Roberto Gallardo, el juez capitalino que falla sistemáticamente contra Mauricio Macri y el casino flotante de Puerto Madero, inventó su propia jurisprudencia, para resolver asuntos personales. Así fue que el magistrado mudó su biblioteca particular a su despacho del juzgado. La misma contiene muchos libros que nada tienen que ver con el derecho, o sea, títulos como El Principito u otros sobre cultura universal, que deberían leer los colegas de todos los fueros. Pero ocurrió que el peso de los libros fue demasiado y la pared se derrumbó, destrozándole su biblioteca.
Entonces Gallardo solicitó por nota a sus superiores de la Cámara de Apelaciones una indemnización por los perjuicios sufridos. La petición fue rechazada in limine, por considerar la Cámara que el juez no debió llevar su biblioteca personal al juzgado. Pero hubo otra iniciativa polémica de Gallardo: hizo nombrar a un íntimo amigo brasileño como asesor de un consejero de la magistratura porteña, cuando no está permitido nombrar a un extranjero que ni siquiera es abogado. El hecho provocó cierto escandalete, que se solucionó de la mejor manera. Y luego, el Consejo de la Magistratura en pleno decidió que de ahora en más se podría nombrar extranjeros como asesores aunque no sean abogados, validando así ex post facto una decisión ilegal del magistrado de primera instancia.
El supremo
A todo esto, Jacobo Grossman, el abogado personal de Eugenio Zaffaroni, dejó de ser socio de éste para dirigir su propio estudio jurídico, que viene prosperando. Sus dos clientes estrella son el propio Zaffaroni y el ministro de economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou.
Grossman habló con la revista Noticias y aparentemente les mostró a periodistas de la misma los contratos de alquiler de los cinco departamentos donde se ejercía la prostitución. Tres de ellos están alquilados a nombre de Marcia González, más conocida como RITA y que es la madama que subalquila. Los otros fueron alquilados a otra persona. Pero también aparece como garante Rita la madama. Aparentemente el elemento clave, es decir, los contratos, estaban en el orden de los 1.500 pesos por mes, lo que demostraría la inocencia del supremo y de su apoderado, Ricardo Montivero. Sin embargo, resulta inexplicable el aparente desconocimiento de que, desde hace dos años, se reciben quejas de los vecinos por el ejercicio de la prostitución. Por su parte, la fundación La Alameda ampliará la denuncia contra el magistrado el lunes próximo y este último presentaría los contratos ante la justicia y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Sin embargo, después de las primarias, todo indica que Zaffaroni zafará, así como el juez Roberto Gallardo y, aparentemente, también Sergio Schoklender.
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