domingo, 26 de junio de 2011

La ley de medios no terminará con la radiotelevisión ilegal.

Si, tal como dijo la Corte Suprema de Justicia, la inflación es un flagelo, la corrupción también lo es. La corrupción instalada en todos los ámbitos del Estado carcome le dignidad de millones de argentinos sumergidos en la pobreza extrema y mata, como mató en Cromañón. Esa misma corrupción es la que permite la radiotelevisión ilegal que no está en el propósito de la nueva Ley de Medios erradicar

En forma genérica que en un país serio no existe ilegalidad en el espectro radioeléctrico que administra el Estado nacional. Las radios legales son legales porque ocupan frecuencias otorgadas por la comunidad internacional (en un antiguo acuerdo en Suiza) que no son propiedad de ningún país si no de la comunidad internacional y en ese país europeo fueron asignadas a cada nación.

Por lo tanto, el Estado, administrado por el gobierno nacional, debe oficiar el poder de policía para que no ocurra usurpación de frecuencias. Solo en un país corrupto y donde la administración del Estado es absolutamente ineficiente puede suceder lo que ocurre en Argentina.

No hay posibilidad alguna que subsistan económicamente hablando semejante cantidad de radios e incluso de televisoras ilegales sino hubiese corrupción. La torta publicitaria argentina es muy escasa y más hoy para la radio como para existan alrededor de entre 5.000 y 6.000 emisoras en todo el país. En EEUU la principal economía del mundo las radios suman poco más de 10.000 estaciones. Por lo tanto, el negocio de la radio sería inviable en nuestro país sino está sostenido con dineros turbios.

El Comfer, o como quieran llamar el lugar que ocupa actualmente Gabriel Mariotto con la hasta ahora trabada ley de Medios, depende directamente de Presidencia de la Nación y los fondos que recauda no van al Tesoro Nacional sino al Poder Ejecutivo. Todo negro, muy negro.

En el Comfer, fuentes confiables, aseguran que está institucionalizada la coima para hacer vista gorda a radiodifusores que operan sin licencias y hasta algunos con PPP.

El espectro radioeléctrico no permite semejante población de frecuencias porque todas las radios están interferidas, más en un país donde todas las antenas son omnidireccionales, no direccionales como por ejemplo en los EEUU.

No hay emisora de radio que no tenga zonas de no recepción por interferencias.

La ilegalidad llegó a tanto que hasta existen radios de AM ilegales sabiendo perfectamente que operar una radio de estas características merece una inversión mayor en tecnología de planta transmisora que para una de FM.

Semejante descalabro es difícil de erradicar porque la prostitución del dial explota. Nadie quiere hacer nada porque esa no es la prioridad de la autoridad de aplicación. Hay muchos intereses creados para que esto subsista. Donde se ponga el dedo salta pus.

No existen tantas licencias de FM existen radios que no pasaron por concurso alguno y que muchos luego de ubicares en una frecuencia en forma ilegal consiguieron el famoso PPP, que los habilita a transmitir. Es como Botnia. Uruguay no pidió permiso pero ya está Botnia ahí, ahora relájate y goza.

Mientras el país siga ocupando uno de los peores lugares en la tabla de posición mundial de la corrupción, las radios seguirán sufriendo este fenómeno que no dista mucho de la feria de La Salada o de tantos ejemplos de violación de las normas vigentes.

Los radiodifusores legales han sido cómplices de este fenómeno porque algunos fueron ciegos en el momento de su aparición; otros tienen la cola sucia como para denunciarlo y otros se han preocupado de conseguir prebendas económicas del Estado y a cambio mantuvieron un silencio cómplice.

La radio argentina vegeta ya no solo por todo esto sino también porque no hay inversión publicitaria importante debido a que el cable y la TV abierta a la mañana ofrecen tarifas muy competitivas y además, Internet está despoblando las radios frecuentadas por los más jóvenes y por los adultos jóvenes.

En conclusión la nueva Ley de Medios no pretende acabar con la corrupción existente en materia de radiotelevisión si no crear un monopolio estatal que unifique el discurso de una realidad cambiada, típica práctica de los Kirchner para perpetuarse en el poder
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