La profesión de abogado y las tasas municipales

Es necesario reparar que los municipios no poseen un poder tributario originario para gravar las profesiones liberales

La reciente ley 14.393, mediante la cual se aprobó el Presupuesto Provincial para el ejercicio 2013, trajo consigo la concreción de un viejo anhelo de los municipios, logrando mediante cambios sustanciales en la Ley Orgánica de las Municipalidades, una habilitación legal amplia para gravar numerosas actividades, entre las cuales se encuentran las de servicios en general.

Al respecto, el art. 94 de la citada normativa, estableció: “Modificase el inciso 17) del art. 226 del dec. ley 6769/58, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inciso 17) Inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos u oficinas, en los que se desarrolle actividades comerciales, industriales, servicios, científicas y toda otra actividad, cuando exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado, situado dentro del ejido del municipio.” 

CONVALIDACION

Por supuesto que para muchos municipios, esto no ha significado una novedad, sino la convalidación de lo que ya tenían previsto en relación a las profesiones liberales en sus ordenamientos locales, que por la resistencia que la pretendida aplicación indiscriminada generó, se encontraban de hecho transitoriamente suspendidas, tal como aconteció en el ámbito del partido de La Plata, donde el Código Tributario Municipal (art. 139, 144, 146), estableció la obligación de tributar a toda persona que preste servicios y/o actividades asimilables.

Ante tal panorama, corresponde preguntarse si el referenciado cambio normativo permite en la actualidad alcanzar la actividad de los abogados en el ejercicio libre de su profesión.

Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia provincial tachó reiteradamente de inconstitucionales diversas Ordenanzas municipales que crearon tasas de habilitación y seguridad e higiene en relación a los abogados (conf. causa I-2164, del 23/04/03, “Gonnet” y sus citas), hoy la cuestión jurídica que se presenta -a nuestro criterio-, es marcadamente diferente, porque en aquel entonces el tributo fue creado por iniciativa propia y arrogándose indebidamente una atribución legal y constitucional privativa del gobierno provincial. En cambio, ahora fue el propio legislador provincial, quien habilitó a los municipios a proceder en tal sentido.

Sin descartar las razones esgrimidas por el superior tribunal, somos de la idea que manteniendo la misma línea argumental de base, puede reforzarse la tacha de invalidez. Compartimos la idea sobre que la reglamentación del ejercicio de la profesión de abogado, es materia reservada en forma exclusiva a la Legislatura Provincial, con exclusión de la intervención del poder comunal (arts. 41 y 42, CPBA), de allí que la Ordenanza que pretenda que un profesional abone tasas para la habilitación de su estudio jurídico y, posteriormente, las de Inspección de tales locales, lesiona la Constitución provincial.

NORMA SUPERIOR

De igual modo, que el ejercicio de una profesión reglada por ley, abarca todos los aspectos inherentes al ejercicio profesional, de modo que la intervención del poder comunal, produce un quebrantamiento de una norma superior de derecho público.

Sin embargo, también es necesario reparar que los municipios no poseen un poder tributario originario para gravar las profesiones liberales, porque el alcance de su autonomía lo determina cada Provincia (Fallos 325:1249), y la mencionada atribución no está dentro de las materias inherentes al régimen municipal. Tampoco un poder de imposición derivado, pues el legislador provincial de ningún modo puede descargar dicha competencia, que una norma de mayor jerarquía le otorgó de modo privativo (arts. 3 y 45, CPBA).

Si la Corte se sujeta a derecho, no tiene modo de aceptar el "per saltum"

La misma ley que crea el recurso se lo impide. Tampoco podría resolver el próximo lunes o martes, como indican algunos medios. Solo es procedente contra sentencias de primera instancia.-

El gobierno generó una gran confusión una vez más en los ciudadanos y en los medios, con la presentación desesperada del "Recurso Extraordinario de Salto de Instancia", tal como llama la ley al periodístico "per saltum". Desesperado por usar las herramientas que se dió a sí mismo pero que son inútiles de inutilidad absoluta, el gobierno asesorado tal vez por satanás, presentó un remedio procesal improcedente, y si la Corte Suprema de Justicia, está a derecho mínimamente, debe rechazarlo de plano.Como primera medida, la mayoría de los medios está difundiendo que la Corte resolvería entre lunes y martes. Si lo hiciese violaría la misma ley de per saltum. El artículo que el kirchnerismo incorporó al Código Procesal como 257 ter párrafo 3° expresa claramente "Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco días". ¿Que implica esto?. Que recibida la petición de hacer lugar a un per saltum, la Corte debe notificar a la otra parte del expediente. Y esa otra parte tiene 5 días para presentar su descargo, es decir, su argumento de porque no debe hacerse lugar al per saltum.El mismo artículo, pero ya en el párrafo 4° dice: "Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la procedencia del recurso". Esto significa, en el caso particular, que cuando Clarín responda, y todo indica que lo hará dentro del quinto día, recién en ese momento la Corte podrá decir si acepta o no el per saltum. No que decide sobre la cuestión, sino únicamente si acepta el recurso.Como el recurso fue presentado hoy, aún suponiendo que hoy mismo Clarín fue notificado, tiene 5 días para presentar su descargo, que son días hábiles, porque para que sean corridos la ley debe decirlo específicamente, y esta norma no lo indica, así que por principio general, se entienden días hábiles. Es decir que si Clarín tiene un mínimo de picardía en su estrategia procedimental tiene hasta el próximo viernes 14 de diciembre para presentar el descargo. Es más, en las causas judiciales, y esta no es la excepción, rige el principio de que los términos vencen las dos primeras horas hábiles judiciales del día posterior, es decir que en realidad Clarín puede presentar dicha respuesta, el lunes 17 antes de las 9:30 de la mañana.Por ende, a menos que Clarín cometa una estupidez procesal y salga corriendo a contestar el traslado, la Corte no estaría en condiciones legales de aceptar o rechazar nada, antes del lunes 17 de diciembre, en diez días.¿Porque el recurso es improcedente?Pasados todos los plazos anteriormente indicados, la Corte Suprema deberá evaluar la adminisibilidad del recurso. El artículo 257 bis incorporado por la ley que crea el per saltum, lo llama "Recurso extraordinario de salto de instancia". Y explica en el párrafo cuarto que "solo serán susceptibles de recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos". ¿Que es salto de instancia?. Eludir a la Cámara del fuero de que se trata. Ante una sentencia de un juez de primera instancia, se "salta" directamente a la Corte.Bien, aquí no existe ninguna instancia para "saltar", porque la resolución recurrida, es un fallo de la Cámara, es decir, la instancia intermedia. El artículo transcripto dice claramente que procede contra sentencias de jueces de primera instancia, y esta resolución sobre la ley de medios la emitió una Cámara, es decir, una segunda instancia.Si el Alto Tribunal pretende ceñirse mínimamente a la ley, no puede aceptar nunca este recurso. Algunos especialistas dicen que podría interpretarse como un "salto" de procedimientos o de requisitos, pero la realidad es que la ley dice claramente "salto de INSTANCIA", no cualquier "salto".El párrafo 3° del mencionado artículo 257 bis, dice con claridad, como deberá interpretar la Corte las cuestiones referentes a la validez de un per saltum. Explica: "La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad". Es recir, debe interpretar restrictivamente la procedencia, no le otorga un criterio amplio permitiéndole aceptar cualquier cosa mas o menos parecida a lo que describe la ley, sino que debe ser exactamente eso que la la norma prescribe. Y lo que prescribe es que es un salto de instancia, de la primera, a la Corte. No desde la Cámara.Por ende, si pretende mantener la vigencia del derecho y no se transforma en un total mamarracho, la Corte Suprema deberá rechazar el per saltum interpuesto ridículamente por el gobierno, no existiendo vericueto jurídico por el cual se pueda permitir no hacerlo, dentro del marco de la ley. De lo contrario, aceptaría un per saltum, violando la propia ley de per saltum. No sería de extrañar, que el Supremo Tribunal dictase una escueta resolución que dijese: "ocurra por la vía que corresponde", es decir, con otro tipo de recurso como el extraordinario tradicional.Y aparte de ello, el gobierno deberá esperar, que se de el traslado, que pasen los 5 días, y las dos primeras horas del siguiente. Paciencia muchachos, son los tiempos de la Justicia.

