miércoles, 2 de noviembre de 2011

La fuga de capitales preocupa al Gobierno y con razón

La fuga de capitales preocupa al Gobierno y con razón

La fuga de capitales en Argentina ascendió a U$S 22.000 millones en los últimos 12 meses. El problema no es el dólar ni el tipo de cambio, sino que se vayan pesos en busca de refugio. Y no porque el Gobierno se caracterice por ahorrarlos demasiado, sino porque, si se van, el Estado no va a poder gastarlos como venía haciendo. Ahí está el problema y el desafío. Enterate de por qué la fuga de capitales puede hacerte pagar la luz, el agua, el gas y las naftas más caros y al Estado obligarlo a lo impensado: ajustar.

La fuga de capitales está mostrando un problema mucho más grave que el simple debate sobre a cuánto tiene que cotizar el peso o si se combate o no el lavado de dinero y la evasión. Por eso asusta tanto al Gobierno y, pasadas las elecciones, lo está obligando a tomar todo tipo de medidas. Es que del éxito o fracaso de su cruzada depende no sólo la política monetaria, sino que también la disponibilidad de recursos para alimentar el gasto público y puede determinar, por ejemplo, cuánto vas a pagar por los servicios públicos, la energía y los combustibles que consumís vos y tu familia.
La fuga de capitales es toda aquella operación por la que tus pesos o el dinero de las empresas se convierten en dólares, oro o se gastan en la compra de bonos de deuda pública (del Estado argentino o del exterior) emitidos en dólares o acciones de empresas radicadas fuera. Como una vez convertidos, todos estos pesos salen de la economía (no podes comprar un litro de leche con dólares o comprar una casa con un Bodem 2012).
Ahora bien, por qué las familias y las empresas compran dólares o dolarizan sus inversiones. Lo hacen en momentos de incertidumbre (por una crisis o frente a las elecciones y el no saber qué es lo que va a venir) o cuando están convencidos de que se viene una devaluación porque consideran que el dólar está “barato”. En el caso de la Argentina, el dólar está barato por efecto de la inflación.
Como los ahorristas están convencidos de que se viene una suba del tipo de cambio (devaluación), muchos o casi todos intentan asegurar el valor de su dinero pasándolo a dólares. Una práctica común, extendida y recurrente en la Argentina.
Sangría peligrosa
La fuga de capitales en Argentina ascendió a U$S 22.000 millones en los últimos 12 meses, según un informe del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dado a conocer la semana pasada. El documento, que coincide con estimaciones de economistas como Carlos Melconian y consultoras como Ecolatina, precisó que tan sólo en octubre, salieron del país capitales por U$S 3.700 millones.
En condiciones de libre flotación del tipo de cambio, tamaña salida de capitales por efecto de la oferta y la demanda habría hecho que la cotización del dólar frente al peso aumentara (devaluación) porque cada vez más gente está dispuesta a gastar más de sus pesos para comprar dólares.
En los últimos meses, desde el Gobierno han venido tratando de controlar el precio del dólar, porque su disparada podría generar mayores presiones inflacionarias. El Banco Central ha estado saliendo a vender sus dólares y como no alcanzaba, empezó a obligar a los exportadores para que liquiden sus ingresos por la venta de granos en el país en un intento por hacer ingresar dólares para compensar la salida. En los últimos días entraron también las petroleras, las mineras y las aseguradoras.
Pero no ha sido suficiente y lo que se está yendo por la fuga de capitales, por ejemplo, ya equivale a todo lo que ingresa por las exportaciones de soja, maíz, trigo y el resto de los granos que produce y vende el país.
Los exportadores agrícolas, obligados a liquidar sus divisas en el país desde la devaluación de 2002, han inyectado en lo que va del año al circuito financiero U$S 21.818 millones. Son cerca de U$S 2.000 millones más que los que se declaraban a igual fecha del año anterior. Y, sin embargo, no parecen ser suficientes para que el Banco Central detenga la sangría del dólar sin resignar parte de sus reservas.
