Cada vez más empleados públicos
En los últimos ocho años, el empleo estatal creció el 49%; su participación en el total es del 21%, superior a Brasil, Chile y Uruguay
En los últimos ocho años el número de empleados públicos en la Argentina creció de 2,15 a 3,2 millones. Estas cifras se refieren al conjunto de los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales y los municipales.
El aumento del empleo público entre 2003 y 2011 fue del 49 por ciento, esto es, un 5,1 por ciento anual. Creció a un ritmo casi cuatro veces más rápido que el de la población activa. De esta forma, la participación del empleo estatal en el total pasó desde el 16 al 21 por ciento. La Argentina se expone de esta forma como un país de frondosa y creciente estructura burocrática en comparación con cualquiera de los demás países de la región. En Brasil, Chile y Uruguay las proporciones de empleo estatal son del 11, el 14 y el 16 por ciento, respectivamente.
Este fenómeno se ha producido sin que por ello hayan mejorado las prestaciones que el Estado brinda en nuestro país. Antes bien, se han deteriorado. La inseguridad ha aumentado y se ven menos policías en las calles. La atención de la salud es hoy más precaria, sin que haya aumentado el número de enfermeras.
La mayor dotación de empleados públicos cumple en su gran mayoría seguramente funciones burocráticas prescindibles. Se trata en muchos casos de empleo clientelístico generado en cumplimiento de compromisos políticos o personales. Es bien sabido que a cada elección le sigue una ola de nuevos nombramientos.
En la Argentina, el punterismo se paga con puestos. Cada nuevo funcionario debe encontrarlos y, además, hacer espacio para la tradicional pregunta: “¿No tenés un puesto para mi hijo?” La misma denominación de “puesto” indica lugar o espacio, más que responsabilidad laboral. Si la remuneración es modesta, es “puestito”. Si, en cambio, es significativa, es “puestazo”.
El aumento del empleo estatal reconoce un procedimiento característico. El nuevo funcionario político designa personas en calidad de contratados. Esto le permite sortear las limitaciones de su estructura orgánica. Además, puede alegar ante sus superiores que necesita lealtad política y que esto exige nuevos contratados. Estos contratos son por tiempo determinado, pero se renuevan mientras no haya cambios de gobierno. Sin embargo, cuando se aproxima ese cambio, o aun inmediatamente después, los contratados ejercen una intensa presión, con apoyo sindical, para pasar a planta permanente. En general, tienen éxito y, a partir de entonces, comienzan a gozar del beneficio de la estabilidad y a actuar bajo todos los desincentivos del empleo público. Son la siguiente capa geológica inamovible, que será considerada inútil por el siguiente funcionario político.
Estos rasgos de la cultura política argentina están teñidos de irresponsabilidad ciudadana. Todos ellos explican el recurrente crecimiento del empleo público y la consiguiente tendencia a la insolvencia fiscal. La Argentina los ha vivido intensamente en los últimos años.
Han operado en paralelo con otros rasgos de irresponsabilidad fiscal que han dado lugar al aumento de muchos otros rubros de gasto. Las Legislaturas provinciales o el Congreso Nacional no sólo no han puesto límites a estos comportamientos, sino que, en buena medida, los han convalidado o incluso alentado.
La moratoria previsional hizo posible incorporar más de dos millones de nuevos jubilados que no habían hecho antes ninguna clase de aporte al sistema. De esta forma, el Estado debe solventar mensualmente 5,6 millones de pasividades. A esto se agregan los planes sociales y los subsidios por hijo.
En definitiva, hay más de diez millones de recipiendarios de pagos personales del Estado, lo que implica que cerca de la mitad (50%) de la población argentina depende directamente de él. Se entiende, entonces, y bien claramente, por qué el gasto público en el país, neto de los subsidios a la energía y el transporte, ha sufrido un aumento del 30 al 36 por ciento del producto bruto interno en los últimos ocho años.
El gobierno argentino ha entrado en déficit fiscal, a pesar del enorme aporte de recursos que le ha facilitado el desarrollo de las importantes exportaciones sojeras y sus excelentes precios. Un futuro menos promisorio y la falta de acceso a los mercados de deuda obligan a proyectar un serio programa de austeridad fiscal.
La normalización de las tarifas podrá permitir reducir los subsidios a los servicios y la producción, pero el gasto burocrático basado en el exceso de empleo innecesario ofrecerá una mayor dificultad. Nada cambia que ese exceso esté principalmente ubicado en provincias y municipios y que los desvíos sean mayores en unas que en otras. Hay vasos comunicantes en los mecanismos del manejo fiscal que siempre terminan poniendo al gobierno nacional en el eje de las crisis de solvencia. La realidad del fenomenal e injustificado aumento del número de empleados públicos es un hecho incontrastable que se cierne sobre la gestión de gobierno que se iniciará en el próximo diciembre.
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