martes, 9 de agosto de 2011

Señales de Incertidumbre

“-Sí, lo sé, pero no hace falta que sigas con eso. Además, aún no estamos tan mal como dijiste aquella vez.
“- Aún no, pero lo estaremos; confía en los mentecatos.”
Gisbert Haefs

A una semana escasa de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias el Gobierno, pese a intentarlo, no pudo exhibir una victoria en Córdoba, pues De la Sota hizo todo lo posible, sin romper lanzas, para diferenciarse del poder central encarnado en nuestra emperatriz. Las enseñanzas que recibió de las fuertes derrotas de Rossi, en Santa Fe, y de Filmus, en la ciudad de Buenos Aires, le impusieron una conducta distinta.
Los números dados a conocer hasta ahora -el lento escrutinio preanuncia las largas horas de incertidumbre que seguirán a las P.A.S.O.-, realmente me sorprendieron. Como puede verse en mi nota de la semana pasada, sinceramente creí que la Provincia estaría dividida en tercios. También lo creyeron Alfonsín y Binner, cuyos candidatos cayeron irremediablemente ante un PJ que confirmó su hegemonía.
Sin embargo, considero aún más importantes para el futuro inmediato de quienes habitamos la Argentina los hechos registrados en Jujuy y en Tucumán, porque desnudan dos aspectos gravísimos de la realidad, disímiles por completo del “relato” oficial.
Después de ocho años de kirchnerismo, con el país creciendo a tasas muy importantes durante ese período debido a la alta cotización de nuestras exportaciones, el cuarenta por ciento de los ciudadanos sigue estando bajo el nivel de pobreza, y un ocho por ciento bajo el de indigencia. El famoso y rimbombante nombre de “modelo de acumulación y distribución con matriz productiva diversificada” ha demostrado que sólo ha servido para que la acumulación se concentre en los bolsillos de los funcionarios más venales y corruptos de cuantos nos ha tocado soportar, y en los de un grupo de empresarios amigos, que han visto multiplicarse sus campos de acción y sus rentas hasta el infinito, mientras que la distribución siga brillando por su ausencia.
La cesión del poder del Estado -ése al que se ha impuesto una participación activa y dirigista en la economía como cuna de todas las virtudes- a doña Milagro Sala representa no solamente una abdicación impensable de los gobiernos nacional y provincial jujeño, sino que demuestra cómo los resortes y resortes estatales han sido puestos al servicio exclusivo de los intereses de la familia Kirchner. Basta recordar la “privatización” de la construcción de viviendas a favor de doña Hebe Bonafini, don Sergio Schoklender y la propia doña Milagro.
En efecto; los sucesos de Jujuy, sobre todo, se han transformado en un verdadero baño de realidad sobre la imagen que el Gobierno ha construido para consumo de las clases más desamparadas de nuestra sociedad. Ese “cristinismo”, que se enorgullece de los triunfos de sus aliados locales en las provincias más pauperizadas de la Argentina, ha tenido que soportar la violenta toma de conciencia de sus poblaciones, a las cuales no alcanza ni puede satisfacer un mero clientelismo electoral; cuál será el impacto de lo que ocurra hasta octubre en el noroeste argentino es, todavía, un dato difícil de imaginar.
Es en esas provincias del noreste argentino donde “todos hacen como que trabajan para el Estado, y éste hace como que les paga” son, precisamente, aquellas en las cuales hubieran debido notarse más los presuntos beneficios del “modelo”. Sin embargo, siguen siendo las más sumergidas, las más carecientes, las más hambreadas.
Carezco, como todo el mundo, de estadísticas serias en materia de inmigración ilegal, pero ello no obsta a que, con la ausencia de la Gendarmería en las fronteras (ha sido masivamente trasladada al Conurbano y a los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires para combatir la “sensación” de inseguridad), éstas deben haber aumentado notablemente su porosidad, más cuando la representante del Estado, doña Salas, está haciendo el milagro de regalar tierra a quien lo solicite, sin preguntarle siquiera de dónde viene.
Más temprano que tarde, esas poblaciones migrantes continuarán su camino hacia el sur, y recalarán -también ellas- en las villas de emergencia del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario, ejerciendo una presión insoportable sobre los ya escasos recursos destinados a la salud y a la educación públicas, sobre el consumo de drogas y sobre la inseguridad.
Son minúsculos y, por supuesto, reprobables los grupúsculos xenófobos, pero ningún país del mundo -tampoco nuestros vecinos- carecen por completo de políticas migratorias como la Argentina. No se trata de impedir que personas de otras nacionalidades vengan a habitar nuestro suelo sino de decidir, en un verdadero ejercicio de la soberanía, cuáles son los requisitos que deben cumplir para hacerlo.
Nuestro país -y lo considero positivo- se ha “latinoamericanizado”;pero lo ha hecho del peor modo. La Argentina de la igualdad y de la permeabilidad social, que hizo que tantos inmigrantes se integraran y, con trabajo y esfuerzo, treparan la pirámide social hasta llegar a lo más alto de ella, se ha pauperizado y, una vez más, hemos nivelado para abajo. Hoy, el índice Gini debe estar marcando -habría que confirmarlo con Ernesto Kritz- uno de los valores más altos desde que existe y, si el oficialismo consigue perpetuarse -como se sabe, lo dudo- la desigualdad y la exclusión sociales seguirán en ascenso.
El mundo entero nos está enviando señales de alarma, y los argentinos seguimos sin percibirlas. Hace mucho tiempo sostuve que, cuando la crisis internacional terminara, el hambre global sería mayor que antes de que el cataclismo financiero se produjera. Forzando la hipótesis, predije que, entonces, algún grupo de científicos y políticos -reunidos en Naciones Unidas, en FAO o bajo cualquier otra sigla internacional- se pondrían a buscar, con un mapamundi en las manos, dónde obtener más alimentos para impedir una revolución de desarrapados.
En algún momento, alguno de ellos señalaría nuestro territorio y preguntaría en voz alta de qué se trataba. La obvia respuesta hablaría de nuestra capacidad para dar de comer a quinientos millones de personas, y de la actual producción, que sólo puede alimentar a cien millones. La siguiente requisitoria se dirigiría a averiguar quiénes manejan nuestro país y la triste, pero segura contestación sería ¡cuarenta millones de idiotas! Así, el final estaría cantado: el mundo vendría a ocuparse de nosotros, y nos expulsaría o nos pagaría para que nos fuéramos, siempre y cuando nos distribuyéramos por todo el planeta, pues una gran concentración de idiotas sería capaz de destruir a cualquier otro país.
Como ha sucedido con muchos otros a lo largo de la historia, estamos al borde de transformarnos en un estado fallido.
Para corroborar estos negativos asertos, basta con pensar qué hacemos los argentinos con la educación, con la salud, con el agua, con el petróleo, con el gas, con los minerales, con nuestras industrias y con nuestro suelo. Disponemos de todo lo necesario -al menos, en esta coyuntura internacional- para reconvertirnos en una nación próspera, capaz de alimentar, educar y curar a todos sus habitantes, permitiendo que éstos accedan, por la vía del ingreso, a una mucha mejor existencia.
Sin embargo, somos casi el único país de la Tierra que se ha desbarrancado, que se ha hundido en la más profunda depresión; que, de ser el luminoso faro que guiaba a toda Latinoamérica, se ha transformado en el hazmerreír general. La culpa es, exclusivamente, nuestra; no hubo, en esa caída, ni intereses sinárquicos ni malas intenciones extranjeras, tal vez porque no fueron necesarios.
En otro orden de cosas, y con anticipadas disculpas por la digresión, me merece una reflexión aparte el marcado incremento en la fuga de divisas que nuestra economía sufre actualmente. Es cierto que toda época pre-electoral produce ese fenómeno, pero los números que trascienden llaman la atención, sobre todo porque, en general, las encuestas pronostican el triunfo de doña Cristina.
Los industriales locales, entonces, deberían estar más que satisfechos, porque seguirán contando con las imbéciles políticas oficiales de “vivir con lo nuestro” y, así, seguirán gozando del solcito gubernamental, ése que tanto calienta, salvo -ahora- al grupo Clarín, por supuesto. Todos ellos, aún quienes aparecieron en su momento como más resistentes a las presiones de la Anses y sus directores a dedo, hoy parecen estar encantados con la viuda de Kirchner.
Pese a ello, las divisas se van y, naturalmente, no se reinvierten. Es que son industriales argentinos y, como tales, privilegian el corto plazo, pero no “comen vidrio”.
Pero me hago otra pregunta, con respuesta aún más incierta: ¿no será que quienes están trasladando sus ahorros al exterior, para resguardarlos de futuros “juicios de residencia”, son los propios miembros del entorno presidencial? Porque, si es así, estarían compartiendo mi seguridad del inminente fin del “cristinismo”.
Las empresas de medición de opinión pública, las encuestadoras, están sufriendo -y pagando con su prestigio por ello- un nuevo mal de nuestra sociedad: nadie contesta la verdad. Ignoro la razón por la que lo hacen, pero muchos, casi todos, a la hora de responder las preguntas, mienten.
Basta pensar en la imperiosa necesidad que tiene el oficialismo de contar con un muy fuerte caudal de votos en el Conurbano para sobrevivir a la lista de catástrofes sufridas en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, y las que seguramente soportará en La Pampa y en Mendoza.
Es decir, necesita que los famosos “barones”, verdaderos jefes territoriales, manden a sus votantes a expresarse por doña Cristina, a sabiendas que así pondrán en riesgo su poder en los concejos deliberantes municipales. Ya pasaron por esa experiencia en 2007 cuando, por la vía de las listas “colectoras”, perdieron escaños y, con ello, vieron peligrar -a alguno le llegó a costar el puesto- su cargo, su libertad y su fortuna. ¿Por qué lo harán, entonces? ¿Alguien puede creer en que padezcan de vocación suicida?
Por lo demás, ¿bastará con el anuncio de un aumento automático y previsto por la ley para convencer a los jubilados de aportar su voto al FpV? ¿Les resultará fácil a éstos olvidar el veto al 82% móvil, mientras contemplan el despilfarro de los fondos de la Anses?
En fin, faltan sólo seis días para las P.A.S.O., y el lunes 15 los argentinos nos enteraremos, esta vez de verdad, dónde estamos parados de cara a las elecciones del 23 de octubre. Será entonces que sabremos si tenemos futuro como país o estamos condenados a la desaparición como tal.
Espero que Tato Bores no haya tenido una premonición cuando se disfrazó de explorador alemán del año 2049 y, ante un mapa de América del Sur en el cual nuestro país estaba pintado del color del mar, se preguntó si la Argentina alguna vez había existido.

