Algunos aspectos de la reciente resolución de la Corte Suprema sobre el caso Clarín sorprendieron en la Casa Rosada. Sobre todo, la exigencia de que el juez Horacio Alfonso dicte sentencia en un plazo perentorio, sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales.
La Corte indicó prácticamente que se trabaje a sol y sombra, hasta días feriados, para que se dicte el fallo en cuestión y terminar con la actual denegación de justicia.
Luego de devastar la Cámara Civil y Comercial Federal, el gobierno se acomodó a la idea de que no hubiera ningún fallo antes del 7D y de este modo poder actuar de oficio a partir del 10D. Esto es, notificar al Grupo Clarín de su incumplimiento a la obligación de adecuarse al artículo 16, convocando a renglón seguido a la licitación de varias de las licencias supuestamente en infracción. No se sabe si habrá o no intervención de empresas, pero al menos hasta ayer la balanza se inclinaba a favor de abandonar las medidas espectaculares y que causarían mayor irritación, como intentar que un juez avale un allanamiento a Cablevisión con la Gendarmería, episodio que, por otra parte, ya ocurrió en el pasado.
Sin límites
Lo que gustó al oficialismo es el otro pronunciamiento de la Corte considerando inadmisible que se extienda la medida cautelar que vence el 7D y que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161. En tanto no se dicte antes el fallo sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial tiene la última palabra sobre la cautelar y sobre las recusaciones a varios jueces de la misma. Esta sala se integró ahora con dos camaristas del fuero contencioso administrativo Marcelo Duffy y Jorge Moran, de los que probablemente se diga que integran la nómina de magistrados en los que influye el auditor general Javier Fernández. Pero la realidad es que estos dos jueces no tienen ningún contacto con quien hoy es el operador judicial principal del cristinismo. Fernández se las arregló recientemente para mantener la nominación para juez federal de Luis Rodríguez, soportando los ataques de Horacio Verbitsky. Siguiendo con el curso probable de los hechos, apenas Martín Sabbatella notifique al grupo Clarín de que comienza la transferencia de oficio de muchas de sus licencias, aquél interpondría un recurso de amparo planteando que al finalizar la cautelar recién comienza a correr el plazo de un año para la desinversión. Ésta es la solución jurídicamente correcta y que surge del mismo fallo de la Corte que le puso fecha de vencimiento a la cautelar el 7D.
Anteayer, seis de los siete jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial difundieron que iban a “poner en conocimiento” de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales. Pero la realidad es que habría presiones aún más graves que las que ya tomaron estado público. Ciertas operaciones clandestinas de inteligencia habrían avanzado sobre la vida privada de varios miembros de la Corte. El objetivo de las mismas, obviamente, sería condicionar el desempeño de los ministros y muy particularmente en el caso Clarín. En medios de inteligencia se conocieron ayer algunos detalles de estas incalificables investigaciones. Por ejemplo, habría informes sobre un supuesto hijo natural de un ministro del tribunal supremo y también sobre las relaciones de otro con una mujer que es alta funcionaria de la Corte. En su guerra contra Clarín, el oficialismo tendría aún menos escrúpulos que en el resto de sus operaciones. Para la presidente, se trataría sencillamente de la victoria o el comienzo del fin.
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