Respuesta de un jubilado a las palabras de Cristina

"DE UN BUITRE A LA HIJA DE LA

 CARANCHA"

Sra. Caranchita: quien le contesta a sus groseras ofensas a millones de jubilados argentinos llamándolos buitres y caranchos es uno de los buitres y caranchos que anidamos desde hace 40 días en la Carpa de la Dignidad en Plaza Lavalle, reclamando a la Justicia la devolución de lo que su Gobierno nos roba.

Quiero informarle que a esos que Ud. llama buitres son personas que trabajaron toda su vida brindando con su esfuerzo y sacrificio grandeza a nuestra Patria.

Hay buitres y caranchos como nosotros, los que trabajamos y buitres y caranchos como Ud. y todos los que ayer la acompañaban, festejando sus disparatadas apreciaciones hacia jubilados y pensionados, a los cuales se los puede calificar de carroñeros VIP ya que pueden delinquir sin condenas, apretar magistrados, recusar a jueces inconvenientes para sus ruines designios y hasta enriquecerse escandalosamente en tiempo record, sin que esto sea investigado cuando en la Argentina cada día hay más pobreza.

Por supuesto, después de sus ofensas no nos queda otra, que expresarle que en la Argentina suya son de un ciudadano para gozar de un derecho constitucional debe iniciar un juicio, demuestra a la claras, su falta de respeto a los derechos constitucionales de los argentinos.

Si estos Jubilados a los cuales Ud. califico brutalmente, hacen juicio es porque Ud. y sus cómplices les roban lo que la Constitución les garantiza. También me gustaría recordarle, que todo lo que explico sobre cómo se manejan los fondos buitres, lo hace por su experiencia junto a su marido en Santa Cruz donde, circular 1050 mediante muchos pobres perdieron todo lo que tenían por el accionar de los Buitres.

Permítame agregarle, que más allá de su mensaje “patriotero” lleno de injurias para lo que hicimos la Patria trabajando Ud. obvió y condolerse por los muertos que ocasionaron la corrupción de sus ministros en el crimen de Once, donde 52 Argentinos perdieron la vida, sin embargo, la vimos casi lagrimear cuando habló sobre la nueva muerte de un Español que iban a desalojar de su vivienda, olvidándose de los miles de argentinos que mueren por la inseguridad y por la cual millones de argentinos marcharon el 8 N y a pesar de ese reclamo Ud. al otro día consideró que los hechos más importantes fueron el triunfo de Obama y el Congreso del partido comunista en China.

Y para terminar le sugiero que sincere su genealogía porque si nosotros somos buitres y caranchos, Usted tiene como madre una carancha VIP que logró en menos de 2 años que le actualizaran el haber y le pagaran el retroactivo; para que eso ocurra a nosotros los pobres Jubilados nos lleva de 12 a 20 años y muchos mueren sin poder cobrar y así que de carancha madre=caranchita hija. Por algo será que con una pensión graciable Ud. cobró en el año 2011 $420.000 por la muerte de su esposo ¿sabe en cuantos años un jubilados cobra ese dinero? En 18 años y ese dinero sale de la Anses.

Caranchos más Caranchos menos, ¿quiénes son por sus actitudes los caranchos y buitres?

Rubén GioanniniPresidente Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Rep. Arg.

7 D vale todo: el gobierno investigaría la vida privada de los jueces de la Corte

Algunos aspectos de la reciente resolución de la Corte Suprema sobre el caso Clarín sorprendieron en la Casa Rosada. Sobre todo, la exigencia de que el juez Horacio Alfonso dicte sentencia en un plazo perentorio, sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales.

La Corte indicó prácticamente que se trabaje a sol y sombra, hasta días feriados, para que se dicte el fallo en cuestión y terminar con la actual denegación de justicia.

Luego de devastar la Cámara Civil y Comercial Federal, el gobierno se acomodó a la idea de que no hubiera ningún fallo antes del 7D y de este modo poder actuar de oficio a partir del 10D. Esto es, notificar al Grupo Clarín de su incumplimiento a la obligación de adecuarse al artículo 16, convocando a renglón seguido a la licitación de varias de las licencias supuestamente en infracción. No se sabe si habrá o no intervención de empresas, pero al menos hasta ayer la balanza se inclinaba a favor de abandonar las medidas espectaculares y que causarían mayor irritación, como intentar que un juez avale un allanamiento a Cablevisión con la Gendarmería, episodio que, por otra parte, ya ocurrió en el pasado.

Sin límites

Lo que gustó al oficialismo es el otro pronunciamiento de la Corte considerando inadmisible que se extienda la medida cautelar que vence el 7D y que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161. En tanto no se dicte antes el fallo sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial tiene la última palabra sobre la cautelar y sobre las recusaciones a varios jueces de la misma. Esta sala se integró ahora con dos camaristas del fuero contencioso administrativo Marcelo Duffy y Jorge Moran, de los que probablemente se diga que integran la nómina de magistrados en los que influye el auditor general Javier Fernández. Pero la realidad es que estos dos jueces no tienen ningún contacto con quien hoy es el operador judicial principal del cristinismo. Fernández se las arregló recientemente para mantener la nominación para juez federal de Luis Rodríguez, soportando los ataques de Horacio Verbitsky. Siguiendo con el curso probable de los hechos, apenas Martín Sabbatella notifique al grupo Clarín de que comienza la transferencia de oficio de muchas de sus licencias, aquél interpondría un recurso de amparo planteando que al finalizar la cautelar recién comienza a correr el plazo de un año para la desinversión. Ésta es la solución jurídicamente correcta y que surge del mismo fallo de la Corte que le puso fecha de vencimiento a la cautelar el 7D.

Anteayer, seis de los siete jueces de la Cámara Federal Civil y Comercial difundieron que iban a “poner en conocimiento” de la Comisión de Independencia Judicial, que funciona en la Corte Suprema, las presiones a que los somete el gobierno nacional con sucesivas recusaciones y causas penales. Pero la realidad es que habría presiones aún más graves que las que ya tomaron estado público. Ciertas operaciones clandestinas de inteligencia habrían avanzado sobre la vida privada de varios miembros de la Corte. El objetivo de las mismas, obviamente, sería condicionar el desempeño de los ministros y muy particularmente en el caso Clarín. En medios de inteligencia se conocieron ayer algunos detalles de estas incalificables investigaciones. Por ejemplo, habría informes sobre un supuesto hijo natural de un ministro del tribunal supremo y también sobre las relaciones de otro con una mujer que es alta funcionaria de la Corte. En su guerra contra Clarín, el oficialismo tendría aún menos escrúpulos que en el resto de sus operaciones. Para la presidente, se trataría sencillamente de la victoria o el comienzo del fin.

Fibertel: un fallo que favorece al gobierno

Dos clientes de la empresa intentaron sin éxito que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que declaró la caducidad de la licencia para la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones, entre ellos el servicio de transmisión de datos oportunamente otorgada a la empresa Fibertel SA.

Rechazaron un amparo iniciado por dos particulares por la caducidad de Fibertel.

Lo resolvió la jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Se trata de una presentación de dos clientes de la empresa. El Estado Nacional planteó la falta de legitimación activa.

Fallo completo 85.75 Kb.

