Es importante la suma de desaciertos de la investigación que lleva adelante en el caso de Candela Rodríguez Federico Nieva Woodgate, el fiscal general de Morón. Pero tal vez el error más grave fue vulnerar la seguridad de la SI (ex SIDE) al decir públicamente que pedirá a ese organismo de inteligencia que intercepte los celulares Nextel de los policías sospechados y de los detenidos. Hasta ahora, la opinión pública desconocía que las comunicaciones por el sistema de radio de Nextel se podían “pinchar”. El fiscal acaba de reconocer implícitamente que la Secretaría de Inteligencia tiene en pleno funcionamiento los nuevos equipos que eliminan la privacidad en las comunicaciones por el sistema Nextel y también los de otras empresas de telefonía que trabajaban con radios.
Crimen y política
Nievas Woodgate y su subordinado el fiscal Marcelo Tavolaro, a cargo de la investigación, recibieron en los últimos días una fuerte presión de la Procuradora General María del Carmen Falbo, una ex duhaldista ahora vinculada a León Arslanián. Falbo les exigiría a los fiscales que acepten todo lo que investigue el subjefe de la bonaerense, el comisario general Hugo Matzkin, también hombre de Arslanián, que ya fabricó seis detenidos acusados por su participación en el homicidio. A todo esto, Fernando Burlando, abogado de Carola Labrador, la madre de Candela, habría recibido 200.000 dólares de la bonaerense para que monte una investigación más seria que la hecha hasta ahora. Es que en pocos días es inevitable que se caiga la acusación.
Los detenidos, Gladys Cabrera, dueña de la casa de Villa Tesei donde se halló el ADN de Candela; el carpintero Néstor Altamirano; el uruguayo Hugo Bermúdez; el albañil Alberto Espíndola; el fletero Guillermo López y el verdulero Fabián Gálvez, todos están acusados por un testigo de identidad reservada totalmente trucho. Esto rememora lo ocurrido en el ‘97 en la investigación del homicidio de José Luis Cabezas con el testigo Víctor Redruello, colocado por la bonaerense para señalar como culpables a la banda de “los Pepitos”. A éstos les plantaron una pistola que habían disparado sobre Cabezas cuando ya estaba muerto. Luego se descubrió que el fin de la maniobra era desviar la investigación de la pista de Alfredo Yabrán.
En el caso Candela, los dos testigos de identidad reservada puestos por la bonaerense acusaron a algunos detenidos con antecedentes, supuestamente con la intención de demostrar, por un lado, que no hay policías implicados en el crimen. Pero además, se sospecha que Matzkin estaría trabajando para desgastar la figura de Daniel Scioli (tal vez Arslanián mediante). Lo notable, una vez más, es que Scioli sigue demostrando que es incombustible y que no le entran las balas que le disparan desde la Casa Rosada y las oficinas de su compañero de fórmula Gabriel Mariotto. En esta historia de ofensivas fracasadas contra el gobernador se anotan, sobre todo, la ministra de seguridad Nilda Garré, Arslanián y Horacio Verbitsky, que quieren la cabeza de Ricardo Casal, el ministro de seguridad bonaerense. La caída de Casal, de producirse, sería el comienzo de una escalada cristinista para vaciar de poder al ex motonauta.
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