El enriquecimiento ilícito, más peligroso para Boudou que el caso Ciccone

La unificación -recientemente decretada por el juez Ariel Lijo- de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, que iniciara el Fiscal Federal Jorge Di Lello con la causa Ciccone, puede producir un nuevo giro en el tema. Sin duda alguna que el caso Ciccone tiene una mayor espectacularidad, entre otras cosas, porque se vincula con la impresión del papel moneda. Sin embargo, en el gobierno crece la preocupación por el otro tema: la investigación sobre enriquecimiento ilícito. La razón es que la primera parte de la investigación que lleva adelante Di Lello sería más que suficiente como para sostener que el vicepresidente no podría justificar el geométrico incremento de su patrimonio en los apenas seis años que lleva ocupando cargos en la administración pública nacional. Coincidentemente, ayer se conoció justamente una denuncia por la presunta falsedad del contenido de la declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la presentación, el vicepresidente habría antedatado la fecha en que compró un automóvil para que apareciera como “bien propio” en vez de “bien ganancial” y así excluirlo de la repartición de bienes de su divorcio. La denuncia, radicada por el secretario general del Partido Socialista Auténtico (PSA), Mario Mazzitelli, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien deberá investigar la presunta omisión maliciosa de datos según el artículo 268 del Código Penal.
Se trataría apenas de una muestra, porque las inconsistencias de las declaraciones juradas del vicepresidente serían mucho más importantes. Di Lello, un fiscal de antigua trayectoria política en el justicialismo, optaría por aplicar un nuevo protocolo aprobado por el Ministerio Público para la investigación de delitos contra la administración pública La resolución de la Procuración General de la Nación 49/2011 contiene este Manual de Investigación Patrimonial, elaborado por la OCDAP (Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública). La elección de este protocolo no sería casual. De este modo, Di Lello demostraría que investiga a Boudou de acuerdo a las reglas aprobadas por quien fuera hasta poco tiempo atrás la máxima palabra jurídica del kirchnerismo, el ex Procurador General Esteban Righi, hoy caído en desgracia.
Mucho más peligroso
Si efectivamente el enriquecimiento ilícito pasa a ser el eje, esto podría tener sus efectos políticos. Para empezar, se trataría de un ejemplo temible para otros integrantes del gobierno. La recordada investigación del patrimonio del matrimonio Kirchner fue clausurada con el apresurado sobreseimiento que dos años atrás dictara el juez federal Norberto Oyarbide, pero las desprolijidades de Boudou serían sin duda superiores. Otro problema es que el proceso de enriquecimiento ilícito de aquél tendría mucho que ver con su paso por la ANSES y ya durante la gestión de Sergio Massa en la conducción de ese organismo.
En síntesis, mientras la causa Ciccone ofrece dificultades probatorias importantes en torno a un solo hecho puntual, el manejo de la ex Ciccone, el enriquecimiento ilícito abre, en cambio, un abanico de temas que podrían comprometer a una serie de figuras del gobierno. De tomar cuerpo estas perspectivas, en el seno del cristinismo aumentaría la furia contra el desprolijo Boudou.