Curiosamente las profusas opiniones y análisis vertidos acerca del caso Zaffaroni han omitido la consideración de un aspecto de sus declaraciones revelador de un pensamiento equívoco de muchísimos magistrados respecto de su investidura, tomado este término en la segunda acepción que le asigna la Real Academia:
“Carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades”.
La socarronería de sus primeras explicaciones (“me facilitan el desalojo”) denuncia una subestimación de la opinión pública absolutamente impropia en el integrante de un cuerpo que tiene la última palabra en el país sobre vidas y haciendas de los ciudadanos. Tomarse a la chacota un asunto tan serio fue la primera muestra de su desubicada autosuficiencia pero también de su arrogancia: “¿Quiénes son estos vulgares mortales para venir a cuestionarme por estas minucias?” es el trasfondo subyacente de sus ironías.
Una de sus declaraciones es particularmente contradictoria con sus explicaciones y extraña en una persona que conoce el derecho a no autoincriminarse: “No soy un débil mental” dijo. Obviamente que no lo es, y por eso mismo es que a la gran mayoría de la opinión pública le resulta imposible creer que nada sabía de lo que ocurría durante años en seis de sus departamentos porque esa supuesta ignorancia está reñida con un parámetro muy elemental del derecho civil como es el de la “diligencia de un buen padre de familia”. ¿Con que autoridad moral podrá en adelante el juez resolver un caso donde deba aplicar el concepto que el mismo dice no haber tenido en cuenta en sus negocios?
A medida que vio que el panorama se oscurecía y que la cosa pasaba a mayores fue abandonando su arrogancia y cambiando gradualmente sus expresiones hasta finalmente victimizarse en un vano intento de conmover a sus cuestionadores con una humildad divorciada de sus primeras actitudes altaneras.
En alguna medida es comprensible que un personaje de la talla de Zaffaroni que goza de un merecido reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria académica, profesional y judicial, ungido con inamovilidad e intangibilidad se sienta miembro de una especie de Olimpo social y por lo tanto superior al común de los ciudadanos y exento de sus responsabilidades (entre ellas la de pagar el impuesto a las ganancias).
Pero eso no es suficiente para cubrir un desaguisado tan serio, como pretenden hacer corporativamente algunos miembros del poder judicial aludiendo a sus valores personales, académicos y jurídicos y eludiendo la consideración de los hechos.
A cualquier otro propietario que le hubieran descubierto el funcionamiento de una red de prostíbulos en sus inmuebles ipso facto le hubieran iniciado un procedimiento instructorio para determinar si existieron infracciones al Código Penal art. 145 ter, a la ley 12.331 art. 17 y a la ley 26.364 arts. 4° y 11° y en su caso quienes las cometieron.
Eso porque es una costumbre muy extendida entre un número muy alto de jueces del fuero penal indagar y procesar a personas utilizando el conocido latiguillo del “grado de sospecha suficiente” con supuesto indicios fundados solamente en sus presunciones subjetivas. Claro está, los imputados no son jueces de la Corte.
Esto lleva a un planteo que la sociedad nunca se hace ¿Qué es un juez? ¿Es un ser superior que ha recibido un mandato divino de arreglar las querellas de los tontos y pendencieros mortales, una especie de semidiós moderno investido por el Espíritu Santo de un poder y una sapiencia sin límites? Categóricamente no, pero muchos se lo creen.
Un juez es simplemente un ciudadano común al cual los demás le han dado la facultad de arbitrar sus diferencias, no la de convertirse en un gran Señor y Rajadiablos -caracterización del escritor chileno Eduardo Barrios- ante cuyas decisiones solo cabe inclinar la testa y rendirle pleitesía como parece sugerir el enorme poder del que disponen sobre vidas y haciendas como dueños del tiempo de los demás. Y los abogados lo saben.
Por eso mismo, porque no son deidades que habitan un Olimpo extraño a los seres humanos corrientes no sólo deben ganarse el respeto de sus justiciables sino además mantenerlo con una conducta decorosa y diligente tanto pública como privada durante todo el ejercicio de su magistratura.
Este sencillo concepto de la judicatura fue receptado por las Naciones Unidas que lograron la conformación del llamado Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial integrado por presidentes de Superiores Tribunales de más de 80 países que elaboraron los llamados “Principios de Bangalores sobre la conducta judicial”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura” según Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que en sintonía con la cerrada defensa de Zaffaroni que hace el oficialismo judicial y político de la República (¿) Argentina los principios de Bangalores no fueron incorporados al derecho interno de nuestro país pese a haberse presentado en 2007 y 2009 sendos proyectos en tal sentido que ni siquiera fueron tratados en comisión en la Cámara de Diputados. ¿Cerrada oposición de la corporación judicial? Es probable.
Y ello no es extraño en tanto en su punto 4.1 el documento reza: “Un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades.” Y en su punto 4.7: “Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciario-financieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia.” ¡Ja!
Si la Argentina hubiera adoptado formalmente esos principios Zaffaroni ya hubiera sido historia, y quizás otros varios jueces amigos del gobierno.
Por ahora y a pesar de los años sigue vigente la fuerte denuncia que hizo de José Hernández poniéndola en boca del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez... “Nunca le llevés la contra/ Porque él manda la gavilla/ Allí sentao en su silla / Ningún güey le sale bravo/ A uno le da con el clavo / y a otro con la cantramilla”.
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