(CIJ).-La jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, rechazó este viernes una acción de amparo iniciada por dos particulares en donde habían solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que declaró la caducidad de la licencia para la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones, entre ellos el servicio de transmisión de datos oportunamente otorgada a la empresa Fibertel SA.

La magistrada hizo lugar a la falta de legitimación activa que en el caso había planteado el Estado Nacional.

En su presentación, los particulares –en su calidad de clientes de Fibertel SA y usuarios del servicio de Internet que presta dicha empresa- habían planteado que, entre otras cosas, dicha resolución lesiona su libertad de comercio “al restringirles y casi eliminarles su libertad de elección respecto de quien consideren adecuado para la provisión del servicio de acceso a Internet”.

En la resolución, la jueza señaló que quien se encuentra legitimado para impugnar el acto administrativo -resolución 100/10- dictado por la Secretaría de Comunicaciones es sólo el titular de la licencia respecto de quien se ha declarado su caducidad, en este caso Fibertel SA o en su defecto Cablevisión SA, quien absorbió a la primera.

En ese marco, dijo que “los amparistas no se encuentran legitimados para promover la presente acción de amparo por no haber acreditado la presencia de un interés jurídico inmediato o directo que dé lugar a una controversia actual y concreta”.

Por otro lado, la magistrada resaltó la existencia de una orden judicial dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 3, confirmada por la Sala III de la Cámara de ese fuero, que como medida cautelar dispuso que el Estado Nacional se abstenga de afectar o limitar de cualquier forma la efectiva prestación del servicio de acceso a Internet que ofrece Fibertel (Cablevisión) y además, amplió sus efectos de modo tal que el Estado Nacional se abstenga de ejecutar la resolución 100/10, garantizando la posibilidad de que nuevos usuarios contraten los servicios de acceso a Internet que ofrece Cablevisión (Fibertel).

“Es decir, que desde la entrada en vigencia de la Resolución 100/10 dictada por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación atacada por los aquí amparistas, no se ha podido ejecutar la caducidad de la licencia de Cablevisión (Fibertel) por una orden judicial, tornándose abstracto también en consecuencia el perjuicio invocado por los actores en las presentes”, añadió.

SOMOS NOSOTROS !!!

By http://www.relatodelpresente.com/2012/11/somos-nosotros.html

Para no dar muchas vueltas, limitaré mi experiencia personal a decir que anoche participé con mis amigos de la convocatoria más masiva de la última década. Tan masiva resultó que ni Página/12, ni Tiempo Argentino, pudieron mirar para otro lado. Lamentablemente para ellos, los únicos incidentes que se registraron fueron tan, pero tan aislados, que hasta los propios manifestantes frenaron a los escasos violentos. 

Curiosamente, los que se dedican a interpretar mensajes siguen en una nebulosa gaseosa tremebunda y esto pudo notarse desde la previa. Grosos columnistas de importantes diarios nos contaron de la revolución de unas redes sociales que desconocen y lúmpenes disfrazados de periodistas oficialistas presentaron una investigación trucha para asegurar que tras la organización estaba Magnetto, Duhalde, la Sociedad Rural Argentina, el Partido Liberal Libertario, la Sociedad de Fomento de Villa del Parque, el Centro de Jubilados Golpistas de Boedo y la Fundación para la Investigación de Conspiraciones Destituyentes de Saturno. A estos se sumaron algún que otro político que se peinó para una foto a la cual no estaba invitado -Mauri, antes de apoyar una marcha, preferiríamos que dejes de negociar todas las leyes del kirchnerismo, genio- más D´Elía que trató a la gente de tilingos golpistas,  Aníbal Fernández, que acusó al manifestante de ser una facción derechosa paga; la xenófoba y antisemita Hebe de Bonafini, que pidió que no nos presentemos en un lugar en el que está el neonazi de Biondini; y la siempre pujante lágrima de Cristina afirmando que seguirá hacia adelante, a pesar de las contras.

Lo cierto es que nadie pudo explicar en qué momento se inició esa concatenación de hechos que derivó en esto. Y tiene lógica si pensamos que en 2001 hubo una clase política que temió lo peor para su estilo de vida cuando la gente, con los gobelinos al plato, salió a pedir que se vayan todos, que no quede ni uno sólo. Asambleas barriales, cacerolazos, protestas, escraches a todos los políticos que se cruzaban y cinco presidentes en una semana, saltando por los aires ante la bronca de la gente. Los políticos seguían tan desconectados del mundo que no entendían la bronca popular y llegaban a convocar a funciones a tipos como Carlos Grosso y Matilde Menéndez. Por suerte para ellos, Duhalde les salvó el pellejo a toda esa clase política. Poco tiempo después, nadie se fue, todos se quedaron. El toque final y salvador lo aplicó Néstor Kirchner, al crear una maquinaria tan grande que todos se sentían a sus anchas mientras afirmaban ser la nueva política, aunque este verso saliera de bocas de personajes como Lubertino, Conti, Abal Medina, Béliz, Aníbal Fernández, Deborah Georgi, el Coqui Capitanich y Ginés González. Todos funcionarios de alguno de los gobiernos que transcurrieron entre 1989 y 2001. Todos comandados por un matrimonio tan menemista como los Fassi Lavalle. 

Estos paladines de la nueva política, trazaron un programa de gobierno consistente en chorearse lo que esté a mano, improvisar con la gestión gubernamental, meter parches a donde haga falta y, si estos no alcanzan para tapar todos los agujeros, reventar de épica alguno que otro discurso para que las víctimas de sus políticas gubernamentales se conviertan en victimarios desagradecidos que sólo quieren lo peor para el país. Mientras todo esto pasó, la oposición se dividió entre los que apoyan todas y cada una de las medidas del gobierno sin emitir ni un sonido gutural, y los que no les votan todas las leyes, sino las más controvertidas e importantes, mientras critican al gobierno nacional. 

Ante este panorama, no hay forma de preguntarse cómo la oposición no se dio cuenta de que la gente llegaría a hartarse, si nos prometieron ir a la guerra por la defensa de nuestros intereses y no fueron capaces de tirar ni un Chasquibúm por temor a que Cristina los rete por cadena nacional. Estos mismos dirigentes hoy sostienen que la gente marchó sólo contra el gobierno, y es cierto. Pero eso no les da crédito ni para emitir una sola opinión. Por ahí, muchos de los asistentes no lo sintieron así, pero que personas que never in the puta life participaron de una sola manifestación, se novilicen en defensa de sus intereses, es el síntoma final de una oposición carente de huevos para plantarse y decir no. La bronca es así, dispara al que le está haciendo daño. Y la oposición, en este caso, es el tipo que ve cómo te están reventando a trompadas entre veinte y espera a que termines de defenderte para acercarse, sólo para decirte que si estuvieras con él, no te pasarían ese tipo de cosas.

Gracias, Irene! (No, Irene no es la de la foto)

Anoche, tras la movilización nacional, Victoria Donda sostuvo que la gente reclamó por una alternativa política. Todos los demás coincidieron, palabrás más, palabras menos, en idéntico sentido. No entendieron nada y siguen haciéndole el jueguito a un oficialismo que sostiene la teoría de que no hay que reclamar, sino ganar elecciones, como si el hecho de sacar una mayoría electoral fuera una licencia para robar, y no un mandato popular en el marco de una república, donde existen tres poderes que deben controlarse entre ellos. 

