Una noticia inoportuna

Una noticia inoportuna

Por Luis Majul | LA NACION

Aviso para lectores desprevenidos: ésta es una noticia inoportuna e inconveniente. Una información nueva, pero fuera de tiempo. Una noticia que, en medio del clima generado por el contundente triunfo del oficialismo, con seguridad será ignorada y subvalorada por la mayoría de los medios de comunicación y quizá también por la mayoría de los lectores, quienes dan por descontada la reelección presidencial.

Se trata de un pedido formal por parte de Manuel Garrido a Julio Vitobello, el responsable de la Oficina Anticorrupción (OA), para que le exija a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aclaraciones sobre lo que considera "inconsistencias" y "puntos oscuros" en la presentación de su última declaración jurada de bienes.
Garrido, candidato independiente a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por las listas de Unión para el Desarrollo Social (Udeso), fue la máxima autoridad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y uno de los que investigaron con mayor responsabilidad y precisión las declaraciones juradas de impuestos de El y Ella entre los años 2007 y 2008, cuando se produjo el explosivo incremento del 158% del patrimonio de los Kirchner en apenas un año. Su trabajo, entre otros, dio lugar a una causa por enriquecimiento ilícito que fue cerrada en tiempo récord por el controvertido juez Norberto Oyarbide.
Garrido fundamentó el reclamo que acaba de hacer ante la OA en la jerarquía de la funcionaria y en "el enorme incremento" de su patrimonio, que entre 2009 y 2010 pasó de más de 55 millones de pesos a 70 millones de pesos. Además, le recordó a Vitobello que era su obligación pedir explicaciones y reclamar documentación respaldatoria, de acuerdo con el artículo 13 de la ley 25.188 de ética pública.
Garrido informó que, según declaró Ella bajo juramento, sus activos aumentaron casi un 30%. De casi 62 millones a casi 80 millones de pesos, para más datos. Además, explicó que el aumento de la riqueza de la Presidenta se debió al incremento en el valor de las participaciones accionarias y de los créditos a cobrar, pero, en especial, en los intereses que le dieron los plazos fijos en dólares y en pesos, porque estos últimos le generaron una renta de más de 12 millones y medio de pesos.
El ex fiscal precisó que las inversiones en entidades financieras representaron el 86% del total de su incremento patrimonial. "Esto significa que Cristina Fernández amasó su fortuna en una actividad especulativa y no productiva. Una actividad que no paga impuesto a las ganancias y que no genera puestos de trabajo", interpretó el ex fiscal, en respuesta a una de las preguntas que le formulé.
A Garrido también le llamó la atención que la presidenta incorporara a Florencia Kirchner en la declaración jurada y que además dejara sentado que su hija no tiene ingresos. Le llamó la atención porque de la lectura atenta de su presentación bajo juramento surge que a la jefa del Estado sólo le habrían quedado $ 37.000 para solventar sus gastos e inversiones particulares, incluidos los de Florencia y los de Néstor Kirchner a lo largo de todo 2010.
Garrido se preguntó si no era irrisorio que Cristina Fernández sólo hubiera destinado un promedio de 3000 pesos mensuales para gastar o invertir en la compra de computadoras, bienes mobiliarios como cuadros, sillones, televisores, cocinas, lavaplatos, comida, esparcimiento, gastos de viajes, tarjetas de crédito, el pago del departamento donde vivió Florencia en Nueva York, el pago de los estudios, los seguros de la casa y los autos que declara, entre otros ítems. "O no declaró esos bienes, como era su obligación, o debe demostrar cómo hizo para gastar sólo 37.000 pesos durante todo 2010 en sus inversiones particulares", aseguró.
En su pedido a Vitobello, el candidato a diputado nacional también consideró "poco creíble y sumamente extraño" que la Presidenta declare no poseer ningún bien mueble cuyo valor individual supere los 5000 pesos o "en su conjunto" los 20.000. Garrido citó, a manera de ejemplo, los elementos que deben ser declarados para no cometer el delito de omisión: los cuadros y obras de arte, los televisores, plasmas y LCD, los muebles, las computadoras y los equipos de música o de reproducción de sonido y videos son los más habituales. Cuando le pregunté si algunos zapatos de diseño cuyo valor rondaría los 5500 dólares el par debían también ser declarados, Garrido respondió que la Presidenta tenía la obligación de hacerlo. Por otra parte, me aclaró que en el caso de que los hubiera recibido en carácter de obsequio debería haberlo informado de manera oficial, para no ser acusada del delito de recepción de dádivas.
En su escrito, el ex responsable de la FIA también reclamó a Vitobello que le solicite a Cristina Fernández las constancias de los depósitos a plazo fijo de sus ahorros en dólares y en pesos y que después los compare con los valores de mercado.
"Es que la magnitud de los intereses hace necesaria la presentación de los documentos respaldatorios", explicó. Garrido le pidió también los contratos de locación de los alquileres de las veinticinco propiedades que Fernández posee, incluidos el hotel boutique Los Sauces y el hotel Alto Calafate. "Los pedí para que la Oficina Anticorrupción determine si los enormes ingresos por alquiler que declara nuestra presidenta provienen de fuentes genuinas y no para «blanquear fondos de dudoso origen»", se justificó.
Garrido dejó sentado que para él la declaración jurada de la primera magistrada es, por lo menos, imprecisa, y que necesita explicaciones y aclaraciones urgentes.
"Es evidente que la Presidenta o los miembros de su familia deben tener como mínimo un plasma [cuyo precio] supere el umbral mínimo que la obligaba a incluirlos en la declaración", afirmó. También consideró que de existir gastos de protocolo debería establecer su monto en la propia declaración jurada, incluido el dinero usado en los viajes al exterior.
En un país como Brasil, donde la presidenta aparta a los ministros sospechados de corrupción, una presentación como la de Garrido se hubiera transformado en un asunto de Estado. Pero ahora mismo, en la Argentina, en medio del aluvión de votos del Frente para la Victoria y la tremenda paliza que le dieron a la oposición, parece no tener la menor importancia. Va a contramano de lo conveniente y lo oportuno. Es mejor no contarlo. O ignorarlo. Total, a nadie parece importarle demasiado.

