EL PORQUÉ DE LA INCERTIDUMBRE ELECTORAL

La Argentina transita el presente, sin rumbo y sin brújula.

La Argentina sufre una profunda incertidumbre sobre su futuro político. Más allá del error de las encuestas, honestas o afectadas por la corrupción, la incertidumbre se halla en el corazón de los electores. Se dice que la opinión no se forma hasta casi el momento de votar, pero no es así, porque después de ese momento, la inmensa mayoría de los votantes no tendrá la seguridad de haber decidido lo mejor. El futuro argentino es un misterio que se develará por el devenir de las circunstancias, más que por la voluntad del pueblo y de su clase dirigente, que transita sin rumbo y sin brújula.

Esta grave deficiencia se da en la historia de casi todos los países, y constituye sus períodos opacos, en que no se comprende la realidad ni los cursos a seguir. Afecta al oficialismo y a la oposición, a sus grandes sectores, a sus instituciones fundamentales, y sus ciudadanos comunes o conspicuos.

El oficialismo con un modelo que nada resuelve y la oposición sin alternativa de fondo.

Esta verdad no es reconocida, salvo excepciones que no tienen seguidores. El oficialismo enfáticamente sostiene un modelo, pero se percibe que no tiene soluciones para deficiencias evidentes, y lo que lo anima a seguir es el interés ideológico, económico y político en la conservación del poder, y de seguridad personal ante el riesgo de tener que dar cuenta por las responsabilidades incurridas. Pero no hay verdadera inteligencia en sus proyectos de gobierno, y sí solo tácticas circunstanciales destinadas a ganar el voto de los necesitados.

La falta de concepción política de la oposición se evidencia en que parte de los errores del gobierno para definirse. Ante la corrupción, la persecución y castigo de los culpables. Ante la persecución de los medios, la bandera de la libertad de prensa. Ante la pobreza y la indigencia, un programa de reencauzamiento de la ayuda social. Ante la avasallamiento y sometimiento de la justicia el restablecimiento de la autonomía del Poder Judicial.

Por este motivo en la oposición causó tanto desconcierto la muerte de Néstor Kirchner. Con él desaparecía la representación del gobierno y sus fallas identificadas. De pronto la oposición sin quedó sin blanco al cual tirarle. Y la deliberada demora de Cristina en asumir la herencia, dejó sin programa a la oposición en un corto pero precioso tiempo. Por el mismo motivo al aceptar la continuación de la jefatura, reactivó la acción de la oposición.

El círculo más amplio de las responsabilidades.

Pero lamentablemente el círculo del desconcierto es mucho más amplio. El campo, conforme al comportamiento de sus líderes, no sabe cómo actuar, perdiendo todo el año en curso sin definir su acción en el Parlamento y la formulación de un plan aplicable. La industria vacila entre la realidad de los números del mercado que le parecen muy favorables, y poner en riesgo lo alcanzado por ser más ambiciosa. La mayoría de los sectores porque cree que es más favorable negociar que oponerse. En definitiva negociar es su oficio. Por eso de los círculos económicos no surgen los líderes porque en ellos se dedican a los problemas de la organización, el financiamiento y el marketing empresario. No más.

Con los grandes medios de prensa, que están librando una batalla durísima, por que el Gobierno los sindica como su verdadera y gran oposición, están constreñidos a su guerra tal como se presenta, con escaso tiempo para ensayar estrategias más generales. En definitiva luchan en desventaja, porque la oportunidad y el campo de batalla los ha elegido el gobierno, y pone todo el aparato del Estado tras esta acción. Con mas justificativos, pero en definitiva su lucha es de escaramuzas y breves pero duros combates diarios, alrededor de los episodios propuestos por el gobierno o la realidad, pero sin una estrategia nacional que oponer, en mi concepto la única forma de ganar.

La alternativa.

Lo que queremos decir es que un proyecto de una gran Argentina, no está ni en el propósito de formularla. Se habla de mejorar la educación pero no se sabe que la Argentina necesita una revolución cultural. Nadie se acuerda como cuestión fundamental, que la Argentina es una Nación totalmente indefensa. Nadie propone el incremento del PBI hasta alcanzar rápidamente el nivel de los países desarrollados, como única solución a los problemas sociales y a todos los problemas generales de la economía. Nadie advierte que la falla política esencial de nuestro sistema se encuentra en la pobreza cultural del electorado y en su dependencia económica. Las interpretaciones de la realidad argentina de los últimos ochenta años, está plagada de errores, de falta de rigor y valor conceptual, de demagogia, resentimientos y pequeñas ideologías de café.

En el tema de la seguridad interna, la inmensa mayoría de la opinión ignora la contradicción flagrante entre sancionar la persecución a la subversión, que se cumplió por una decisión de los gobiernos constitucionales y de facto y simultáneamente liberar a la subversión por las mismas faltas, cometidas a instancias de países extranjeros, lo que agrega otro delito mayor. Y en este tema mentir haciendo diferencias que no están aceptadas por los tribunales internacionales de la Haya, u omitir mencionarlo, o hacer proposiciones vergonzantes, revela una falla moral muy grave en la conducción argentina.

Para concluir el resultado electoral de la Capital Federal, de lo cual me felicitó, aunque yo no voto en esa jurisdicción, corrobora lo que sostengo en este artículo, reiterando lo que pienso desde hace tiempo, en el sentido de que se obtuvo sobre una gestión y una campaña deliberadamente light, que no asume los problemas esenciales de la ciudad, y que recoge su programa de los pedidos vecinales, a los que hay que escucharlos y resolverlos, pero no gobernar a su altura.

Renta agropecuaria

El viernes de la semana pasada moderé un seminario de agronegocios sobre el comercio de trigo antes y después de las regulaciones del gobierno kirchnerista. La exposición estuvo a cargo de Ricardo Passero y los asistentes, que eran muchos y motivados, hicieron gran cantidad de preguntas. Passero repasó la larga lista de controles, regulaciones, prohibiciones y bloqueos oficiales que experimenta el sector productor de granos desde 2007. Y remató su exposición con dos imágenes que sintetizan soberbiamente el impacto de la política oficial sobre el sector triguero.

La primera imagen muestra el área sembrada de trigo en los primeros años de la década pasada. Unas 6 millones de has con una producción cercana a 14 tons (hojas 60 y 59, en cada caso, de la exposición de Passero). El área sembrada cubría gran parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y partes de Entre Ríos, Salta, Tucumán, Sgo. del Estero y Chaco.

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La segunda imagen muestra el efecto devastador de la política kirchnerista. Lo que antes era un vergel, en la cosecha de 2009/10 se transformó en un páramo. El área sembrada se redujo a la panza sur de la provincia de Buenos Aires. El área sembrada cayó a 3.1 millones de has y la producción, a 7.4 tons. El trigo cedió a la soja, sobre todo, las áreas citadas del resto del país.

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Pero la historia del seminario de agronegocios del viernes pasado no termina aquí. Falta la frutilla del postre. Cuando me preparaba para darlo por concluido y agradecer la atención de los asistentes, dos muchachos, de unos 20 años y probables estudiantes de Economía de la Universidad de Buenos Aires, se preguntaron en voz alta qué es, después de todo, lo más conveniente para el país: que el estado se apropie de la renta agropecuaria (por la vía de retenciones y la parafernalia de regulaciones que había enumerado Passero) o que los propietarios reciban la renta de los campos. Ellos piensan que hay un trade-offentre equidad y eficiencia: la equidad se consigue por medio del gasto oficial en planes sociales y el control del precio de alimentos para “la mesa de los argentinos”; en tanto que la eficiencia es el resultado del aumento del área sembrada y la producción. Más equidad (retenciones y controles) implicaría menos eficiencia (siembra y producción); más eficiencia implicaría menos equidad.

Un profesor amigo de economía agrícola se acercó a los muchachos para discutir el tema con ellos. Yo preferí seguir de largo. Doce años de progresismo, prejuicios e ignorancia me han agotado. Pero no se me escapa que el planteo pone al descubierto un relativismo legal y un desconocimiento de postulados económicos básicos alarmantes. No aceptan, quizá no entiendan, que la renta agropecuaria es la remuneración del propietario de la tierra y que el precio de ésta es igual al valor descontado de dicha renta. La inseguridad jurídica, o poner en un tembladeral el derecho de propiedad de la tierra, no les merece mayor consideración. No conectan la inseguridad con la inversión en mejoras, genética, alambrados, silos, puertos. No terminan de comprender que esas regulaciones tienen un costo de bienestar para el país en su conjunto. Que si bien hay grupos que se benefician de ellas, hay grupos que se perjudican, y que el balance es negativo.

La declinación de la economía argentina está explicada en gran medida por una catarata de regulaciones como la que los muchachos defienden. No hay trade-off. Hay pura pérdida de largo plazo para todos. Y hay formas mucho más sensatas y constitucionales de ayudar a los pobres. Lo peor del caso es que no se les pasa por la cabeza que al relativizar el derecho de propiedad ponen de remate sus libertades.

Jorge Ávila

DESPRESTIGIADOS, LOS SERVICIOS DE LOS ENCUESTADORES K SON MENOS REQUERIDOS

Contraofensiva II: Llegan las encuestas truchas de las empresas serias

Más que preocupado por el tercer puesto al que quedaría relegado hoy en Santa Fe, el cristinismo dio la nota en Capital esta semana a partir de que Daniel Filmus y Carlos Tomada salieron a denunciar una supuesta campaña sucia del macrismo operada por Jaime Durán Barba, todo esto con la complicidad del juez federal Ariel Lijo -un Oyarbide en potencia- que realizó allanamientos anticipados por el matutino oficialista Página 12. Así montaron un show, donde el padre del candidato, el señor Salomón Filmus, apareció en la conferencia de prensa como un muñequito de torta para avalar la denuncia contra el macrismo por una supuesta cadena de llamadas telefónicas que decían que él era arquitecto y que trabajaba en la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo en el proyecto Sueños Compartidos. Las llamadas, según el show montado, habrían salido de dos empresas vinculadas a Durán Barba. Semejante clima circense continúa con la publicación en La Nación de hoy de una encuesta de Poliarquía, que afirma que Macri se impondría en segunda vuelta por 61 a 39%. Con este número, Filmus repetiría su elección del 2007, sirviendo el trabajo de base para que el gobierno sostenga que CFK podría en octubre obtener el 40% en la Capital Federal. Esta operación, realizada en un momento de especial debilidad del oficialismo, le devuelve algo de oxígeno al decaído triunfalismo K.

Mediciones más creíbles señalan, en cambio, que Macri estaría ganado con el 65% o más todavía, porque el intento de Filmus-Tomada para levantar la puntería sigue sin movilizar a casi nadie.

Encuestadora seria se busca

Esta situación se vincula con otra: luego del papelón sufrido por los encuestadores oficialistas, que le asignaban a Macri sólo una discreta ventaja en la primera vuelta, a la Casa Rosada estos expertos ya no le serían de gran utilidad, dada su falta de credibilidad pública. Así es que los encuestadores K se verían ahora desplazados de los encargos oficiales de encuestas, ya que el kirchnerismo necesita influir en la opinión pública a través de empresas más creíbles y que, al menos públicamente, no aparezcan como cautivas del poder.

Si Agustín Rossi efectivamente termina escoltando a Miguel del Sel esta noche, se derrumbará más de un mito, especialmente el que dice que CFK tiene el poder de hacer ganar a sus candidatos, como se instaló en las elecciones provinciales de Catamarca y Chubut. Sin “efecto Cristina” alguno, la segunda vuelta porteña del 31 de julioy el 7 de agosto en Córdoba traen nuevas amenazas para agravar el clima de derrota que se está instalando. De ahí la necesidad del gobierno de cooptar una encuestadora hasta ahora seria para que diga que CFK superará el 40% en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto. Pero las operaciones para manipular la opinión pública tienen cada vez menos credibilidad.

CRISTINA, CADA DÍA MENOS PROGRE

Contraofensiva I: El gobierno a la caza del voto de centro

Mientras se apresta a recibir hoy otro golpe en la elección santafesina, si es que Agustín Rossi sale tercero, el gobierno empieza a intentar una reacción que lo saque del círculo vicioso en el que navega desde el estallido Schoklender- Bonafini. El contraataque apunta a recuperar parte del voto de las clases medias urbanas, que le están dando la espalda a CFK pese a los altos índices de consumo que por ahora se registran. La decisión oficial de traspasar a los gobiernos provinciales y los municipios la administración del Programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas populares, presentada como una operación para resguardar a Hebe de Bonafini, plantea, en realidad, el comienzo del divorcio de la Casa Rosada con las Madres. Sin duda un intento para tranquilizar los ánimos de los sectores moderados. En la misma línea, ni bien terminada la feria judicial, se conocerían nuevas resoluciones judiciales del juez federal Norberto Oyarbide avanzando sobre la responsabilidad de Hugo Moyano y su entorno en la causa de la mafia de los medicamentos. Coincidentemente, Amado Boudou habría recibido expresas instrucciones de no pagarle a la CGT 2200 millones de pesos en concepto de reintegros que la APE (Administración de Programas Especiales) les debe a los gremios por tratamientos de alta complejidad, ahora justamente investigados por su vinculación con la adulteración o la compra de medicamentos robados. Tomar distancia de Las Madres y castigar a Moyano son sólo dos de las muchas operaciones en marcha.

Sin pagar ningún costo político, porque la izquierda optó por mirar para otro lado, el gobierno está militarizando aceleradamente la seguridad, siguiendo un esquema semejante al que utilizan, con distintas variables, México y Colombia. En América Latina, el veto político y legal a la participación de los militares en la seguridad sólo es sostenido por la Argentina, con una doctrina que expresa el antimilitarismo iniciado en el ‘83. El caso es que el plan Cinturón Sur, que incluye el inminente despliegue en La Boca, Barracas, Patricios, Pompeya, Soldati y Villa Lugano de 2500 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, apunta a la captación de votos, que en el caso de Daniel Filmus no aparecieron pero que podrían apuntalar a la presidente para octubre. No menos electoralista fue el reciente lanzamiento de Escudo Norte, el plan de radarización que es el punto inicial para el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El progresismo parece, por su parte, dispuesto a digerir que el gobierno campeón del antimilitarismo convoque a los uniformados para combatir el delito, como una táctica de emergencia para ganar el 23 de octubre.