Este resumen de la oposición no es un dato menor, dado que el kirchnerismo, con todas las actitudes agresivas que ha adoptado en los últimos meses frente al reclamo, sí entendió el mensaje. No es que no cazaron una y por eso siguen como si nada. Lo entendieron a la perfección, solo que reaccionan del único modo que saben, o sea, con agresión y auto victimización. Y también tiene su lógica, dado que ante el descreimiento en la política y el creciente número de manifestantes, no les queda otra que recordar que así llegaron ellos al poder: de pedo y con quilombo. Por eso desvían la atención y piden que en vez de quejarnos, ganemos elecciones. ¿Qué elección hay que ganar, si nadie votó para que hagan lo que hacen? Esto va más allá de quienes los votaron porque están a favor de la Asignación no Universal por Hijo, o de la política de subsidios eterna, o el verso que hayan creído por cierto. ¿O acaso alguno de los del mentado 54% votó para que mueran cincuenta y una personas en un choque de trenes, absolutamente previsible si el Estado cumpliera con su rol? ¿Alguno votó para que, ante ese hecho, Cristina se ponga a llorar y en vez de llevar consuelo a las víctimas, grite que ahora van por todo? ¿Alguno depositó su voto en la urna para que, al tercer día consecutivo de calor, salte la térmica de toda el área metropolitana de Buenos Aires?

Entre tanto, Cristina afirma que ella labura para los cuarenta millones de argentinos, mientras que sus subordinados sólo emiten comentarios que dan a entender que -en honor al 54% de los que votaron- pueden pasar por arriba del otro 46% que participó de la elección. O, si sumamos al total de la población, que uno de cada tres argentinos puede hacer lo que quiera con los otros dos restantes. Así es como, en nombre del 54%, hacen lo que se les canta y dan por sentado que ese número es mágico e intangible, cuando desde la última elección han pasado demasiadas cosas. Si restamos el inmenso porcentaje de los votos aportados por los sindicatos hoy enfrentados al gobierno; los de las personas que desde que dejaron de recibir subsidios se dieron cuenta que no estaban mejor económicamente, sino que vivían de la dádiva del Estado; los que dejaron de llegar a fin de mes producto de una paritaria inferior al índice inflacionario oficial; los que vieron cómo el triste aumento salarial fue saqueado por el impuesto a las ganancias; los miembros de todas las fuerzas de seguridad que pasaron de ser los pobres tipos que morían con un sueldo de 2.600 pesos, a ser los nuevos golpistas; los parientes de los muertos en delitos desde octubre pasado; y los que viajan por laburo y son tratados como turistas ricachones al recibir sólo 100 dólares por quince días en el extranjero, uno tiene la sensación de que, de aquel 54%, sólo quedan los tres mil monitos que se juntaron en Parque Lezama para recordar al Nestornauta al lado de Boudou. 

Al resto del país, no nos importó nada. No nos preocupó el calor agobiante, no nos importó la Pando, no nos importó Biondini, no nos importó Macri, no nos importó Altamira, no nos importó que nos tiraran falsos correos electrónicos alertándonos de posibles disturbios, no nos importó que nos llamen gorilas, golpistas, destituyentes, oligarcas, cipayos, vendepatrias, derechosos, fachos, corporativistas, anti democráticos, egoístas, ricachones, clase mierda, inconformistas, blanquitos, bienvestidos, señoras de Recoleta, clarinistas y procesistas. Porque cuando la gente se harta, no le importa nada y hasta es capaz de salir de la oficina, después de laburar nueve horas, para ir con ropa de laburo, en subte, con 38 grados de térmica, a pisar el asfalto en el punto más caluroso de la ciudad de Buenos Aires, sólo para decirle al gobierno que ya no se puede joder tan barato en nombre de los pobres. Pobres que, dicho sea de paso, el gobierno quiere tanto, pero tanto, que hace nueve años que los mantiene así: pobres.

Nosotros somos los corporativistas vendepatria, ellos son los que entregan los únicos recursos no renovables que tiene el país a corporaciones extranjeras. Nosotros somos los destituyentes, ellos son los que quisieron hacerle un juicio político a Scioli a tres meses de volver a ganar la gobernación. Nosotros somos los oligarcas, ellos son los únicos con derecho a forrarse en guita. Nosotros somos los  fachos, ellos son los que corren a los tiros a los que se atreven a meterse con las mineras. Nosotros somos los anti patria, ellos son los que reprimen a los veteranos de guerra. Nosotros somos la clase mierda, ellos son los resentidos que se olvidaron de dónde vienen. Nosotros somos los tilingos, ellos son los que se mean sólo porque están frente a la Presidente. Nosotros somos los egoístas que queremos ahorrar mientras hay pobres, ellos son los que la levantan con pala mecánica sin poder justificar ni un centavo. Nosotros somos las señoras de recoleta, ellos son los chetos de Puerto Madero. Nosotros somos la clase empresaria que no piensa en Argentina, ellos son los que votan a hoteleros. Nosotros somos los que no cuidamos al país, ellos son los que dilapidan la guita de los jubilados manteniendo empresas quebradas y administradas por tipos que cobran tres sueldos. Nosotros somos los golpistas, ellos son los que se cagan en el concepto de república. Nosotros somos los que nos quejamos de llenos, ellos son los que nunca están satisfechos con la que hicieron.

Somos todo lo que digan, pero anoche les reventamos la calle en todo el país y hasta le plantamos treinta mil personas a Cristina en la quinta de Olivos. Sin plata, después del laburo, con calor, sin micros, y siendo víctimas de todos los agravios habidos y por haber, les reventamos la calle.

Y eso les duele. 

Y mucho.

Viernes. Digan lo que digan, la de anoche fue una gran noche. Y fue nuestra noche.

Dedicado a Luis, Sandra, Andrés, la familia de Moni, Pato, las dos Gabrielas, Mariano, Julieta, Oscar, Cristian, Nany, Euge, Sole, Martín, Miriam, Matías, Marcelo, Normita, Pablo, Vicky y Fabio. Lindo grupete.

El gobierno temería que el 8 D se desate el poscristinismo

Un fracaso en la ofensiva contra Clarín podría precipitar las cosas.

La presidente corre el riesgo de quedar atrapada en la trampa que ella mismo fabricó. Impresionado por la magnitud de la movilización opositora del 13-S, el gobierno reaccionó inmediatamente lanzando la operación del 7 D. Habría calculado que iniciando el desmantelamiento del Grupo Clarín haría una enorme demostración de poder que le permitiría salir de su mala racha y hasta repuntar en las encuestas, que le son esquivas desde hace más de 6 meses. Pero CFK, pese a ser una exitosa abogada, cometió un gravísimo error al plantear su estrategia: le puso fecha a una cuestión sometida a las marchas y contramarchas judiciales, con plazos imposibles de precisar. La ingenuidad del cristinismo al pensar que se aseguraría fácilmente la complacencia judicial para que Martín Sabbatella aplicara de oficio el artículo 161 de la ley de medios, se está convirtiendo en una angustiosa carrera contra el calendario. En esta maratón por controlar el juzgado Civil y Comercial N° 1, las salas de este fuero y asegurarse así un fallo que obligue al Grupo Clarín a desprenderse de licencias, el gobierno recusó a varios magistrados; forzó la renuncia del juez Raúl Tettamanti y de los camaristas Martín Farrell y Santiago Kiernan; denunció penalmente a los camaristas Ricardo Recondo y De las Carreras, e impulsa la sanción de una ley para llevar rápidamente el caso a la Corte por vía del per saltum. Clarín ya solicitó la ampliación de la cautelar que vence el 7 D y podría conseguir que la Cámara le dé la razón. Y si esto no ocurriera, podría intentar llegar a la Corte invocando el per saltum, que el kirchnerismo está a punto de convertir en ley para asegurarse una instancia más si la Cámara se pronuncia en su contra. Como es sabido, la Corte no tiene plazos para expedirse y hasta podría rechazar un pedido de per saltum por la causa Clarín.