LA HIPOCRESÍA OFICIAL

Carapintadas y represores en cargos claves del gobierno

El martes pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, durante la presentación de su libro “Derechos Humanos: Justicia y Reparación”, fue sorprendido por hijos de militares acusados y procesados por la supuesta perpetración de delitos de lesa humanidad, que lo agredieron verbalmente. Cabe señalar que estos juicios se están celebrando y en la mayoría de ellos las acusaciones apenas se sustentan en pruebas testimoniales o bien directamente testigos de oídas sobre violaciones, torturas, desapariciones y planes sistemáticos de robos de bebés perpetrados supuestamente por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia al país. Es sabido que en el juicio a las juntas -durante la presidencia de Ricardo Alfonsín- se estableció la responsabilidad mediata de los comandantes en jefe de las tres fuerzas, violándose así el principio de irretroactividad de la ley penal en función de la tendencia marcada por el juez español Baltazar Garzón, quien intentó sin éxito extraditar a España al ex presidente chileno Augusto Pinochet. Sin embargo, estando Pinochet detenido en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores rechazó el pedido de extradición de la justicia española por ocho casos de torturas realizadas en 1988, desechando la aplicación retroactiva de la ley penal. También alegaron los ingleses que el Reino Unido no había aprobado la convención internacional contra la tortura y tampoco suscripto la convención internacional que castiga los delitos de lesa humanidad. En suma, el Reino Unido recién decidió la extradición después de haber firmado ambos convenios, pero finalmente, en razón de la enfermedad de Pinochet, terminó repatriándolo a Chile.