En el mismo sentido se inscribiría el creciente protagonismo de Boudou como vocero de la presidente. El ministro de economía, con su origen liberal y su estilo posmoderno, funciona en el marco de una campaña de publicidad, a veces subliminal, para reconquistar a la clase media.

Con relación al voto del campo, el gobierno apuesta a profundizar la división en la que viene trabajando el ministro de agricultura, Julián Domínguez. La severidad de Hugo Biolcatti en su discurso de la Rural hizo que la Federación Agraria, a través de su vicepresidente Omar Barchetta, se diferenciara de él. Barchetta afirmó que su discurso “quizás fue demasiado fuerte”.

La neutralidad del PRO

En el plano partidario, la contraofensiva K va definiendo sus objetivos. Es importante para el gobierno conseguir que Mauricio Macri adopte un rol prescindente en la campaña electoral nacional, dejando en libertad de acción a sus seguidores. Entre otros recursos para convencer al jefe del PRO de que adopte esta opción, el gobierno en poco tiempo más pondría en marcha campañas “negras” contra Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, que incluirían denuncias y descalificaciones de distinto tipo. La mesa chica del cristinismo ya no estaría, por otra parte, tan segura de alcanzar el 40% de los votos en las frías primarias del 14 de agosto. Pero se daría por conforme si consigue alrededor de 37 puntos y Alfonsín y Duhalde no alcanzan el 20%. Con esta diferencia, el aparato publicitario oficial reconstruiría su libreto de que las posibilidades de segunda vuelta serían ínfimas, porque el FpV podría arrimar al 40% en tanto que Duhalde y Alfonsín, el 23 de octubre, tal vez se neutralicen recíprocamente impidiendo que el otro llegue al 30%.

Cómo votó el campo en el 2007

Este domingo en Santa Fe empiezan a develarse las tendencias del voto de los sectores agrarios. El siguiente cuadro muestra cómo en el 2007 CFK fue electa con el fuerte apoyo de las zonas más representativas del campo.

EL CRISTINISMO NO PUDO EVITARLO: RENACEN LAS INTERNAS EN EL PJ

¿Las derrotas de Filmus y Rossi le restarían votos a CFK para octubre?

Si mañana Miguel Sel le saca aunque sea un voto de ventaja a Agustín Rossi y el domingo próximo Mauricio Macri duplica los votos de Daniel Filmus, los problemas electorales del kirchnerismo se irían aclarando. A CFK le quedarían, después del 31, apenas dos semanas para reponerse en la primaria del 14 de agosto. Pero el mayor interrogante sería si las probables derrotas de Filmus y Rossi se reflejarán en una pérdida de votos K el 23 de octubre. El tema tiene distintas facetas. Filas adentro del peronismo se escuchan ruidos inquietantes. De quedar Rossi tercero, saldrían rápidamente a luz muchas cuentas pendientes. Por ejemplo, Jorge Obeid, que debió abandonar su carrera a la gobernación debido a la férrea oposición de aquél, estaría preparándose para cobrar su factura. Desde el seno del kirchnerismo santafesino, Rafael Bielsa y Gustavo Marconatto (este último con buena llegada a la presidente) se anotarían entre los primeros en criticar a Rossi. Pero la batalla de octubre, en respaldo a la candidatura de CFK deberá darla Omar Perotti, que encabeza la lista para diputados nacionales. En la Casa Rosada temen -y no sin razón- que una crisis interna en el PJ santafesino debilite la reelección de CFK en un distrito con 2 millones y medio de votantes. El panorama es aún más complicado si se tiene en cuenta que el reutemismo conserva el 60 por ciento de los cargos en el Consejo Provincial del PJ local. Los reutemistas, por ejemplo Ángel Baltuzzi y Ricardo Spinozzi, también podrían encabezar una rebelión contra el yugo kirchnerista, en la que Carlos Reutemann dejaría hacer, luego de aclarar que él no milita en las filas del oficialismo. Si esta crisis toma cuerpo, la actual migración de votos peronistas hacia Del Sel podría continuarse a favor de Duhalde. Pero no todas son malas noticias para el kirchnerismo, porque el PRO-Peronismo se presentará con dos listas de diputados nacionales, lo que obviamente lo debilitará. Por un lado, está la lista del PRO, que encabeza el dirigente del sindicato de plásticos Germán Mastrocola (de la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo) y por el otro, Rodolfo Vacchiano, por el duhaldista Frente Popular. Claro está que la lista del FpV ya está sufriendo también una erosión importante. La imposición de Carlos Zannini para que el dirigente de La Cámpora Marcelo Cleri ocupe el segundo lugar debajo de Perotti, dejó heridas abiertas. Una de ellas fue el portazo dado por uno de los adláteres de Hugo Moyano, el Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, cuando se enteró de que no le ofrecían uno de los primeros tres lugares de la lista. Con el reutemismo en pleno trámite de divorcio, la CGT en contra y un serio malestar en sus filas, al kirchnerismo santafesino podría resultarle más que difícil superar el trauma, si es que Rossi sale tercero, y movilizar además al aparato peronista para que CFK triunfe sin necesidad de primera vuelta. Y ni que hablar de lo enrevesado que sería para los hombres de la Casa Rosada entusiasmar a sus militantes para la fantasmal primaria del 14 de agosto.

Ganar y por 20 puntos de diferencia

Obviamente, la Capital es el otro distrito donde la derrota -en este caso serían dos- puede desmovilizar al aparato kirchnerista. Pero la diferencia con Santa Fe es obvia. Ni el PJ ni ninguna de las tribus del kirchnerismo porteño son en realidad grandes movilizadores de votantes. La ciudad vive en la política líquida y es ínfimo el porcentaje de porteños que se deben a alguna estructura partidaria.

No sin cierta lógica, para mantener sus chances de imponerse sin ballotage, el gobierno apostaría a que después de las primarias, descorazonados por los malos resultados de las mismas, varios presidenciables abandonen la carrera. La decisión del Juez Federal Electoral de La Plata, Manuel Blanco, de que la justicia no reparta las boletas en las 32.000 mesas de la provincia, parece empujar a seguidores de Hermes Binner, Elisa Carrió y Pino Solanas, hacia una situación crítica, porque carecerían de estructura para organizar en tiempo y forma semejante distribución. Si las primarias bonaerenses se concentran, como la elección porteña, entre dos o tres fuerzas -la UDESO, el FpV y el duhaldista Frente Popular- las demás alianzas podrían quedar seriamente relegadas y, en algunos casos, muy cerca del piso del 1,5% que la ley exige para continuar en carrera hacia octubre. Que, por ejemplo, Binner abandonara la carrera presidencial sería una bendición para la Casa Rosada, que podría entonces tratar de seducir a los votantes socialistas. Después de tantos triunfos en provincias menores, el kirchnerismo necesita ahora ganar en un distrito grande. Obligado por las circunstancias, debe apostar todo lo que tenga a que en Buenos Aires, el 14 de agosto, su diferencia de votos sobre Alfonsín-De Narváez y Duhalde sea de no menos de 20 puntos. Sólo así el mito del triunfo sin segunda vuelta volvería a ocupar el centro del ring. La otra salida, altamente traumática, sería que sorpresivamente las primarias se suspendan por alguno de los conflictos que se están multiplicando.

OTRO PAPELÓN DEL GOBIERNO K Y DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Hoy se concretó que los hijos de Ernestina de Noble no son hijos de “desaparecidos “, como durante tantos años sostuvo el Gobierno Nacional.

Se cae todo lo que hicieron los seguidores del gobierno. No les importo cómo estaban sufriendo los jóvenes y la Sra. de Noble. Los ultrajaron y sometieron a situaciones de horror, de dolor, de vergüenza.

Hoy se acaba de comprobar que los ADN de los pobres muchachos, nada tiene que ver con los denunciantes. El Banco de registro de nacimientos demuestra que, como otras maniobras políticas, era falsa.

MARCELA Y FELIPE NO SON HIJOS DE DESAPARECIDOS.

¿Qué va a decir el Gobierno Nacional ahora?

¿Y el padecimiento que por persecución sufrieron estas personas, quién lo remedia?

La falsa acusación tuvo orígenes nefastos, solamente buscaban hacerle creer a la gente, ingenua en muchos casos, que la Sra. de Noble había sido “ladrona” de hijos” de desaparecidos. ¿No es eso “crimen de lesa humanidad”?

El Gobierno va a decir que ellos fueron engañados, y por ello creyeron en las denuncias de las Abuelas de plaza de mayo”.

¿Quién les devuelve los años que tuvieron que sufrir, ser sometidos a sospecha? Les impidieron vivir con su madre adoptiva la tranquilidad y el amor que una mujer le pueda dar a un hijo adoptivo. ¿Quién les devuelve los años perdidos?

Esto es irreparable.

Otra vez el Gobierno, muestra la falta de respeto por la dignidad de las personas, en tanto que ellas sean opositores a su forma de pensar.

Esta vez tambien se les fue la mano.

Sra. de Noble, Marcela y Felipe, FELICITACIONES, por haber dejado otra vez en evidencia la MALDAD de estos desvergonzados, sinvergüenzas, corruptos e Inhumanos a quienes no les interesó hacer sufrir a estos pobres argentinos, cuya única culpa fue ser LEALES Y SINCEROS.

Como argentina estoy orgullosa de ustedes y quedo absolutamente agradecida por haber tenido el orgullo de seguir luchando contra toda adversidad.

Pero la verdad siempre gana.

LACRA EXECRABLE

Amalia Lacroze de Fortabat -15 de agosto de 1921- y Ernestina Herrera de Noble -7 de junio de 1925-, son las empresarias más poderosas y encumbradas del país. La segunda, con sus casi 86 años a cuestas, el 3 de mayo abandonó el país, refugiándose en los Estados Unidos de Norteamérica. Diez años atrás, una abogada llamada Alcira Ríos presentaba una denuncia con la firma de Estela Barnes de Carlotto, ante el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de Roberto Marquevich. En el escrito se solicitaba una investigación judicial sobre la filiación de los hijos adoptivos de la Directora de Clarín. Diez años de vejámenes; procedimientos atentatorios a la dignidad de las personas, y persecución política, fueron necesarios para precipitar su decisión. Hoy, 16 de julio del 2011, se ha determinado que tanto Felipe como Marcela Noble no son hijos de desaparecidos. Sobre el tema y con lujo de detalles, ya han comenzado a pronunciarse analistas políticos, periodistas de valía y políticos de distintas corrientes. En lo personal, me pregunto qué es lo que queda para uno, cuando los Derechos y Garantías contemplados en la Constitución Nacional se hacen añicos en aras de una persecución política llevada a cabo con tan tremendo ensañamiento, al punto de vulnerar la mismísima dignidad de una persona. ¿Qué queda para uno, cuando la señora Ernestina Herrera de Noble tuvo la posibilidad de recurrir a sobresalientes especialistas en la materia, esos a los que uno jamás podría acceder?

Enriqueta Estela Barnes de Carlotto -22 de octubre de 1930- es una activista de derechos humanos en la Argentina, y Presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Amparada en la impunidad de la que evidentemente gozan quienes dicen formar parte nada menos que de los DDHH, acometió, avalada por un Gobierno “tuerto” y corrupto como jamás hubo otro, contra una anciana y dos jóvenes, convirtiéndoles los últimos diez años de sus vidas en un verdadero escarnio. ¿Qué queda para uno?, me vuelvo a preguntar. ¡No existe forma ni manera de resarcir a un ser humano de semejante afrenta! Evidentemente, la abuela de Caperucita fue devorada por la irracionalidad y el odio del Lobo Feroz.

Hebe María Pastor de Bonafini -4 de diciembre de 1928- es una activista argentina por los derechos humanos, y una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependen una universidad nacional ilegítima e ilegal, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería, y la administración de un centro cultural donde antes funcionaba la ESMA. “Avanza la descomposición”, escribió Carlos Manuel Acuña, habida cuenta de una serie de hechos delictivos que la comprometen más que seriamente, no obstante “su apertura de paraguas” presentándose como querellante de una Asociación Ilícita de la que forma parte y dirige -se lo dije en su momento-, más la actuación salvaje y bárbara de integrantes de La Cámpora, donde aparece la figura del candidato a Vicegobernador que La Señora le impusiera al siempre complaciente Daniel Scioli. El que se quema con leche, ve una vaca y sale corriendo, ¿no, Daniel?

Ahora, a las puertas de las Elecciones Nacionales, surgen los políticos de pacotilla, dispuestos a sacar rédito de semejante ignominia. Me saco el sombrero, en cambio, ante aquellos que siempre tuvieron una mirada y un pronunciamiento crítico sobre el tema. Y me saco el sombrero ante periodistas de real valía y huevos como Jorge Lanata y Luis Majul, por nombrar a los más populares y expuestos, así existan entre ellos profundas diferencias ideológicas.

¡Se terminó la Copa América, señores! Y debo confesarles que tengo sensaciones encontradas, que poco y nada tienen que ver con las sensaciones del Ministro Jefe de Gabinete, pieza inamovible de un gobierno al que representa cabalmente. Por un lado, la frustración por tantos años sin conseguir el trofeo deportivo. Por el otro, el que quizá precipite la toma de conciencia por parte de un pueblo sumido en el letargo que hace posible la continuidad en la conducción del país de tan execrable lacra.

FALTANTE EN LOS PLANES GANADEROS

La ganadería está experimentando un renacer. La suba de valores, ocurrida desde fines del 2009, ha venido reacomodándose durante el transcurso de este 2011. Actualmente, los precios son buenos para los productores sobrevivientes.

Situación de la ganadería bovina

No por sabido se debe dejar de reiterar que en estos últimos cuatro años se han perdido más de 12 millones de cabezas de ganado, que decenas de miles de productores desaparecieron y que, especialmente, en lo que hace a la cría en la zona del caldenal pampeano, muchos son los campos que permanecen vacíos y con candados en sus entradas. ¿Cómo se abrirán las tranqueras de los campos cerrados?