Bonafini, Carlotto, Schoklender y Zaffaroni: una incansable producción de falacias

La lógica oficial es una permanente productora de“relatos épicos”, donde se mezclan actos de corrupción desenfrenada, persecuciones ideológicas y faltas éticas y morales, todas ellas concatenadas por el hilo conductor de un pensamiento que corre tras el poder, y donde todas las variables son aceptadas como necesidades de esa construcción. El uso perverso de los DDHH, tras lo que esconden actos de corrupción o de persecuciones de aquellos a los que eligen como sus enemigos cuentan, cuando no son de “sus amigos” o colaboradores. El caso Zaffaroni es un ejemplo perverso de esta lógica.
Las denuncias acerca del robo de los dineros públicos a través de la Misión Sueños Compartidos de Schoklender y Bonafini -y que involucran directamente a las Madres de Plaza de Mayo- no fueron respondidas sino “interpretadas”, la caída de las falaces denuncias de la apropiación de los hijos de Herrera de Noble tampoco produjeron ningún tipo de retractación o de pedido de disculpas sino que también produjeron una “interpretación”, tanto de la Presidente como de Estela de Carlotto -quien llegó a desear que igualmente “fueran hijos de desaparecidos”-, ahora las denuncias sobre el patrimonio del juez de la Corte Suprema tampoco produjeron una respuesta-satisfactoria o no, eso no importa- sino que nuevamente produjo una“interpretación”.
El perverso uso de los DDHH para tapar actos de grosera corrupción se transformó en la interpretación oficial “de un formidable intento de vulnerar la política de derechos humanos y, con ella, arrasar un pilar de la cosmogonía del gobierno”; este sencillo y ramplón relato o interpretación maniquea pretendía imponer que si la Fundación Madres ha sido un bastión de los DDHH y éstos son un bastión del gobierno, quien ataque a la Fundación de las Madres ataca al gobierno, obviando que la cuestión era auditar los contratos, explicar por qué el gobierno tercerizaba sus obligaciones, indagar sobre los precios pagados, verificar si se cumplía o si se mentía tanto en los presupuestos, como en las ejecuciones de las obras, y aún si los precios pagados tenían relación con las ofertas de las demás empresas.
La transitividad del “relato”, distorsionaba hasta el grotesco, transformaba el delito en una “causa épica”, en una verdadera“bandera”, el denunciante del ilícito se transformaba por la interpretación en un verdadero emisario de la oscuridad y de las fuerzas reaccionarias del gorilaje y la derecha fascista y debía responder ante la sociedad y la historia por sus ocultas intenciones. Esta “interpretación” también apela al “respeto”que merece la lucha de éstas por los derechos humanos, mezclando corrupción con la “estatura moral” para dudar de ellas, una “verdadera atrocidad” si no fuera que esconde un gigantesco negociado, tal como el de Skanska, la valija de Antonini, la causa de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez y la causa de los medicamentos adulterados y truchos.
La historia de las Madres las pone a salvo de cualquier reproche, y las coloca -según esta interpretación oficialista- por encima del resto de los ciudadanos y mucho más allá de la misma ley. Este mismo mecanismo perverso se utilizó en el caso de las denuncias falaces del caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, o en el del “relato” de Papel Prensa, donde se mancilló arteramente por prejuzgamiento falaz el buen nombre de Ernestina Herrera, y se trató como victimarios a las propias víctimas con la contumaz colaboración de la Presidente y de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, aplicándose en éste caso el mismo mecanismo de anteponer el “respeto” que merece la lucha de las abuelas por la recuperación de los nietos e hijos de desaparecidos, mezclando extorsión y persecución con la “estatura moral” para dudar de ellas.
El mismo mecanismo se ha puesto en marcha para “blindar”al juez Zaffaroni, complicado muy seriamente por las revelaciones de la ONG “La Alameda” dedicada a la lucha contra la trata de personas, sobre la propiedad de éste juez de la Suprema Corte de Justicia de seis unidades de departamento donde se ejercía y practicaba la prostitución y, posiblemente, el proxenetismo y la explotación de mujeres. Si Zaffaroni es miembro de la Corte Suprema, y ésta ha sido designada por éste Gobierno aquellas informaciones que“comprometen” su figura o su conducta, apuntan -según el relato y la interpretación- en última instancia a desprestigiar al cuerpo (la Corte Suprema) y a esmerilar al PEN.
Ni en las anteriores oportunidades, ni en ésta como se ve, está en juego la verdad, apenas un dato muy menor en la trama conspirativa, un simple ariete en la operación acoso y derribo, un pretexto para la demolición; el juez primero desestimó la importancia ética y dio una respuesta desaprensiva, más propia de un oligarca o aristócrata, que de un verdadero hombre de la democracia, “no tengo tiempo para administrar esas propiedades y como no soy una persona ávida de dinero -cobraba $25 mil por departamento-, ni mucho menos, prefiero pagar y que eso lo haga otro”, obviando que ese “otro”encargado de la relación entre el juez y la inmobiliaria es Ricardo Montivero, un hombre de su más absoluta confianza y cercanía, y con quien comparte hasta el domicilio. El dinero, ese del que él no es ávido, se reproduce sin esfuerzo, siendo casi un don.
Este juez, es el mismo que denunciara Rodolfo Terragno en 2003 al presentarse el pliego en la Cámara de Senadores por “haber sido un juez de la Dictadura que juró por el Estatuto del Proceso Militar”, esa Junta Militar sediciosa que asaltara el poder tras deponer al gobierno democrático de María Estela Martínez viuda del General Perón, y que fuera la generadora del genocidio que las Madres como las Abuelas tanto persiguen, defenestran y critican, y a la que esta Presidente permanentemente acusa por la violación de los derechos humanos. “Si bien no había dudas del buen nombre, honor e idoneidad de Zaffaroni; sí existían numerosas objeciones por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. La biografía de Zaffaroni mostraba una peligrosa inestabilidad porque había sido connivente o funcional a un régimen inconstitucional” explicaba el ex Senador Nacional.
“Zaffaroni fue nombrado juez nacional por Jorge Rafael Videla y al asumir el cargo juró por el Estatuto del Proceso que confirió el poder político a la Junta Militar, declaró caducos todos los mandatos populares y removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia… en 1980 Zaffaroni publicó un libro -explica Terragno en su alegato contra el nombramiento propuesto por Néstor y defendido enfáticamente por Cristina- sobre derecho penal militar, supervisado por Laureano Álvarez Estrada (primer Subsecretario de Justicia de Videla) y Ramón León Francisco Morel, ambos auditores del Ejército… Zaffaroni defendió circunstancias indefendibles como: derecho penal militar de excepción, circunstancias especiales, necesidad terribilísima, legislación por bandos, excepcional necesidad de dar muerte al delincuente y usurpar justificadamente la función pública” termina explicando Terragno.
Fueron las mismas Madres comandadas por Hebe de Bonafini, y hoy aliadas extremas de éste gobierno quienes presentaron una “denuncia criminal” contra 437 jueces del Proceso, en cuya lista figura el actual juez de la Corte Raúl Zaffaroni como acusado de ser partícipe necesario en los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, y menores, entre otros. Es por éste motivo que la actual victimización a la que recurre tanto el juez, como el gobierno para defenderlo, carecen de total sustento, pues el objeto de la denuncia de La Alameda ahora, o la de Terragno en 2003 no era“desestabilizarlo” emocionalmente, y mucho menos conforman un complot contra él o el gobierno que lo nombró en esa posición.
A ninguno de ellos les molesta que sea él quien concurre, ahora, a foros internacionales para explicar que hay un organismo que afecta nuestra soberanía, ni que se meta en la cuestión del paco, ni que procese a los traficantes, no son precisamente ni sus fallos, ni sus batallas las que producen malestar; lo que perturba es que un integrante del Supremo Tribunal sea titular de departamentos donde se practica la prostitución, y que al ser denunciado por los vecinos y consorcistas, éstas denuncias hayan sido desestimadas por la autoridad competente, tan simple como eso. También molesta que habiendo sido juez nombrado por el Proceso de la dictadura genocida hoy integre el máximo organismo de justicia impulsado por quienes dicen“representar las banderas de la lucha por los derechos humanos”, y además molesta que este mismo funcionario de la Justicia tenga cuentas en paraísos fiscales, o en el exterior y no pague los impuestos correspondientes, alegando que “se olvidó de declararlas”, cuando la realidad indica que fue -en uno de los casos- el propio banco el que le exigió el cierre de la misma por tratarse de una “personalidad pública expuesta”.
Es el mayor exponente e ideólogo del cristinismo más abyecto, quien a contrapelo del más burdo sentido común realizó una interesante distinción entre la “realidad” y la “apariencia”, llegando a aventurar que Zaffaroni, un teórico brillante y “garantista”, una lúcida expresión del pensamiento liberal y al mismo tiempo, un ex juez de sentencia y ex titular de derecho penal en la UCALP durante la dictadura “no es acusado por lo que es sino por lo que representa” CELS y Verbitsky. Para completarla Horacio González -el mismísimo director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta- advirtió que “tanto las tempestades desatadas sobre las Madres de Plaza de Mayo como el oleaje que en estos días golpea a Eugenio Raúl Zaffaroni tienen como fin destruir el núcleo ético del kirchnerismo”.
Como antes lo hicieran con De Vido en el caso Skanska, o con Jaime en el caso de la corrupción en la Secretaría de Transporte, o con Néstor y Cristina en el caso del financiamiento espurio de la campaña de 2007 a través de aportes de los implicados en el triple crimen de General Rodríguez, la efedrina y la mafia de los medicamentos, o en el reciente de Schoklender y Bonafini, y también en el caso de la persecución de los chicos Noble Herrera, en éste caso del juez Zaffaroni el gobierno no propiciará ni apresurará ninguna decisión, aunque sabe y sepa que estos episodios tienen un efecto demoledor sobre su propio discurso y “relato épico”.
Lo único que hará, es renunciar a depositar en él y en“su prestigio profesional” la misión de impulsar el proyecto de modificación constitucional que habilite la posibilidad de un tercer mandato para CFK en caso de lograr superar el escollo, hoy ya muy importante, de las elecciones presidenciales de Octubre. A diferencia de otras personalidades verdaderamente éticas, nuestros funcionarios no están persuadidos de que después de los escándalos que los ponen en evidencia, y que minan la confianza en las instituciones de la república y del Estado, deben saber dar las explicaciones adecuadas y tras ellas dar el correspondiente paso al costado, simplemente porque su “honor” y la “seguridad del Estado” están por sobre las personas. Primero la Patria, luego el Movimiento y por último los Hombres nos enseñara el General Perón, ese estadista tan ocultado y tan ausente por este gobierno.
Al igual que con las Madres y las Abuelas, el caso del juez de la Corte Suprema ha generado una actitud excesivamente cautelosa por parte de la oposición y los mismos medios masivos de comunicación, esta prudencia suena a prescindencia y a estar detrás de los acontecimientos. La idea de la batalla por la transparencia no debe quedar en un simple eslogan que se saca a la luz cuando soplan vientos de campaña, sino que debe ser una actitud permanente y cotidiana si pretendemos una patria con justicia social, independencia económica y soberanía política, todo ello asentado en una verdadera cultura nacional, regida por la ética y la moral