Juicios ilegales

Cuando fueron juzgados y condenados los ex comandantes en jefe, la Argentina no había suscripto las citadas convenciones. Por otra parte, en 1987 fueron sancionadas las leyes de obediencia debida y punto final, por las cuales se excluía de toda responsabilidad a los mandos medios de las fuerzas.

Con el advenimiento del kirchnerismo se nombró una nueva Corte Suprema con el fin, entre otros, de que la misma avalara ese juzgamiento. Así fue que el Congreso, actuando inconstitucionalmente, anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Se abrieron así las puertas para el procesamiento masivo de militares, que hoy superan los 1000. Pero, como señalamos antes, la base de las acusaciones, en la mayor parte de los casos, fueron testigos más que dudosos, ya que se trataba de ex terroristas o cómplices de los mismos. Y esto sin mencionar los testigos de oídas. Éstas y otras muchas irregularidades hicieron que los juicios sean hoy una gran farsa, que en nada se parece a una política de Estado, como intenta justificar el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El escrache de los familiares de militares a Lorenzetti es un hecho negativo, que muestra su impotencia ante la injusticia flagrante en los actuales juicios por violaciones a los derechos humanos.

CARAPINTADAS AL PODER

Este gobierno, que montó un esquema de juzgamiento a los militares que viola sistemáticamente las reglas del debido proceso, sin embargo levanta banderas políticas y económicas similares a las que enarbolaron los carapintadas Aldo Rico y Mohamed Seineldín. En esta línea se inscribe la poco clara confrontación oficial contra los poderes internacionales corporizados por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. No es de extrañar entonces que dos militares hoy de destacada actuación en el seno del kirchnerismo hayan tenido pasado carapintada y participación en la represión. Se trata nada menos que del Subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Cesar del Corazón de Jesús Milani, y el teniente coronel Sergio Berni, Secretario de Gestión y Articulación Institucional de Desarrollo Humano. Pero, por encima de estos altos cargos, está la ubicación política de estos personajes. Berni es la mano derecha de Alicia Kirchner y Milani de Garré, que proyecta su influencia para hacerlo Jefe de Estado Mayor a fin de este año.

Como una demostración de la falsedad oficial en la materia, no se conoce una sola objeción de los organismos de derechos humanos contra estos oficiales, lo que incluye el oportuno silencio del CELS y su jefe Horacio Verbitsky.

Al mismo tiempo, se destaca otra manipulación de los derechos humanos por parte de la Casa Rosada. Nadie investigó el pasado de los jueces que votaron, por ejemplo, a favor de ley de medios audiovisuales que promovió el kirchnerismo. Pero el camarista federal mendocino Otilio Romano hizo lugar a un amparo presentado por Grupo Uno disponiendo la no aplicación de algunos artículos de la ley de medios. Romano inmediatamente fue blanco de una feroz campaña mediática dirigida por Verbitsky y centrada en su supuesta complicidad con operaciones de represión durante la dictadura. Rápidamente fue destituido y terminó pidiendo asilo en Chile. Entre otras cosas, lo acusan de que presenció torturas en los años setenta. Y nos preguntamos: ¿si hubiera presenciado torturas pero votaba a favor de la ley de medios, lo habrían destituido? Milani, Berni y Romano son apenas algunos ejemplos notorios de la hipocresía K.

EL CABALLO DE TROYA DE LA CASA ROSADA

EL CABALLO DE TROYA DE LA CASA ROSADA

La estrategia de Buzzi para kirchnerizar el campo

Eduardo Buzzi se prestó a que el oficialismo recuperara la iniciativa y el poder, neutralizando a la Mesa de Enlace, boicoteando intentos legislativos para que el Congreso recupere la facultad de fijar las retenciones o eliminar los roes, prestándose a innumerables ejercicios de política discriminatoria (capitalismo de amigos) del Ejecutivo, que fueron desde los flirteos con Moreno para recibir permisos discrecionales (roes) hasta fotos y actos con Julián Domínguez, pasando por alentar la política clientelística de subsidios del gobierno en contra del espíritu de la rebelión del 2008.

