sábado, 13 de agosto de 2011

Ocupaciones y un nuevo proyecto de desestabilización

Desde el mismo instante en que se produjeron las ocupaciones de tierras en Jujuy, los observadores mejor informados señalaron que el fenómeno se extendería hacia otras provincias, en particular de esa región, para seguir luego por el litoral. A estos sucesos se les debían sumar los producidos por una parte de la comunidad mapuche en el sur del país, con la salvedad de que esta etnia persiste en denominarse “originaria” pese a que proviene del otro lado de la cordillera; también están bajo la mira las provincias de Formosa y del Chaco, donde las promesas oficiales despertaron expectativas habitacionales que, presupuestadas, nunca se concretaron. Las tensiones quedaron en parte disimuladas por el escándalo de la estafa organizada por las “Madres de la Plaza de Mayo”, Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender y los pocos disimulados esfuerzos de las “abuelas” y su jefa Estela Carlotto por despegarse de este asunto agravado por las demoras y “chicanas” judiciales. Ahora -y no solamente por esa particularidad que se aplica a los estallidos sociales y que da en llamarse “contagio”- han comenzado movilizaciones, cuyo primer ensayo general se organizó en la Capital Federal con las ocupaciones del Parque Indoamericano, donde la muerte tuvo un anticipo acompañado por heridos, narcotráfico y los guardaespaldas de Schoklender.
Ayer, ya iniciada la veda política de este domingo, salió a la luz la extensión de un campamento que marcha a convertirse en villa de emergencia, en las inmediaciones del Cementerio de la Chacarita, prácticamente sobre las vías del ferrocarril y sin que exista una política que abandone las órdenes que atan las manos de la Policía. Según se sabe, esta ocupación podría ser seguida de otras en zonas metropolitanas mucho más céntricas, es decir, con un objetivo que vamos a llamar “promocional” y, por ende, de hondo contenido político. Lo que aún no se vislumbra es si este proceso responde exclusivamente a la falta de autoridad o a la preparación de un escenario de violencia que no pocos presumen que prepara el oficialismo para cubrir una derrota electoral.
En tal sentido, ha surgido un detalle interesante: las llamadas “carpas iglú”, redondas y de distintos colores, que siempre se repiten para producir una imagen más visible -valga el juego de palabras- siempre son las mismas y preceden a los hechos, es decir, los primeros ocupantes, los que hacen punta, las instalan de inmediato, para afirmar la presencia de los intrusos. Como dato complementario, se toma muy en cuenta el plazo otorgado por la activista Milagro Sala para que los gobiernos -nacional y provincial- den una solución al problema habitacional de Jujuy, ya extendido de una manera confusa a distintos focos aparecidos en la provincia de Tucumán y de lo que no se suministra mayor información.
En todos estos casos, que aparecen como espontáneos, los argumentos parecen rotar entre una lógica exigencia para que se implementen de una vez por todas los distintos planes presupuestados, y peticiones arbitrarias que no toman en cuenta que ya existen tierras donadas a esos efectos. Éstas fueron entregadas al Estado con el obligado cargo de levantar barrios mediante programas racionales, pero el caso es que las propias autoridades se encargaron de no hacer nada, en tanto desde el gobierno central se giran millones y millones de pesos mensuales a la organización Tupac Amaru, que ha montado una estructura de tal poder que a su jefa le dicen, con razón, “la gobernadora”. La situación creada de hecho ha descolocado totalmente al titular del gobierno jujeño, Walter Barrionuevo, y de paso, a quien debe ser su sucesor, Fellner, también kirchnerista, quien de hecho está incapacitado para ejercer el poder. Éste se ha diluido, también, de hecho, ha pasado a manos de una tercera persona de fuerte personalidad y liderazgo, que tiene un control total y legal sobre las viviendas entregadas pero cuyas escrituras mantiene a buen resguardo, detalle igualmente ilustrativo de que existe toda una movilización política que se ubica -más allá o más acá, no se sabe- de otro componente de este escenario tan conflictivo: el narcotráfico.

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