Desde que se cosechó el último lote de la campaña 2010/11, a mitad de año, las cerealeras vienen ingresando dólares a paso redoblado para adquirir el grano que luego exportarán: unos U$S 2.000 millones promedio cada mes.
La otra fuente que tiene el Estado para hacer ingresar dólares genuinos a la economía es el superávit comercial. Esto es cuando un país exporta más de lo que importa. Ahí logra hacer ingresar dólares a su economía.
El coctel de alta inflación interno con tipo de cambio estable, sumado a un contexto internacional de estancamiento y crisis en las principales economías del mundo está haciendo que la demanda de productos argentinos en el exterior se amesete, ya sea porque bajan las cantidades requeridas o por que se ajustan los precios por una mayor competencia externa. Si a esto se suma, el creciente gasto del Estado para importar energía, lo que se obtiene como resultado es una baja en el superávit comercial. El ingreso de dólares genuinos está cayendo.
Según datos del Indec (ver cuadro), en los nueve primeros meses del año el superávit comercial acumulado alcanza los U$S 8.162 millones, poco más de U$S 2.000 millones menos de los que ingresaron para igual período en 2010 (U$S 10.251 millones).
Este ingreso reducido de dólares frente a una salida muy superior y creciente está diezmando las reservas del Banco Central. Y es aquí donde está el problema central, que nada tiene que ver con el lavado de dinero o la evasión fiscal. Para tener una idea, en septiembre (último dato disponible) la balanza comercial arrojó un superávit de U$S 1.064 millones. Un mes después, en octubre, se estima que se fugaron U$S 3.700 millones.
Es este desbalance lo que le genera una sangría de recursos al Banco Central. Sólo en el último año, las reservas monetarias del Banco Central, las mismas que respaldan el valor del dinero y sirven como poder de fuego para administrar el tipo de cambio, sostener la política monetaria y ayudarle al Estado a sostener el actual nivel de gasto público vía remesas de libre disponibilidad, cayeron de U$S 51.768 millones a U$S 47.806 millones.
Qué pasa si caen las reservas
El mayor riesgo para la economía argentina viene por el lado de la pérdida de reservas del Banco Central. Para tener una idea: si la fuga de capitales ascendió a U$S 22.000 millones sólo en los últimos 12 meses, esta cifra representa casi la mitad de las reservas totales del Banco Central que al 21 de octubre suman U$S 47.806 millones, según el último dato del Banco Central. Eso sin contar que la gran mayoría de las reservas están colocadas en títulos (Lebac, Nobacs y títulos del Tesoro Nacional).
Sin tener en cuenta el serio peligro que corre la economía mundial de entrar en recesión, lo que afectaría a la Argentina por el lado de sus exportaciones y la balanza comercial (entrarían menos dólares), que las reservas del Banco Central estén cayendo no sólo debilitan su poder de fuego a la hora de contener y administrar el tipo de cambio según el Plan Monetario fijado, sino que le ponen un freno a la política que viene aplicando el Ejecutivo de usar reservas para pagar deuda y liberar fondos para financiar más gasto público.
El 28 de marzo se pagaron U$S 1.550 millones por el vencimiento total de capital y la última cuota de intereses del Bonar V, título emitido en 2006. El 3 de agosto se efectuó el pago de servicios del Boden 2012 por un total de U$S 2.208 millones. Ese día las reservas cayeron en U$S 1.392 millones convirtiéndose en uno de los vencimientos más importantes del año. Pero los pagos no terminarán aquí. Apelando al Fondo del Desendeudamiento, el 15 de diciembre se deberán abonar U$S 2.419 millones por el cupón de los bonos atados al PBI, informó el 31 de agosto el portal de noticias iProfesional.com.
Si las reservas siguen cayendo, fruto de la acción combinada de fuga de capitales creciente y caída del superávit fiscal, la última caja a la que el Estado le metió mano se empezará a agotar. Y de eso, dependerá cuál será la política en obra pública o el presupuesto asignado a los subsidios a la energía, al sostenimiento de los servicios públicos o a partidas para importar combustibles.

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