Obsérvese que lo perdido por Argentina es una cantidad mayor a la totalidad de los rodeos de Paraguay (12 millones de cabezas) y Uruguay (11,7 millones de cabezas) y que no obstante ello tanto un país como otro -sin contar Brasil- exportan mas toneladas de carne que nosotros.

Va de suyo que, además, Argentina ha incumplido con la Cuota Hilton por tercer año consecutivo.

Profusión de planes ganaderos

Sólo en lo que va del siglo, por mencionar algunos, se han ido redactando diversos planes, algunos no llegaron a implementarse y ninguno ha dado resultado positivo.

En La Pampa, por ejemplo, se anunció el 03/11/04 el Plan Provincial de Activación Ganadera que preveía, entre otros ítems, una agenda de viajes por el mundo. Los viajes sea realizaron -tal como lo informamos en junio de 2005- sin secuela tangible para el campo pampeano.

De la misma manera se podrían citar otros que integran una plétora de planificaciones, que poco aportaron y, en algunos casos, devinieron en pequeños y medianos productores “fundidos” y en éxodo rural.

Ahora está de moda hablar del Plan Estratégico Federal Agroalimentario y Agroindustrial, al menos en el ámbito nacional y de sus conceptos claves en que funda el desarrollo. A nivel provincia de La Pampa el Plan Estratégico está integrado por cuatro consejos.

Asimismo en un informe titulado “La Agroindustria para el desarrollo nacional: Aportes para una Política de Estado”, cuatro ex secretarios de Agricultura de la Nación -que se desempeñaran entre 1983 y 2002, en administraciones de distintos signos políticos- muestran el significativo descenso de la producción ganadera argentina, no obstante el tremendo potencial de la economía agroalimentaria y agroindustrial, comparando con el crecimiento operado en Uruguay (20%), Paraguay (31%) y Brasil (42%). Todo ello en la primera década de este siglo.

En créditos, también “la realidad es la única verdad”.

¿De qué carecen todos los planes hasta el presente?

Simplemente, de prever programas de créditos que inviten seriamente a invertir en ganadería y, de esa manera, poder recuperar lo perdido y acrecentar el stock de ganado bovino en Argentina; incluida, especialmente, la zona de cría del caldenal pampeano.

Pese a los anuncios del Ministro de la Producción (en la sexta Expo Ternero, de General Acha, el sábado 28 de mayo de 2011 y cuando la Mesa Agropecuaria Provincial y la Comisión de Emergencia Agropecuaria se reunieran el viernes 10 de junio de 2011, en Casa de Gobierno de Santa Rosa, La Pampa, acerca de créditos de asistencia con topes de 800 mil y 2 millones de pesos), los únicos créditos para bovinos vigentes a la fecha, para bancarizados, son:

Plan activación ganadero

Monto: hasta $150.000 para retención de vientres ó $300.000 para compra de vientres; plazo: a sola firma 2 ó 3 años máximo, con hipoteca hasta 5 años; periodicidad: semestral; tasa vigente: plazo fijo + 7% menos 10 puntos porcentuales, pago en término.

Compra reproductores machos: (financia el 90% del precio neto gravado de IVA).

Monto: hasta $300.000; plazo: a sola firma 2 años; periodicidad: semestral; tasa variable: plazo fijo + 7% menos 10 puntos porcentuales, pago en término.

Por otra parte, para los no bancarizados, Nación aportó $ 35.000.000 para recomposición de rodeos. En agosto del 2010 se firmó un Convenio de Emergencia y Desastre Agropecuario. El Gobernador declaraba que con ese dinero solucionaría el problema de “4.000 (realmente eran 4.218) muy pequeños”, que motivara aquella columna titulada: “Dos lecheras y… no alcanza para el toro”; habida cuenta que cada productor percibiría 8.750 pesos. El total de productores ganaderos bovinos, en La Pampa, alcanzaba un número de 9.325

Finalmente, aquellos 35 millones les fueron adjudicados a 1.120 productores, de 55 localidades pampeanas. El tope fue de $35.000 per cápita. Lógicamente y como ya se dijera, antes de ahora, esos importes no alcanzan para recomponer rodeo alguno, por pequeño que sea. La realidad indica que es quimérico y absurdo.

Propuesta

En virtud de lo referido precedentemente, se reitera lo ya expuesto en abril de 2010, acerca de la necesidad y urgencia de una genuina Política Ganadera de Estado, a mediano y largo plazo.

Mientras se discuten los “planes”, previamente, como parte del programa y respecto a créditos se debe establecer un sistema que, para dar previsibilidad, abarque un periodo mínimo de 40 años (10 mandatos presidenciales).

Durante ese lapso, se otorgarán créditos blandos, para retener y/o adquirir madres (las fábricas), para recriar terneras (fábricas en expectativa), a 8 años de plazo, con 3 de gracia, para poner en producción hasta 500 (quinientas) reproductoras hembras y machos en proporción, por productor (persona física o jurídica con integrantes o sucesión indivisa, cuya actividad ganadera en la región tenga una antigüedad mínima de 15 (quince) años o unidad de explotación con aptitud suficiente. Los productores de mayor escala o grupos económicos o extranjeros o quienes inicien la actividad pecuaria deberán ser igualmente contemplados, pero objeto de una normativa distinta.

La visión expuesta, implica el desarrollo del interior de Argentina y hace a un País Federal. Reconstruye una ganadería degradada, por políticas gubernamentales nefastas y abre la huella para transitar hacia un destino de grandeza.

APARECEN LAS PRIMERAS DENUNCIAS

Radarización: El nuevo negociado

Radares: Pagados a precio de oro, sin intervención del Congreso Nacional y sin alcance eficaz. Otros fuera de servicio, a los cuales se los da oficialmente como operables. Uno que funciona solamente tres horas por día. Y, por último, radares de combate de tierra inútiles en el monte, donde serán desplegados.

Aviones a hélice de la Fuerza Aérea con la misión de perseguir a los aviones narco con motores a reacción, y sin autorización para derribarlos.

Fuerzas Armadas interviniendo en el ámbito interno, violando la Ley de Defensa y sin declaración de un teatro de operaciones por parte del Congreso de la Nación.

Ésta es la síntesis del plan de radarización “Escudo Norte” (conocido en la jerga militar como “El Culo al Norte”), y que será el nuevo escándalo nacional, que motivará, en el próximo futuro, el desfile de una cantidad inusitada de funcionarios y militares por los estrados judiciales de Comodoro Py.

Obiglio

Julián Obiglio, diputado del PRO, en La Mesa de Café con Miguel Clariá y Mario Pereyra transmitida por Cadena 3, se sumó a la polémica por el “Plan Escudo Norte” del siguiente modo:

“Hay que reconocer que está bien lo que se hace, pero el problema es que son 100 los vuelos clandestinos que ingresan por día. Se necesita un mínimo de 12 ó 13 radares. Teniendo en cuenta que hay 6, vamos a tener la mitad de la frontera liberada”, señaló.

“Se reducirá al 50 %: en vez de tener 100 vuelos diarios, tendremos 50, pero hay que cubrir toda la frontera. Los narcos son muy vivos, muy profesionales y alguna forma encontrarán”, aseguró el diputado recordando que el programa del Gobierno surgió de un proyecto de su bloque.

Por otro lado, el legislador no comprende la compra de uno de los 3 radares que dispuso el Gobierno nacional.

“El tercer tipo de radar (los Rasit) no se entiende muy bien para qué se va a poner, porque son para combate. Para detectar tanques y helicópteros de vuelos rasantes. Ese gasto me parece innecesario ya que no estamos en guerra. No sé si es por falta de conocimiento o como le decían a usted, si hay otro motivo. No lo sé. Es raro poner radares de guerra”, enfatizó Obiglio.

Ex asesor de Defensa denuncia corrupción del Gobierno nacional en la compra de radares

Así lo señaló a Cadena 3 el ingeniero aeronáutico Ricardo Runza: “Es un plan irrealista que esconde negociados. Es un programa que le miente a la sociedad, con poco rigor técnico y que esconde un operativo de corrupción fenomenal”, dijo

Runza, en diálogo con Cadena 3, denunció corrupción del Gobierno nacional en la adquisición de radares para la lucha contra el narcotráfico, programa que fue presentado en la víspera por la presidenta Cristina Fernández en Santiago del Estero.

El profesional trabajó durante años como asesor del Ministerio de Defensa de la Nación, durante las gestiones de Ricardo López Murphy y de Nilda Garré, actual titular de esa cartera.

“Para mí es una burla para la sociedad. Es un plan irrealista que esconde negociados. Es un programa que le miente a la sociedad, con poco rigor técnico y esconde un operativo de corrupción fenomenal, una vez más, como ocurre en los últimos 20 años”, aseguró el especialista en radarización.

“Esto es una estafa. Esconde un negocio de 500 millones de pesos. Ese radar que dicen haber puesto en Santiago del Estero ha sido financiado por De Vido, con un pago anticipado. Esto significó la anulación de una licitación internacional de manera injustificada. El radar que hace referencia el decreto, es uno francés que tiene un valor de 5 millones de pesos menos”, agregó.

Runza puntualizó que el radar adquirido tiene un menor alcance del que sostiene el decreto nacional y un valor más elevado. “Tiene un alcance de 200 kilómetros, mientras que el de la licitación anulada alcanza los 400 kilómetros”, enfatizó el ingeniero.

En ese sentido, Runza indicó además que “la empresa INVAP es la Schoklender de este tema”.

“El radar instalado en Santiago del Estero cubre con su alcance hasta el límite de la provincia, es decir que todo el norte está descubierto. Los radares Bendix, que fueron donados por España y que se encuentran en Resistencia y Reconquista, están fuera de servicio. En tanto que el de Tartagal funciona 3 horas por día”.

“Esta es la realidad. La presidenta presenta ‘Escudo del Norte’ como presentaron el ‘Escudo del Sur’ o el ‘LCD para Todos’. Es un plan irreal”, finalizó el ex asesor del Ministerio de Defensa de la Nación.

LOCADEMIA ELECTORAL

Si no fuera una muestra de la trágica confusión social, el desorden imperante en el contexto político que enmarca el trámite de las elecciones internas abiertas sería sumamente cómico.

Se da una paradoja tan desopilante que si viviera Tato Bores sería un “bocatto di cardinali” para un guionista ingenioso: el kirchnerismo le hace la campaña a la oposición y la oposición le hace la campaña al kirchnerismo.

Ambos son tan torpes y miopes que el proceso electoral parece una carrera de ciegos que haría desternillarse de risa a la tribuna.

Ejemplos: Binner le abre la puerta caballerosamente a la viuda para que al mejor estilo Tita Merello le diga en su casa y en la cara que es un inútil total arrogándose el crédito de una obra... que hizo la Provincia de Santa Fe!!

La señora H2cero por su parte no se priva de decir una gansada tras otra y de citar cifras amañadas para cimentar su campaña “encubierta”logrando la hazaña inédita de que medio millón de televidentes cambien de canal al mismo tiempo. Para el Guinness.

De la Sota primero hace la pata ancha y se pelea con el kirchnerismo para después mendigar el colgaje de su boleta de diputados de la de la cónyuge supérstite de Néstor Kirchner corriendo el riesgo de sufrir ¡Sin paracaídas!! el desaire que era previsible hasta para un infradotado... La viuda lo deja pedaleando en el aire con ayuda de su disciplinada tropa judicial.

El oficialismo pone una traba tras otra a los opositores utilizando a sus anchas el menú de trampas armadas mediante la ley 26.571 ¡Que votaron varios opositores!!

Por ejemplo, prohíbe aportes de empresas a la campaña, art. 58, con lo que si una persona quiere favorecer a una propuesta política debe hacerlo de su peculio personal y quedar ipso facto en la mira de la AFIP que ni bien terminan las elecciones mandará a diligentes inspectores a preguntarle de dónde sacó la plata.

Supeditados entonces a los fondos públicos (que no son 35 millones para cada candidato como dijo el matutino La Nación en una increíble burrada sino para todos los candidatos, resolución 840/2011 Ministerio del Interior) los aspirantes se encuentran sumidos en una carrera de obstáculos que empieza con la disparatada exigencia del CUIT y ¡Exención de ganancias! para abrir la cuenta especial donde deben recibir los fondos.

Das Neves y Stolbizer sufren ataques de las fuerzas de choque kirchneristas pero en lugar de interpelar al electorado si quieren un gobierno estalinista que seguirá usando estos métodos o una democracia republicana balbucean lastimeras quejas que no emocionan a nadie.

Macri deshoja la margarita acerca de si “le conviene” que gane la viuda o algunos de los opositores, nadie se pregunta que le conviene al país. Si el futuro alcalde porteño comete el error de querer convertirse en el líder de la oposición dejando librados a su suerte a los opositores y especulando con el desgaste de la viuda y la supuesta imposibilidad de reelección, él y su asesor estratégico habrán entrado en la larga lista de casos que relata Paul Tabori en su “Historia de la estupidez humana”.

Mientras tanto en el medio de este zafarrancho todos trabajan de aprendices en el medio de la feria judicial con las estructuras colapsadas. Incluyendo jueces, secretarios y subalternos, todo se hace a la marchanta y tratando de cubrir los inconcebibles baches de la ley, varios de los cuales ya denunció el juez Blanco de larguísima experiencia en el distrito de mayor caudal electoral del país anunciando últimamente que no se hace responsable de la distribución de las boletas con lo cual pone a las agrupaciones de menores recursos frente a la necesidad de inventar una carísima logística de emergencia ante la posibilidad de que sus boletas no estén en los cuartos oscuros.

Esta bomba con espoleta de retardo que lanzó Blanco merece varias lecturas, una de las cuales sugiere que se viene la suspensión judicial de las internas ante la probabilidad de que en el distrito Buenos Aires se materialice la imposibilidad de seguir con el cronograma y sería directamente demencial continuar el proceso, aunque difícilmente la Justicia Electoral quiera hacerse cargo de ese muerto.

La otra es que apunta a dejar fuera de carrera o seriamente averiadas a por lo menos cuatro de las siete fórmulas en la provincia de Buenos Aires.