BOSSIO SE REÚNE CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ante la ley no somos todos iguales
Los voceros bien pagos de los medios de comunicación anuncian con bombos y platillos una reunión que se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia entre sus miembros y el Director de la ANSeS, Diego Bossio.
Ahora bien, cualquier ciudadano honesto se preguntaría ¿Desde cuándo los Jueces reciben en audiencia a los que no cumplen con la Ley? Los Jubilados ven violados sus Derechos constitucionales desde hace más de 20 años y ya pasó más de 1 año en que solicitaron una audiencia con el Supremo Tribunal y aún no se les ha contestado, lo que demuestra a las claras la poca importancia que se le da al ciudadano común ante la violación de sus Derechos constitucionales, inclusive amparados por los Pactos Internacionales suscriptos por Argentina oportunamente, que según opinión del Presidente de la Suprema Corte, en lo inherente a los Derechos Humanos, gozan de jerarquía supra constitucional.
Cabe preguntarse, ¿la Corte Suprema de Justicia ignora las reiteradas violaciones constitucionales al Art. 14 Bis de la C.N. en perjuicio de cientos de miles de ciudadanos, a pesar de los diferentes fallos del Supremo Tribunal en contra de la ANSeS y a favor del Jubilado? Tampoco es desconocida por la Corte la desobediencia de ANSeS ante los fallos de la Justicia obligando al Jubilado a iniciar juicios de ejecución a pesar de la avanzada edad y los problemas de salud que la mayoría de los ancianos padecen.
Si como sostiene el Dr. Lorenzetti (Pte. de la Corte), los Pactos internacionales suscriptos por Argentina tienen jerarquía supra constitucional en cuando a Derechos Humanos se trata, ¿Cómo es posible la violación reiterada de diferentes artículos de los mismos por parte del Organismo que el señor Bossio representa y concurrirá a explicar lo inexplicable?, que un Organismo del Estado puede violar los derechos constitucionales de los ciudadanos cuantas veces quiera, como así también burlarse de los fallos de la Justicia, pisotear los Pactos Internacionales que protegen Derechos Humanos, con violentas transgresiones contra las personas mayores, todas ellas implementadas desde el Directorio de la ANSeS, organismo que tiene el cinismo a través de su Director de solicitar audiencia para explicar la reiterada violación de la Carta Magna, como si violar la Ley se arreglara con una explicación y no con una reparación.
¿Cómo explicará el Sr. Bossio que desde el 19 de enero de 2001 en que fue denunciada la ANSeS ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos que hasta el día de hoy, a pesar del acuerdo suscripto ante dicha Comisión y obligándose por parte del Estado se sigan violando los Art. 1 (1), 8 (1), 21, 24, 25 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como así también los Art. 16, 35, 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y algunos cuantos más de otros Pactos que no figuran en el Acuerdo, todos reconocidos por el Estado argentino con jerarquía constitucional incumplidos por quien quiere o pretende explicar lo que coherentemente, desde el punto de vista jurídico, no tiene explicación?
Podrá este señor justificar haber violado en reiteradas oportunidades el Art. 8 de la Ley 26.425 que en lo pertinente reza: “la totalidad de los recursos (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino”. Y todos sabemos que los beneficios se deben pagar como lo marca la Constitución Nacional y los fallos (Badaro, Sánchez, etc. etc.) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que es el tribunal de garantías y último intérprete de la C.N. y no distrayendo esos fondos en “fútbol para todos”, “notebook para todos” y otros menesteres “para todos” menos para quienes deberían recibirlos, los Jubilados. Explicará también el Sr. Bossio la gran cantidad de jóvenes pertenecientes a una organización política llamada “La Cámpora” -denunciados públicamente-, a los cuales se los contrata con sueldos exorbitantes para que practiquen actividades políticas y candidatearse para diferentes cargos sin cumplir función alguna dentro del organismo; y TODO con los fondos de los Jubilados!!!
Ahora cabe preguntarse si después de esta “reunión”¿Qué?..., volveremos a lo mismo, a las excusas, que no hay dinero, que quiebra, que default, que no se puede, etc. etc. etc…; hace ya más de 20 años que escuchamos lo mismo y lo peor es que los ancianos se mueren, sin Justicia y sin sus Derechos Humanos respetados.
El Supremo Tribunal ¿podrá seguir escuchando las falacias y mentiras de quien vive burlándose de la Ley jugando con el bienestar y dignidad de las personas? ¿Dejará seguir sacrificando la C.N. por parte de quienes desobedecen la Ley? ¿La Corte Suprema seguirá siendo tan tibia ante tanto despliegue de abuso e impunidad?; sólo lo sabrá el Alto Tribunal.
Después de esa reunión se juega el SER o NO SER de la Justicia; si todo sigue igual y el Tribunal Superior lo permite será cómplice necesario, a pesar de sus fallos, de violación reiterada de lo que ellos juraron respetar y hacer respetar….LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, o si la Corte cumple con su juramento y a través de una acción de clase, soluciona lo que el perjuro Poder Ejecutivo vetó prefiriendo seguir gobernando, violando la C.N. y los Pactos internacionales suscriptos por la Nación a pesar de su reconocida retórica sobre Derechos Humanos.
El Art. 93 C.N., al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestaron juramento ante el Congreso reunido“prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.
La pregunta final es ¿por qué el Poder Ejecutivo permite que a millones de ciudadanos les sean violados sus Derechos constitucionales y la Ley que el Congreso de la Nación a sugerencia del Supremo Tribunal de Justicia y en cumplimiento del Art. 75 inc. 23 de la C.N. aprobara para ordenar la irregular situación, es vetada por quien jurara observar y hacer observar la C.N.? En evidente que en el caso de los Jubilados y Pensionados argentinos no se cumple.
La Corte Suprema de Justicia tiene LA ULTIMA PALABRA, o asume su independencia y cumple con su deber y juramento ó terminamos en manos de una DICTADURA ELECTORAL.

