Proyecto X, la punta del iceberg
La existencia del programa Proyecto X de Gendarmería Nacional, destinado a la realización de actividades de inteligencia interior expresamente prohibidas por la Ley de Seguridad Interior 24.059, no es un caso aislado. El gobierno nacional financia una amplia red de inteligencia clandestina cuyo armado se inició durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Defensa y continuó con su actual gestión como titular de la cartera de Seguridad. El general César Milani gerencia uno de los grupos más importantes que le proveen al gobierno inteligencia sobre las actividades de la oposición y los medios de comunicación. Hecho inédito en la historia del Ejército Argentino, Milani ascendió el año pasado a Subjefe del Estado Mayor del Ejército pero retuvo el cargo de Director de Inteligencia. Esta acumulación de dos cargos -claramente incompatibles entre sí- es una prueba de la importancia política que tiene para el gobierno que Milani continúe al frente de la inteligencia castrense. Pero el ámbito de los servicios de inteligencia no es el único donde el gobierno viola la prohibición de realizar inteligencia interior. En los últimos meses fueron cada vez más claras las señales de que la información colectada por la AFIP está siendo utilizada por distintas autoridades para presionar a empresarios. La presidente fue explícita en un discurso que pronunció en la Casa Rosada diez días atrás, al señalar que le iba a requerir a la AFIP información sobre los ingresos de los ejecutivos de las grandes empresas, en directa alusión a que, de este modo, se proponía condicionar la conducta de aquéllos. El artículo 101 de la ley 11683 dispone que: “Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.”
Pero el avance de Gran Hermano sobre la privacidad de los argentinos no se limita en modo alguno al espionaje de los opositores, sobre todo vía escuchas telefónicas e intercepción de mails. La tarjeta SUBE registra puntualmente los movimientos del usuario en el transporte público. Esto permite controlar la actividad de 8 millones de ciudadanos, cuando en realidad SUBE podría haberse registrado en forma anónima en vez de ser nominal.
Todavía de mayores implicancias en materia de pérdida de privacidad es el Sistema Federal de Información Biométrica Digitalizada. El siguiente artículo ilustra al respecto: “En Argentina no habrá espacio para la duda. En un par de años la población, de 40 millones de habitantes, estará identificada de arriba abajo. O, lo que es lo mismo, por pies, manos, ojos y estructura facial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo anunció con otras palabras, “a través de la huella digitalizada y de su rostro biométrico”.
El programa forma parte de un “sistema federal de información biométrica digitalizada” en el que se combinan las técnicas tradicionales, -sin necesidad de tinta para las impresiones de los dedos-, junto a la tecnología más avanzada. El resultado, una aproximación a la serie CSI, será un retrato exclusivo y completo de cada persona. El software, innovador en América Latina, se ha desarrollado mediante un convenio cubano argentino.
Contribuirán a luchar contra el tráfico de menores, según Cristina Fernández
A partir de enero “todos los recién nacidos en todos los hospitales” de Argentina, confirmó Fernández, deberán someterse a estas pruebas. De este modo, se despejan incertidumbres sobre cambios de identidad de los pequeños, un tema muy sensible en este país donde distintas estimaciones indican que, durante la dictadura militar (1976-83), unos cuatrocientos bebés fueron arrebatados a sus madres.
Según Fernández, estas medidas “contribuirán a luchar contra el tráfico de menores, uno de los males de la época en todas partes”. Asimismo, insistió la presidenta, “ayudarán psicológicamente a que los padres sepan que el recién nacido es suyo”.
Las mismas técnicas biométricas se emplean actualmente en la realización de los nuevos documentos de identidad argentinos, en poder de un cuarto de la población aunque el registro de datos es menor. A diferencia de los adultos, a los que se les requiere únicamente impresión de las manos, los recién nacidos tendrán a su disposición en los hospitales la tecnología adecuada para “poder tomar huellas dactilares también de los pies”.
El hecho de que el gobierno nacional haya adoptado la tecnología cubana para el control de los datos sensibles de la población es revelador, porque el régimen de los Castro viola sistemáticamente los derechos y garantías individuales.
Fuera de control
Estas tendencias, de una gravedad que será cada día más difícil de revertir, fueron acompañadas por la progresiva extinción de los controles. En el Título IV de la Ley 24.059 fue creada una Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de Seguridad Interior e Inteligencia, compuesta por ocho miembros de la Cámara de Senadores e igual número de miembros de la Cámara de Diputados, designados por las Cámaras respectivas. Le fue asignada la misión de ejercer la supervisión y control de los órganos y organismos de seguridad interior e inteligencia actualmente existentes, de los creados por la presente ley y de todos los que se crearán en el futuro. Estableció asimismo el artículo 35 de la ley que la comisión debe verificar que el funcionamiento de los órganos y organismos referidos en el artículo 33 se ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada a nuestro ordenamiento legal por ley 23.054. En suma, que el Congreso cuenta con amplias facultades para el control no sólo operativo y de legalidad sino también presupuestario, de la actividad de los organismos de inteligencia. Sin embargo, desde el 2003 a la fecha, se desconoce cuál ha sido la actividad de esta estratégica comisión. Los legisladores de la oposición, en este caso de la UCR, PRO y GEN entre otros, que están promoviendo la citación de Nilda Garré al Congreso para que dé explicaciones sobre el Proyecto X, deberían antes pedirles explicaciones a sus propios pares que integran la Comisión Bicameral que debería estar fiscalizando esta inmensa zona del Estado, que en los hechos está fuera de control.
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