En resumen, como era de esperar este proceso “electoral”tan alocado, hijo de una ley idiota, tiene a todo el mundillo político y judicial bailando una pieza que nadie entiende interpretada a toda orquesta por Les Luthiers mientras el escenario se viene abajo frente a un público que tampoco comprende muy bien el sentido de una elección donde no se elige a nadie, que cuesta millonadas, mientras los pobres de Tartagal, Salta, se manifiestan en la Avenida 9 de Julio muertos de hambre y de frío para pedir que la presidente de todos los argentinos cumpla las promesas que les hizo cuando en ese lugar descubrió, sorprendida, que existía algo llamado pobreza en esta Argentina tan rica.

Señales de fraude entre la corrupción y el miedo

Hace unos días, después del impacto producido por el éxito electoral del PRO de Mauricio Macri, Cristina Fernández se sintió mal durante una reunión de trabajo. La indisposición se manifestó con una sostenida taquicardia, que obligó a la intervención médica -entre ellos tres cardiólogos-, pero poco después y con las recomendaciones del caso, se superó parcialmente el problema. La causa no era para menos: entre las continuas cifras que se barajan en la cúspide del poder sobre la eventual proyección de los votos en los distintos comicios, surgía con claridad que lo sucedido en la Capital dejaría su huella bien marcada. Tanto era así, que los porcentajes -incluso los consignados por las consultoras pagas por el gobierno y cuyos trabajos tratan de satisfacer a sus contratantes- marcaban un firme retroceso en todos los distritos. Santa Fe, el más próximo y difícil, por la influencia negativa que tendría para el kirchnerismo, confirmaba que Rossi se ubicaría lejos en el tercer puesto y que una traspolación de los números, con miras a agosto y después a octubre, eran más que alarmantes. Ni por asomo la fórmula cristinista llegaría el próximo mes al ansiado 40 por ciento y se corría el riesgo de una derrota final con todas sus consecuencias. La Presidente tiene sus defectos pero entre ellos no está el impedimento de la percepción de un tema tan trascendente. Ya se percataba de algunas señales de inquietud entre quienes se aprestaban a tomar medidas para una retirada -ella misma lo hizo- y no era difícil medir el ambiente de nerviosismo que reina en la cúspide del gobierno y las medidas que se habían adoptado o estaban en vías de instrumentarse. Hasta De Vido, el más sereno, metió la pata en el asunto Skanska. Los jueces ya no son los de antes.

Por ejemplo, estaban quienes discuten la importación de gas desde el lejano Qatar con un costo muy superior al ofrecido por Chile, Bolivia u otros proveedores más cercanos y con un contrato por veinte años que aseguraba dividendos por la intermediación durante todo ese lapso. Al menos por parte de los vendedores. Otra disposición que había adoptado gracias a los consejos de Nilda Garré fue la de permitir la intervención de las Fuerzas Armadas -especialmente la infantería del Ejército y la Fuerza Aérea- en la lucha contra el narcotráfico, un tema candente y sensible internacionalmente. Esto fue lo que la decidió y en su fuero íntimo estaba esa satisfacción de doblegar la opinión de los militares renuentes a participar por múltiples y diversos motivos. Entre ellos, la carencia de elementos humanos suficientes -en cantidad y entrenamiento especializado- para suplir a la Gendarmería Nacional, trasladada progresivamente hacia la llanura y los centros urbanos para contener la inseguridad interior.

Otro motivo no menos importante y más sutil consistía en la necesidad de evitar cualquier clase de contagio a partir del inevitable contacto con el narcotráfico, un asunto que más adelante sería difícil de erradicar, tal como les había sucedido a los mexicanos y a los colombianos. De nada sirvieron los argumentos que alguien le acercó y tampoco el de la especialización que demanda la tarea fronteriza, sumado al tema de la reducción de los efectivos militares por falta de presupuesto. Alguien -siempre hay alguien- le acercó un análisis sobre la reducida composición de las unidades de monte y su despliegue, pero fue inútil: la decisión estaba tomada y el asunto de los traslados, de los viáticos y de los elementos necesarios, se lo evaluaría en su momento ¿Acaso los militares no deben estar siempre dispuestos para la acción...? De nada sirvieron estas sugerencias y mucho menos las relacionadas con el tema técnico de los radares. Los radares son los radares cualesquiera sean sus capacidades y lo que haga falta se comprará. Hay que contentar a todos...

Esta última es una cuestión que trae incorporada varios millones de dólares al juego y, para demostrar que existe criterio formado en el sentido de seguir adelante y utilizar estos asuntos para la campaña electoral, el gobierno resolvió no dejarse vencer por los sentimentalismos y así se instruyó, por ejemplo, a los jueces que intervienen contra los militares en Bahía Blanca. ¿Que son ancianos y están enfermos? No importa. ¿Que carecen de espacio para sobrevivir...? Bueno, tendrán que acostumbrarse. Dar el brazo a torcer sería una señal de debilidad... ¿Que los abogados defensores se quejan porque no son escuchados...? Bueno, eso siempre pasa y por algo será... Todos son problemas, meditó. Ahora llegaban los informes acerca de que el área sembrada de trigo se reducirá en más de un veinte por ciento y que la producción caerá en más de 3 millones de toneladas sólo en Santa Fe. No importa, le dijeron, la prohibición de exportar manejada por Guillermo Moreno asegura un stock de reserva para los molinos que ganan demasiado.

Cristina pasó por alto las noticias que brevemente le hicieron saber que el campo amenazaba con movilizarse nuevamente. Por ahora, lo más importante era asegurar el abastecimiento de gas a la población que se apresta a votar y desmentir rápidamente a los derrotistas que aseguran que los radares no funcionarán, como lo sostienen con relación a los que se preparan en Santiago del Estero. ¿Que la Fuerza Aérea quiere hacer como los brasileños, que tienen esa famosa Ley de Derribo? Bueno, allá los brasileños, aquí hacemos las cosas de otra manera. La Presidente de la ex República Argentina se mantenía firme en su postura pero no ignoraba que las discusiones eran peligrosas. La molestaban y así se lo había dicho a los cardiólogos ¿O eran psiquiatras para respaldarla en sus emociones...?

Otros problemas se le venían encima. Hacía nada más que unas horas, los dirigentes del PRO se quejaron porque debieron soportar cuatro allanamientos a sus locales partidarios por orden del Juez Lijo. Todo era legal, pero no ignoraba que una casualidad había determinado que Página 12, el diario de Verbitsky, haya anticipado esta noticia en unos diez días. Habrá que controlar estas primicias que se convierten en incómodas; por lo menos, coordinarlas mejor. Ahora estaba esta cuestión del juez platense Dr. Blanco, que resolvió que sean los propios partidos los que se responsabilicen de distribuir y atender el aprovisionamiento de sus propias boletas en el distrito de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mayor seguridad quieren estos opositores...? ¿Qué es eso de la logística y el costo...? Agosto puede ser un trago difícil con miras al futuro. Cristina pensó en su molesta taquicardia y en lo que cuesta estar instalada en Olivos y en la Casa Rosada. Machaconamente, no podía dejar de lado la cuestión de las Madres, de la gorda Hebe, de Sergio y de Estela con sus errores insistentes sobre los Noble. Para colmo, ahora le hablan de la fuga de capitales y que el 2012 será muy difícil, aquí y en el mundo. Hacía unos minutos, Amado (Boudou) le había dicho quedo al oído, como para no molestarla: Sólo ayer se fueron del país 170 millones de dólares...

Argentina: Una recuperación de alto riesgo

La frase “Aprender de la experiencia” tal vez sea una máxima muy útil. Pero ¿qué pasa si la lección es el default y la experiencia es la Argentina?

Mientras Grecia se balancea sobre el abismo, los irlandeses y portugueses van quedando en la categoría de basurales, y la palabra D (por default) se va centrando sobre los EEUU, los miembros del gobierno Argentino se regodean hablando de su gran crecimiento sostenido. Según ellos, esto prueba no ya que hay vida después del default soberano más grande del mundo, sino que tambien puede resultar ser una gran fiesta.

Según Mercedes Marcó del Pont, presidente del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) durante una entrevista televisiva, dijo que “la sabiduría convencional fracasó” al referirse a la deuda-más-las recetas de austeridad que le impusieron a Grecia. “Paremos la pelota y veamos lo que le ha ocurrido a la economía a escala global. Aprendamos de lo que ha sucedido en muchos países en desarrollo, como Argentina, donde se hicieron cosas que directamente explotaron en la cara de toda la sabiduría convencional y que, por cierto, a nosotros nos salió muy bien”.

Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, recientemente opinó de la misma forma. El hacer las cosas “bien” le salió muy mal a la Argentina en los 90; y a pesar de que la declaración del default le produjo un retroceso salvaje, sin embargo en poco tiempo le dio lugar a una rápida y larga recuperación.“Ciertamente que el ejemplo de Argentina sugiere que declararse en default es una gran idea”, sostuvo el pasado mes en un blog del New York Times.

Por cierto, antes del default de Argentina en 2001 por 100 billones de U$S de deuda soberana, la sola idea resultaba impensable. El país era por entonces el ejemplo de la región de las políticas económicas liberales. Pero a medida que se sucedían los rescates internacionales uno tras otro, la deuda crecía cada vez más. Al mismo tiempo, aumentaban las protestas sociales por cuanto el tipo de cambio fijo forzaba una deflación sobre una economía cada día menos competitiva. (A cualquiera que esté siguiendo los acontecimientos en Grecia, esto le resulte muy familiar -por lo menos a primera vista).

Hoy, Argentina es un país que le puede dar la espalda al consenso internacional, defaulteando y quebrando la “inquebrantable” traba monetaria, y sin embargo sobrevivir para contar el cuento. No obstante el resultado final no resulta ser tan atractivo ni prolijo como lo quieren hacer ver quienes lo propician.

La recuperación ha sido impresionante -su economía creció el 65% desde 2002 hasta que se produjo la crisis mundial financiera de 2008; su pronóstico de crecimiento para el 2011 ha sido recientemente elevado al 8,2%. Sin embargo el gobierno todavía no ha podido limpiar la mancha del default sobre la reputación de la Argentina, como tampoco ha podido convencer al mundo que sus medidas populistas que desafían toda ortodoxia económica resulten ser recetas sostenibles en el manejo de un país.

“El modelo”, como lo ha bautizado la Presidente Cristina Fernández y que es una mezcla de políticas, ha logrado funcionar durante mucho más tiempo y mucho mejor de lo que muchos han creído posible. Porque el país sigue están excluido de los mercados de capitales internacionales; lucha para mantener excedentes mellizos en materia de resultados comerciales y fiscales. Y para lograrlo, resulta imprescindible mantener un tipo de cambio competitivo que genere un excedente en la balanza de pagos y que al mismo tiempo favorezca las exportaciones. Esta opción no la pueden tener los economistas Griegos en tanto y en cuanto su moneda permanezca en la eurozona.

Otro factor crítico resultó ser el compromiso estrictísimo para con la disciplina fiscal que se propuso Néstor Kirchner, esposo microgerencial de la Sra. Fernández, que ejerció la presidencia entre 2003 y 2007, y que durante esos años vigiló como un águila todo lo referido a pagos de impuestos. Pero desde 2007 esta disciplina férrea se ha relajado y ha crecido la inflación por cuanto el gobierno ha hecho funcionar la impresora de billetes para financiar ciertas necesidades. Varios pronósticos privados sugieren que Argentina va camino a una tasa de inflación del 25% y más para este año, que representará el quinto año consecutivo de una inflación de dos dígitos. Por su parte, el gobierno insiste en que la inflación ronda el 9,7% anual.

Pero tambien se han encendido otras luces de alerta. El gasto público excede a los ingresos fiscales. Los enormes subsidios para la energía y el transporte se están haciendo cada vez más insostenibles. Las elecciones presidenciales de Octubre, a las que la Sra. Fernández se presentará para obtener un segundo mandato, y que dicen que podría ganar, no supondría el fin de estos desatinos.

Todos estos factores socavan la imagen de Argentina justo cuando el gobierno cree que el país -que orgullosamente ostenta el hecho de que ha logrado ingresar al G20- tiene valiosas enseñanzas que ofrecer.

Según la Sra. Fernández, que ha estado dirigiendo el país sin su copiloto desde que falleciera éste en octubre pasado, la injusticia de todo esto se palpa claramente. Desde su particular punto de vista, el FMI, que diseño las políticas económicas en los años pre-default, no comprendió a la Argentina, recetándole la aplicación de políticas neo-liberales ruinosas. Ella cree que, más recientemente, las agencias clasificadoras no entendieron la crisis financiera. Y sin embargo todo el mundo se resiste a reconocer la recuperación de Argentina ni tomarla en serio.

Una razón es que, más allá del crecimiento estelar de sus números, el cuadro está muy borroso. Por empezar, el boom se debe en gran medida a factores globales. En medio del aumento de precios globales, Argentina es un productor importante de commodities, y que de todas sus exportaciones el 35% están representadas por productos agrícolas. Es más, no sólo es China la que clama por los recursos naturales de Argentina, sino tambien la clase media de Brasil -que es su principal socio comercial- está ávidamente comprando sus automóviles, que representan su mayor exportación industrial.

En la opinión de Lucio Castro, de CIPPEC -un grupo de reflexión con base en Buenos Aires-, “las condiciones para negociar se encuentran actualmente en un nivel histórico. Este es actualmente el mejor mundo posible para Argentina. Pero si le quitamos los sectores intensivos de los recursos naturales y la productividad al resto de la economía, está mal y la informalidad es extremadamente alta”.

Y agrega después el Sr. Castro: “el desempleo, que para el primer trimestre registró el 7,4%, es bajo, pero las inversiones son opacas -apenas el 19.4% del PBI. Mientras que la productividad, si bien no es “mala, sí es lóbrega”.

Se debe agregar, además, que tras años de no proveer de fondos suficientes, el otrora admirado sistema de educación del país ha entrado en un cono de sombras. Lo mismo puede decirse de la oficina estatal de estadísticas, que ha caída bajo la égida de una mayor influencia del gobierno, que ofrece cifras para la inflación, la pobreza y el crecimiento que hacen parecer todo de un color demasiado rosado.

