ANSES y Banco Central aportan 8% de los ingresos públicos
La eliminación de los subsidios a empresas públicas y privadas es tan necesaria como urgente. Desde el año 2009 el sector público nacional está en déficit, aun cuando se apeló a una batería de confiscaciones como la negación de la movilidad previsional, la vuelta al reparto, la estatización de los ahorros previsionales y la elevación de las rentas del Banco Central con alta inflación. En este marco, pedir a la población de mayores ingresos que renuncie voluntariamente a los subsidios desnuda una debilidad extrema en la gestión pública. En los países bien organizados, el Estado estipula tarifas de servicios públicos consistentes con sus costos y los hogares pobres son subsidiados a través de tarifas sociales.
El Gobierno nacional volvió a explicitar su intención de reducir los subsidios a empresas públicas y privadas. A diferencia de los anuncios anteriores -en los que se estipuló la eliminación coercitiva de los subsidios para determinados usuarios- en esta oportunidad se apeló a un mecanismo voluntario cuya eficacia depende de la “responsabilidad solidaria” de la población. En concreto, se abrió un registro para que la gente renuncie a los subsidios. Para promocionar el registro se dio difusión a la renuncia de la Presidenta, funcionarios y personas de reconocimiento público, y es probable que a futuro se acompañe con diferentes modalidades de “escraches” a quienes no renuncien.
Mientras tanto, según datos de la Secretaría de Hacienda, el sector público nacional pasó de un superávit fiscal equivalente al 1,7% del PBI entre los años 2004 y 2008, a un déficit promedio del -0,3% del PBI en el período 2009 a 2011. Esta degradación financiera se produjo aun cuando se elevó la presión tributaria a niveles récord y se apeló a instrumentos de alto contenido confiscatorio. Por ejemplo:
• Con la negación de la movilidad previsional a los haberes superiores al mínimo y la vuelta al sistema de reparto, el sector público nacional obtiene 0,6% del PBI.
• Con las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, formado por los ahorros previsionales confiscados, el sector público nacional obtiene otro 0,6% del PBI.
• Con la rentabilidad de las reservas del Banco Central, que son elevadas gracias a la alta inflación, el sector público nacional obtiene otro 1,2% del PBI.
Los datos oficiales muestran que con estas confiscaciones entre la ANSES y el Banco Central financian al sector público con 2,4% del PBI lo que representa un promedio del 8% de los ingresos públicos, y aun así la situación fiscal sigue siendo deficitaria. Esto pone al descubierto una gestión pública poco responsable donde posiblemente el factor más perverso son los subsidios.
Por eso, desactivar los subsidios es tan urgente como necesario. Pero, al igual que en las políticas anteriores, la eliminación de los subsidios impone apropiaciones. La gran diferencia en esta ocasión es que la apropiación se hace explícita a través de un ajuste de tarifas que repercute de manera directa en las familias. Seguramente por eso se gestó la idea de apelar a la voluntariedad, de manera que no sea el gobierno sino la gente la que se auto-infrinja el ajuste en sus facturas de electricidad, gas y agua.
Se trata de otra manifestación de improvisación y falta de profesionalismo. Sin responsabilidad política para sincerar los costos de los servicios públicos, ni la idoneidad técnica para implementar tarifas sociales, se apela al voluntarismo mediático. En la misma lógica se podría establecer que para resolver los déficits de Aerolíneas Argentinas se fije una tarifa cara y otra barata en los pasajes y con publicidad inducir a los pasajeros a que, en un acto de alta responsabilidad cívica, elijan la más cara. O colocar un registro público para que la gente de altos ingresos que accedió a una jubilación con las moratorias sin haber hecho aportes, recapacite y renuncie a la prestación.
Es responsabilidad del Estado velar para que las empresas públicas y privadas de servicios públicos otorguen la mejor calidad del servicio al menor costo posible, y que la población pague por el costo del servicio. En paralelo, en base a cruces de bases de datos y trabajo de campo de asistentes sociales, identifique a las familias de menores recursos que necesitan un subsidio para atenuar el mayor costo.
El problema de fondo es que en la verborragia del populismo, el Estado ha ganado en tamaño pero perdido en calidad. Ejemplos contundentes son la destrucción de los entes de control de los servicios públicos y del INDEC. En la misma línea, luego de 10 años de haber dilapidado recursos fiscales subsidiando a la población de ingresos medios y altos, cuando decide cortar con el subsidio no es capaz ni siquiera de montar un mecanismo de tarifa social. El registro voluntario explicita la ausencia de un Estado capaz donde se llega al extremo de dejar la administración de los fondos públicos librada a la “ética” de la población.
