viernes, 16 de septiembre de 2011

CAMBIOS DE PLANES EN LA CASA ROSADA

Ahora el gobierno apostaría a la prisión preventiva de Schoklender antes del 23


El impacto mediático de las declaraciones de Sergio Schoklender en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados justificó que desde el lunes pasado esté funcionando en el gobierno un comité de crisis para el seguimiento de la situación, que continuará con las citaciones por la misma comisión al Secretario y el Subsecretario de Obras Públicas, Jose López y Abel Fatala. Ayer trascendió parte del contenido de un informe que habría llevado cierta tranquilidad a Olivos. El mismo consigna que no existiría prueba alguna del financiamiento de la Fundación de las Madres a la campaña del Frente para la Victoria. Por cuenta de Las Madres se habrían impreso folletos para Boudou varios meses antes de la campaña para las primarias del pasado 14 de agosto y los comprobantes que aportaría Schoklender de la facturación de los impresos serían truchos.
El informe en cuestión, repleto -como es obvio- de información judicial, también señala que sí habría pruebas para demostrar que el ex apoderado de las Madres organizó una red de cooperativas de vivienda que eran subcontratadas por la Fundación. El plan consistiría en lo siguiente: las cooperativas contrataban proveedores y mano de obra que no pagaban y entonces sobrevenían las demandas judiciales. Schoklender ni siquiera contestaba las demandas y entonces los acreedores accionaban contra la Fundación, como contratista de las cooperativas. En definitiva, una maniobra serial para el vaciamiento de la Fundación, que ahora afronta varios pedidos de quiebra.
Acumulación de pruebas
A este mecanismo de administración fraudulenta se la sumaría la falsificación de la firma de Hebe de Bonafini en el contrato principal de la Fundación con Meldorek S.A. que, según las pesquisas judiciales, podría corresponder a otra maniobra del parricida. Con éstos y otros indicios, la investigación judicial podría avanzar a la brevedad hacia el procesamiento del ex apoderado, por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, en tanto que ya lo está por estafa y lavado. Lo que hasta la semana pasada era una tendencia en la Casa Rosada ahora pasaría a ser una necesidad política. Con sus denuncias y su presencia ante la oposición en el Congreso, Schoklender creó una situación política nueva, colocando al escándalo como uno de los pocos temas de interés público en la agenda electoral. La prisión preventiva del ex hombre fuerte de las Madres sería ahora parte de la estrategia electoral del gobierno y no un problema a posteriori. Ante la opinión pública, el cristinismo estaría ahora obligado a demostrar rápidamente que Schoklender delinquió. En caso contrario, y aunque la corrupción no parece quitarle votos nadie, correría el riesgo de que la oposición, en su actual naufragio, encuentre en las acusaciones de aquél algún argumento para dar la batalla electoral.

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