Con este panorama, el 7D se insinúa como la continuación de una larga guerra de trincheras y de ningún modo la batalla decisiva que sobrevendió el gobierno. Los efectos políticos de que el 7 D se desinflen las expectativas pueden no ser menores. En privado, muchos gobernadores e intendentes del PJ están cada vez más inquietos. Con la economía estancada y la inflación en alza, las banderas de la reelección de Cristina, La Cámpora y el cepo cambiario no parecen ser las mejores para recaudar votos. No por nada Daniel Scioli y Sergio Massa se fotografiaron juntos por primera vez en mucho tiempo. Subyacería entonces la idea de que, para evitar una pérdida importante de votos, el FpV debe girar hacia un discurso más moderado y que sería también conveniente que la presidente no sea la protagonista central de la campaña electoral y que las listas sean encabezadas por candidatos que no provoquen el rechazo de la clase media, irritada con el gobierno. En otras palabras, que el peronismo debería empezar a transitar su etapa poscristinita. Un fracaso oficial el 7 D podría entonces dinamizar este proceso. Un símbolo de la parquedad en política, como es Carlos Reutemann, salió de su mutismo para expresar que Scioli está en carrera y que se descarta la reelección. Horas antes, 28 senadores nacionales de la oposición se habían pronunciado contra esta última. Para el cristinismo es de fundamental importancia ganar tiempo, es decir, plantear que recién después de las elecciones del año que viene se definirá si la reforma constitucional y la reelección son o no viables. Pero un fracaso del 7 D podría tener la suficiente fuerza como para herir gravemente el proyecto continuista precipitando tal vez señales de indisciplina en las filas del PJ. En este marco, juega también el duro golpe que el kirchnerismo acaba de darle al socialismo con el caso Tognoli, que fue investigado reservadamente por una fuerza federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin informar a las autoridades santafesinas. Andrés Larroque, con su exabrupto al denunciar el” narcosocialismo”, sobreactuó pero a la vez fue coherente con el que sería el objetivo de la Casa Rosada. Esto es, producir una crisis en el FAP que permitiría que algunos críticos de Binner y Antonio Bonfatti vuelvan al kirchnerismo. Y, de este modo, mejorar el posicionamiento del FpV santafesino para ganar las elecciones del 2013. No es casual entonces que dirigentes del PJ santafesino hallan mencionado un posible pedido de intervención federal de la provincia.

Macri por el equilibrio

El riesgo para el gobierno de que el 8 D se acelere la marcha hacia el poscristinismo tiene también otras aristas. A Mauricio Macri, por ejemplo, no le convendría en modo alguno que Scioli, José Manuel de la Sota y los propios gobernadores oficialistas consigan imponerle condiciones a la presidente. Si esto ocurriera, el gobernador bonaerense empezaría a lucir como el candidato natural del peronismo para el 2015 y el jefe del PRO podría perder espacio, ya que muchos de los dirigentes peronistas que hoy lo siguen cambiarían de rumbo hacia La Plata. Anteayer Mauricio Macri participó en Lanús de un acto político por primera vez este año y prefirió no atacar a Cristina Kirchner, luego del acuerdo con el kirchnerismo para sancionar varias leyes en la legislatura porteña. Tres meses atrás, cuando tuvo lugar la crisis entre Scioli y CFK por el pago del aguinaldo en Buenos Aires, aquél terminó bajando el perfil, dando la impresión de que cedía terreno. Esto produjo una importante aproximación de dirigentes peronistas hacia Macri. Ahora Scioli, desde su bajo perfil, parecería transmitirle a la dirigencia que él estaría en capacidad de torcerle el brazo a Cristina sin romper relaciones con ella. Una operación que, obviamente, presenta múltiples dificultades.

Será injusticia

El Dr. Oyarbide ha ordenado la detención de dos personas en la causa que desde hace un par de años lleva por la malversación de fondos públicos de la empresa Meldorek a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el programa Sueños Compartidos.

Los cientos de millones de pesos que salieron del erario público supuestamente para la construcción de casas populares y que no llegaron a destino desviándose de su itinerario yendo a parar a bolsillos ajenos, siguen sin aparecer; tampoco se develó la pista que permita “comprobar” lo que todos sabemos menos el instructor y el fiscal de la causa, o sea la responsabilidad compartida por Hebe de Calcuta y sus socios los hermanitos Sergio y Pablo Picapiedras.

Es que el largo tiempo transcurrido desde el momento de la radicación de la denuncia hasta que Su Señoría resolviera el allanamiento de la Sede de la fundación, permitió con toda comodidad la desaparición de pruebas incriminatorias.

Y el cloroformo sigue siendo el combustible que impulsa esta causa.

Así llegamos al día de hoy en que nos enteramos de dos hechos muy importantes. El primero es el informe de que la mega pericia ordenada por Su Señoría para analizar los movimientos financieros de todas las obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos todavía no comenzó por “problemas operativos”. Tal vez en un par de años más los tales “problemas operativos” se subsanen y tengamos por fin una idea clara de qué es lo que pasó con los dineros públicos y a qué bolsillos fueron a parar.

También es probable que ya sea demasiado tarde e inútil.

La otra noticia es la citada prisión dictada sobre una contadora y un imprentero sospechado de falsificar facturas mediante las cuales se habría canalizado el supuesto faltante de dinero de la Misión Sueños Compartidos.

Es decir que no hay dudas que se usaron facturas truchas, en consecuencia no hay dudas de que hay faltantes, por lo tanto no hay dudas de que, en reiteradas oportunidades, un funcionario del gobierno giró el dinero y no controló su destino, tampoco hay dudas de que, en las mismas reiteradas oportunidades, alguien de la Fundación lo recibió y, mutatis mutandis, lo llevó de paseo por el camino negro… entonces el Juez rápido como el rayo, centella judicial, en el breve plazo de poco más de dos años resuelve poner presos… al imprentero y a la contadora.

Si este vergonzoso vodevil formara parte de un sketch de Benny Hill sería una sana motivación para desternillarnos de risa, pero lamentablemente es de la Justicia de la ex República Argentina de quien estamos hablando.

La peligrosa exageración en la aplicación de la teoría del partícipe necesario llega al absurdo.

Presos la contadora y el imprentero. Y seguramente el año próximo ponga preso a quien le vendió el papel al imprentero para que imprima las facturas truchas y así para atrás hasta llegar a quien hubiera plantado el árbol del cual se sacó la pulpa para fabricar el papel que se usó en la confección de las facturas.

El añorado doctor don Carlos Fontán Balestra en lejanas e inolvidables clases de Derecho Penal explicaba el peligro de este tipo de decisiones con un gracioso ejemplo según el cual en un delito de adulterio, aplicando erróneamente esta teoría, podría llegar a condenarse al carpintero que haya fabricado la cama donde se hubiera consumado el delito… dejando libres a los clandestinos amantes.

Es nuestra Justicia, tengamos piedad.

Sobre la #leydemedios, larga explicación para periodistas

Hace unos días envié al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) –al que orgullosamente pertenezco- el texto que sigue a continuación. Se trata de una explicación extensa (escrita a última hora, después de un cierre trabajoso) y poco estructurada acerca de lo que a mi entender está ocurriendo en el debate público sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Aquí lo comparto a pedido de algún amigo.

A la ley de medios no sólo hay que leerla, también hay que entenderla y ponerla en contexto. Y sobre todo, hay que salir del debate chiquito que se propone “¿Qué va a pasar el 7D?” para ir a uno más grande, más amplio y de cara al futuro (pero no el futuro del mes próximo, sino el de los próximos cinco a diez años).

Para mí, el tema es mucho más amplio, tiene que ver directamente con la libertad de expresión y no solamente con cuestiones patrimoniales de algunas empresas. Tiene que ver con la convergencia digital y el futuro de la comunicación. Y tiene que ver con el periodismo que no hacemos por no entender y centrarnos sólo en la pelea de un Gobierno contra una empresa o de una empresa contra un gobierno, como fuere.

