Vuelve la subversión económica de la mano del “terrorismo cambiario”
En mayo pasado, se sancionó la reforma de la ley de lavado de dinero, impulsada por el gobierno nacional para evitar las sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización dedicada a coordinar el combate mundial contra el blanqueo de activos.
El GAFI no estuvo conforme con la tipificación del delito de lavado de dinero y decidió entonces mantener a la Argentina en una lista gris hasta tanto no se sancionara legalmente al terrorismo y su financiamiento. Entre las razones de la demora del Congreso gravitaba fundamentalmente la presión de la corporación de los derechos humanos, liderada en este caso por el CELS de Horacio Verbitsky.
Éste públicamente argumenta que el proyecto que acaba de obtener media sanción abre la puerta para la criminalización de la protesta social. Pero en realidad, Verbitsky, el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y otros muchos temen que nuevos tipos penales contra el terrorismo den pie para que en el futuro se revisen, como se hizo con los militares, las acciones de los grupos guerrilleros locales, que podrían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por tanto, también imprescriptibles. En distintos tribunales argentinos y extranjeros ya hay presentaciones en este sentido.
La reincidente
Así fue entonces que el gobierno se pasó meses y meses sin impulsar el tratamiento legislativo de las reformas. Pero finalmente, en la última reunión que el GAFI realizó en París en octubre pasado, CFK asumió un compromiso formal y, mal que le pese a Verbitsky, remitió el proyecto al Congreso. Como un parche incongruente e inédito en el derecho comparado, se agregó un párrafo especifico que excluye la criminalización de la protesta cuando ésta es el resultado del ejercicio de un derecho constitucional. En otras palabras, que se admite legalmente que se puede ejercer un derecho constitucional en forma abusiva y hasta violenta.
Las exigencias del GAFI sobre sus países miembros se acentuaron después de los atentados terroristas masivos de la última década y de ésta y que ni remotamente se vincularon con manifestaciones masivas para derrocar un gobierno o por reclamos sociales. En efecto, nadie osó calificar como acto terrorista a las grandes movilizaciones de la primavera árabe que ya provocaron la caída de los gobiernos de Egipto, Túnez y Yemen y que amenaza a otros más, para empezar al régimen sirio. Es obvio que el interés del GAFI no es otro que cortar las fuentes de financiamiento del terrorismo fundamentalista internacional y de las organizaciones locales como las FARC, el IRA o la ETA.
Sin embargo, apareció una sorpresa. El nuevo artículo 41 quinquies podría abrir una nueva caja de Pandora. La norma dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. El titular de la UFI, José Sbatella, ve, con la aprobación de Olivos, la posibilidad de que la norma sea aplicada a los que fomenten corridas cambiarias o cambiarias. De llegarse a semejante tergiversación de los fines de una ley y por obra y gracia de la paranoia del cristinismo, se podría llegar a invocar penalmente que los que en el mercado apuestan a una devaluación son verdaderos terroristas, ya que intentan destruir el valor de la moneda. Estaríamos, entonces, en presencia de un tipo penal abierto, contrario a nuestro sistema penal y más afín al derecho nacionalsocialista. También se emparenta con la Ley de Subversión Económica, que rigió desde 1974 pero fue usada con mayor intensidad por los funcionarios de la última dictadura militar para penalizar delitos que se habrían cometido en el manejo de empresas y que, después del 2001, algunos jueces utilizaron para procesar a banqueros en causas vinculadas con el corralito financiero.
Cuando durante la presidencia de Duhalde se debatió en el 2002 la derogación de la norma, hubo una férrea oposición de la entonces senadora Fernández de Kirchner, la que utilizó un avión sanitario de Santa Cruz para trasladar a Buenos Aires a un senador correntino y que éste la acompañara en su postura. CFK no pudo evitar entonces la derogación, pero ahora reincide con este intento de volver a la subversión económica a través de la nueva normativa antiterrorista. Obviamente -y pese a la escasa vocación de los jueces para sostener su independencia- no será fácil encontrar magistrados para semejante despropósito.
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