Los datos referidos a la deuda externa Argentina vs. PBI según datos oficiales arroja un envidiable 35%, pero según Claudio Loser, que era el oficial del FMI para América Latina cuando se produjo el default, reconoce que el país todavía adeuda 16 billones de U$S a los tenedores de bonos defaulteados incluyendo intereses. Esta cifra surge a pesar de haber logrado reestructurar en dos etapas el 92.4 por ciento de la deuda defaulteada. Pero, además, Argentina también le debe 7 billones de U$S a los países occidentales; y a pesar de que repite constantemente de que Argentina está dispuesta a pagar, en general se nota que no tiene la menor intención de hacerlo, salvo que sea en las condiciones dictadas por ellos mismos.

Si bien no se percibe un peligro inminente de un nuevo default, sí se presiente que habrá turbulencias a futuro. Mark Weisbrot del Centro de Investigaciones sobre Políticas Económicas de Washington, que le otorga al gobierno muchos méritos más que otros muchos analistas económicos, reconoce que: “Ningún modelo puede aplicarse durante plazos muy largos. El mayor problema que Argentina enfrenta es que la inflación es mucho mayor que la de sus socios comerciales, de modo que su moneda ya comienza a apreciarse en términos reales… aunque Argentina no está al borde del precipicio”.

Prueba de que no logra ‘abrochar’ todo a una economía floreciente es el hecho de que -aparte de los tres acuerdos sellados con China por cifras multibillonarias en proyectos energéticos del 2010- los inversores ni se acercan para invertir en la Argentina.

Inflación, protestas laborales, crisis energéticas e imprevisibles políticas económicas que dictará el gobierno, que se torna cada vez más intervencionista, que produjo por ejemplo la nacionalización de los fondos privados de jubilación en 2008 (las AFJP), que seguramente tornará en difíciles todas las negociaciones, como mínimo. Mientras tanto, se calcula que durante los últimos cuatro años la fuga de capitales ha llegado a un estimado de 60 billones de U$S o más, y va en aumento aceleradamente, haciendo que los 26 billones de U$S que el Comité Económico de la ONU para América Latina y el Caribe calcula que destinará como inversión directa extranjera desde 2007 quede a la altura de un poroto.

Es más; el gobierno ha caído en una contradicción insostenible en un tema clave: la lucha contra la pobreza. El plan de protección a la niñez ha sido muy exitoso, pero la inflación ya se ha comido aproximadamente el 30% de su valor real. Un estudio reciente dice que el 50 por ciento de la población es pobre o está en riesgo de serlo, a pesar de que los datos oficiales hablan de que el índice de pobreza está por debajo del 10 por ciento. Roberto Lavagna, que fue Ministro de Economía entre 2002 y 2005 fue el autor del plan económico para rescatar a la Argentina, dice al respecto de este tema que “esto es una contradicción insuperable para un gobierno que tiene un discurso progresista y populista”.

Mientras tanto, las instituciones han sido arrasadas y la intervención estatal ha ido “in crescendo”. Se ha llegado, recientemente, a clausurar algunos kioscos de venta de periódicos porque en ellos se vendían Clarín, el diario de mayor circulación y crítico del gobierno. Incluso, el gobierno ha multado a varias consultoras privadas por dar a publicidad los datos sobre índices económicos que no coinciden con los datos que publica el gobierno, argumentando que tales datos falsean la realidad sobre la inflación, etc., incluso algunas de estas consultorías están siendo acusadas penalmente. No importa que los analistas digan que la inflación oficial ha posibilitado un ahorro muy importante en la cancelación de bonos atados a la tasa de inflación.

Entonces, hoy por hoy ¿dónde está parada la Argentina? A pesar de haber logrado salir del default de un modo excepcional, el Sr. Loser dice que su tierra natal es cada vez “más irrelevante”. Después de haber sido -hace un siglo- uno de los países más opulentos del mundo, Argentina sigue conservando el más alto ingreso per cápita de la región medido el poder de compra vs. Paridad cambiaria. Pero, en lo que hace a su relativa importancia “ha descendido precipitosamente”, su economía es apenas la sexta parte del total que tiene Brasil y una tercera parte de la de México. “De seguir así, muy pronto será Colombia quien tambien habrá de superar a la Argentina si ésta no se cuida. Ya que Colombia viene creciendo muy bien y de una forma mucho más racional”, en su opinión.

El resultado, en definitiva, es que Argentina está cada día más aislada, que apenas es un jugador para actos de presencia en el G20, desplazada por mercados emergentes más mimados. Sus relaciones internacionales parecerían estar limitadas a lograr convencer a otros países miembros para que la apoyen en sus negociaciones con el Reino Unido en la disputa por la Islas Falkland (Islas Malvinas).

Mientras que el solo mencionar de enfriar la economía es un tema tabú, los analistas dicen que el gobierno necesita comenzar a dominar la inflación y estabilizar el tipo de cambio real, para lo cual se haría necesaria alguna devaluación, probablemente después de las elecciones. Durante los últimos 18 meses el peso contra el dólar ha cedido el 8 por ciento.

En la opinión de Martín Redrado, el desplazado presidente del banco central durante la batalla por el uso de las reservas para aplicar al pago de deuda: “El gobierno aplica una política monetaria y fiscal que es pro-inflacionaria inconsistente con el tipo de cambio. Más temprano o más tarde, habrán de chocar”.

Eso no significa que habrá una explosión a la antigua. “Argentina no va a volar en pedazos como sucedió antes”, agregó el Sr. Redrado.”Pero si podemos decir que está caminando hacia una tormenta”.

El gobierno se ufana en decir que los agoreros se han equivocado antes -y que por ahora, la soja es el salvavidas. Mientras la fuga de capitales se ha acelerado, han ingresado casi 100 billones de U$S a las arcas argentina, producto de las exportaciones agrícolas de los últimos cuatro años y, de no producirse una caída significativa en los precios de los commodities o que se produzcan tragedias climáticas, Argentina seguirá siendo “la niña bonita”.

Pero aun así, se arriesga a seguir siendo un típico modelo de lo que NO se debe hacer, antes que ser un modelo de lo que SI se debe hacer.

“Dentro de 20 años, la historia nos va a preguntar: QUE HICIERON USTEDES CON LA BONANZA DE LAS COMMODITIES? “¿Acaso hubo un aumento del consumo, las empresas públicas y los salarios o la inversión en infraestructuras, salud, educación y el ahorro para los tiempos de vacas flacas?” son las palabras del Sr. Castro. Que finalmente agrega: “No estamos haciendo los deberes para convertirnos en un país desarrollado”.

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COMENTARIOS AL MARGEN EN EL MISMO ARTÍCULO

PETRÓLEO Y GAS: todo lo relacionado con la energía ha sido totalmente alterado por la mala intervención estatal.

Si existe un obvio talón de Aquiles en el “modelo” del gobierno Argentino, es su política energética -que es una mezcla económica basada en comercio y excedentes fiscales y moneda competitiva.

Aun cuando Buenos Aires se vanagloria de su economía floreciente, las fábricas son obligadas cada invierno a reprogramar sus sistemas de producción para hacer frente a la falta de gas natural para que el campo pueda seguir produciendo en el sector agrícola, que es crucial para la economía, y no es nada fuera de lo normal que se racionen los cupos de diesel cuando se está al tope de las cosechas.

En efecto, a la industria se le recortan las raciones para no cortarles el suministro de energía a los clientes residenciales. Después de 10 años -o sea, desde el default- se han acostumbrado a pagar tarifas altamente subsidiadas y no se les impone ningún incentivo para que reduzcan el consumo domiciliario. Según Francisco Mezzadri, un analista especializado en el área energética, “Argentina en materia energética ha alterado totalmente sus políticas por la mala intervención del Estado”.

A pesar de ser un país asentado sobre enormes reservas de petróleo y gas, incluyendo enormes existencias de esquisto de difícil extracción, pero que se cree que son las mayores reservas que existen en el mundo, Argentina se ha convertido en un país importador de energía. Mientras que su vecino Brasil, ha invertido enormes capitales para desarrollar los yacimientos submarinos recientemente descubiertos. Es así que el pasado mes, Argentina ha firmado un convenio por 20 años con Qatar por la compra de gas natural líquido a un precio que no se ha dado a conocer.

El mercado energético de Argentina fuertemente controlado por el Estado, tambien ha fallado en atraer inversiones que necesita para aumentar su capacidad de refinación para satisfacer las demandas internas.

Pese a que el gobierno lo niega sistemáticamente, tienen un problema energético, y este mes tuvo que revolver todos sus bolsillos para juntar 1.5 billones de U$S para darle al sector, para lo cual tuvo que echarle mano a gran parte de los fondos destinados a la segunda mitad del año presupuestario. Si continua el alto crecimiento, que significaría que la industria necesitará más petróleo, el problema energético seguirá siendo una pesada carga para las finanzas del gobierno de un país en el cual el gasto público creció nada menos que un 34.5 por ciento en el año medido Mayo 2011/Mayo 2010.

Mientras tanto, los yacimientos de petróleo crudo y de gas que ya están teniendo menor producción y la falta de inversión en exploración que se suma a los crecientes subsidios de tarifas y precios al sector (en el 2010 totalizaron 6.3 billones de U$S) han guiado a una marcada caída en la producción y de las reservas. La industria está al rojo vivo.

“La Argentina que en el 2006 gozaba de un excedente comercial de energía por valor de 5.6 billones de dólares, terminará este año 2011 con un déficit calculado en 3 billones de dólares”, así se expresaron los ocho ex secretarios de energía que este mes dieron a conocer un documento destinado a despertar al gobierno para que atienda la fragilidad energética que deberá enfrentar antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre próximo.

Desde ya que no le resultará nada fácil ni simpático aumentar las tarifas justo en tiempos de alta inflación. La alternativa sería continuar con los subsidios al consumo energético utilizando fondos estatales que podrían utilizarse para realizar cambios estructurales tan necesarios para combatir la pobreza.

Si Cristina Fernández resulta reelecta para un segundo período presidencial, ella tendrá que hacer grandes cambios -en opinión del Sr. Mezzadri- pues de lo contrario Argentina terminará convirtiéndose en un país de TRUEQUE, que cambiará SOJA (que es su producto ‘estrella’ y mayor productor de ganancias) por ENERGÍA.

'Mondongo para Todos'

Carta abierta de un jubilado a Cristina Fernández. "Los que van a morir te saludan".

Ave Cesar, morituri te salutant!, (los que van a morir te saludan), como la ofrenda de los gladiadores romanos, hoy la mayoría de los jubilados ante las cámaras que la hacen sentir la diosa suprema de los argentinos, le podrán decir humildemente a la Sra. Presidente, Ave, Cristina, morituri te salutant, y ya no le podrán dar las gracias ni por el pan ni por el circo, porque con sus magros haberes no podrán tener ni el pan de su sustento diario a $ 10,00 el kilo ni abonar la factura de la luz para poder ver parte del circo, que el gobierno financia con los dineros de la ANSeS, aumentando día a día la propaganda estatal, la que dejó de ser la ineludible administradora de los dineros de los jubilados para hacer las veces de caja electoral.

Los precios de la mayoría de los bienes de consumo, siguen aumentando día a día, licuando los ingresos y para beneficiar a los hogares de bajos recursos y a los jubilados la Sra. Presidente anunciará próximamente “Mondongo para todos”, a pesar de lo que diga el candidato a vice que esta escalada es solamente “Una tensión de precios” .

Ave Cristina, los que van a morir te saludan sin haber podido recibir en vida lo que por la sentencia firme de los fallos de la justicia les corresponde, por lo que le cabria al gobierno dejar de lado tanto despilfarro demagógico y demostrar un poco de caridad hacia aquellos que realmente han aportado y cumplido religiosamente con la cultura del esfuerzo y el trabajo y hoy se encuentran marginados por las apelaciones de la ANSeS y el injusto veto de la Sra. Presidente.
Omar Martínez
Presidente
Asociación Argentina de Jubilados Aportantes

El proyecto para reemplazar a la Policía Federal

Sus autoras son las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán y en su elaboración participaron especialistas del CELS.

H. Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente 0332-D-2011

Trámite Parlamentario 0003 (03/03/2011)

Sumario CREACIÓN DE LA POLICÍA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; DEROGACIÓN DEL DECRETO-LEY 333/58 (LEY ORGÁNICA PARA LA POLICÍA FEDERAL)

Firmantes DONDA PÉREZ, VICTORIA ANALÍA - MERCHAN, PAULA CECILIA.

Giro a Comisiones LEGISLACIÓN PENAL; SEGURIDAD INTERIOR; LEGISLACIÓN DEL TRABAJO; PRESUPUESTO Y HACIENDA.

El Senado y Cámara de Diputados,...

CREACIÓN DE LA POLICÍA DEMOCRÁTICA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina...,

Sancionan con fuerza de Ley

CAPITULO I

Artículo 1.- La presente Ley tiene como objeto establecer los principios, bases jurídicas e institucionales de la Policía Democrática Nacional de la República Argentina.

Artículo 2.- La Policía Democrática Nacional de la República Argentina, en adelante la Policía Democrática, es una institución policial nacional, federal, civil, armada, jerárquica y de carácter profesional, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que depende política, institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación.

Artículo 3.- La función policial constituye un servicio público cuya finalidad es la promoción de la seguridad pública y ciudadana entendida como la situación de hecho política, social, jurídica e institucional en el que todas las personas tienen efectivamente garantizado el pleno goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías emanados de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

CAPITULO II

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Artículo 4.- El personal policial deberá adecuar su conducta, durante el desempeño de sus funciones, al cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes, realizando una actividad cuyo fin será garantizar la seguridad pública y ciudadana, actuando con el grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige y teniendo como única meta la preservación y protección de la libertad y los derechos de las personas.

Artículo 5.- Durante el desempeño de sus funciones, el personal policial deberá garantizar la plena vigencia de los siguientes principios básicos de actuación:

1. El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la jurisdicción, en particular, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.

2. El principio de oportunidad, a través del cual el personal policial debe evitar todo tipo de actuación funcional innecesaria cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las personas.

3. El principio de razonabilidad, mediante el cual el personal policial debe evitar todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación objetiva de riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios apropiados a esos efectos.

4. El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública. A tal efecto utilizará la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar.

Artículo 6.- Durante el desempeño de sus funciones, el personal policial deberá adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales:

1. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia.

2. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas.

3. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que supongan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persigan o no fines lucrativos, o consistan en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.

4. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.

5. Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación.

6. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o la integridad física de las personas, anteponer la preservación de dicho bien al éxito de la actuación del servicio en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7.- El personal policial no guardará deber de obediencia cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal, o su ejecución configure o pueda configurar delito, o cuando provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y normas contenidos en la Constitución Nacional.

Si el contenido de la orden de servicio implicase la comisión de una falta disciplinaria, el subordinado deberá formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.

Artículo 8.- En ningún caso, el personal de la Policía Democrática, en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, podrá:

1. Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos, en especial aquellos que afecten la libertad, vida e integridad de la personas, o que afecten su intimidad y privacidad.

2. Obtener información o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su etnia, fe religiosa, orientación sexual, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

Artículo 9.- El personal policial podrá portar y hacer uso del armamento reglamentario exclusivamente en el desempeño de sus funciones y solamente durante el horario de servicio, siempre que el desarrollo de estas deba suponer inevitablemente la portación y eventual utilización del tipo de armamento que las reglamentaciones establezcan. En ese caso, sólo podrá hacer uso del armamento reglamentario provisto u homologado por la institución, no pudiendo portar ni utilizar otro tipo de armamento no autorizado por la misma.

Artículo 10.- El personal policial comunicará inmediatamente a la autoridad judicial competente los delitos de acción pública que llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones.

CAPITULO III

FUNCIONES, FACULTADES Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Artículo 11.- Las funciones de la Policía Democrática son las siguientes:

1. Desarrollar las acciones tácticas- operativas tendientes a la prevención, conjuración e investigación de delitos que resulten competencia de los jueces de la Nación en todo el territorio de la República Argentina.

2. Recibir denuncias; y, ante el conocimiento de un hecho delictivo, desarrollar las acciones tendientes a hacerlo cesar, impedir que acarree consecuencias ulteriores e individualizar a los eventuales culpables; reunir las pruebas que puedan dar sustento a la acusación e investigarlo, ya sea de oficio, cuando se trate de un delito de acción pública, por denuncia o por requerimiento de una autoridad judicial competente, de acuerdo con las normas procesales penales vigentes.

3. Brindar informes y recibir sugerencias y propuestas de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, los Foros vecinales por la Seguridad Pública y ciudadana.

4. intervenir en aquellas instancias de participación comunitaria; y diseñar y llevar a cabo con ellas acciones de prevención de situaciones de violencia y de hechos delictivos.

5. Cumplir con los compromisos previstos en los convenios internacionales en materia de seguridad pública democrática.

6. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.

7. Garantizar la vigilancia y protección de personas en eventos y lugares públicos, en coordinación con las entidades estatales correspondientes.

8. Brindar seguridad al Presidente de la Republica y demás autoridades nacionales, de los bienes del Estado o afectados a servicios públicos.

9. Cooperar con la Justicia nacional y provincial para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional, cuando así se le solicitare.

10. Auxiliar en materia propia de la defensa civil.

Artículo 12.- Las facultades de la Policía Democrática son las siguientes

1. Actuar en cualquier lugar del ámbito nacional en cumplimiento de las misiones y funciones fijadas en la presente ley.

2. Realizar peritajes criminalísticos, técnico-vehiculares y otros relacionados con sus funciones.

3. Obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la investigación policial, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente.

4. Coordinar y cooperar con los organismos internacionales e instituciones de policía en la prevención y represión de la delincuencia, de conformidad con los convenios suscritos.

5. Efectuar las detenciones y aprehensiones en los casos y circunstancias autorizadas por el Código procesal penal de la Nación. En los supuestos de flagrancia deberá notificarse inmediatamente dicha circunstancia al juez competente dentro del plazo mínimo que establezca la legislación.

6. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus misiones y funciones, a cualquier organismo público, nacional o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el marco de una investigación judicial, los que estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.

7. La Policía Democrática como representante de la fuerza Pública podrá hacer uso de la misma para el cumplimiento de sus funciones en la medida que resulte estrictamente necesario y respetando los principios de actuación policial. Asimismo el personal con estado policial podrá esgrimir sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o de los propios.

8. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.

Artículo 13.- La Policía Democrática podrá:

1. Realizar convenios con las demás policías nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires policías nacionales y provinciales, con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, que faciliten la actuación policial;

2. Intercambiar con las policías nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, datos estadísticos, fichas informes y toda otra diligencia de coordinación que sea conveniente;

3. Mantener relaciones con las policías extranjeras, especialmente con las de países limítrofes, con fines de cooperación y coordinación internacional, para la persecución de la delincuencia y en especial de los delitos de trata de personas, contrabando, narcotráfico, secuestro y cualquier otro delito complejo.

Artículo 14.- La Policía Democrática no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria.

Artículo 15.- El personal de la Policía Democrática en el ejercicio de sus funciones observará y se sujetará a las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública.

CAPITULO IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

Artículo 16.- Son derechos del personal policial:

1. El respeto y las consideraciones debidas, que su autoridad le otorga.

2. No cumplir órdenes que constituyan violación de la Constitución, de las leyes o de los reglamentos que en su consecuencia se dicten.

3. La formación, capacitación, especialización y el perfeccionamiento permanente que garanticen su desarrollo y promoción profesional.

4. La dotación del armamento, vestuario y equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad para su vida e integridad.

5. Las pensiones, remuneraciones y demás beneficios económicos reconocidos por la ley.

6. La cobertura médica integral por cuenta del Estado, incluso luego de verificarse secuelas invalidantes permanentes, derecho que se hace extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres del titular.

7. El asesoramiento legal por cuenta del Estado, cuando por razones del servicio es sometido a una investigación o a un proceso judicial.

8. La aceptación por la institución de su pase al retiro, de acuerdo a la ley.

9. Los demás reconocidos por la Constitución y las leyes.

10. El derecho a asociarse sindicalmente, así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente.

Artículo 17.- La presente ley otorga el derecho a constituir una asociación sindical de ámbito nacional a los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia en la Policía Democrática para la defensa de sus intereses profesionales.

Artículo 18.- El sindicato de los trabajadores que se desempeñan, como personal policial o civil, bajo relación de dependencia en la Policía Democrática se rige por:

1. Los principios de libertad sindical y protección del derecho de sindicación, según las disposiciones del “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, N. 87, de la Organización Internacional del Trabajo.

2. Los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, según las disposiciones del “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, N. 98, de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 19.- Son obligaciones del personal policial:

1. Respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores.

2. Sujetar su actuación profesional a los principios de jerarquía, cumpliendo las órdenes de los superiores en el tiempo, lugar y modo indicado, salvo que las mismas sean contrarias a la Constitución, las leyes y los reglamentos.

3. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, eficiencia y prontitud, así como ejercerlas con ética profesional.

4. Informar a toda persona en el momento de su detención respecto de sus derechos constitucionales y las razones de la privación de su libertad, tratándola con el debido respeto.

5. Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y privada, conservando incólume el prestigio institucional.

6. Los demás establecidas por ley o reglamentos.

Artículo 20.- El personal policial que ejerce comando en un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de Oficiales Superiores de Conducción está obligado a presentar anualmente su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Comisión Nacional de Ética Pública.

CAPITULO V

CONTROL POLICIAL

Artículo 21.- El Poder Legislativo Nacional establecerá el Régimen Disciplinario Policial, el que contendrá:

1. La tipificación de las faltas disciplinarias leves y graves que pudiera cometer el personal policial durante el desempeño de sus funciones a través de la violación de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley y en las reglamentaciones y disposiciones derivadas de ella.

2. Las sanciones administrativas correspondientes a dichas faltas.

Artículo 22.- Créase, en el ámbito del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación, la Dirección de Control Policial integrada por la Auditoria de Asuntos Internos y el Tribunal de Disciplina Policial.

La Dirección de Control Policial dependerá en forma directa del Ministro que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación y estará dirigida por un funcionario civil sin estado policial. Dicho funcionario será designado por el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 23.- La Auditoria de Asuntos Internos tiene como funciones:

1. Prevenir las conductas del personal policial que pudiesen constituir faltas disciplinarias mediante el desarrollo de programas de formación y capacitación policial así como de procedimientos de auditoría e inspecciones preventivas.

2. Identificar la conducta del personal policial que pudiese constituir falta disciplinaria y que por su magnitud y trascendencia afecte a terceros, a la institución y al resto del personal policial.

3. Instruir el sumario administrativo correspondiente e investigar la falta disciplinaria, colectando pruebas, comprobando los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas, e individualizando al responsable de la misma.

4. Acusar al personal policial responsable de la falta disciplinaria que fuera constatada ante el Tribunal de Disciplina Policial a los efectos de su juzgamiento administrativo.

5. Denunciar ante la autoridad judicial competente en forma inmediata los delitos cometidos por el personal policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 24.- La Auditoria de Asuntos Internos será dirigida por un funcionario civil sin estado policial designado por el Ministro que tenga a su cargo la Seguridad Pública y ciudadana de la Nación.

El Ministro que tenga a su cargo la Seguridad Pública y ciudadana de la Nación establecerá su organización y su funcionamiento, y la dotará con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 25.- El personal policial integrante de la policía nacional se encuentra sometido al control de la Auditoria de Asuntos Internos durante el desempeño de sus funciones y tiene la obligación de evacuar los informes que le fuesen requeridos y de prestar la colaboración debida para el eficaz cumplimiento de su cometido.

Artículo 26.- El Tribunal de Disciplina Policial tiene como funciones:

1. Juzgar administrativamente al personal policial acusado por la Auditoria de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de falta disciplinaria, asegurando el carácter contradictorio del proceso y la debida defensa del imputado a lo largo del proceso.

2. Aplicar al personal policial responsable de la comisión de falta disciplinaria las sanciones administrativas que correspondiere, de acuerdo con el Régimen Disciplinario Policial.

3. Denunciar ante la autoridad judicial competente en forma inmediata los delitos cometidos por el personal policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 27.- El Tribunal de Disciplina Policial estará integrado por tres miembros con título de abogado y sin estado policial, designados por el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

El Ministro que tenga a su cargo la Seguridad Pública y ciudadana de la Nación establecerá su organización y su funcionamiento, y lo dotará con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 28.- El personal policial acusado por la Auditoria de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de falta disciplinaria tendrá derecho a la debida defensa en juicio durante el proceso.

Artículo 29.- Créase en el ámbito del Ministerio que tenga a su cargo la Seguridad Pública y ciudadana de la Nación la Defensoría del Policía con la misión de:

1. Garantizar la defensa integral de los derechos del personal policial.

2. Formular y poner en funcionamiento mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal policial.

3. Promover el respeto integral de los derechos del personal policial en el interior de la institución policial.

Artículo 30.- La Defensoría del Policía estará integrada por un cuerpo de abogados sin estado policial, designados por el Ministro que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación.

CAPITULO VI

CONFORMACIÓN DE LA POLICÍA DEMOCRÁTICA

Artículo 31.- El ingreso al primer grado del escalafón de la Policía Democrática deberá producirse por:

1. Egreso de los institutos oficiales de formación policial de la Policía Democrática.

2. Egreso de las universidades o institutos de enseñanza superior, nacionales, provinciales o privados oficialmente reconocidos por autoridad competente y previa aprobación de las actividades de formación y exámenes que al efecto deberán rendir los aspirantes ante la autoridad de aplicación, la que fijará los cupos para cada año y organizará la forma de las pruebas de aptitud, determinará su contenido y designará a los evaluadores.

Artículo 32.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también se podrá ingresar en forma directa en los grados intermedios del escalafón de la Policía Democrática siempre que se acrediten antecedentes destacados para ello a través de la acreditación de los conocimientos específicos, mediante los respectivos títulos habilitantes, que hacen a la carrera policial a la que se aspira a acceder.

En forma previa al ingreso se deberá aprobar un examen de aptitud en la forma y con los requisitos que establezca la reglamentación.

Artículo 33.-Son requisitos para ser miembro de la Policía Democrática:

1. Ser ciudadano nativo o por opción.

2. Poseer, al momento de ingreso, la mayoría de edad.

3. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar.

4. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

5. Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la presente ley.

6. No encontrarse bajo proceso judicial al momento del ingreso.

7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca la Policía Democrática.

8. Cumplir con las condiciones fijadas por la presente ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo prescripto por el artículo anterior, no podrán desempeñarse como miembros de la Policía Democrática las siguientes personas:

1. Quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, aún cuando se hubieren beneficiado por un indulto o condonación de la pena.

2. Quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos, según se establezca en los archivos de cualquier organismo o dependencia pública.

3 Personas respecto de las cuales existan prueba suficiente de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos.

4. Quienes hayan sido condenados por delito doloso de cualquier índole. Quienes tengan proceso penal pendiente, que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en el inciso anterior.

5. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

6. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, o municipal.

7. Quienes se encontraren incluidos en otras inhabilitaciones propias de la Policía Democrática, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la presente ley.

8. Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en las Fuerzas Armadas o en las instituciones policiales o de seguridad, u organismos de inteligencia nacionales.

Artículo 35.- Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el artículo anterior, o de cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO VII

ESTADO POLICIAL

Artículo 36.- El estado policial comprende el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza durante el cumplimiento de la jornada laboral. Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de acuerdo con esta Ley tiene el personal policial.

Artículo 37.- El personal policial de la Policía Democrática no podrá desarrollar las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural no- operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier otra función no policial, las que serán desarrolladas por personal civil.

CAPITULO VIII

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Artículo 38.- La formación y capacitación del personal policial de la Policía Democrática deberá garantizar:

1. El desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.

2. La propensión a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales existentes y asignados.

3. El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión del personal policial de la Policía Democrática.

4. El logro de la formación y capacitación especializada, científica y técnica general, procurando siempre el contenido humanístico, sociológico y ético de la misma.

CAPITULO VIII

PROMOCIONES Y ASCENSOS

Artículo 39.- La promoción y ascenso a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

1. La disponibilidad de vacantes en el grado jerárquico al que se aspira.

2. La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño de las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado jerárquico a cubrir.

