domingo, 10 de julio de 2011

Por las dudas, Cristina ubica 83 amigos en la justicia

Desde que en el 2003 Néstor Kirchner le exigió al Congreso que descabezara la Corte Suprema, la obsesión del gobierno por controlar la justicia fue en aumento, lo que se disimuló apenas por la decisión de los miembros de la actual Corte de no aparecer demasiado vinculados a la Casa Rosada. Pero en los distintos fueros, hubo un avance constante para que todas las vacantes fueran ocupadas por candidatos afines al CELS que lidera Horacio Verbitsky o al grupo de amigos del Procurador General de la Nación, Esteban Righi. El envió al senado de los pliegos de 83 jueces, fiscales y defensores públicos que acaba de realizar CFK, es una vuelta más de tuerca de este proceso. El matutino oficialista Tiempo Argentinorevela los méritos políticos de algunos de los propuestos, aunque la lista de operadores judiciales del gobierno que figuran en los pliegos seria en realidad mucho más larga.
Si bien en la Casa Rosada se niegan hasta a mencionar la posibilidad de una derrota en octubre, la decisión de cubrir rápidamente estas vacantes con amigos, seria también una forma de conseguir mayores reaseguros para el caso de que el proyecto reeleccionista haga agua y que la impunidad se deteriore.
SON FISCALES, JUECES Y DEFENSORES PÚBLICOS QUE DEBEN SER APROBADOS POR LA CÁMARA ALTA
Cristina envió al Senado 83 pliegos para cubrir vacantes en la justicia
Por Martín Piqué / Tiempo Argentino
Las listas fueron giradas esta semana. Entre los propuestos está Alejo Ramos Padilla, un abogado vinculado a los Derechos Humanos. Desde diciembre de 2007 el gobierno nombró a 265 magistrados de primera instancia en todo el país.
Por orden de la presidenta, el gobierno envió al Senado 83 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que, en caso de ser aprobados, pasarán a cubrir cargos que están vacantes en el Poder Judicial a lo largo del país. La mandataria informó de la remisión de los pliegos a través de la red social Twitter. Todos los documentos fueron enviados esta semana. El lunes, la Secretaría Legal y Técnica que encabeza Carlos Zannini giró a la Cámara Alta seis pliegos de jueces y un fiscal; el jueves envió otros 21 -todos de jueces- y ayer hizo lo propio con 55, entre los que había dos defensores y cuatro fiscales. Los nombramientos aportaron algunas sorpresas que, al mismo tiempo, implican un gesto coherente con la política de Derechos Humanos. El joven abogado Alejo Ramos Padilla, patrocinante de Chicha Mariani, fue postulado para el juzgado federal de Dolores.
Anoche, mientras en la mesa de entradas del Senado seguían incorporando pliegos a la base de datos del cuerpo, desde la Casa Rosada dijeron que la decisión oficial es completar “a la brevedad” la gran mayoría de las vacantes que restan en el Poder Judicial. “Cristina es la titular del Ejecutivo que más jueces propuso al Senado desde la creación del Consejo de la Magistratura, en 1998”, subrayó el ministro de Justicia Julio Alak, en diálogo con Tiempo Argentino. “Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta ahora, la presidenta ha designado 265 jueces federales y nacionales para cubrir cargos vacantes en los juzgados de primera instancia, en los tribunales orales y en las cámaras”, agregó.
La operatoria para cubrir las vacantes en el Poder Judicial comenzó hace diez días con el procedimiento habitual. Luego de que el Consejo de la Magistratura elaborara una terna de candidatos para cada cargo disponible, el Ministerio de Justicia revisó cada una de las ternas para verificar que los nombres propuestos cumplieran con las normas. Entonces giró las listas a Presidencia. Allí se eligió el nombre final para cada juzgado acéfalo o que está siendo subrogado temporariamente por otro magistrado. El lunes pasado, Cristina ordenó enviar al Senado los primeros pliegos aprobados.
La decisión del Ejecutivo se produjo en el marco de un presunto “malestar” que, según el diario La Nación, estaría recorriendo el ambiente judicial por la demora en las designaciones, sobre todo en los juzgados federales. Según ese matutino, la Asociación de Magistrados habría expresado su preocupación por los “problemas de funcionamiento” que generan los juzgados acéfalos, cuyas causas deben ser asumidas por jueces de otro tribunal. Ayer, en respuesta a esas versiones, el vocero presidencial Alfredo Scoccimarro confirmó que esta semana la jefa de Estado había enviado pliegos al Senado para cubrir un total de 83 cargos vacantes.
Mientras continuaba el suspenso por los juzgados federales, la atención recayó en las designaciones que se fueron conociendo. A medida que los pliegos eran ingresados a la base de datos del Senado, los nombres de los futuros jueces iban despertando curiosidad e interpretaciones políticas. El caso más comentado fue el de Ramos Padilla, conocido por su intervención en causas de Derechos Humanos. Ramos Padilla fue elegido para el juzgado federal de la ciudad bonaerense de Dolores, que tiene jurisdicción sobre la Costa Atlántica. En los últimos años, Ramos Padilla intervino en causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en la provincia de Buenos Aires por pedido de la procuradora María del Carmen “Pochi” Falbo. Ramos Padilla es además abogado de María Chorobik de Mariani, más conocida como Chicha. Cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariani busca a su nieta Clara Anahí, hija de Diana Esmeralda Teruggi y Daniel Enrique Mariani, ambos asesinados por la dictadura.
Otro de los jueces propuestos por el Ejecutivo es Germán Castelli. Actualmente juez de instrucción en Morón, Castelli procesó por“homicidio agravado por alevosía” al general (RE) Alfredo Arrillaga por torturas y ejecuciones a miembros del MTP que intentaron tomar el cuartel de La Tablada. Castelli le ratificó la prisión preventiva y embargó bienes del militar por 2,5 millones de pesos. A Castelli lo designaron juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín.
Entre los pliegos que ingresaron al Senado figuran, además, el de Guido Sebastián Otranto, actualmente secretario de la Sala I de la Cámara Federal de Capital, y Néstor Guillermo Costabel, quien tuvo a su cargo la causa Cromañón. Otranto fue nombrado para el juzgado federal de Esquel y Costabel para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital Federal. También se elevó el pliego de Javier Augusto De Luca para ocupar la Fiscalía N º 4 ante la polémica Cámara Nacional de Casación Penal. De Luca era secretario letrado durante la Corte menemista y fue enviado a un juzgado correccional por su conducta “garantista”.

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