Los hechos

I) La Dirigencia de la Federación Agraria, por medio de los agrodiputados federados (Ulises Forte y Pablo Orsolini) no apoyó en COMISIÓN el proyecto de los agrodiputados Ricardo Buryaile y Juan Casañas de disminución de las retenciones en soja y eliminación en otros productos (carne, leche). Este proyecto, que había logrado el acuerdo de prácticamente todo el arco opositor después de las elecciones del 2009. En su lugar, presentaron un confuso proyecto alternativo que nadie quería y cuya única función fue “neutralizar”aquel que tenía consenso.

Esto desorientó a la oposición. Muchos dijeron: “Pónganse de acuerdo Uds. (la Mesa de enlace, el campo) y después seguimos”.

El proyecto, que hubiera sido la primera gran victoria de la oposición contra el kirchnerismo, después del 2009, se convirtió en la gran victoria del kirchnerismo.

Buzzi fue funcional al oficialismo “saboteando este proyecto agro-opositor”.

II) La dirigencia de la Federación Agraria no acompañó en comisión el proyecto de la Coalición Cívica que eliminaba los ROES (permisos de exportación que Moreno otorga discrecionalmente, generando la cartelización de la demanda, haciendo caer los precios y cerrando las exportaciones). No acompañaron el dictamen en comisión “desorientando” nuevamente a la oposición y generando otra victoria K.

Estas dos desopilantes actitudes de Buzzi y la dirigencia de Federación Agraria, apoyadas por los dos agrodiputados federados (Chito Forte y Orsolini), resultaron incomprensibles: es prácticamente unánime la posición de los productores para eliminar/reducir las retenciones y las trabas a las exportaciones al menos en productos como trigo, carne, leche.

La bisagra

Estas dos actitudes significaron que se desperdiciara una OPORTUNIDAD HISTÓRICA. El kirchnerismo estaba debilitado, la oposición había tendido lazos de unión en el Congreso alrededor del campo. Partidos que históricamente hubieran estado a favor de las retenciones y de mayor dirigismo no querían aparecer como aliados del oficialismo (que no superaba los 20 puntos de imagen positiva) y apoyaban estos proyectos.

La actitud de la Federación Agraria fue la tabla salvadora del oficialismo (debilitado en los números y ante la opinión pública):

* Confundió en primer término y desorientó a la oposición, que se encontró sin una bandera común para plantarse frente al oficialismo.

* En segundo término, dividió a la oposición (entre sectores más de izquierda -socialismo santafecino, proyecto Sur, ala izquierdista del radicalismo- y el resto, inclinándose unos por la Federación Agraria otros por el resto).

* En tercer lugar, vino como anillo al dedo, a los partidos políticos que habían asumido la bandera de eliminación de las retenciones y apertura de las exportaciones de mala gana y por necesidades electorales, pero cuya vocación estatista y confiscatoria es por todos conocidas.

El boxeador estaba knock-out(hubiera sido catastrófico para el kirchnerismo en aquellos momentos) que el Congreso hubiera retomado facultades que le son propias (fijar las retenciones, quitar poder a Moreno).

Pero además, Buzzi y la dirigencia federada se prestaron, por el contrario, a todos los intentos del oficialismo para imponer su política dirigista, discrecional, clientelizadora y estatista. Aceptaron subsidios, se prestaron a recibir, por medio de cooperativas controladas por Federación Agraria (AFA, por ejemplo), permisos de exportación (ROES), firmaron acuerdos con el oficialismo, recibieron dinero.

Así es que acompañaron (especialmente Buzzi) al Ministro Domínguez en cuanto acto fuera posible, prestándose a la ingenua calificación de “Domínguez bueno vs Moreno malo”.