Este texto va a ser largo. Pero me parece importante señalar algunas cuestiones básicas (procurando que sean más hechos que opiniones, aunque eso es sólo una intención).

Nos confunden cuando hablan de licencias y las equiparan a medios, y peor cuando se mezclan las frecuencias: las licencias son permisos administrativos necesarios para contar con medios audiovisuales, en general están vinculadas a frecuencias (un “espacio” en el espectro radioeléctrico por el cual el medio emitirá si es que requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).

Clarín no tiene 300 medios, ni 300 frecuencias, tiene 300 licencias, de las cuales más de 260 –y estoy citando de memoria- son licencias de cable (que no ocupa espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad (a veces dos, fruto de aquella fusión aprobada por Néstor Kirchner). Además, cable es distribución; medios (canales de TV, radio y señales de TV paga) refiere a contenidos. En el mundo, las restricciones a la cantidad de licencias se aplican al espectro que es limitado y es considerado propiedad del Estado (como los ríos, el mar o el espacio aéreo), no al cable (porque el único límite a la instalación de cables es la barrera económica para hacerlo; no hay impedimentos naturales o físicos)

Si hablamos de medios, Telefé tiene más canales de TV abierta (9) que Clarín (4), y Moneta-Garfunkel tiene más radios (8 o 9, quién sabe bien, contra cinco o seis de Clarín, entre las que destacan Radio Mitre, Radio Mitre Córdoba y La 100). Si hablamos de señales de TV paga, los programadores oligopólicos son Fox, Turner y Disney (a los que no se les aplica si quiera cuotas relevantes de contenido nacional: apenas deben destinar el 0,5% de la facturación total anual a comprar contenido nacional pero sólo aquellos que emitan cine en más del 50% de sus programas).

Y, finalmente, si hablamos de uso de espectro, en el área metropolitana de Buenos Aires el que más espectro de TV -por ejemplo- tiene asignado es Telecentro (y ahí cerca, Antina). Ese espectro es usado para dar TV paga inalámbrica. Mientras Clarín tiene un canal (13) y Telefe tiene otro (11), Telecentro (Alberto Pierri, ex presidente de la Cámara de Diputados en los 90), tiene 13 (el 26, que usa para su señal abierta –algo que pocos saben- Canal 26, y 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 y 68, para su servicio pago).

El espectro en radio está colapsado completamente y Afsca no ha demostrado tener un plan técnico (que debería confeccionar junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). ¿Cómo se va a cumplir el 33% del espectro para entidades sin fines de lucro si en el área metropolitana no entra ni un alfiler en el espectro?

A juzgar por el tratamiento que recibe, por ejemplo Radio Cooperativa (una radio completamente ilegal, que usurpa una frecuencia que es canal libre internacional y que consiguió cuando a la radio que la usaba –también floja de papeles- se “le cayó” la antena…) no parece que haya intención de cambiar ese contexto en el corto plazo. No hubo en ese sentido ninguna medida. En esa radio (por citar sólo un caso -podría escribirse un libro sobre este tema-) la agencia estatal Télam tuvo un programa durante años y aún es responsable del espacio agropecuario. Aclaro: Radio Cooperativa NO ES una cooperativa.

En la ley de medios también hay cuestiones de mercado que no fueron contempladas durante el proceso de debate de la norma, aunque ya se señalaban en ese momento. ¿Por qué no se habló más del concurso que durante más de un año prometió 220 nuevos canales de TV? Porque sólo había 50 interesados para 220 canales, 14 de los cuales (si no recuerdo mal) iban a estar en Buenos Aires. Es habitual escuchar a los canales actuales decir que no es rentable la TV abierta (con sólo cinco canales) y si se analizan los números de pauta oficial (que marcan una fuerte inversión estatal en varios de ellos) podrían tener razón.

Desde el punto de vista tecnológico (y de la convergencia digital) el tope de 24 licencias de cable en todo el país es tan absurdo como la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones (como las telefónicas) puedan dar TV paga. En eso, el marco regulatorio argentino atrasa años de años. En Brasil, después de cinco años de debate, se sancionó una ley de TV paga que impulsa la penetración del cable (quieren que más hogares se conecten a la TV paga) porque junto con el cable (o apenas detrás) llega Internet y con banda ancha, llega la educación, el desarrollo económico y la posibilidad de un nuevo ejercicio de las libertades políticas. El brasileño no es necesariamente el modelo a seguir, pero es una experiencia cercana, sudamericana. Hay mucho –cada vez más– para mirar alrededor.

Para desmonopolizar en serio, las telefónicas deberían poder dar TV paga y los cables dar telefonía sin limitaciones. Y ambos deberían poder competir por espectro para movilidad (básicamente para Internet móvil). Si de verdad se quisiera desmonopolizar, Afsca ya debería haber autorizado a nuevos oferentes de TV satelital (como Tu Ves HD, que no tiene impedimentos legales para dar el servicio en nuestro territorio). Para desmonopolizar, no hace falta destruir. Y si se quiere destruir no es precisamente para democratizar.

Además hay otra cuestión: la ley permite a Afsca “la trampita” de la extensión de licencias, que si se usa de manera igualitaria para todos los oferentes no sería problema. La experiencia indica que a algunos operadores se les exige una licencia por localidad mientras a otros se les extiende la licencia de su área de origen a áreas vecinas, siempre que las vecinas tengan menos población. Telecentro (que tiene el monopolio del triple play en el área metropolitana, y esto no es una opinión) extendió su cobertura a medio conurbano con la sola licencia que tiene para operar en La Matanza. Esa licencia “extendida” le sirve para otros partidos del conurbano (porque ninguno es más poblado que La Matanza) pero no para la Capital Federal. A mi me parece bien que Telecentro se extienda y compita con Cablevisión y las telefónicas, de hecho fui cliente de Telecentro siempre que pude, pero eso no me impide ver que la ley no está siendo pareja. Lo mismo puedo decir de una empresa (Gigared) que da servicio de cable DESDE Capital a Santa Fe, Paraná, Corrientes, Resistencia y Posadas con una red que arranca en el barrio Belgrano, pero que no puede dar TV paga en la ciudad porque Mauricio Macri no le da los permisos municipales para soterrar los cables o de uso de espacio aéreo para colgarlos.

Cuando exponen sobre la ley de medios, los abogados (y no pocos teóricos de la comunicación) se centran en el texto legal (en lo que ordena, dispone y demás), y la realidad los cachetea con incumplimientos deliberados de ese texto por una y otra parte, con artículos clave que no fueron reglamentados y, lo que es más importante, con algunos datos de la realidad que indican que la ley no podrá ser aplicada tal como está redactada (por ejemplo, la prohibición de que un mismo licenciatario emita más de un contenido por área geográfica en TV abierta: hoy la tecnología permite que, compresión digital mediante, por el canal 13 o el canal 11 se puedan emitir dos, tres, cuatro y tal vez hasta seis contenidos; de hecho en transmisión de prueba así lo están haciendo Telecentro -Canal 26 HD y Telemax- y América -América HD, A24-, alguno de los cuales incluso transmite One Seg para móviles. ¿Para cumplir con la ley de medios vamos a dejar de usar el espectro, un recurso limitado? ¿No era que se buscaban más voces? ¿O habrá que repartir el canal en varios segmentos y las licencias ya no serán para uso de frecuencias sino para uso de fragmentos de frecuencias?

En otras palabras, muchos abogados terminan hablando de teoría del derecho, mientras la realidad se les muere de risa en la cara.