Coherencia en el Error


Cuando devienen las crisis que afectan una nación, hay que repasar la historia para analizar dónde están los errores y los aciertos de sus sociedades y el sistema que las gobierna. En este caso entiendo que es urgente realizar una disección de la historia de la Argentina y concluir, al menos, que el siglo XX y el que ha comenzado se han caracterizado por la“coherencia en el error.”
La coherencia en el error ha sido el “leiv motiv” de hacer política en nuestro país, sin distinción de partido político o de los diversos modos militares de ejercer la misma. El primer error comienza por creernos un país rico. Rico en qué y por qué, me pregunto. Siempre comprendí que la riqueza es algo que se debe construir para adquirirla y mantenerla. Podrán decirme que nuestro territorio es rico en recursos naturales, y que poseemos una población de alto nivel educativo. Opino que son todas verdades a medias y como tales no son verdades; si lo fueran, no estaríamos donde estamos: en la degradación más humillante a la que pueda someterse una nación.
Me preguntan cuál es la degradación. Por ejemplo, algunos de nuestros jueces son rentistas de prostíbulos, otros utilizan la justicia a favor del gobierno de turno condenando a los patriotas que dieron la vida y respondieron a las órdenes de sus superiores para erradicar el comunismo o pseudo comunismo; otros callan… Mientras las Madres de Plaza de Mayo, en el nombre de los derechos humanos, bastardeados, realizan negocios espurios y millonarios con el hábitat de los que menos recursos tienen, con el hambre, y con la sangre de los muertos. Una vergüenza, una humillación aceptada por todos porque hasta ahora ninguno ha sido enjuiciado ni condenado.
Me parece que ésta es una sociedad que ha perdido el sentido de los conceptos “institucionalidad”, “responsabilidad,” “respeto por el bien común” y por sí mismos, el “sentido del orden”, de “legalidad”, de la“autoridad” y el “liderazgo”, del “castigo,” y del “mérito,” entre otros. “¡Sé igual!” Pues con esta actitud “menefreguista” y rentista se nos ha desbarrancando la República. ¡Pero eso sí, la disciplina partidaria ha triunfado junto a la de los punteros políticos, las unidades básicas, las listas colectoras, las listas sábanas, y la de las encuestas mejor pagas!
¡Cómo no vamos a estar confundidos si llamamos elecciones“primarias” a la aberración más extraordinaria que conozco de un sistema electoral! Señores, para los que comprenden, una primaria es una elección interna a los partidos políticos, realizada con mucha antelación a las elecciones generales, con el propósito de elegir al candidato que competirá contra otro de signo opuesto al de su partido. Cómo puede ser que ningún politólogo, constitucionalista, o cualquiera con sentido común no haya denunciado tal aberración. En lugar los políticos y sus secuaces de turno se han vanagloriado diciendo que por vez primera la Argentina tendrá primarias, por supuesto, obligatorias. Como ven, la coherencia en el error nos sigue caracterizando. Las elecciones del 14 de agosto son la “avant premier” de las de octubre.
Mientras nos preparamos para asistir a la “avant premier”del 14 de agosto, profundizamos el error y en la coherencia del error. Así, observamos sin parpadear cómo una de las provincias argentinas más pobres, Jujuy, que posee una tasa altísima de enfermos de SIDA, de pobreza, de indigencia, de desempleo y de trabajo informal, se desangra en una batalla campal entre miles de jujeños que hoy reclaman tierra y techo. Y me pregunto, ¿dónde están los famosos fondos para la vivienda que beneficiaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuya presidente es la Sra. Hebe de Bonafini y su administrador, Sergio Schoklender? Y sigo preguntándome qué relación tiene la Organización Tupac Amaru de Milagro Sala con los fondos para la vivienda de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con Fellner, con la Presidente de la Nación, con la organización La Cámpora, con los movimientos piqueteros… En tanto me sigo haciendo otras tantas preguntas, Milagro Sala recorre los terrenos ocupados en Jujuy presentándose como una “garante” de que los “ocupas” serán censados y recibirán oportunamente su recompensa después del 14 de agosto. Es decir, que recibirán la posesión de un lote. Pero acaso me equivoco, ¿la empresa Ledesma no había donado una cantidad importante de tierras a la gobernación de Jujuy, la cual, a su vez, se había comprometido a construir las viviendas? Al parecer, la única respuesta posible ha sido la ocupación de dichas tierras, porque no hay respuestas. No hay respuestas desde ningún sector, porque la República está bajo la anarquía, y el proceso de “ocupas” se propagará a lo ancho y a lo largo del país man mano pasan los días.
Y una vez más nos volveremos a preguntar “por qué estamos donde estamos.” Ésta ha sido y sigue siendo la forma de reaccionar de la sociedad argentina. ¿Y el mea culpa? ¿Y la autocrítica? ¿Alguien ha escuchado hablar de asumir responsabilidades en algún pasillo?

lunes, 8 de agosto de 2011

LOS SEMIDIOSES DEL OLIMPO ARGENTINO

Curiosamente las profusas opiniones y análisis vertidos acerca del caso Zaffaroni han omitido la consideración de un aspecto de sus declaraciones revelador de un pensamiento equívoco de muchísimos magistrados respecto de su investidura, tomado este término en la segunda acepción que le asigna la Real Academia:
“Carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades”.
La socarronería de sus primeras explicaciones (“me facilitan el desalojo”) denuncia una subestimación de la opinión pública absolutamente impropia en el integrante de un cuerpo que tiene la última palabra en el país sobre vidas y haciendas de los ciudadanos. Tomarse a la chacota un asunto tan serio fue la primera muestra de su desubicada autosuficiencia pero también de su arrogancia: “¿Quiénes son estos vulgares mortales para venir a cuestionarme por estas minucias?” es el trasfondo subyacente de sus ironías.
Una de sus declaraciones es particularmente contradictoria con sus explicaciones y extraña en una persona que conoce el derecho a no autoincriminarse: “No soy un débil mental” dijo. Obviamente que no lo es, y por eso mismo es que a la gran mayoría de la opinión pública le resulta imposible creer que nada sabía de lo que ocurría durante años en seis de sus departamentos porque esa supuesta ignorancia está reñida con un parámetro muy elemental del derecho civil como es el de la “diligencia de un buen padre de familia”. ¿Con que autoridad moral podrá en adelante el juez resolver un caso donde deba aplicar el concepto que el mismo dice no haber tenido en cuenta en sus negocios?
A medida que vio que el panorama se oscurecía y que la cosa pasaba a mayores fue abandonando su arrogancia y cambiando gradualmente sus expresiones hasta finalmente victimizarse en un vano intento de conmover a sus cuestionadores con una humildad divorciada de sus primeras actitudes altaneras.
En alguna medida es comprensible que un personaje de la talla de Zaffaroni que goza de un merecido reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria académica, profesional y judicial, ungido con inamovilidad e intangibilidad se sienta miembro de una especie de Olimpo social y por lo tanto superior al común de los ciudadanos y exento de sus responsabilidades (entre ellas la de pagar el impuesto a las ganancias).
Pero eso no es suficiente para cubrir un desaguisado tan serio, como pretenden hacer corporativamente algunos miembros del poder judicial aludiendo a sus valores personales, académicos y jurídicos y eludiendo la consideración de los hechos.
A cualquier otro propietario que le hubieran descubierto el funcionamiento de una red de prostíbulos en sus inmuebles ipso facto le hubieran iniciado un procedimiento instructorio para determinar si existieron infracciones al Código Penal art. 145 ter, a la ley 12.331 art. 17 y a la ley 26.364 arts. 4° y 11° y en su caso quienes las cometieron.
Eso porque es una costumbre muy extendida entre un número muy alto de jueces del fuero penal indagar y procesar a personas utilizando el conocido latiguillo del “grado de sospecha suficiente” con supuesto indicios fundados solamente en sus presunciones subjetivas. Claro está, los imputados no son jueces de la Corte.
Esto lleva a un planteo que la sociedad nunca se hace ¿Qué es un juez? ¿Es un ser superior que ha recibido un mandato divino de arreglar las querellas de los tontos y pendencieros mortales, una especie de semidiós moderno investido por el Espíritu Santo de un poder y una sapiencia sin límites? Categóricamente no, pero muchos se lo creen.
Un juez es simplemente un ciudadano común al cual los demás le han dado la facultad de arbitrar sus diferencias, no la de convertirse en un gran Señor y Rajadiablos -caracterización del escritor chileno Eduardo Barrios- ante cuyas decisiones solo cabe inclinar la testa y rendirle pleitesía como parece sugerir el enorme poder del que disponen sobre vidas y haciendas como dueños del tiempo de los demás. Y los abogados lo saben.
Por eso mismo, porque no son deidades que habitan un Olimpo extraño a los seres humanos corrientes no sólo deben ganarse el respeto de sus justiciables sino además mantenerlo con una conducta decorosa y diligente tanto pública como privada durante todo el ejercicio de su magistratura.
Este sencillo concepto de la judicatura fue receptado por las Naciones Unidas que lograron la conformación del llamado Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial integrado por presidentes de Superiores Tribunales de más de 80 países que elaboraron los llamados “Principios de Bangalores sobre la conducta judicial”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura” según Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que en sintonía con la cerrada defensa de Zaffaroni que hace el oficialismo judicial y político de la República (¿) Argentina los principios de Bangalores no fueron incorporados al derecho interno de nuestro país pese a haberse presentado en 2007 y 2009 sendos proyectos en tal sentido que ni siquiera fueron tratados en comisión en la Cámara de Diputados. ¿Cerrada oposición de la corporación judicial? Es probable.
Y ello no es extraño en tanto en su punto 4.1 el documento reza: “Un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades.” Y en su punto 4.7: “Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciario-financieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia.” ¡Ja!
Si la Argentina hubiera adoptado formalmente esos principios Zaffaroni ya hubiera sido historia, y quizás otros varios jueces amigos del gobierno.
Por ahora y a pesar de los años sigue vigente la fuerte denuncia que hizo de José Hernández poniéndola en boca del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez... “Nunca le llevés la contra/ Porque él manda la gavilla/ Allí sentao en su silla / Ningún güey le sale bravo/ A uno le da con el clavo / y a otro con la cantramilla”.

¿Renunciar por las mancebías?

