LA HIPOCRESÍA OFICIAL

Carapintadas y represores en cargos claves del gobierno

El martes pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, durante la presentación de su libro “Derechos Humanos: Justicia y Reparación”, fue sorprendido por hijos de militares acusados y procesados por la supuesta perpetración de delitos de lesa humanidad, que lo agredieron verbalmente. Cabe señalar que estos juicios se están celebrando y en la mayoría de ellos las acusaciones apenas se sustentan en pruebas testimoniales o bien directamente testigos de oídas sobre violaciones, torturas, desapariciones y planes sistemáticos de robos de bebés perpetrados supuestamente por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia al país. Es sabido que en el juicio a las juntas -durante la presidencia de Ricardo Alfonsín- se estableció la responsabilidad mediata de los comandantes en jefe de las tres fuerzas, violándose así el principio de irretroactividad de la ley penal en función de la tendencia marcada por el juez español Baltazar Garzón, quien intentó sin éxito extraditar a España al ex presidente chileno Augusto Pinochet. Sin embargo, estando Pinochet detenido en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores rechazó el pedido de extradición de la justicia española por ocho casos de torturas realizadas en 1988, desechando la aplicación retroactiva de la ley penal. También alegaron los ingleses que el Reino Unido no había aprobado la convención internacional contra la tortura y tampoco suscripto la convención internacional que castiga los delitos de lesa humanidad. En suma, el Reino Unido recién decidió la extradición después de haber firmado ambos convenios, pero finalmente, en razón de la enfermedad de Pinochet, terminó repatriándolo a Chile.

Juicios ilegales

Cuando fueron juzgados y condenados los ex comandantes en jefe, la Argentina no había suscripto las citadas convenciones. Por otra parte, en 1987 fueron sancionadas las leyes de obediencia debida y punto final, por las cuales se excluía de toda responsabilidad a los mandos medios de las fuerzas.

Con el advenimiento del kirchnerismo se nombró una nueva Corte Suprema con el fin, entre otros, de que la misma avalara ese juzgamiento. Así fue que el Congreso, actuando inconstitucionalmente, anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Se abrieron así las puertas para el procesamiento masivo de militares, que hoy superan los 1000. Pero, como señalamos antes, la base de las acusaciones, en la mayor parte de los casos, fueron testigos más que dudosos, ya que se trataba de ex terroristas o cómplices de los mismos. Y esto sin mencionar los testigos de oídas. Éstas y otras muchas irregularidades hicieron que los juicios sean hoy una gran farsa, que en nada se parece a una política de Estado, como intenta justificar el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El escrache de los familiares de militares a Lorenzetti es un hecho negativo, que muestra su impotencia ante la injusticia flagrante en los actuales juicios por violaciones a los derechos humanos.

CARAPINTADAS AL PODER

Este gobierno, que montó un esquema de juzgamiento a los militares que viola sistemáticamente las reglas del debido proceso, sin embargo levanta banderas políticas y económicas similares a las que enarbolaron los carapintadas Aldo Rico y Mohamed Seineldín. En esta línea se inscribe la poco clara confrontación oficial contra los poderes internacionales corporizados por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. No es de extrañar entonces que dos militares hoy de destacada actuación en el seno del kirchnerismo hayan tenido pasado carapintada y participación en la represión. Se trata nada menos que del Subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Cesar del Corazón de Jesús Milani, y el teniente coronel Sergio Berni, Secretario de Gestión y Articulación Institucional de Desarrollo Humano. Pero, por encima de estos altos cargos, está la ubicación política de estos personajes. Berni es la mano derecha de Alicia Kirchner y Milani de Garré, que proyecta su influencia para hacerlo Jefe de Estado Mayor a fin de este año.

Como una demostración de la falsedad oficial en la materia, no se conoce una sola objeción de los organismos de derechos humanos contra estos oficiales, lo que incluye el oportuno silencio del CELS y su jefe Horacio Verbitsky.

Al mismo tiempo, se destaca otra manipulación de los derechos humanos por parte de la Casa Rosada. Nadie investigó el pasado de los jueces que votaron, por ejemplo, a favor de ley de medios audiovisuales que promovió el kirchnerismo. Pero el camarista federal mendocino Otilio Romano hizo lugar a un amparo presentado por Grupo Uno disponiendo la no aplicación de algunos artículos de la ley de medios. Romano inmediatamente fue blanco de una feroz campaña mediática dirigida por Verbitsky y centrada en su supuesta complicidad con operaciones de represión durante la dictadura. Rápidamente fue destituido y terminó pidiendo asilo en Chile. Entre otras cosas, lo acusan de que presenció torturas en los años setenta. Y nos preguntamos: ¿si hubiera presenciado torturas pero votaba a favor de la ley de medios, lo habrían destituido? Milani, Berni y Romano son apenas algunos ejemplos notorios de la hipocresía K.