Es más, todo el desarrollo que el Estado está haciendo en materia de televisión digital abierta no cumple el nuevo marco regulatorio, que impide expresamente muchas de las cosas que se están haciendo con la coartada legal de que la ley de medios permite la experimentación con nuevas tecnologías. En muchos países del mundo, la TDT ya es la nueva normalidad, no una experimentación. ¿Qué cosas no podrían hacerse? Por ejemplo, la veintena de señales (públicas, pero sobre todo las privadas) que emite la TDA –Televisión Digital estatal- llegan a más del 35% de la población (de hecho, van a llegar al 100% pronto). Las señales privadas que transmite la plataforma estatal usan espectro sin haber participado de ningún concurso. Y eso, sólo por decir un par de cosas.

Podría hablarse aquí también de las promesas incumplidas de la ley: como por ejemplo, la posibilidad de que las cooperativas den TV paga (o mejor, triple play, telefonía y banda ancha incluidas). A tres años, NI UNA sola cooperativa de servicios públicos (que eran las que sufrían la discriminación) está dando TV paga (al menos hasta la semana pasada, la Coop. de Santa Rosa, con todo listo para arrancar, seguía esperando). Los trámites se traban en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), donde no tienen ni idea (como me aceptó el vicepresidente del organismo, que en realidad es el presidente en los hechos -cosas de la Argentina-) de qué analizar y cómo tramitar esos expedientes. El problema no es tanto donde las cooperativas compiten con Cablevisión o algún otro cableoperador grande sino donde la cooperativa quiere competir con cableoperadores pymes. ¿En ese caso, cuál es el monopolio amenazante? No lo pregunto yo, lo dicen muchos cableoperadores pymes que supuestamente están chochos con la ley de medios.

De más está decir que ningún sector económico (o por lo menos, no es lo habitual) tiene una norma antimonopilo propia como el que se ha creado para el de medios (que mezcla medios chicos con medios grandes, no distingue FM de AM, confunde generación de contenidos con distribución de contenidos, uso de espectro con vínculo físico -cable- y muchas otras cuestiones). Hay una ley de defensa de la competencia que no está reglamentada completamente y entre lo que falta reglamentar figuran los tribunales de defensa de la competencia que serían los organismos naturales que deberían intervenir en todos los casos de riesgo de monopolización. Mientras eso no se reglamenta (es mejor para el poder de turno tener el poder de autorizar o no la integración de poderes económicos, ¿no?), la CNDC -que depende del Poder Ejecutivo- tiene potestad para decidir por ejemplo, que Telefónica pueda controlar a Telecom, su principal competidor, y así manejar entre el 60 y el 80 por ciento del mercado de banda ancha, telefonía fija y móvil).

¿Los pueblos originarios? Después de haberlos usado, ya nadie parece escucharlos y ellos (los que están alfabetizados y no se mueren de desnutrición) se trenzan en una disputa por las autorizaciones para tener medios. ¿Quién puede estar en contra de que cada comunidad aborigen tenga sus medios, que hablen en su idioma, de sus costumbres, su música, sus temas…? Yo estoy a favor de que puedan hacerlo. La pregunta es… jurídicamente, ¿Qué es un pueblo originario? Los que siempre estuvieron inscriptos como tales en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o las nuevas organizaciones que se anotaron en un registro creado ad hoc (algo de los que casi nadie habla). ¿Tupac Amaru califica como “pueblo aborigen”? Si alguien quiere chequear esto, busque Consejo Nacional Indígena en Google.

¿Y de las licencias que directamente puede entregar el Poder Ejecutivo en ciudades de menos de 500.000 habitantes?

Y los medios universitarios… ¡No fueron creados por la ley de medios! Argentina tiene una larga tradición en medios de comunicación universitarios (lo demuestran las radios y canales de las universidades nacionales del Litoral, de Córdoba y Tucumán; las decenas de FM de muchísimas casas de estudios -entre ellas la red que tiene la UTN- y las frecuencias de televisión UHF que desde los 90 tienen asignadas universidades como Luján y La Plata). Lo que le sigue faltando a los medios universitarios es financiamiento genuino: el mejor ejemplo es el de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) cuyos programas estrella son 678 (en Canal 10 de Córdoba) y los noticieros de la señal privada CN23 (grupo Szpoloski-Garfunkel) que retransmite CBA24N la primera señal de noticias del interior del país (un proyecto buenísimo si no fuera que ahora dedica buenos tramos de su programación a seis-siete-ochizar a muchos colegas cordobeses).

Que la ley de medios es una ley de la democracia es verdad. Pero que otras leyes siguen siendo de dictaduras (algunas rancias) no es menos verdad: decreto-ley de telecomunicaciones, decreto-ley de minoridad, decreto-ley de creación del PAMI, decreto-ley de entidades financieras, el Código Aduanero (que sirve de marco legal a las retenciones a las exportaciones)… todas leyes clave sobre las que parece no hay necesidad de innovar.

En fin, me parece que la ley de medios debe analizarse en el contexto total: en el que no hay ley de acceso a la información ni ley de reparto de la pauta oficial, y tampoco hay ley de telecomunicaciones (la que hay es del 72!) -que permita más competencia, mejores servicios de conectividad y a menores precios-.

En conclusión: a los que se puede comprar, se los compra; a los que se pueden sostener financieramente por sí mismos, se los parte al medio; y a los que quedan, no se les permite acceder a la información pública. Ni Karadajián lo hubiese hecho mejor.

Hay mucha cháchara sobre la ley y poca visibilidad sobre su aplicación sesgada y ficticia. Les confieso que tanto explicar y explicar y explicar, cansa. Y mucho. Que tengan buenas noches.

http://mediaandentertainmentobservatory.wordpress.com/2012/10/31/sobre-la-leydemedios-larga-explicacion-para-periodistas/ 

By José Crettaz

Virtual acefalía presidencial

A pesar de que la Argentina está marginada del mundo, que le hicieron perder toda importancia política y prácticamente desapareció la influencia que la caracterizó en el pasado, algo queda convertido en simples recuerdos para algunos y una gran tristeza para otros. Por supuesto, esto último llega con una enorme carga de indignación por lo que pudo ser y, sobre todo, por el empecinamiento en mantener el rumbo del fracaso por parte de quienes tienen el uso del poder.

Lo más increíble de esta situación es que, pese a ese marginamiento, los recuerdos de las pasadas glorias no sólo persisten, sino que forman parte del asombro general que ya superó nuestras fronteras y llega con los medios de comunicación del exterior. Ellos aportan más y más elementos de juicio cuya difusión integra el proceso de descomposición de este gobierno y de sus principales funcionarios. Ya veremos más en detalle esto último que explica el título del comentario de hoy, que seguirá con otro de los papelones que hablan del desmanejo e incapacidad con que se ejecuta la actividad diplomática. Lo decimos así porque es la única manera de referirnos a la ausencia de política exterior, lo que se explica por un aspecto de la realidad que nos agobia: no puede haber política exterior cuando no existe coherencia en la política interior que la refleje y exprese. Así de sencillas son las cosas.

Cuando la política interior se caracteriza por el desorden, la exclusión de los mejores, se convoca sólo a los genuflexos y los actos de gobierno giran en torno de los negocios personales, hace que los analistas carezcan de elementos legítimos para trazar interpretaciones y establecer pautas de entendimiento para ejercer la gran política. Por eso podemos decir que Héctor Timerman, más que culpable, es una víctima: jamás debió ser designado ministro de Relaciones Exteriores y Culto, no sólo porque desistió de su nacionalidad argentina, que debió recuperar para acceder al cargo, sino por su notable ineptitud para desempeñarlo. Entre tantas cosas caras para el ánimo de los argentinos, ahora se sabe que desde hace unos diez días, aproximadamente, ocurrió un hecho que aleja más aún la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas: mediante un acuerdo con la Comunidad Europea en términos que también son ocultados a la opinión pública, Gran Bretaña autorizó la inmediata instalación de una estación de control satelital que, nos dicen, por los términos del acuerdo y sus alcances técnicos, profundiza la condición estratégica del archipiélago de nuestro extremo Sur. La sola mención de esta novedad permite apreciar este factor, todo lo cual fue minuciosamente ocultado por el Palacio San Martín y la Casa Rosada. Por añadidura, se desconocen los términos de esta medida y sobre todo cuál ha sido la reacción argentina, si es que la hubo. Podemos agregar que carece de explicación el real significado de una pista clandestina o semiclandestina sobre la costa en la provincia de Chubut -del que se habló con insistencia pero, “para variar”, sin explicaciones del gobierno-, asunto que facilita toda clase de especulaciones y suspicacias. Entre ellas, que a Cristina no le importan o simplemente no le interesan estos problemas, sea porque no dan votos, sea porque no los entiende y si están fuera de su comprensión, como la economía, la seguridad o la defensa, por ejemplo, el sentido de su desempeño se angosta hasta desaparecer.

