derivados de la supresión o disminución de los subsidios en tanto permanece latente el grave problema que ha surgido en el noroeste argentino y que promete extenderse por otras regiones del país. No queremos ser alarmistas; sólo describimos lo que se evalúa en determinados centros políticos y especialmente los más cercanos al poder.
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