La consigna del momento: distraer a la opinión pública

La consigna del momento: distraer a la opinión pública

La consigna ordenada por la Casa Rosada es la de distraer todo lo posible a la opinión pública para poder sortear el proceso de deterioro provocado por la corrida hacia el dólar. El aceleramiento con que el público -en parte, el mismo que votó a Cristina el 23 de octubre- quiere cubrirse de la inflación, de una eventual devaluación impulsada por determinados sectores de interés y sobre todo, de la reconocida ausencia de una directriz, una opinión unificada y coherente para enfrentar esta situación que, en cierta medida, corre paralela a lo que ocurre en otras partes del mundo, pero con un contenido propio ínsito a lo que difusamente se denomina “el modelo” y que nadie sabe bien de qué se trata. Ayer, el Banco Central sólo debió vender 70 millones de dólares para evitar una mayor suba de la divisa, que subió varios centavos, tendencia que ya se llevó miles de millones de las reservas del Banco Central, que quiere frenar la corrida con viejas medidas que lo único que hacen es acelerarla.

Lo que ocurre ya generó enfrentamientos internos dentro del gobierno, especialmente en el grupo de siete funcionarios que opinan sobre lo que hay que hacer desde el ámbito económico oficial, tal como en esta hoja se informó oportunamente. Confundida, la presidente de la ex República Argentina mira en derredor sin saber el rumbo exacto que debe seguir, aunque por unos días -pocos- gozará de la satisfacción por lo que considera una buena actuación en oportunidad de la reunión del G20. Pero inexorable, la realidad aflorará con toda su fuerza; el 10 de noviembre debería presentar un nuevo elenco de colaboradores y definir medidas que superen los atisbos de ajustes que son insuficientes para encarar la grave circunstancia en que se ha colocado al país. En ese escenario de contradicciones para un mismo tema, afloran otros problemas, aunque el más agudo es la reacción social con que se recibirá un alza del costo de vida, una reducción de hecho de los salarios y los consecuentes embates de Hugo Moyano y los gremialistas de izquierda, que esperan obtener réditos de este conflicto estructural. Esto último es otra faceta del complejo escenario donde la figura del camionero tiene un espacio propio y una fuerza que, de todos modos, deberá poner el juego.

Desde las últimas horas, el oficialismo catapultó el irresuelto asesinato de María Marta García Belsunce, el descubrimiento de un importante reservorio petrolífero, el derrumbe de un edificio en la Capital Federal -que, de paso, sirve para atacar a Mauricio Macri- y prepara con notable insistencia mediática otros hechos que hacen cola para irrumpir contra un enemigo mortal del kirchnerismo: el mercado. Para colmo, el gobierno parece ignorar que este último siempre se impuso y que tarde o temprano sale victorioso en todos los conflictos y que, como la ley de gravedad, inmediatamente inicia movimientos defensivos cuando se lo desea alterar. Así, y hasta que Cristina opte por un rumbo que cada vez es más urgente, habrá que esperar nuevos sucesos para entretener, inútilmente, a importantes sectores sociales, especialmente los que pertenecen a la clase media, que siempre es el sustento básico de la opinión pública.

Pero mientras tanto, existe otro problema de honda gravedad, que se relaciona con el contrabando de armas, lavado de dinero y la actividad del narcotráfico en el país, que contribuye a entorpecer más todavía las crecientes dificultades por las que atraviesa el oficialismo. A este asunto sí se lo desea ocultar, pero el hecho es que, gracias a un informe firmado por Carlos Forte se conoce que a raíz de la quiebra de un banco ubicado en un “paraíso fiscal”, en el Senado de los Estados Unidos se lanzó una investigación sobre los temas mencionados. Los primeros datos obtenidos llevaban el problema hasta nuestro país y, en su momento, el intercambio informativo entre los dos gobiernos fue fluido y permitió establecer la gravedad de los hechos que poco a poco se descubrían y que ubicaron a la suma de delitos en un monto de 300 millones de dólares. En la Argentina, el tema llegó hasta el fuero Penal Económico, habida cuenta que la misma AFIP elaboró importantes actuaciones administrativas, cuyo conjunto mereció un nombre clave -Sigel-, hasta avanzar hacia la formación de un cuerpo que con ese nombre fue iniciado por el contador Diego Pérez Escobar, de una reconocida trayectoria.

Según la fuente mencionada y otras que pusieron la lupa sobre el peligroso asunto, llegó un momento en que otros funcionarios jerárquicos del organismo fiscal -el subdirector de Control Aduanero, Sr. Silvio Luis Minisini, y el señor “Matute” Fernández resolvieron mantener en reserva el problema, actitud que enfrió drásticamente las relaciones con la DEA, la entidad norteamericana dedicada a todo lo relacionado con la droga, su comercialización y tráfico. Esto habría generado una cierta tensión con el nivel de funcionarios especializados de la embajada de los Estados Unidos que intervenían en la tarea investigativa y entendían que las tareas estaban, inexplicablemente, detenidas. Consideran esos funcionarios que ello sucede pese a la preocupación que existe en niveles administrativos superiores de nuestro país, que están perfectamente al tanto de lo que ocurre. Igualmente, conocen las implicancias políticas que surgirían ante un eventual avance de lo que se descubrió pero, sobre todo, de lo que potencialmente saldría a la luz.

En efecto, las fuentes sostienen que hay importantes nombres en danza que serían conocidos por determinados empresarios locales, que conocen y se preocupan de estos temas, particularmente el entramado del lavado de dinero que en la Argentina adquirió, como sucede con la droga, una progresiva importancia que inevitablemente generará consecuencias muy graves. También habrían intervenido en este asunto los funcionarios Mario César Pintos (Legajo 26-564-1), Gustavo Alejandro Cicogna (Legajo 27.7258) y Carlos Mitzen, que estarían al tanto de ciertas intimidades de la investigación, que está más avanzada en los Estados Unidos respecto de los hechos que corresponden a la Argentina.