3. La aprobación de los cursos de ascenso o nivelación que determine la reglamentación.

4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación conformado según la reglamentación de la presente ley.

Artículo 40.- La prioridad para el ascenso entre dos o más aspirantes a un mismo grado jerárquico superior estará dada por los parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:

1. El mayor puntaje obtenido en los cursos de ascenso o nivelación, teniendo especial consideración el título universitario o terciario obtenido que estuviera relacionado con dichas funciones o cargos.

2. La mejor calificación de aptitud profesional establecida por el comité de evaluación.

3. La mayor antigüedad en el grado jerárquico.

Sin perjuicio de las promociones y ascensos regulares, podrán determinarse promociones y ascensos del personal policial que se distinguiese en actos de servicios debidamente acreditados, o falleciera a consecuencia de éstos, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 41.- A los efectos de acceder a los dos últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o a los cargos orgánicos correspondientes a dichos grados jerárquicos será requisito ineludible poseer título universitario acorde con las funciones, salvo las excepciones establecidas en la reglamentación.

Artículo 42.- En ningún caso se requerirá la permanencia de un tiempo mínimo en el grado jerárquico para poder ascender al grado jerárquico inmediato superior.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y cuando las necesidades funcionales impongan el llamado a convocatorias excepcionales o la obtención de capacidades especiales que no se encuentren dentro de los programas aprobados para la Policía Democrática, el Ministro que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación podrá efectuar convocatorias extraordinarias que permitan el ingreso de ciudadanos que cumplan con los requisitos físicos, psíquicos y profesionales establecidos para el caso y que aprueben el curso básico de adaptación y/o especialización, así como los exámenes que al efecto se establezcan.

CAPITULO IX

RÉGIMEN PROFESIONAL

Artículo 44.- El régimen profesional del personal de la Policía Democrática se basa en los principios de profesionalización, idoneidad y eficiencia funcional, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad pública democrática.

CAPITULO X

ORGANIZACIÓN

Artículo 45.- La organización de la Policía Democrática se establecerá sobre la base de la conformación de las siguientes instancias orgánico-funcionales:

1. La policía preventiva conformada por las diferentes dependencias y unidades de la institución abocadas a la seguridad preventiva.

2. La policía judicial conformada por las diferentes dependencias y unidades de la institución abocadas a las tareas de la investigación judicial.

Artículo 46.- El Ministro que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación establecerá en todo el territorio nacional diferentes Unidades Regionales de la Policía Democrática en las cuales la Policía Democrática deberá cumplir sus funciones.

Artículo 47.- Las instancias orgánico-funcionales mencionadas en el artículo 45 de la Policía Democrática se organizarán sobre la base de la descentralización táctico-operacional territorial, en las respectivas Unidades Regionales de la Policía Democrática y la diferenciación funcional del mando táctico-operativo de cada una.

Artículo 48.- La Policía Democrática estará a cargo de un Jefe General policial designado por el titular del Poder Ejecutivo que tendrá como función esencial la coordinación operativa de la Policía Democrática con las distintas fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con las instrucciones, diagramas de actuación y articulación impartidas por la autoridad competente, dentro de las previsiones de la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior.

Artículo 49.- Se constituirá un mando intermedio centralizado en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, que instituye la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior, que será un laboratorio de gestión policial donde se analizará la información criminal que remitan las respectivas Unidades Regionales y se elaborarán las directivas estratégicas nacionales, sobre las cuales cada Unidad Regional elaborará su propio operativo para realizarlas.

Artículo 50.- La policía preventiva estará a cargo de un Jefe policial designado por el titular del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación, y tendrá las siguientes funciones esenciales:

1. Coordinar las acciones del conjunto de las dotaciones de personal afectados a las tareas de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las instrucciones generales y particulares fijadas para el mantenimiento de la seguridad pública, la preservación de la seguridad de las personas y de sus bienes y la prevención de los delitos.

2. Realizar la coordinación operativa con la instancia orgánico-funcional de la policía judicial.

3. Ejecutar las instrucciones generales o particulares, específicamente en lo atinente a la coordinación policial para la prevención de hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública que propendan al mantenimiento o restablecimiento de la misma.

Artículo 51.- La policía Judicial estará a cargo de un Jefe policial designado por el titular del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación, y tendrá las siguientes funciones esenciales:

1. Coordinar las acciones del conjunto de las dotaciones de personal afectados a la investigación judicial con miras a garantizar el cumplimiento de las instrucciones generales y particulares fijadas para conjuración, persecución e investigación de delitos.

2. Coordinar la ejecución en tiempo y forma de las instrucciones y órdenes emanadas del poder judicial y de los ministerios públicos.

3. Realizar la coordinación operativa con la instancia orgánico-funcional de la policía de prevención.

CAPITULO XI

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 52.- El personal policial de la Policía Democrática se organizará en un escalafón único de oficiales que contendrá distintos grados jerárquicos de acuerdo a las necesidades de las instancias orgánico-funcionales en que se organiza la Policía Democrática.

El escalafón único deberá comprender un cuadro de Oficiales Subalternos, un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de Oficiales Superiores de Conducción.

Artículo 53.- La ocupación de los cargos orgánicos de la Policía Democrática así como el ascenso al grado jerárquico superior del personal policial de la institución será decidido por el Ministro que tenga a cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación, según sus competencias funcionales, de acuerdo con el mérito y los antecedentes de los aspirantes y siguiendo los mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación. La misma deberá regirse por los siguientes criterios:

1. La formación y capacitación profesional del aspirante.

2. El desempeño a lo largo de la carrera profesional del aspirante.

3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios del aspirante.

4. La antigüedad en la Policía Democrática y en el grado jerárquico del aspirante.

La reglamentación determinará el grado o grados jerárquicos requeridos, el perfil profesional y/o las destrezas o formación profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico de la Policía Democrática.

CAPITULO XII

SUPERIORIDAD

Artículo 54.- El ejercicio de la superioridad en el ámbito de la Policía Democrática consiste en el ejercicio del mando a través de la emisión de una orden de servicio legal y legítima de parte de un superior y el cumplimiento estricto de la misma de parte de un subordinado, durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de acuerdo con las prescripciones y los límites establecidos por la presente ley y por las normas reglamentarias.

En el ámbito de la Policía Democrática el ejercicio de la superioridad podrá tener tres modalidades diferenciadas:

1. La superioridad jerárquica, que es la que un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la posesión de un grado jerárquico superior o, a igualdad de grado, por la antigüedad en el grado jerárquico y, a igualdad de antigüedad, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y así sucesivamente, hasta el promedio de egreso del Instituto de formación.

2. La superioridad orgánica, que es la que un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la ocupación de un cargo de la estructura orgánica de la Policía Democrática con funciones de dirección o conducción, independientemente de su grado jerárquico.

3. La superioridad funcional, que es la que un efectivo debe ejercer sobre otro durante el desarrollo de una misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un superior, y en la que se asigna responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que tiene un grado jerárquico y/o un cargo inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o actividad, siempre que medien razones de servicio que así lo justifiquen.

CAPITULO XIII

ESTABILIDAD DEL PERSONAL

Artículo 55.- El personal de la Policía Democrática adquirirá estabilidad en el empleo después de transcurridos veinticuatro (24) meses de efectiva prestación de servicios, y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la autoridad máxima de la Policía Democrática.

Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tendrá todos los derechos y deberes previstos en esta ley, dicho lapso deberá ser computado para la antigüedad en la carrera profesional del personal.

Artículo 56.- La estabilidad en el empleo del personal de la Policía Democrática sólo se perderá por cesantía o exoneración, previo sumario administrativo, o condena penal que importe privación de libertad o la inhabilitación para ejercer el cargo de acuerdo con las prescripciones establecidas legalmente, o cuando se hubiere dispuesto la baja del efectivo o su retiro obligatorio por alguna de las causales previstas legalmente o en las normas reglamentarias.

Artículo 57.- En la Policía Democrática, las funciones y acciones de carácter policial inscritas en las instancias funcionales de la policía preventiva y de la policía judicial serán desarrolladas exclusivamente por el personal policial de la institución. Este personal tendrá estado policial.

CAPITULO XIV

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Artículo 58.- Deróganse los Decreto-ley 333/58, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 59.- El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su entrada en vigencia, a propuesta del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación.

Artículo 60.- El Poder Ejecutivo nacional realizará, en el transcurso del primer año de entrada en vigencia de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias, contrataciones de bienes, servicios y personal y toda otra acción necesaria para dotar de operatividad a la Policía Democrática.

Artículo 61.- El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la presente ley.

Artículo 62.- El personal que, al momento de entrar en vigencia esta ley, se encuentre prestando servicios en la Policía Federal Argentina deberá ser incorporado al Escalafón único de la Policía Democrática, o al Régimen del Personal Civil de la Policía Democrática que se establecerá conforme a las previsiones del artículo 37 de la presente ley.

Artículo 63.- El personal que, al momento de entrar en vigencia esta ley, no reúna los requisitos para ser incorporado al Escalafón único de la Policía Democrática, recibirá la capacitación para su reconversión laboral que la reglamentación establezca.

Artículo 64.- Hasta tanto se cree una ley para el personal de la policía nacional de acuerdo los principios de la ley presente, tendrá plena vigencia la ley 21965 en lo que no se contradiga la presente ley.

Artículo 65.- Establécese que las previsiones referidas a la Policía Federal Argentina contenida en 24.059 de seguridad interior serán desarrolladas por la Policía Democrática.

Artículo 66.- Establécese que las previsiones referidas a la Policía Federal Argentina contenida en la Ley 18.711 de Funciones y Jurisdicciones de las Fuerzas de Seguridad serán desarrolladas por la Policía Democrática.

Artículo 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En un estudio comparativo entre diferentes fuerzas policiales del país, el CELS plantea: “En el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, hace años que es objeto de reformas y contrarreformas contradictorias; en el de la Policía Federal, no ha sido objeto de ninguna reforma desde la restauración democrática y su poder se mantiene inalterado; la Metropolitana fue creada de cero, pero puesta bajo una conducción que la llevó a repetir los vicios de las viejas estructuras policiales.”

www.cels.org.ar/common/documentos/ia09.pdf

Y así es. Son fuertísimas las resistencias a las reformas profundas en la Policía Federal, y desde su creación a esta parte, su perfil militarizado y autoritario en discordancia con los tiempos democráticos se ve acentuado por este autogobierno de sí misma, garantizado por su estructura en escalafones, el actual régimen de ingresos y ascensos, la prohibición a la sindicalización de los policías a quienes se les niegan su condición de trabajadores y sus derechos respectivos, etc.

A partir de un interesante trabajo que hicieron Oliveira y Tiscornia, llamado “Estructura y práctica de las policías en la Argentina”, y expuesto en el Seminario sobre control democrático de los organismos de seguridad interior, surge que la PFA a pesar de que su ley orgánica plantea que se trata de cuerpos de seguridad civiles, la normativa y la práctica las han estructurado como cuerpos con esquemas de autoridad militar, con jerarquías rígidas y con sistemas de control interno corporativos y poco transparentes. De esta forma, la PFA responde a una estructura organizativa militarizada.

La estructura de la policía federal surge del decreto ley 333/58 - presidencia dictatorial de Aramburu- y de la ley 21.965. Luego del golpe militar de 1955, los militares ocupan la institución, en los cargos jerárquicos, igual que en los siguientes golpes de Estado, hasta su dependencia total de las fuerzas conjuntas, durante la última dictadura militar.

Esta estructura militar es la principal barrera para encarar reformas democráticas dentro de las fuerzas, que permea los reglamentos, los valores, las prácticas y las costumbres del personal policial.

Por su parte, su estructura organizativa contiene dos escalafones: los oficiales y los suboficiales o tropa.

La mayor parte de los casos de brutalidad policial son perpetrados por suboficiales con escasa instrucción, los que, por otra parte, son los destinados a tareas de calle. A esta falta de instrucción se le agrega la escasa preparación técnica y la improvisada participación en operativos.

En el citado trabajo según testimonios de agentes de policías cuando un oficial joven llega a una comisaría, su contacto inmediato es con los suboficiales, la mayoría de las veces hombres con mucho tiempo en la institución y escasa formación profesional quienes los “instruyen”informalmente en los quehaceres diarios.

Las condiciones para los ascensos son la antigüedad en la categoría y no tener sumarios internos. Fuera de estas condiciones, la policía federal exige para el ascenso a jerarquías superiores, el seguimiento de cursos en la Escuela Superior de Policía.

Según relatos de oficiales estos cursos duran seis meses y el nivel de los mismos es muy bajo. Para aprobarlos, basta tener buena asistencia y obedecer a los superiores. Y también relatan que el “camino profesional” de un oficial desde que egresa de la escuela está condicionado, en buena medida a que este pertenezca a la “familia” policial o no.

El régimen disciplinario de la PFA, en la práctica, desconoce que los miembros de la policía son, en primer lugar, ciudadanos con derechos.

En relación a las faltas graves si se trata de un oficial, está a cargo de investigaciones administrativas y si se trata de un suboficial, se gestionan directamente en la comisaría. Las investigaciones son secretas, incluso para los imputados.

La decisión de imponer faltas es arbitraria. Según testimonios de oficiales y suboficiales, en muchos casos dependen del humor del comisario o de la simpatía que tenga hacia sus subordinados. El oficial al que se le ha impuesto una falta, solo puede apelar ante quien se la ha impuesto o a un superior a éste. Ello anula, prácticamente, la posibilidad de defensa, ya que quien le ha impuesto la falta, difícilmente esté dispuesto a discutirla y, de acudir, el acusado, a un miembro de mayor jerarquía para que haga de juez, pues sabe -por experiencia- que no encontrará defensa, ya que de la estructura verticalizada de la fuerza, resulta que si un superior da razón a un inferior, en desmedro del juicio de su subordinado, está desautorizando a éste. De esta forma, en este tipo de organización se privilegia la obediencia al personal jerárquico, antes que la investigación de la verdad de los hechos.

Este tipo de sanciones discrecionales es funcional para resguardar y reproducir una metodología delictiva que se apoya en un “terrorismo administrativo”. Este consiste en producir sanciones administrativas sobre el personal de manera abusiva e indiscriminada, para infundir temor entre los subordinados. Se evita así, cualquier tipo de oposición a la actividad ilegal de los superiores jerárquicos y se teje un sistema de encubrimiento y corrupción.