Mojigatamente, como ya es su inveterada costumbre, la sociedad argentina se ha conmovido con la grosera historieta de un consigliere de la Suprema que entendió que debía hacer algo por su futuro y como idea luminosa se le ocurrió alquilar algunos de sus “derpas” más pequeños, alrededor de seis, como mancebías al paso.
¿Por qué hizo tal desbarre?, chi lo sa, quizás porque después de tantos años de retozar en defensa de los delincuentes quiso, mínimamente, transgredir la ley; quizás porque decidió no perderse la ola de indecencia e impunidad sobre la que “surfean”desde hace ocho años, en pingües negocios, los acólitos del poder o quizás porque sobran madamas en las esferas oficiales. La respuesta solo la tienen Dios y él, y es probable que nunca la sepamos. Lo que importa es, ¿Cabe tanto alboroto porque un consigliere de la Suprema alquila sus departamentos como corrales de fornicio? Al fin y al cabo, aunque el consigliere supiera el destino de sus cotorros, sólo ha trozado, una a una, las páginas de la ley 12.331. ¿Qué es esto, para él, que desde que fue ungido consigliere de la Suprema ha colaborado con decisión en darle destino de albañal a la Constitución Nacional?
Todo este barullo sería justificable en un País en serio. No es nuestro caso. Somos lo que nosotros hemos decidido ser. Somos los amansados de y por el bolsillo, ni siquiera mansos de corazón lo que sería un logro ante Dios Nuestro Señor, sino que nuestra mansedumbre deviene del hecho que somos cagones de alma y por eso mismo, por sumisos, nos han sacado la tierra, que es, ni más ni menos, la Patria.
Hoy se santiguan hasta los ateos frente al despropósito de los bulines del consigliere, pero todos esos que hoy se rasgan vestiduras y echan cenizas sobre sus cabezas nada dijeron de los desatinos jurídicos o de las ofensas al estado de derecho que elconsigliere junto a sus scagnozzi urdieron para mayor gloria de sus patrones.
Acá prima la cobardía. Nadie quiere quemarse del todo. Crucifíquenlo primero que nosotros nos encargamos del último lanzazo. Los políticos al hablar del consiglieretodavía se pelean por ver quién más cerca de Dios lo ubica, porque ni siquiera se animan a ponerlo cerca de una presunta culpa, con la misma irresponsabilidad con que, en su momento, pedían la canonización de la madre Bonafini o el Nobel para la abuela Carlotto. Nadie de los que hoy sobre el papel, en la radio o en la televisión intentan aleccionar a este estúpido pueblo sobre las inconveniencias erótico-inmobiliarias cometidas por el consigliere y su administrador jamás han dicho una palabra de lo que verdaderamente es vergonzoso, sino criminal, en los hechos negociados por esa camarilla infame que integra la Suprema Corte y a la cual el consigliere pertenece. Porque durante ocho años se han callado la boca sobre la vergüenza que son en sí mismo los tribunales federales devenidos en tribunales revolucionarios donde es sistemáticamente violado el principio constitucional de presunción de inocencia, donde se imputan delitos que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional, donde se juzga a los procesados con leyes que no existían a la fecha del presunto delito y donde cualquiera puede decir cualquier cosa y ser testigo si pertenece a la querella.
Ninguno de estos alarmados ciudadanos ha dicho una palabra de lo que antecede. Cobardes o pagos han mirado hacia otro lado. A ninguno de ellos les preocupó jamás -como tampoco a los consiglieri de la Suprema- que con la fábula de presuntos excesos de guerra en los penales federales haya militares y policías que sin haber sido procesados nunca llevan más de cuatro años detenidos. Como siempre, estos medrosos plumíferos, están prestos para lo minúsculo. Es mejor pegarle al supremo por sus presuntos intereses alcahueteriles que por la gravedad de sus acciones contra la Constitución Nacional.
Hoy, este coro de timoratos dice que el consigliere debe renunciar. Que si bien no configura delito lo cometido por él, por la “dignidad” que conlleva su cargo debería hacerlo. ¿Por dignidad?, no jodamos, hace ocho años que la dignidad, la decencia, la honra fueron asesinadas por el mandato intelectual de un desquiciado que se encaramó al gobierno de la usual manera que suceden estas cosas en Argentina. “El” dio esa orden y prestos prepararon sus dagas los esbirros a quienes convenía en grado sumo borrar de la vida nacional esas actitudes. El consigliere de la Suprema fue uno de los primeros en empuñarla, pero también otros que es menester no olvidar: Rossi, Pichetto, Menem, Balza, Garré, Fernández, Vendini, Milani, Godoy, Pozzi, y tantos más que celebraron con alegría el deceso de lo que otrora fueron llamadas virtudes republicanas.
El consiglierede la Suprema por el que se ha hecho tanto ruido se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. No me mueven -para opinar sobre él y sus bellaquerías- ni sus preferencias sexuales ni me dejo llevar por los presuntos mails que han salido a luz. Creo que lo que he dicho precedentemente lo define como una de las personas más miserables de la República y si ascendió a las alturas en las que hoy se encumbra en este gobierno es sólo por su condición de “progre” siempre listo para cometer cualquier ultraje que se le encargue.

Zaffaroni: La Biblia junto al Calefón

En una república según Montesquieu debe primar la virtud, en consecuencia ante el descubrimiento que un Ministro del más alto tribunal de justicia de la Nación, tiene seis departamentos donde se ejercía la prostitución y la trata de personas, descubramos también, a los principales responsables de su nombramiento y a sus sostenedores actuales.
El 22 de julio pasado, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay declaró públicamente con respecto a la trata de personas, “Cada vez se llevan más chicos, no solamente mujeres, también varones”. Con respecto al gobierno nacional y a los provinciales agregó, “miran para otro lado” y siguió diciendo, “no creo que el Poder Judicial se salve, que sea totalmente impoluto en este tipo de cosas”.
¿Sabía algo la jueza y quiso anticiparse para salvar su imagen? No lo sabemos, pero sí es público y notorio que la jueza se ocupa en la Corte Suprema de la “Oficina de la Mujer” y por eso se había demostrado preocupada por la prostitución que trae aparejada el secuestro y la explotación violenta de mujeres.
Por su parte, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, afirmó “los detalles de la situación del ministro Zaffaroni “ya fueron explicados” por el juez y corresponden a una actividad privada.
“Hoy el acuerdo fue normal, con clima de cordialidad”,sostuvo el titular de la Corte. “No hay ningún problema, porque no hubo ningún cuestionamiento a lo que Zaffaroni hace dentro de la Corte”, agregó una fuente judicial.
“Tenemos un gran respeto y amistad, que no ha cambiado en absoluto”, comentó, después del acuerdo, Lorenzetti, y refiriéndose a Zaffaroni, un ministro del alto tribunal que participó de la reunión dijo, la Corte mantiene una “fuerte unidad interna, estamos muy unidos y nadie le increpó nada ni mucho menos; para nosotros sigue siendo el mismo Zaffaroni de la semana pasada”
Claro ya sabemos que las prostitutas y los tratantes de blancas no ejercían dentro de la corte, por lo menos por ahora, pero sí en seis departamentos propiedad de uno de sus miembros. Esta solidaridad, que declara el presidente de la Corte, de todos los miembros de la misma hacia Zaffaroni, incluye entonces a la Doctora Argibay, a quien ya citamos criticando la trata de personas y la prostitución y además la misma está encargada en dicho órgano de gobierno, nada menos que de la Oficina de la Mujer responsable del problema de la prostitución y la trata de personas.
Nuestra Corte de lujo mira para otro lado, como había dicho sobre este tema Argibay, quien ahora se solidariza con Zaffaroni, junto con Lorenzetti y el resto de la misma.
Lamentablemente, con esta actitud la Corte se implica en el caso y no en uno aislado sino en un tema que es considerado, después del narcotráfico, el principal negocio ilegal, que azota al país, con jóvenes desaparecidas y secuestradas. El ejemplo moral imprescindible, que se espera de sus miembros, como garantía de los derechos de todos los ciudadanos argentinos, queda afectado seriamente, junto con su confiabilidad.
¿Quién nos protege entonces? ¿Dónde está la independencia del máximo organismo judicial de esto que debería ser una república? Sin embargo prefieren apoyar una posición política indefendible del gobierno nacional y reaccionan como parte de una corporación política a las que se sumó Horacio González, Presidente de la Biblioteca Nacional, quien dijo, “Van contra Hebe y Zaffaroni para destruir el núcleo ético del kirchnerismo”, pero se olvidó González, que Hebe de Bonafini el 17 de octubre del año pasado declaró públicamente con respecto a la Corte Suprema, “No solo turros hay que decirles, mucho más que turros” y continuó la jefa de Sueños Compartidos con el gobierno,“Y si hay gente honesta y proba y son buenos, como algunos que son casi nuestros amigos, que se vayan, que se vayan, que renuncien a la Corte, no se pueden quedar”, agregando “Porque donde hay un tipo que comete delito, todo lo demás queda sucio. No hay cosas limpias si Lorenzetti se reúne por atrás y recibe dinero y sobres y lo que sea, los demás también están envueltos en esto.”.
Claro Hebe no contaba en ese entonces con que se descubrirían sus Sueños Compartidos con Schoklender y la presidencia. Si el “núcleo ético del kirchnerismo”, como dijo el kirchnerista Horacio González, son Hebe y Zaffaroni, no necesitamos agregar nada sobre el tema.
Continuando con la reacción corporativa, el ministro del interior, Florencio Randazzo afirmó, “Creo que hay una carga ideológica con respecto a un ataque sin sentido, sobre todo teniendo en cuenta el prestigio, la honorabilidad y la trayectoria de Zaffaroni”. Lo esperado frente a una situación tan grave, era que el gobierno avalara la investigación judicial y del Congreso sobre tan grave hecho.
Lo que ocurre es que el kirchnerismo tiene una responsabilidad moral y política mayor, en conjunto con sus partidarios judiciales y culturales por la designación de este Ministro de la Corte Suprema, propietario de seis departamentos donde se ejercía la prostitución, Esta responsabilidad o irresponsabilidad, surge en 2003, cuando el Presidente Néstor Kirchner fue quien envió los pliegos al senado, proponiendo a Eugenio Zaffaroni como Ministro de la Corte Suprema.
Con el control que tuvo y tiene el kirchnerismo de los servicios de información, no podía ignorar los antecedentes de Zaffaroni. Frente a la Comisión de Acuerdos del Senado, que trato los pliegos, hubo más de cuarenta impugnaciones. Entre ellas sobresalió la de la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso (PJ), quien pidió que se remitan oficios a la AFIP, a la Oficina Anticorrupción y a la de rentas porteñas, para indagar sobre presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de Zaffaroni y quedó comprobado que el ministro propuesto por Kirchner, había evadido impuestos y además no había pagado aportes.
Entre las entidades que reiteraron las impugnaciones presentadas ante la Comisión de Acuerdos del Senado, estuvieron el Colegio de Abogados porteño, que acusó a Zaffaroni de adherir a la corriente “abolicionista”del delito penal.(en este momento de auge de la delincuencia, parece una burla a la ciudadanía soportar a un Juez supremo, con estos principios).
Otra de las impugnaciones sostenía que no ha explicado las vinculaciones laborales que mantenía con personas detenidas por secuestros extorsivos, como su socio Jacobo Grossman, quién es un ex convicto que pasó 13 años en prisión, por habérsele probado una larga lista de secuestros extorsivos, y que fue indultado en 1991. El amigo de Zaffaroni reunió en 1973 a un grupo de delincuentes y los lideró conformando una banda de secuestradores que se dedicaban a sustraer menores de familias adineradas, cobrando por su rescate cuantiosas cifras, vinculándoselo también, con un homicidio sucedido en junio de 1985. Zaffaroni lo habría vinculado a Grossman con el Ministro de Economía Amado Boudou y es actualmente el abogado de este.
Zaffaroni cuando había sido juez, sobreseyó a un violador acusado de abuso deshonesto sobre una nena, porque según él la niña no tuvo conciencia de que el violador la obligó a hacerle un fellatio, porque estaba oscuro y la niña no pudo ver nada. En otra oportunidad sobreseyó a un ladrón de un automóvil, sosteniendo que al dejar estacionado el vehículo en la vía pública, el propietario lo había abandonado y en consecuencia no había robo.
Cuando se expusieron estas impugnaciones en la Comisión de Acuerdos del Senado, el senador kirchnerista Jorge Yoma, fue quien lo defendió con argumentos sofistas, pero quienes lo aprobaron a pesar de todas estas impugnaciones, fueron los senadores, Jorge Busti (PJ- Entre Ríos), José Mayans (PJ-Formosa), Carlos Verna (PJ-La Pampa), Sergio Gallia (PJ-Neuquén), José Luis Gioja (PJ-San Juan, ahora gobernador), Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño), Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) y Jorge Agúndez (UCR-San Luis).
La Comisión de Acuerdos del Senado sesionó en aquella ocasión, en el auditorio Manuel Belgrano, del edificio anexo del Senado y entre los concurrentes que asistieron silenciosamente en apoyo de la designación de Zaffaroni figuraron algunas madres y abuelas de plaza de mayo y también ex camaristas federales y ex ministros de Justicia como Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián hasta el ex ministro del Interior Esteban Righi, ahora procurador nacional de justicia.
Entre los que se opusieron ahora al juicio político a Zaffaroni, están Ricardo Gil Lavedra y treinta firmantes del oficialismo entre los cuales se destacan Vilma Ibarra, Cecilia Merchán, Sandra Rioboo, Claudio Lozano, Victoria Donda, Nélida Belous, Juliana Di Tullio, Ariel Basteiro, Martín Sabbatella, Silvia Vázquez, Jorge Rivas, Carlos Heller, Adela Segarra, Alicia Comelli, Olga Guzmán, Edgardo De Petris, Remo Carlotto, Héctor “Pampa” Álvaro, Adriana Puiggrós, Hugo Prieto, Ruperto Godoy, Teresa García, Raúl Barrandeguy, Alfredo Villalba (MC).
Todos estos apoyos a Zaffaroni en estas circunstancias, delatan que las denominaciones de república o democracia, no cuadran con el tipo de sistema político que tenemos. La definición más aproximada correspondería a Enrique Santos Discépolo como Cambalache, en donde un gobierno autoritario se vale de la anarquía para lograr su propósito de perpetuarse en el poder e “Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefón...”.