También desoyó Buzzi el reclamo de múltiples filiales para que “aggiornicen el discurso”,dejen de hablar de “segmentación, juntas y otros instrumentos dirigistas” que ningún productor pide y que dividen a las entidades.

Cada vez que pudieron criticar a los otros integrantes de la Mesa de Enlace lo hicieron. No dejaron pasar oportunidad de mostrar al sector dividido. Esto lo hicieron en contra de la posición de las mismas “bases”,que tal como lo reconocieron, en un 80% decidieron que la MESA DE ENLACE debía seguir. No salieron de la Mesa de Enlace, pero hicieron todo lo posible para neutralizarla y arruinarla frente a la opinión pública por inoperante (de hecho, nada se podía hacer sin Buzzi, quien operaba en solitario con el gobierno y saboteaba toda acción conjunta).

Por último, tampoco dejó pasar Buzzi oportunidad de “ningunear”a quien fuera el verdadero protagonista del 2008 (el líder de la Federación Agraria de Entre Ríos Alfredo De Angeli): quitándole protagonismo y retándolo en público.

En este sentido, las actitudes “rastreras” de traidor de Buzzi son legendarias. Todos recordamos el 2009, cuando De Angeli dijo que “había que llevar a los peones a votar y explicarles por qué era importante que no ganaran los Kirchner”. Frase que pudo haber sido desafortunada. Buzzi aprovechó la oportunidad para defenestrarlo, asumiendo una pose de maestro ciruela progre, en vez de tender un manto de comprensión (aunque no justificara). También recordamos hace poco, cuando Biolcatti, en una reunión privada, dijo que entre otras cosas la gente votó por el plasma y el fútbol. Antes de conocer la versión de Biolcatti (quien puso en el contexto la frase), Buzzi apareció en todos los medios condenando ya no la frase sino la persona, diciendo “Esta frase muestra verdaderamente quién es Biolcatti”.

Después de las elecciones, se fotografió sonriente con Boudou y Domínguez, apoyaron el PEA (verdadero proyecto de estalinización del campo) y, la frutilla del postre, cedió al oficialismo un terreno para que con fondos oficiales (del kirchnerismo) se haga el MONUMENTO AL CENTENARIO DEL GRITO DE ALCORTA (gesta fundacional de la federación agraria). Esto fue repudiado por los productores. Ya se habla del Monumento como el “monumento a la indignidad y la traición” ¿Cuál es la necesidad de hacer un monumento con dinero oficial? Y si se quisiera recibir el dinero, ¿cuál es la necesidad de ceder por documento público el terreno, para que el Ejecutivo “HAGA” el monumento y después lo vuelva a donar a la Federación Agraria? No puede existir metáfora más perfecta del clientelismo feudal ofrecido y aceptado entre un amo y un siervo

LA DEMANDA NO CEDE Y SIGUEN LLEVÁNDOSE DÓLARES

LA DEMANDA NO CEDE Y SIGUEN LLEVÁNDOSE DÓLARES

Cómo gastar media docena de herramientas en apenas dos semanas

 Tal como anticipamos cinco meses atrás, las reservas internacionales están cayendo vertiginosamente.

• Los pagos de deuda y la dolarización sin pausa están erosionando las arcas del Banco Central.

• En lo que va del año las reservas brutas pierden más de U$3200 MM.

• Pese a toda la alquimia contable puesta en juego, las reservas están por debajo de U$49000 MM y perforando los niveles de comienzos de junio de 2010.

• Hemos insistido y repetimos: esta fuga hacia el dólar constituye por lejos el problema más acuciante para el gobierno.

• Sólo la semana pasada terminó otra vez con el BCRA vendiendo billetes por U$400 MM en el mercado contado.

• Y entre ayer y hoy se fueron U$100 MM.

• En lo que va de septiembre perdió U$1500 MM.

• Será el segundo mes consecutivo con venta neta de dólares, luego de que en agosto el BCRA sacrificara U$1176 MM.