Por otra parte, es el estado policial el que obliga a portar el arma las 24 horas del día y en toda circunstancia -aún cuando el agente o oficial está de vacaciones con su familia- y a su vez, la ley para el Personal de la Policía Federal lo obliga a “arriesgar la vida e integridad personal en defensa de las propiedad de las personas”. Como resultado de esta imposición tenemos alarmantes índices de oficiales muertos por uso de armas fuera de su horario de servicio.

La obligación de portar armas y poder utilizarla en cualquier circunstancia que el agente u oficial de policía considere pertinente, alimenta una subcultura de violencia.

De esta forma, el estado policial promueve dicha estructura corporativa y, en definitiva, realimenta las raíces culturales del autoritarismo policial y coadyuva a legitimar la impunidad.

La burocratización excesiva de determinados aspectos de la actividad de las fuerzas, es otra de sus características estructurales que redunda en el incremento de la violencia abusiva. Especialmente, la forma en que está organizada la elaboración de las estadísticas de delitos cometidos y esclarecidos por jurisdicción, y la forma en que se instruyen los sumarios. Dentro de esta lógica, la cantidad de detenciones y enfrentamientos se percibe, dentro de la fuerza, como demostración de la capacidad de trabajo y no como una violación de las garantías civiles.

Lo descripto en los puntos anteriores permite demostrar que, la corrupción policial, de la PFA está tramada en sus reglamentaciones y prácticas cotidianas. En este sentido, las conductas policiales delictivas son el resultado de políticas concretas, antes que de voluntades personales “desviadas”.

“La autonomía con la que parecen actuar diferentes grupos dentro de las policías, está cambiando, peligrosamente, las ya históricas relaciones peligrosas entre el poder político y el poder policial.” (Oliveira y Tiscornia, Estructura y práctica de las policías en la Argentina, del Seminario sobre control democrático de los organismos de seguridad interior.

http://www.cels.org.ar/agendatematica/?info=publicacionesTpl&ids=34&lang=es&ss=116

En base al análisis presentado del estado de situación actual de la PFA es que presentamos esta ley que plantea la creación de una nueva fuerza policial, denominada Policía Democrática Nacional de la República Argentina, sobre la base de nuevos principios, funciones, organización y capacitación de la fuerza, acordes con un Estado de derecho y democrático.

La presente ley tiene como objeto establecer los principios, bases jurídicas e institucionales de la Policía Democrática Nacional de la República Argentina, y derogar la normativa vigente vía leyes y decretos que instituye y rige a la Policía Federal Argentina. Esta nueva policía es una institución policial nacional, federal, civil, armada, jerárquica y de carácter profesional, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que depende política, institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación, cuya finalidad principal es la promoción de la seguridad pública y ciudadana entendida como la situación de hecho política, social, jurídica e institucional en el que todas las personas tienen efectivamente garantizado el pleno goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías emanados de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

La presente ley recoge en varios de sus articulados los aportes de la guía modelo del PNUD para la instauración de un sistema de seguridad pública y democrática, ajironados a la realidad de nuestro país federal y republicano.

De esta fuente se plantea la necesidad de que esta nueva policía se rija por los principios de legalidad, el de oportunidad, el de razonabilidad y el de gradualidad. Por su parte, también hay una regulación específica del deber de obediencia, el cual no se guardará cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal y de la aportación de armas, la que será exclusivamente para el desempeño de las funciones policiales y solamente durante el horario de servicio, siempre que el desarrollo de estas deba suponer inevitablemente la portación y eventual utilización del tipo de armamento que las reglamentaciones establezcan.

La presente ley pauta tanto las funciones del personal policial como las facultades de la Policía Democrática. Por su parte la misma no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria y observará y se sujetará a las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública.

Por otra parte, la presente ley dispone los derechos y obligaciones que tendrá el personal de la Policía Democrática, destacándose el derecho a la dotación del armamento, vestuario y equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad para su vida e integridad; la cobertura médica integral por cuenta del Estado, incluso luego de verificarse secuelas invalidantes permanentes, derecho que se hace extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres del titular y el derecho a asociarse sindicalmente, así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente, entre otros derechos aquí reconocidos.

El personal policial está obligado a presentar anualmente su Declaración Jurada de Bienes y Rentas al asumir el cargo ante la Comisión Nacional de Ética Pública durante su ejercicio y al cesar en los mismos.

Para el control policial esta ley instaura tres instancias la Auditoria de Asuntos Internos y el Tribunal de Disciplina Policial (que integran la Dirección de Control Policial) y la Defensoría del Policía, dirigidas por un funcionario civil sin estado policial.

La presente ley valorizara la formación y capacitación permanente del personal policial, en particular la educación universitaria, y establece que el ingreso a dicha fuerza, al primer grado del escalafón de la Policía Nacional deberá producirse por: egreso de los institutos oficiales de formación policial de la Policía Democrática ó de las universidades o institutos de enseñanza superior, y previa aprobación de las actividades de formación y exámenes que al efecto deberán rendir los aspirantes ante la autoridad de aplicación.

Esta ley establece rigurosamente tanto cuales serán los requisitos para ser miembro de la Policía Democrática, como los términos de inadmisibilidad para el ingreso a dicha fuerza.

El personal policial de la Policía Democrática no podrá desarrollar las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural no- operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier otra función no policial, las que serán desarrolladas por personal civil.

Esta ley también pauta los requisitos para la promoción y ascenso a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional.

La presente ley plantea que la organización de la Policía Democrática se establecerá sobre la base de la conformación de las siguientes instancias orgánico-funcionales: la policía preventiva y la policía judicial de cada Unidad Regional que estarán distribuidas en todo el territorio nacional; y se constituirá un mando intermedio centralizado en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, que será un laboratorio de gestión policial.

Por su parte el personal policial de la Policía Democrática se organizará en un escalafón único de oficiales que contendrá distintos grados jerárquicos de acuerdo a las necesidades de las instancias orgánico-funcionales en que se organiza la Policía Democrática.

El escalafón único deberá comprender un cuadro de Oficiales Subalternos, un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de Oficiales Superiores de Conducción.

En definitiva, lo que se persigue con la constitución de esta nueva policía es contar con una herramienta adecuada frente a la posibilidad de la comisión de delitos a través de conductas graves que impliquen el cometido de un delito federal y/o afecten a la seguridad nacional (no militar), como son las redes de trata, redes de desarmaderos, narcotráfico, etc.

Es por esto que la estructura y el personal de la policía debe estar abocada a tareas exclusivamente policiales (lo que no consideramos como tales a la entrega de certificados de domicilio, de supervivencia, pasaportes, control del tránsito, etc.).

En definitiva, la Policía Democrática deberá estar abocada a la lucha contra la criminalidad organizada, muchas veces con estructuras rígidas, de carácter nacional y/o trasnacional, por eso es necesario que la misma dependa política, institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación, con un mando intermedio que analice la información criminal que remitan las respectivas Unidades Regionales y elabore las directivas estratégicas nacionales, sobre las cuales cada Unidad Regional descentralizadamente elaborará su propio operativo para realizarlas. Esto permitirá que la policía tenga una estructura orgánica adaptada a realidad ambiental del delito, para que a pesar del dinamismo de la realidad, la planificación estratégica central se allane a cada situación compleja. O sea, dicha desconcentración funcional en las Unidades Regionales, distribuidas en todo el territorio nacional, permitirá actuar operativamente con eficacia manteniendo una fuerte identificación con el mando estratégico de conducción centralizado en dicha instancia del Consejo de Seguridad Interior, tipo thik-tank, estratégica y concentrada, pudiéndose así realizar operaciones especializadas, focalizadas y descentralizadas con repercusión nacional, diseñadas por cada Unidad Regional a partir de las directivas estratégicas nacionales (por ej. Si la policía logra desbaratar un prostíbulo en determinado lugar geográfico, ello tendrá repercusiones en el otro extremo del país). Para esto también es fundamental la articulación con las policías provinciales y/o municipales de cada lugar. Es muy importante contar con una instancia de éstas características que se encargue de la inteligencia criminal y de la planificación estratégica, no en los términos que describe la Ley de Inteligencia sino simplemente para tener conocimiento de la realidad criminal, lo que es determinante a la hora de proyectar el perfil de la intervención policial que se pretende y planificar la estrategia que se persigue. O sea, conocer toda la situación de cierto lugar de referencia, por ejemplo para determinar qué armamento utilizar, qué indumentaria llevar, qué vías de acceso existen, etc. Es muy importante que dicho mando estratégico de conducción centralizado analice dicha información, la procese y luego la compendie, para que las Unidades Regionales puedan utilizarla como base de información fiable en sustento de la intervención territorial que vayan a desarrollar.

Esta nueva policía será una fuerza eminentemente especializada, abocada a la criminalidad organizada, pero para lograr lo anteriormente descripto es fundamental contar con dos instancias orgánicas funcionales diferenciadas: una preventiva y otra judicial, Esto es conveniente ya que, desde el punto de vista profesional, tendremos grupos de agentes especializados en seguridad preventiva, para dicha tarea y otros grupos de agentes, formados en dispositivos académicos precisos, que realizarán las tareas pertinentes a la investigación judicial; y desde el punto de vista del control de tareas también beneficiará pues ,la investigación y seguimiento de un delito que realizará un policía del área preventiva, una vez que se la pase al de la policía judicial para culminar con la investigación pertinente bajo el contralor del juez, implicará poner luz a los procedimientos iniciales y a toda la actividad previa. Además consideramos que los policías de prevención no deben estar en contacto con lo judicial.

Para la elaboración de esta propuesta se tuvo presente las experiencias legislativas de la policía de México, Perú y Ecuador, también de la Policía Aeroportuaria diseñada por el Dr. Saín y de la Policía bonaerense 2, impulsada por el ex Ministro de seguridad bonaerense Arslanián. También se tuvo en consideración el esquema de funcionamiento del FBI de los EEUU como órgano de producción de inteligencia criminal para todo el país y de coordinación con las policías provinciales y/o municipales en la resolución de delitos federal y defensa nacional (no militar).

Como propone el Juez de nuestra Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: “Tenemos que hacer en este sentido lo mismo que hicieron los Estados Unidos. Ellos tienen las policías de condado y les funcionó toda la vida. ¿Por qué no nos ayudaría a nosotros con nuestros problemas? Estoy convencido de que puede ser un cambio muy beneficioso. En ésta, como en otras cuestiones, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que nos piden que hagamos”.

Hoy como planeta Mariana Sirimarco “al menos desde la perspectiva policial, la continuidad entre ambos estados (civil-policial) es inexistente. No se trata aquí del pasaje de lo civil a lo policial, en una suerte de transición de uno a otro dentro de una misma totalidad. Se trata, más bien, del abandono irrecuperable de lo civil como condición imprescindible para devenir policía. El período educativo policial, antes que una transición, conlleva un cambio de paradigma, en tanto es la ruptura de posturas (civiles) pasadas la que posibilita la posterior adquisición del nuevo estado. Sólo se puede devenir policía alejándose de lo civil.” (El abordaje del campo policial. Algunas consideraciones en torno a la formación inicial: entre la praxis y las reformas.

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Para ilustrar estos fundamentos proponemos hacer un ejercicio:

“Relato número uno. Un peligroso delincuente se traslada en un automóvil blanco por el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. La policía descubre al criminal e inicia una persecución con la intención de capturarlo y poner a salvo a los vecinos. El caco inicia un tiroteo y detiene su huída sólo después de atropellar y matar a tres personas que cruzaban la calle. Finalmente termina detenido.

Relato número dos. Un comerciante sin antecedentes penales se traslada en un automóvil blanco por el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. Un coche sin identificación, con varios hombres en su interior, comienza a perseguirlo. El comerciante piensa que lo están por asaltar y acelera. Desde el auto asoma un muchacho de pelo largo y comienza a dispararle, acertando ocho balazos e hiriéndolo gravemente en la mandíbula. El comerciante queda inconsciente al volante y termina atropellando y matando a tres personas que cruzaban la calle. Finalmente termina detenido.

Si tuviéramos que jugar a descubrir las diferencias entre ambos relatos, no tardaríamos en advertir que son muchas y notorias. Esas inmensas diferencias son las que distinguen la historia oficial difundida por la Policía Federal Argentina (el relato número uno) de la denuncia llevada al cine por el director Enrique Piñeyro en El Rati Horror Show.

Este hecho, que sucedió el 25 de enero de 2005, se conoció como “La masacre de Pompeya” y tuvo como protagonista a Fernando Ariel Carrera, el comerciante que terminó condenado a treinta años de prisión. Lo que hace Piñeyro es recopilar una gran cantidad de testimonios que comenzaron a difundirse hace tiempo (y que forman parte de la defensa del detenido) y sumar su capacidad investigativa para demostrar la inocencia de Carrera.

El cineasta, actor y piloto de avión logra exponer de manera contundente ante la cámara que el comerciante fue condenado injustamente a partir de una manipulación deliberada de la causa judicial. El documental no duda en afirmar que los oficiales de la Comisaría 34 (tristemente célebre por el asesinato de Ezequiel Demonty) alteraron las evidencias y que los supuestos testigos de la persecución no eran otros que amigos de los policías.”

http://www.pochoclos.com/estrenos/el-rati-horror-show

Este caso viene a perfecta ilustración de cómo opera hoy la PFA en sus intervenciones cotidianas, y de su habilidad para “armar y desarmar” causas, “poner” testigos y detener a los supuestos culpables, gracias al autocontrol que la misma fuerza policial tiene sobre sí misma.

El reto que nos proponemos con esta ley es cambiar esta realidad de raíz, y hacer del policía un ciudadano y un trabajador con derechos y deberes; y de la fuerza policial una institución que resguarde la seguridad pública y democrática desde una perspectiva de derechos humanos priorizando la protección de las personas en vez del orden fáctico, recuperando los niveles de confianza con que hoy no cuenta y realizando una verdadera tarea principalmente de prevención, y también de conjuración e investigación de los delitos y los hechos de violencia.