JUJUY: SIN PODER NI AUTORIDAD

Dice Giovanni Sartori en su “Teoría de la democracia” que: “En tanto el poder ordena y está respaldado de ser necesario por la imposición, la autoridad apela y deja de ser tal si se impone.” O sea que el poder puede recurrir al temor, a la sanción física, a la manipulación y puede ser violento llegado el caso. Pero la autoridad la ejerce aquel que está al servicio de la legalidad, por lo tanto, merece respeto. Hoy, en Jujuy, no existen ni el poder, ni la autoridad.
Jujuy está en problemas. Problemas que no deberían ser tales en una nación a la que le sobran kilómetros cuadrados de tierras fiscales. Pero en Jujuy, como en tantas otras provincias, hay demasiada personas sin techo.
¿Qué ha hecho el gobierno nacional, provincial y municipal al respecto? Poco y nada, pero envuelto en promesas incumplidas una y otra vez. Estamos en año electoral y siempre, ante situaciones de este tipo, alguna corriente política, algún candidato dejado de lado, alguien con intereses espurios o genuinos, aprovecha la ocasión para movilizar gente.
Demasiados jujeños y no pocos bolivianos (que habitan Jujuy), no tienen ni tierra, ni techo. Por alguna desconocida razón, el gobierno nacional prefiere darle fondos para construir viviendas a fundaciones privadas como la de Madres de plata de Mayo (mamá Hebe) o la Tupac Amaru, que no son empresas constructoras.
Hace ya 2 años, la familia Blaquier donó 80 has, 20 en Libertador Gral. San Martín y 60 en Calilegua, confiando en un plan de urbanización del gobierno provincial. Las pocas viviendas que se empezaron, no se terminaron y la mayoría, no existe. Desde la provincia de Buenos Aires, la Corriente Clasista y Combativa, viajó a Jujuy, dicen que con armas.
La CCC instó a los necesitados y a los vivos de siempre, a ocupar terrenos del ingenio Ledesma de los Blaquier. ¿Responden a una interna de la extrema izquierda frente al gobierno K? No se sabe. La Tupac Amaru de Milagros Sala recibe cuantiosos fondos, mientras que los ex aliados piqueteros K, del conurbano bonaerense, han caído en desgracia.
El intendente de Libertador, Alé, el gobernador de Jujuy, Barrionuevo (Walter, FPV, no confundir) y el juez Jorge Samman, ordenaron el desalojo. Fue violento. Cuatro muertos, 3 okupas y un policía. ¿Los muertos, como los equipos de fútbol, clasifican en la A y en la B? Dos muertos en Avellaneda, Kosteki y Santillán (2002), obligaron a Duhalde a renunciar. Un muerto, Mariano Ferreyra, envió al jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a la cárcel. ¿Cuatro muertos jujeños no cuentan? ¿Y el artículo 16 de la CN que dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley? ¿No lo leyeron? Cristina muda, no sabe, no contesta.
Las tomas de tierras se multiplicaron. Hay 16 asentamientos. Se cortaron rutas. El gobierno nacional no ve, no escucha, no se entera, está en campaña y las tomas son muy malas para la campaña. El gobierno de Jujuy tiene una idea genial: expropiar tierras. Es decir, premiar aquello que se debe castigar.
La gente necesita viviendas, el gobierno debe crear las condiciones de trabajo para que puedan acceder a ellas a través de créditos blandos. Pero expropiar, para que no expropien por su cuenta, es demencial. Tampoco conocen otro artículo de la CN, el 17, que sostiene que la propiedad privada es inviolable.
Como a pesar de estas tropelías legales, hasta las mujeres de los policías, que también necesitan techo, han ocupado las casas sin terminar, y no sabiendo qué hacer, sin autoridad moral, ni poder real, le piden ayuda… ¿al gobierno nacional, a gendarmería, a la justicia? No, se la piden a Milagros Sala, la dueña de la Tupac Amaru y por lo visto, la dueña de la paz en Jujuy.
Eduardo Fellner FPV, 2 veces gobernador de Jujuy, presidente de la cámara de diputados de la nación, candidato a gobernador en octubre, declara que “Jujuy es un caos”y habla de: “intereses políticos”.Corren rumores que sostienen que lo de Fellner se debe a que en las tomas, hay tierras que le pertenecen. Son rumores. Desde el gobierno nacional lo obligaron a desdecirse y aseguró que nunca había dicho, lo que sí dijo. De todos modos, Jujuy es un caos.
Resumiendo. Jujuy está sumido en un estado caótico. Las tomas se extienden hasta Tucumán. Milagros Sala tiene la paz de Jujuy en sus manos. ¿Pero quién es Milagro Sala? De las armas cortas y largas llevadas desde el gran Bs.As por la CCC, no se habla. Los 4 muertos son recordados sólo por sus familias. Las tomas ilegales se premian con expropiaciones de apuro. La pobreza extrema y su uso político se desbordan en el NOA.
Mientras, en otro mundo paralelo (y para lelos), la campaña presidencial del gobierno desde las pantallas de los “LCD para todos”,nos atosiga con el cuento del país de las maravillas. ¡Cuidado con la reina de corazones! ¡Pobre Jujuy! ¡Pobre Argentina!
Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”, 1865, Inglaterra. Aula de literatura Vicens Vives, Barcelona, descripción del personaje: “La reina de corazones siempre está enfadada […] La reina no sabe juzgar, ni pensar lo que la gente hace, simplemente si alguien le molesta, dice que le corten la cabeza”. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia.
Para aliviar la tensión, un poco de historia. Luego de la derrota de Huaqui (20/6/1811), Belgrano se refugia en San Salvador de Jujuy. El ejército español con 3.000 hombres al mando de Pío Tristán, se acerca a la ciudad. El 23/8/1812, Belgrano organiza la retirada y proclama: “Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad. Llegó la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros con el ejército a mi mando, si como aseguráis, queréis ser libres….”
Jujuy quería ser libre, y respondió. Los españoles encontraron cosechas incendiadas, casas vacías y objetos que no pudieron ser llevados, ardiendo en las calles. Sólo desierto y desolación. Esa patriada fenomenal quedó en la historia como “el éxodo jujeño”.
De entonces a ahora, ¿qué cambió? Sin referencias a cambios tecnológicos, socialmente, ¿qué cambió? ¿La necesitada gente jujeña o sus dirigentes? Para no minimizar la enorme figura de Belgrano, al que le sobraba autoridad moral, no vamos a preguntar por Walter Barrionuevo o Jorge Alé, o Eduardo Fellner, que hoy en Jujuy, detentan un poder ficticio, mientras Milagros Sala tiene el poder real. Todos sin autoridad de ningún tipo.
El 14 se votan internas que no son tales, pero son obligatorias. De los argentinos depende optar de una buena vez por la autoridad, dejando de lado el poder, del que este gobierno ya ha abusado demasiado y por demasiado tiempo.