• La gente apuesta contra el peso porque ve en la actitud del gobierno una intención de esperar a que pasen las elecciones para tomar medidas tendientes a restablecer la competitividad del tipo de cambio.

• La escasa oferta privada es absorbida inmediatamente por las persistentes órdenes de compra.

• La decisión de anclar el valor de la divisa, reduciendo al mínimo el avance del tipo de cambio, acelera la salida de reservas y la liquidación de tenencias de otros bancos oficiales.

• Para auxiliar al BCRA en la oferta de divisas, otros organismos oficiales venden bonos contra dólares.

• La estrategia del BCRA al menos hasta octubre pasará por limitar en lo posible las ventas de contado, seguir maquillando la caída de reservas con préstamos de bancos del exterior, y continuar recurriendo a las ventas en el mercado de futuros.

• Se estima que el endeudamiento con entidades internacionales ya supera los U$2000 MM cuando hasta la semana pasada representaba la mitad.

• La política de tasas bajas ha constituido otra suerte de subsidio a la dolarización.

• La marcha de los depósitos bancarios ha comenzado a encender luces de alarma.

• En los 30 días previos al 16 de septiembre, los depósitos del sector privado se estancaron completamente, reflejando la dolarización de portafolios.

• Al mismo tiempo, los créditos al sector privado muestran para el mismo período un crecimiento de 5,5%, lo que en parte ha sido volcado a la compra de divisas.

• Los bancos debieron elevar las tasas que pagan por los depósitos a plazo fijo, llegando a ofrecer 14% la última semana.

• Si no se quiere seguir subsidiando la corrida, es indispensable que las tasas reales de interés suban.

• La caída estacional de los ingresos desde el exterior recarga la tarea de la entidad.

• Durante la semana pasada las liquidaciones de la industria aceitera y exportadores de cereales fueron casi 30% inferiores a los de la semana precedente.

• De esta manera, completaron la tercera semana de retroceso consecutivo y cayeron al menor nivel desde la cuarta semana de julio.

• La inestabilidad y volatilidad del escenario internacional acelera la dolarización.

• El BCRA enfrenta una carrera de nervios: aun tiene espaldas, pero el deterioro del contexto financiero internacional acorta peligrosamente los tiempos.

• Con la fuga de divisas superando los U$3000 MM mensuales e ingresos limitados de dólares comerciales, la preocupación de las autoridades crece día tras día.

• Corresponde, sin embargo, dejar en claro que la génesis de esta corrida es esencialmente local, a lo cual se sumó tardíamente el complicado contexto mundial.

• Con una inundación de pesos a razón de 40% interanual, sobran recursos para ir al dólar.

• Y con un atraso cambiario creciente -que marcha al ritmo de una altísima inflación en dólares- a la gente le sobran también razones para desprenderse de esa liquidez.

• El efecto final de la venta de dólares baratos por el BCRA es una contracción de la liquidez, lo que abre el camino a otra amenaza: una caída del consumo y de la actividad.

Cada vez más empleados públicos

Cada vez más empleados públicos

En los últimos ocho años, el empleo estatal creció el 49%; su participación en el total es del 21%, superior a Brasil, Chile y Uruguay

En los últimos ocho años el número de empleados públicos en la Argentina creció de 2,15 a 3,2 millones. Estas cifras se refieren al conjunto de los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales y los municipales.

El aumento del empleo público entre 2003 y 2011 fue del 49 por ciento, esto es, un 5,1 por ciento anual. Creció a un ritmo casi cuatro veces más rápido que el de la población activa. De esta forma, la participación del empleo estatal en el total pasó desde el 16 al 21 por ciento. La Argentina se expone de esta forma como un país de frondosa y creciente estructura burocrática en comparación con cualquiera de los demás países de la región. En Brasil, Chile y Uruguay las proporciones de empleo estatal son del 11, el 14 y el 16 por ciento, respectivamente.

