Los anuncios e inauguraciones que realiza habitualmente la señora Presidente utilizando la cadena oficial de comunicaciones generan, por lo que me consta, descreimiento en cuanto a la exactitud de los hechos que manifiesta, fastidio por la teatralización de las expresiones y modales, y aburrimiento o cansancio por la reiteración de esas incongruentes apariciones, ridículamente decoradas con una escenografía de obsecuentes aplaudidores.
Pero en el caso particular de los jubilados, visto que se utilizó el mancillado atril presidencial para informar sobre el aumento que ellos recibirán a partir del mes próximo basándose en una ley vigente, a aquellas penosas sensaciones cabe sumarle una gran indignación. Ello por cuanto ese anuncio se transforma en una grosera burla hacia toda la clase pasiva, a la que este gobierno perjudicó con el veto de la ley que le reconocía el 82% móvil y por el constante incumplimiento y postergación de las obligaciones que le cabe como administrador de los fondos previsionales. Por otra parte, porque con el citado aumento no se cubren las necesidades de la canasta básica y en la práctica, porque ya fue absorbido por la inflación real.
En dicha presentación -que supuestamente viola la ley electoral que limita los actos y anuncios del Poder Ejecutivo durante la campaña-, la Presidente anticipó la cifra del haber mínimo y el segundo aumento del año resultante de la inconstitucional fórmula de movilidad, lo que no era necesario reiterar desde que su actualización está establecida por ley y no necesita de ningún anuncio oficial, agregando también de manera demagógica, proselitista y falaz: “Esta medida del aumento de la jubilación cubre a 6.826.000 personas, en un mundo donde lo que se discute es cómo se reducen o se eliminan los programas sociales”.
El análisis, la crítica y las denuncias pertinentes respecto de la eventual transgresión a la ley electoral vigente quedan en manos de quién corresponda. Pero sí cabe detenerme para cuestionar con suficiente fundamento, sobre la afirmación que hace la Mandataria en cuanto a lo que se está discutiendo en el mundo en materia de reducción o eliminación de los programas sociales y, con especial énfasis, en el porqué.
Vale advertir que los programas sociales que están haciendo crisis en el mundo corresponden a aquellos países en los que, por aplicar políticas típicas de los definidos como Estados de Bienestar durante muchos años, se extendieron en otorgar coberturas sociales técnicamente inadecuadas o exageradas y porque realizaron gastos improcedentes resultantes de dichas políticas, hallándose hoy obligados a asumir sus consecuencias.
Veamos: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los fondos de pensiones con mejor desempeño en términos de rentabilidad real fueron Nueva Zelanda (10,3%), Chile (10%), Finlandia (8,9%), Canadá (8,5%) y Polonia (7,7%), mientras que en países como Portugal y Grecia, los fondos de pensiones experimentaron, en promedio, retornos negativos (-8,1% y -7,4%, respectivamente). A su vez, hasta Diciembre de 2010, los fondos de pensiones en los países de la OECD habían recuperado ya cera de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008.
De esta información se desprenden dos conclusiones importantes, con similares consecuencias futuras para la Argentina en lo que se relaciona con la mala administración que hace la ANSES de los fondos aportados por los trabajadores. La primera es que la utilización de dichos fondos para ser aplicados en fines distintos para los que fueron instituidos, llevará inevitablemente a nuestro país a soportar consecuencias similares a las de Grecia, Portugal, España o Italia. El uso inapropiado actual lo tendrá que compensar y pagar en el futuro, o incurrir en el delito que denunciara el presidente Juan Domingo Perón el 30 de noviembre de 1973, cuando afirmó que “en 1956 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano a los capitales acumulados por las Cajas. Es decir, se apropió de ellos, lo que para mí, eso es simplemente un robo.”(Sic). Un indicio de ese pronóstico fatal y funesto para los actuales y futuros jubilados, radica en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá el próximo miércoles al titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, para que amplíe y explique un informe del organismo sobre demandas de jubilados para cobrar reajustes de sus haberes, anticipando dicho funcionario que les reiterará a los miembros de la Corte que si la ANSES tuviese que dar cumplimiento a todas sus obligaciones con los actuales y futuros jubilados ajustándose a sus fallos, que ahora solamente aplica con aquellos jubilados que iniciaron acciones y obtuvieron sentencias favorables, el sistema entraría en quiebra. Cabría preguntarle a dicho funcionario y a la actual mandataria: ¿a quién le cabe la responsabilidad de esa eventual quiebra si, en un acto de efectiva división de poderes, la Corte resolviera extender el beneficio a todos los jubilados que se encuentren en igual situación? O bien ¿deben resignarse los jubilados y pensionados a renunciar a sus acreencias, admitiendo que son ilegítimamente discriminados?
La segunda conclusión, no menos importante, es la que surge del informe de la OECD cuando afirma que los fondos de pensiones en los países que la integran ya recuperaron cerca de USD 3 trillones de los USD 3,4 trillones de valor perdidos durante el 2008, a raíz de la crisis mundial. Ello es una cabal prueba de la falsedad de los argumentos de eficacia e idoneidad sustentados por el actual gobierno y sus funcionarios, cuando intentan hacer creer que en mérito a la actual administración de la ANSES los valores de las inversiones confiscadas a las AFJP se multiplicaron como hongos en días de humedad. El recupero de esos valores en todos los mercados resulta homogéneo y coincide con las estimaciones estadísticas de largo plazo que se consideraron cuando se efectuaron aquellas inversiones. Es absurdo pretender convertir esa revaluación técnica general de las inversiones, resultante de la evolución de los mercados internacionales, en un rédito político propio, al igual que lo hace cuando se exhibe el notable crecimiento económico local de estos últimos años, sin referenciarlo con similares crecimientos de otros países emergentes y el de la economía mundial, y sin mencionar que a diferencia de aquellos, nuestro país detenta el segundo lugar en inflación y que ella absorbe con creces los promocionados aumentos por movilidad de los jubilados.
Los políticos y principalmente los jóvenes trabajadores actuales deberían acuñar en su memoria lo que en 1850 manifestara el brillante economista francés Frédéric Bastiat en su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve: “que las causas de la creación de la riqueza, o su desaparición, pasan por lo general inadvertidos, que las medidas que procuran un beneficio inmediato son siempre funestas y que lo correcto es perseguir un gran bien para el futuro, aun a pesar de los costos que ello acarree en el presente”.
Estas reflexiones, por acción de la AAJA (Asociación Argentina de Jubilados Aportantes), no escaparán al conocimiento de los 6.826.000 retirados a los que aludió la señora Presidente y esperemos que sean tenidas muy en cuenta en el momento de emitir sus votos.
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