domingo, 7 de agosto de 2011

EL FRACASO DEL “MODELO”

Ha llegado el momento para afirmarlo con mayor contundencia: el “modelo” ha fracasado. Si bien son numerosas las señales indicativas de esta afirmación, elegiremos las más expresivas y, sobre todo, aquellas que dibujan un mal presagio para el escenario político, presagio peligroso y alarmante por lo que vamos a decir enseguida. Como uno de los males de la época consiste en privilegiar las definiciones materiales y entre ellas las económicas, iniciaremos nuestras reflexiones con una síntesis de éstas últimas. Lo haremos con la prevención de que, gane quien gane las elecciones, las correspondientes medidas que tendrán que adoptarse inevitablemente contendrán, inexorables, una carga de notable incidencia social. A ese peligro nos referimos.
¿Lo sabrá Ricardo Alfonsín, que aceptó a un economista para que lo acompañe en la lista como candidato a vicepresidente? Es posible, pero no lo dice con precisión. Entre quienes tienen posibilidades ciertas de resultar electo, sí lo hace Eduardo Alberto Duhalde y, para que no quede lugar a dudas, añade a sus mensajes las inquietudes concurrentes por la inseguridad que se extiende, el avance de la artificial y cada vez más corta “cultura del no trabajo” o el rechazo a la amenaza por los proyectos latentes para liberar el consumo de la droga.
En realidad son tres las candidaturas con posibilidades. Las ya mencionadas y, todavía, la de Cristina Fernández de Kirchner. Pero vayamos por partes. En coincidencia con los plazos electorales, el kirchnerismo se encuentra abocado a agotarse en una carrera para ganarle a la explosión que ya tiene la mecha encendida y que se ha anticipado con estallidos todavía menores, si los comparamos con lo que se avecina. Primero Jujuy, luego Tucumán y ahora con amenazas en el conurbano, la sociedad argentina debe prepararse a recibir los estruendosos resultados del famoso “modelo” que se agota. Los subsidios por más de 15 mil millones de dólares hacen imposible a cualquier economía que debe quitarles a los jubilados los recursos que les pertenecen para concretarlos en el tiempo y cautivar votos que, pese a todo, se muestran esquivos. Con las reservas genuinas del Banco Central -que no son las que se informan y apenas superan los 10 mil millones de dólares-, con las variables del costo de vida alteradas para llegar a los comicios, con una política basada en el consumismo para engañar a la tranquilidad pública, con las exportaciones agropecuarias limitadas por razones carentes de lógica, el futuro ofrece una certidumbre: el agotamiento y las consecuentes medidas para recomenzar de nuevo. Todo esto dentro de un marco externo severamente alterado, con ajustes en las principales economías y medidas que son las inversas a las que hasta hoy, sigue el gobierno kirchnerista.
Esto deberá cambiar y podemos decir que no son pocos quienes evalúan los ajustes que dejará el kirchnerismo como herencia o que deberá adoptar Cristina si se produce el milagro de un triunfo ajustado, por pequeño que sea. Ese ajuste se dará en todos los órdenes: impositivamente, con una reducción drástica del gasto todavía desatado e incluso -léase con detenimiento- una posible devaluación y una baja compulsiva de los salarios. Por decirlo brevemente, un enfriamiento de la economía con una paralela e inevitable convulsión social. ¿Esto ha sido buscado expresamente? ¿Forma parte del pensamiento íntimo del dominante maoísta Carlos Zannini? ¿Integra las recomendaciones de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, los sociólogos preferidos de Cristina?
Es difícil contestarlo, pero lo cierto es que ése es el camino buscado.
Ahora los hechos de Jujuy demuestran que fueron planificados hace bastante tiempo atrás. Registran la presencia de elementos bolivianos y desconocidos que intervienen con su activismo armado. Contenida la información mediática, la realidad es tan grave que la invasión del aeropuerto provincial y los cortes de ruta tienen alteradas las comunicaciones internas en Jujuy, a lo que debe agregarse la limitación impuesta a las informaciones. Para colmo, la Casa Rosada le pidió ayuda a Milagro Sala para superar la situación. Algo así como si en los setenta, se hubiera recurrido a Santucho, Firmenich, Kunkel o Verbitsky. Otro dato expresa con elocuencia lo que sucede. El gobierno local dispuso la expropiación de tierras para levantar viviendas, pero el caso es que el ingenio Ledesma ya había donado años atrás una superficie apta para levantar barrios que nunca se iniciaron o quedaron congelados o a medio hacer. ¿Esperaban un acuerdo para extender también allí a la estafa del proyecto de las Madres de la Plaza de Mayo? Es posible, pero las familias del personal policial jujeño que figuraban como adjudicatarias de las viviendas aún sin techo y apenas con paredes, decidieron ocuparlas. En consecuencia, el gobernador Barrionuevo no controla la situación, no puede dar órdenes y el gobierno central, paralizado, no atina a intervenir la Provincia. La primera y más directa consecuencia es la extensión artificial del conflicto a Tucumán, donde se repite una idéntica argumentación para avanzar en el descalabro social. Alperovich reprime con violencia pero hay grupos que resisten armados. Hace tiempo hablamos aquí de anarquía pero, objetivamente, aún falta para que se pronuncie con amplitud.
Muchas veces se habló de esta posibilidad, que no se dio en los setenta, cuando la población reclamaba y apoyaba la intervención militar. Lo primero que hizo el alfonsinismo primero y el kirchnerismo después fue destruir a las Fuerzas Armadas, suprimir la autoridad policial, eliminar los aparatos de inteligencia internos y alterar los Códigos Penales -un viejo sueño del ministro Zaffaroni- para, simultáneamente, no dar solución a los problemas básicos de los sectores más necesitados, alimentar las divergencias, mentir sobre el pasado revolucionario y alentar a las organizaciones que lo defienden. ¿Casualidad, intencionalidad o simple ineptitud?
Por cierto hay respuestas que hoy dejamos a cargo de nuestros lectores, aunque hay más elementos para alimentarlas. Hace un par de días -tal vez tres-, desde los sectores piqueteros creados y pagados por el kirchnerismo se iniciaron presiones sobre el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con algunos nombres y apellidos: D’Elía y Pérsico, entre otros, para que disponga la “inmediata expropiación de un millón de lotes en el Gran Buenos Aires para viviendas”. ¿Expropiación o incautación? ¿Tierras fiscales o privadas? ¿Una simple alteración de la tranquilidad pública o un instrumento para incorporar contenido doctrinario a la contienda electoral? ¿O tal vez otra extensión de los planes de Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, amparados oficialmente para utilizar una estructura que no ha sido desmantelada?
Todo es demasiado serio para continuar sólo con preguntas que requieren una contestación inmediata y contundente. Hasta ahora, los primeros resultados electorales descalabraron las expectativas del oficialismo, que insiste con la cantinela de que “Cristina ya ganó”, pese a que hasta ahora Cristina perdió. Las miradas están puestas entre los principales candidatos. Hay conversaciones reservadas que se desarrollan mientras la mayoría de los políticos callan. De todos modos, dejamos pendientes unas inquietudes adicionales. ¿Se reformará el sistema político...? ¿Habrá decisión y firmeza para reconocer la realidad y enfrentarla...? ¿Se presentará finalmente Cristina a las elecciones...?