Este fenómeno se ha producido sin que por ello hayan mejorado las prestaciones que el Estado brinda en nuestro país. Antes bien, se han deteriorado. La inseguridad ha aumentado y se ven menos policías en las calles. La atención de la salud es hoy más precaria, sin que haya aumentado el número de enfermeras.

La mayor dotación de empleados públicos cumple en su gran mayoría seguramente funciones burocráticas prescindibles. Se trata en muchos casos de empleo clientelístico generado en cumplimiento de compromisos políticos o personales. Es bien sabido que a cada elección le sigue una ola de nuevos nombramientos.

En la Argentina, el punterismo se paga con puestos. Cada nuevo funcionario debe encontrarlos y, además, hacer espacio para la tradicional pregunta: “¿No tenés un puesto para mi hijo?” La misma denominación de “puesto” indica lugar o espacio, más que responsabilidad laboral. Si la remuneración es modesta, es “puestito”. Si, en cambio, es significativa, es “puestazo”.

El aumento del empleo estatal reconoce un procedimiento característico. El nuevo funcionario político designa personas en calidad de contratados. Esto le permite sortear las limitaciones de su estructura orgánica. Además, puede alegar ante sus superiores que necesita lealtad política y que esto exige nuevos contratados. Estos contratos son por tiempo determinado, pero se renuevan mientras no haya cambios de gobierno. Sin embargo, cuando se aproxima ese cambio, o aun inmediatamente después, los contratados ejercen una intensa presión, con apoyo sindical, para pasar a planta permanente. En general, tienen éxito y, a partir de entonces, comienzan a gozar del beneficio de la estabilidad y a actuar bajo todos los desincentivos del empleo público. Son la siguiente capa geológica inamovible, que será considerada inútil por el siguiente funcionario político.

Estos rasgos de la cultura política argentina están teñidos de irresponsabilidad ciudadana. Todos ellos explican el recurrente crecimiento del empleo público y la consiguiente tendencia a la insolvencia fiscal. La Argentina los ha vivido intensamente en los últimos años.

Han operado en paralelo con otros rasgos de irresponsabilidad fiscal que han dado lugar al aumento de muchos otros rubros de gasto. Las Legislaturas provinciales o el Congreso Nacional no sólo no han puesto límites a estos comportamientos, sino que, en buena medida, los han convalidado o incluso alentado.

La moratoria previsional hizo posible incorporar más de dos millones de nuevos jubilados que no habían hecho antes ninguna clase de aporte al sistema. De esta forma, el Estado debe solventar mensualmente 5,6 millones de pasividades. A esto se agregan los planes sociales y los subsidios por hijo.

En definitiva, hay más de diez millones de recipiendarios de pagos personales del Estado, lo que implica que cerca de la mitad (50%) de la población argentina depende directamente de él. Se entiende, entonces, y bien claramente, por qué el gasto público en el país, neto de los subsidios a la energía y el transporte, ha sufrido un aumento del 30 al 36 por ciento del producto bruto interno en los últimos ocho años.

El gobierno argentino ha entrado en déficit fiscal, a pesar del enorme aporte de recursos que le ha facilitado el desarrollo de las importantes exportaciones sojeras y sus excelentes precios. Un futuro menos promisorio y la falta de acceso a los mercados de deuda obligan a proyectar un serio programa de austeridad fiscal.

La normalización de las tarifas podrá permitir reducir los subsidios a los servicios y la producción, pero el gasto burocrático basado en el exceso de empleo innecesario ofrecerá una mayor dificultad. Nada cambia que ese exceso esté principalmente ubicado en provincias y municipios y que los desvíos sean mayores en unas que en otras. Hay vasos comunicantes en los mecanismos del manejo fiscal que siempre terminan poniendo al gobierno nacional en el eje de las crisis de solvencia. La realidad del fenomenal e injustificado aumento del número de empleados públicos es un hecho incontrastable que se cierne sobre la gestión de gobierno que se iniciará en el próximo diciembre.