El viernes de la semana pasada moderé un seminario de agronegocios sobre el comercio de trigo antes y después de las regulaciones del gobierno kirchnerista. La exposición estuvo a cargo de Ricardo Passero y los asistentes, que eran muchos y motivados, hicieron gran cantidad de preguntas. Passero repasó la larga lista de controles, regulaciones, prohibiciones y bloqueos oficiales que experimenta el sector productor de granos desde 2007. Y remató su exposición con dos imágenes que sintetizan soberbiamente el impacto de la política oficial sobre el sector triguero.
La primera imagen muestra el área sembrada de trigo en los primeros años de la década pasada. Unas 6 millones de has con una producción cercana a 14 tons (hojas 60 y 59, en cada caso, de la exposición de Passero). El área sembrada cubría gran parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y partes de Entre Ríos, Salta, Tucumán, Sgo. del Estero y Chaco.
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La segunda imagen muestra el efecto devastador de la política kirchnerista. Lo que antes era un vergel, en la cosecha de 2009/10 se transformó en un páramo. El área sembrada se redujo a la panza sur de la provincia de Buenos Aires. El área sembrada cayó a 3.1 millones de has y la producción, a 7.4 tons. El trigo cedió a la soja, sobre todo, las áreas citadas del resto del país.
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Pero la historia del seminario de agronegocios del viernes pasado no termina aquí. Falta la frutilla del postre. Cuando me preparaba para darlo por concluido y agradecer la atención de los asistentes, dos muchachos, de unos 20 años y probables estudiantes de Economía de la Universidad de Buenos Aires, se preguntaron en voz alta qué es, después de todo, lo más conveniente para el país: que el estado se apropie de la renta agropecuaria (por la vía de retenciones y la parafernalia de regulaciones que había enumerado Passero) o que los propietarios reciban la renta de los campos. Ellos piensan que hay un trade-offentre equidad y eficiencia: la equidad se consigue por medio del gasto oficial en planes sociales y el control del precio de alimentos para “la mesa de los argentinos”; en tanto que la eficiencia es el resultado del aumento del área sembrada y la producción. Más equidad (retenciones y controles) implicaría menos eficiencia (siembra y producción); más eficiencia implicaría menos equidad.
Un profesor amigo de economía agrícola se acercó a los muchachos para discutir el tema con ellos. Yo preferí seguir de largo. Doce años de progresismo, prejuicios e ignorancia me han agotado. Pero no se me escapa que el planteo pone al descubierto un relativismo legal y un desconocimiento de postulados económicos básicos alarmantes. No aceptan, quizá no entiendan, que la renta agropecuaria es la remuneración del propietario de la tierra y que el precio de ésta es igual al valor descontado de dicha renta. La inseguridad jurídica, o poner en un tembladeral el derecho de propiedad de la tierra, no les merece mayor consideración. No conectan la inseguridad con la inversión en mejoras, genética, alambrados, silos, puertos. No terminan de comprender que esas regulaciones tienen un costo de bienestar para el país en su conjunto. Que si bien hay grupos que se benefician de ellas, hay grupos que se perjudican, y que el balance es negativo.
La declinación de la economía argentina está explicada en gran medida por una catarata de regulaciones como la que los muchachos defienden. No hay trade-off. Hay pura pérdida de largo plazo para todos. Y hay formas mucho más sensatas y constitucionales de ayudar a los pobres. Lo peor del caso es que no se les pasa por la cabeza que al relativizar el derecho de propiedad ponen de remate sus libertades.
Jorge Ávila
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