No es conspiración, es ignorancia

A veces, me despierto sobresaltado, convencido de que existe una conspiración inmensa, llena de actores poderosísimos, para desarticular las Fuerzas Armadas de la Argentina (FF.AA.). Como el bolsillo es un órgano de pensamiento importante, eso me sucede las primeras noches después de cobrar mis haberes como general de división retirado.
La razón es a veces ingenua y tiende a inventar libretos donde sólo hay falta de letra y a ver patrones de conducta donde sólo reina el desconcierto. Por eso, algunas mañanas me digo que es necesaria no menos que una conjura de magnates y mandamases para que el gobierno nacional pueda incumplir (y sin consecuencias) la sentencia S. 301. XLIV, del 15/03/2011, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictamina que a los militares se nos pague todo en blanco, en lugar de casi todo en negro (verbigracia, una sumatoria de "haberes no remunerativos"). La misma sentencia indica que a los RE (verbigracia "militares retirados") se nos abone algo parecido a nuestro último y poco glorioso sueldo como activos, en lugar de menos de la tercera parte.
Este tipo de ideación me dura unos días, casi tanto como los haberes cobrados. El resto del mes, como lector aficionado de pensadores e historiadores, me veo obligado a admitir que muchos dirigentes y medios en la Argentina, lejos de ser antimilitaristas diabólicos, son simples a-militaristas (perdón por el neologismo) y, probablemente, más ingenuos que yo.
Me explico: son a-militaristas los cuadros sociales que suponen que las FF. AA. no tienen razón de existencia, salvo para desfiles patrióticos y las tratan como a un tema incómodo, parientes pobres con un pasado discutible a los que no se quiere en la casa, pero nadie se atreve explícitamente a echar. En suma, me digo, los dirigentes que toman decisiones y quien firma no leemos los mismos autores y, seguramente, por ello, jamás tropezaron con aquel viejo adagio romano: Si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra).
Pero basta leer los diarios para saber que Sudamérica, la parte más pacífica de la Tierra, se rearma a escape: Chile invierte 3.700 millones de dólares por año en su defensa; Colombia, arriba de 4.100, y Brasil ronda los 6.000. Mientras, aquí, los pilotos de la Fuerza Aérea, el tipo de militar más caro y difícil de formar, abandonan la carrera porque no tienen acceso a horas de vuelo, ya que desde los Hércules de transporte a los Mirage de intercepción, el material está no sólo obsoleto, sino canibalizado. La Armada ha reconocido que, de la flota de 60 barcos, sólo 16 están en condiciones de navegar. Y el Ejército tiene munición y logística como para un (1) día de combate.
Como parte de la misma historia, principalmente desde 2005, hay 100.000 militares activos cobrando cada vez más en negro. Y los despojados de sus retiros con la historia del "haber no remunerativo" ya son 80.000. Demasiada gente como para afrentarla tan duramente, si no se trata de un complot, dice la razón ingenua.
Pero cuando mi parte más racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante retoma el control de mi cabeza, descubro, con asombro, que no existe ninguna conjura en contra de las FF. AA., salvo la de los necios. Defino como tales a quienes creen que una nación-Estado puede durar en el tiempo sin ese mal menor que somos los militares. Y vuelvo a definir "mal menor" en oposición a "mayor", que es perder, como ciudadano, lo que uno tiene, sea mucho o poco, al caer bajo dominio o protectorado extranjero, y por no poder defenderlo, y así volverse un extranjero en suelo propio.
Y me debo repetir que no, no hay conspiración, pero sobra necedad. Los militares caemos en la misma bolsa que los casi 5 millones de habitantes que viven en la cuenca del Matanza-Riachuelo, sistema hídrico que la Corte Suprema intimó a sanear a la autoridad correspondiente (el ACUMAR, organismo federal), con resultados a la vista. Y, ¿cómo se puede tratar tan mal y obligar a vivir tan contaminados a ciudadanos que construyen una gran parte del producto bruto interno nacional y, además, votan? Y, sin embargo, se lo hace.
A los maestros y profesores no parece irles mejor que a nosotros, aunque son los únicos que podrían devolverle, a largo plazo, a la Argentina sus viejos quilates de sociedad relativamente culta, técnicamente avanzada e industrialmente competitiva. Pero, en cambio, se los maltrata y se les paga en negro, aunque también votan. Y al personal de salud del Estado, garante último del pacto social que nos vuelve nación y que implica que la Argentina es responsable de la salud de los argentinos, tampoco les va bien.
Por lo tanto, si hay una conspiración, es demasiado abarcativa: demasiados conspiran contra demasiados. La parte racional, lectora, historiográfica, ingenieril y pensante de mi cabeza, entonces, prefiere suponer que a los militares se nos trata como el tránsito urbano trata a los peatones o como los conductores se tratan entre sí, y eso en un país donde el trasporte genera muchas más víctimas anuales (17.000) que todas nuestras luchas civiles e, incluso, nuestra única guerra entre Estados (la de Malvinas).
En suma: no es una conspiración. Es, simplemente, un todos contra todos, el caos de los autitos chocadores en el parque de diversiones, Estado amorfo, falta de ideas como sociedad acerca de cómo mejorar las cosas. Y, sobre todo, no querer asumir los costos económicos y políticos de implementarlas.
Un ejemplo de todo esto es que nuestras FF. AA. ya no tienen, oficialmente, hipótesis de conflicto, salvo dos o tres vaguedades sobre defensa de acuíferos. Hasta los años 85, las hipótesis de conflicto que teníamos, a nivel interestatal, eran una fuerte agenda de temas limítrofes (con Chile e Inglaterra).
En los 90, y tras la derrota de Malvinas, reinó, en cambio, el concepto de la pax americana, con unos Estados Unidos todopoderosos que impedirían para siempre toda trifulca de vecinos.
Aunque no lo dice, la dirigencia argentina se quedó en los 90 y su mundo monopolar. Todavía no se enteró del mundo multipolar de hoy, donde la otrora pacífica Sudamérica se rearma masivamente y el planeta está brotado de guerras regionales de extraordinaria crueldad, por asuntos de petróleo, minería, ríos, religión o límites.
Y en un mundo donde los precios de la comida subirán en flecha, tenemos uno de los tres mejores ecosistemas agrícolo-ganaderos del planeta, la pampa húmeda. Y que, en una economía global, en la que se acabó para siempre la energía barata, nos volvimos, de la noche a la mañana, el tercer país del mundo según sus existencias de shale-gas, el gas natural atrapado en formaciones poco porosas, hoy accesible con pozos horizontales y fracturación (fracking) de la roca. Y que, tras 20 años de exploración geológica a fondo, nos hemos vuelto la sexta reserva metalífera, y el precio de los metales sube a escape.
Y eso, simplemente, porque somos 7.000 millones de personas en un planeta de recursos finitos y competimos muy desigualmente por ellos.
Estos activos, ¿se cuidarán solos? Como dueños de casa, podemos hacerlos muy accesibles a empresas extranjeras en el grado y proporción que queramos, o explotarlos únicamente nosotros, con o sin participación estatal alguna. Hay muchos modos de ser dueños de casa y tampoco voy a aburrir con mis posiciones al respecto. Pero subrayo esto: el que fija el acceso es el dueño. Pero, ¿qué pasa si le ocupan o embargan la casa?
Bien: Irak ya no se hace esa pregunta. Libia, dentro de poco, habrá perdido toda posibilidad de hacérsela durante décadas. Pero Brasil hace medio siglo que sabe la respuesta: tiene unas FF. AA. modernas, bien entrenadas, bien pagas y mayormente autoequipadas. De yapa, ya es el cuarto constructor aeronáutico mundial y no bien descubrió que tenía entre 50 y 150 millones de barriles de crudo liviano off shore, anunció al mundo (de un modo sumamente civilizado) que desarrollaría su propia flota de submarinos nucleares, por si alguien, en el futuro, tuviera dudas acerca de a quién pertenecen.
Esas dudas de a quién pertenece qué cosa aparecen toda vez que un gobierno nacional con activos apetecibles se debilita. Y eso sucede con frecuencia, ya se trate de tiranías a las que sus ciudadanos empiezan a exigirles cuentas (como sucede hoy en parte del mundo árabe) o de gobiernos legítimos jaqueados por su propia mala administración o aquejados por deudas heredadas, o, simplemente, embestidos por esas tormentas perfectas que generan las finanzas globalizadas, con su secuela mundial de bancarrotas.
También, rara vez, hayan existido tantos Estados que colapsan, devorados por amenazas internas, separatistas, sediciosas, mafias del narcotráfico o, simplemente, criminales, sectores mejor armados que sus propios ejércitos.
¿Quién dijo que se acabaron las hipótesis de conflicto o que hay que inventarlas? Sólo les faltan a los Estados fracasados, a quienes ya han perdido o están a punto de perder todo.
La soberanía, compatriotas míos, no es gratis. Y no hablo de devolver a las FF. AA. atribuciones de gobierno, que nunca debieron tener. Hablo de darles la dignidad (entre ellas, la de cobrar en blanco), la educación, el entrenamiento y el equipamiento necesarios para cumplir su función primaria: la disuasión frente a otros Estados-nación. Hablo de ponerlas no en el poder, pero sí en la agenda.
Finalizo con una cita del todavía vigente Ortega y Gasset: "... Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto. Enemigos de la guerra piden la supresión de los ejércitos. Tal actitud, errónea en su punto de partida, es lógica en sus consecuencias. Pero tener un ejército y no admitir la posibilidad de que actúe es una contradicción gravísima...".

UN JUEZ QUE COMBATÍA A LA SUBVERSIÓN

Zaffaroni y su apología del proceso militar
Hay quienes no saben, o no recuerdan, qué ocurría en los años setenta. Hemos asistido a una catarata de mensajes del gobierno y de los llamados “organismos de derechos humanos”que nos dicen, por años, que se persiguió y mató a una “juventud maravillosa”.
Pero hay gente que da la sensación que piensa distinto: Uno es el actual juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Zaffaroni.
En 1977, el Dr. Zaffaroni era juez federal en la ciudad de Buenos Aires. Durante la sustanciación de un recurso de habeas corpus a favor de una persona desaparecida, el 9 de septiembre de 1977, el Dr. Zaffaroni redactó, firmó y dio curso a un pedido de informes a diferentes destinatarios (Ministerio del Interior, Policía Federal y Comandante del Ejército Argentino) que se adjunta a continuación.
Vale la pena resaltar que en ese escrito, el Dr. Zaffaroni dice:
“…y considerando que el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad, que son el principal blanco de esta agresión…”
Teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Corte Suprema, hay algo que no cierra, ¿no?
Por otra parte, si dice que no tuvo más remedio que escribir eso, dadas “las circunstancias opresivas de la dictadura” o cualquier justificación que se le ocurra, ¿no me cubre a mí también? ¿Por qué él sí y yo no? Las circunstancias ¿no eran las mismas para todos?
Además, ¿esto no es “apología de la dictadura”? Creo que hasta hicieron una ley que lo prohíbe. A lo mejor, hasta es delito de “lesa humanidad”