El que uno de los organismos judiciales más comprometidos con los supuestos objetivos depuradores de la ley 26.571 como la Cámara Nacional Electoral haya salido con inusitada presteza a despegarse de cualquier relación con los resultados electorales difundidos por el Ministerio del Interior no hace sino confirmar las sospechas de muchos sobre la existencia de una tan grosera manipulación de las cifras que sorprendió hasta a los mismos autores del truco. A medida que crece el escándalo desatado por las numerosas irregularidades denunciadas a lo largo y a lo ancho del país -en particular en la provincia de Buenos Aires- se afirma la convicción generalizada de que en realidad ni votó el 78% del padrón ni la performance de la viuda fue del meneado 50% de los votos válidos emitidos sino bastante menor.
Sin embargo de ello el objetivo táctico ya formulado por Sun Tzu hace mas de 2.500 años y buscado ahora por el oficialismo quedó más que cumplido bien que gracias a la diligente colaboración de destacados comentaristas como Morales Solá, Van der Kooy, Maronna, Viau, Leuco y otros que amedrentados por la supuesta oleada popular en respaldo de la señora H2cero sacrificaron con poco honrosas piruetas semánticas la precisión conceptual en aras de un prudente “reacomodamiento de calchas” calificando el resultado de las elecciones internas de “triunfo, victoria, éxito arrasador” etc., cuando estrictamente hablando si bien su alianza tuvo una mayoritaria concurrencia la viuda sólo compitió contra sí misma al igual que todos los demás aspirantes a la presidencia. Si se toman como válidos los más que dudosos números del escrutinio provisorio lo concreto es que la mitad de los electores que fueron a votar quieren que “ella” sea candidata y la otra mitad no.
Ahora bien, así como nadie puede poner en duda la preeminencia de la candidatura de la señora H2cero sobre las demás tampoco puede ignorar que el sistema tramposo creado por Landau, Tulio y otros hechiceros electorales menores ha quedado en evidencia sin necesidad de que el inimputable de Aníbal Fernández subrayara livianamente que las agrupaciones que no tienen suficientes fiscales no merecen competir aplicando el viejo adagio peronista de que “el que avisa no traiciona”. Ante tan clara advertencia de que se prepara un nuevo modelo de fraude patriótico de signo opuesto al original de 1937 resultaría francamente decepcionante que por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema así como se preocupó por incentivar la asistencia de votantes no reclamara ahora un mecanismo más transparente que hiciera innecesaria la presencia de fiscales dado que lo que se encuentra en juego en octubre es nada más ni nada menos que el respeto a la voluntad soberana del electorado considerado en numerosos fallos de ese Tribunal como el bien jurídico supremo en materia constitucional desde que es la base de la legitimidad de las autoridades del Estado.
Lo mismo vale para la Cámara Nacional Electoral que no se cansó de reiterar en innumerables fallos que todo el andamiaje electoral tiene como única finalidad la protección de la genuina voluntad del elector, protección que a la luz de las deficiencias del actual sistema ha quedado en serio entredicho como lo dejó en claro su veloz despegue de responsabilidades.
Dado que todos los mecanismos del sistema están en manos del oficialismo, desde los presidentes de mesa hasta la plataforma informática de cómputos pasando por el Correo Argentino encargado del transporte de urnas, no es descabellado colegir que en el afán de poner la piedra basal del proyecto“Cristina eterna” exhibiendo un abrumador porcentaje de apoyo electoral el kirchnerismo perfeccione los artilugios ensayados en las alocadas internas abiertas.
Con el actual sistema los partenaires de la viuda que pretendan competir en octubre sin rumbo ni destino sólo para fiscalizar las 86.000 mesas y evitar el robo de boletas y la adulteración de telegramas necesitan un ejército de 90 mil fiscales a un promedio de 50 pesos cada uno para comida y movilidad debiendo por lo tanto disponer de 4 millones y medio de pesos. Teniendo en cuenta que el aporte del gobierno para las elecciones generales está previsto en unos 6 millones para cada agrupación participante de invertir en tales menesteres quedarían unas migajas insignificantes para el resto de las actividades operativas y materiales no cubiertas por el aporte oficial tales como afiches, pancartas, actos, pasacalles, volantes etc.
Con el cuadro de situación que dejó el golpe marketinero del 14 de agosto si alguno de los candidatos decidiera invertir de su peculio el dinero para sufragar tales gastos de inmediato la gente deduciría que está más para una visita al siquiatra que para conducir los destinos de la Nación con lo cual se reducirían aún más sus ya de por si escasas chances y ni hablar del pedido de aportes empresarios lo que en estas circunstancias no haría sino certificar el estado de demencia padecido por el solicitante. Si bien los que de verdad están obligados a poner algunos dinerillos para sostener sus posibilidades son los candidatos a diputados y senadores que encabezan listas es improbable que rifen sus recursos a menos que tengan expectativas ciertas de ingresar al Congreso.
En conclusión, es sobremanera evidente que la única manera de garantizar la transparencia de los comicios y proteger la “genuina voluntad del elector” es adoptar la boleta única para las elecciones de autoridades nacionales solución a la que por razones atendibles en función de sus objetivos se oponen tenazmente la viuda y sus laderos desde que podrían depararles una ingrata sorpresa que arroje números más modestos que los que se vaticinan en los círculos áulicos de Olivos a pesar de la previsible estampida de pases de dirigentes temerosos de quedar a la intemperie frente al vendaval kirchnerista.
Como están las cosas continuar con el sistema actual significa convalidar un fraude impúdicamente anunciado que tiene la finalidad espuria de consagrar un unicato porque ahora ya no importan cifras ni porcentajes sino que la verdadera expresión electoral habrá sido ultrajada impunemente, y quienes callen ante esta situación teniendo la responsabilidad de resguardar la puridad del voto serán cómplices de una nueva falsificación de la manifestación electoral del pueblo de la Nación a manos de ávidos e inescrupulosos mercaderes de la política y consecuentemente perderán toda autoridad en el futuro para hablar del respeto a la voluntad popular, la transparencia instrumental y tantas otras palabras huecas que en adelante serán sólo adornos de fallos viciados de inocultable hipocresía.
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