En épocas pasadas, la difusión de estas noticias habría determinado una movilización de la opinión pública y de las reacciones políticas, pero en las actuales circunstancias de la decadencia que se nos ha impuesto, poco es lo que podemos hacer. Más aún, observamos por parte del gobierno una desaprensión absoluta respecto de estos problemas, desaprensión agudizada por la persecución a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuya última expresión es el escándalo de la Fragata Libertad. ¿Quién insistió, en definitiva, para anclar en el puerto de Ghana? ¿Fue Guillermo Moreno, que ahora trota rumbo a Vietnam acompañado por los “empresarios” de La Salada que, para colmo, ahora retacean mostrarse con el Secretario de Comercio Interior…? Ya los empresarios de envergadura desistieron de acercarse al boxeador -excepto de Mendiguren, que todavía insiste- quien se ha convertido en socio de casinos clandestinos, tal como se lo explicó ayer en esta Hoja. No nos escandalicemos: un ministro de la Corte -Zaffaroni- es dueño de varios departamentos convertidos en prostíbulos. Y a él ha recurrido la Presidente para darle forma a un nuevo Código Civil.

Estos nuevos datos de la decadencia concurren en la formación de otro interrogante: ¿es preferible que Cristina se encierre para tomar a solas todas las medidas principales de gobierno en detrimento del rol que les corresponde a ministros, secretarios y demás funcionarios o es mejor que su presidencia se ejecute en términos de normalidad? La duda es válida pero, en los hechos y como se informó ayer, las órdenes contradictorias que imparte, los constantes cambios de opinión, el contenido de las medidas que adopta, el perceptible deterioro de su estado de salud y la inestabilidad mental de la que hablan todavía en voz baja ministros y colaboradores cercanos, permiten pensar en una virtual acefalía. No faltarán quienes consideren que el vocablo es exagerado pero, a esta altura del proceso institucional que atravesamos, debemos analizar, como lo señalamos hace poco, que tres años por delante son imposibles en los actuales términos políticos. Más aún, algunos avispados, que pueden variar su posición de un día para otro, han entrado a preocuparse por el destino que les espera a innumerables jueces prevaricadores que se sometieron a los intereses políticos de la revancha ideológica. Tanto es así, que en silencioso secreto evalúan la conveniencia de elaborar una amnistía para negociar con ella un devenir que será contundente para esos jueces y para quienes los inspiraron. El 8 de noviembre podrá mensurarse la protesta popular y el 7 de diciembre será una fecha que se sumará a la anterior para definir el futuro, suceda lo que suceda. Es probable que los acontecimientos decisorios se extiendan hacia el verano pero la realidad, ese componente que deben interpretar todos los políticos, sean oficialistas o de la oposición, indicará a cualquier observador más o menos informado que algo muy grave y de notable importancia nos aguarda a todos los argentinos, sin excepción. La consigna es prepararse para el día después.

Los elementos que demuestran que Cristina no es abogada REVELACIONES EN PRIMERA PERSONA

Es un tema recurrente y hasta incómodo, pero siempre vuelve. ¿Es Cristina Kirchner abogada o no? ¿Se recibió alguna vez? ¿Cuándo? ¿Alguien vio su foto de graduación? ¿Y su diploma?

Voy a ser incorrecto al escribir esta nota en primera persona, pero eso me facilitará la cuestión para poder contar la historia completa de una vez y por todas.

La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro —enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial— se despachó ante tres periodistas de TDP respecto a la corrupción del kirchnerismo y lanzó al final una dura advertencia: "Que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha".

Quienes lo escuchamos, Carlos Forte, Ana Grillo y yo, nos quedamos perplejos y comenzamos una averiguación exhaustiva que llevó tres años de fuerte indagación (ver fax enviado a la Universidad de La Plata en 2004). Las primeras dudas las publicamos en 2004, es cierto, pero recién en 2007 reflejamos la primera parte de la investigación completa (ver al pie notas relacionadas).

En esos días, dimos a conocer que Cristina "no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.

Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar".

Basta consultar la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad para ver que el dato es falso.

Por las dudas, consultamos en su momento para saber si alguna vez Cristina Kirchner había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada.

Insistimos en la cuestión e hicimos un rastreo en Comodoro Rivadavia a través de la consulta a otros estudios jurídicos y/o supuestos clientes que podría haber atendido. Toda pesquisa dio negativo.

Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte al Colegio Público de esa localidad.

No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina. También se "truchó" la supuesta ficha de entrega de título, tal cual puede verse a continuación.

Allí, como puede observarse, se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se puso encima los datos de la hoy Presidenta de la Nación.

El dato lo publicó el colega Juan Cruz Sanz en 2007 y es irrefutable: "La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula que es el DNI de la Primera Dama está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada".

Para poder probar la adulteración del documento debimos contratar —y costear— un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del “truchaje”.

¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga la Presidenta? Para nada, solo hay que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta y hablar con el propio Olmos quien confirmará la adulteración de la que fue víctima.

Sin embargo, según publicó este viernes Perfil.com Cristina estaría matriculada hasta el día de hoy en la Asociación de Abogados de Río Gallegos, pero tampoco es cierto.

Para verificarlo, los colegas solo tendrían que haberse tomado la molestia de consultar la página web de esa entidad, donde aparecen todos los letrados matriculados allí. Mal que le pese a más de uno, la Presidenta no figura allí.

Como puede verse, el fraude es totalmente verificable y podría ser desactivado tranquilamente por Cristina Kirchner solo mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.

Y allí aparece una duda esencial: ¿Nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado: colgar su título en una pared?

Las fuentes que consultamos los colegas que nos abocamos a investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunas hablaron a micrófono abierto y otras no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional.

El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold; el abogado Domingo Zárate —ex socio de Néstor—; el periodista Daniel Gatti; el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Vanossi, y muchos otros, son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la Presidenta en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?

Las dudas se acumulan sin cesar y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la Facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico. Esa grabación se presentó como prueba en el juicio iniciado por mí junto al abogado Fabián Bergenfeld.

Perfil.com fue víctima de la misma negativa por parte de esa facultad: "Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron". Tampoco quiso "colaborar" con la investigación el Ministerio de Educación, como se ve en el siguiente documento:

 

Volviendo a la nota de Perfil.com, allí aparece un dato revelador: "Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina 'Macri' Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, 'le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural'".

"No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo", estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su "buena relación" con "Macri". Siempre de acuerdo a lo publicado por Perfil.com.

Para terminar, quiero aportar dos reflexiones: primero, la mayoría de las mentiras detectadas en torno a la titulación de Cristina provienen de afirmaciones del propio Gobierno; segundo, en 2007 ofrecimos desde TDP 10 mil dólares a quien pudiera aportar una foto de graduación de Cristina.

El resultado de esta última búsqueda lo dice todo: el pozo sigue vacante hasta el día de hoy.

Christian Sanz